Consulta anticorrupción y reforma política

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La invitación es a ver la Consulta y el paquete legislativo adelantado por el gobierno como medidas complementarias. Aquellas propuestas en la Consulta acercan la política y los políticos al ciudadano común y permitiría hacerles un mayor seguimiento a los dineros del presupuesto de inversión.

Por: Jorge Andrés Varela / Semanario Caja de Herramientas

La reciente ambigüedad del Centro Democrático [CD] respecto a su apoyo a la Consulta Anticorrupción ha generado confusión entre sus votantes, fundamentales para que la consulta alcance los dos tercios del censo electoral necesarios para la consideración de los votos alcanzados por cada una de las preguntas. Por un lado, el recién posesionado presidente por el CD, Iván Duque, ha declarado públicamente que apoya la Consulta. 

La bancada del CD, en contraste, ha enviado mensajes profundamente negativos sobre ésta. El presidente del Congreso y miembro del CD, Ernesto Macías, ha declarado públicamente que “la consulta anticorrupción no es lo que el país necesita”, para luego aseverar que saldrá a votarla2. En los videos filtrados de la reunión posterior al evento principal de la posesión del presidente Duque, el expresidente Álvaro Uribe celebraba que durante su discurso Duque no hubiese mencionado la consulta. 

Entre los argumentos más utilizados por los miembros del CD para deslegitimar la consulta destaca aquél que sugiere la inutilidad de ésta debido a la agenda legislativa recientemente presentada por el nuevo gobierno. El paquete anticorrupción presentado por la ministra del Interior está compuesto por tres actos legislativos y dos proyectos de ley. El ciudadano común y, de manera particular el votante fiel del CD, arguye la inutilidad de gastarse alrededor de 300 mil millones de pesos en una consulta que a su parecer ya está contenida en el paquete legislativo del actual gobierno. Vale la pena entonces entrar en el detalle de las coincidencias y distancias entre ambos.

Las coincidencias

Los puntos de la consulta que contiene el paquete inicial de reforma liderada por el gobierno son tres: utilización de pliegos tipo para todo proceso de licitación pública, correspondiente a la pregunta número tres de la consulta; la limitación a tres del número de períodos que una persona puede desempeñarse por elección popular en el mismo cuerpo colegiado, correspondiente al punto siete de la consulta; y, finalmente, el carácter público de la declaración de renta de los funcionarios públicos, correspondiente al punto seis. 

Este último, sin embargo, fue retirado por el gobierno debido a que la redacción del proyecto de acto legislativo se prestaba para ser interpretada como un impedimento para que desmovilizados tanto de la guerrilla como de las antiguas autodefensas pudiesen ser contratados por el Estado, poniendo en jaque la reintegración de los mismos en la vida civil. Adicional a estos tres puntos de coincidencia, el gobierno presentó un proyecto de acto legislativo que pretende la imprescriptibilidad de los crímenes en contra de la administración pública e impulsa el cierre de listas para corporaciones públicas en su reforma política.

Los argumentos presentados tanto por el gobierno como por los promotores de la consulta coinciden en que la limitación del número de períodos por corporación apunta a la consolidación de nuevos liderazgos y a la apertura política. En el caso de la exposición de motivos presentada por el gobierno, además, insiste en que esta medida puede ayudar al fortalecimiento de los partidos políticos y a la despersonalización de la política, aspecto que coincide con la agenda de fortalecimiento parlamentarista por la cual ha optado el sistema político colombiano desde, por lo menos, la reforma de 2003 y que se verá reforzada por la adopción del Estatuto de la Oposición, aspecto que desarrollaremos posteriormente. 

Por lo pronto, la experiencia histórica nos ha demostrado que una medida de este calibre adoptada de manera aislada es insuficiente para resquebrajar las microempresas electorales en que se han convertido muchas campañas y grupos políticos. El ejemplo claro es por supuesto la parapolítica, que nos ha demostrado que a través de la salida de la arena electoral de quienes encabezan dichas microempresas electorales no implica realmente su muerte política, pues logran mantener sus redes clientelares a través de interpuesta persona, y muchos menos implica la democratización de la política a nivel territorial. Esto no quiere decir, evidentemente, que no se trate de una medida importante. Como argumentaremos más adelante, dicha medida, en caso de ser aprobada, debe entenderse en interacción compleja con el Estatuto de Oposición y la eventual aprobación de las listas cerradas.

Respecto al punto sobre los pliegos tipo, la propuesta tanto de la consulta como del gobierno busca estandarizar las condiciones de licitación pública a todos los niveles territoriales debido a que, como se señala desde la campaña de la consulta, más del 80% de los contratos son adjudicados de manera directa o en licitaciones de un solo proponente3. De esta manera se busca que no haya manipulaciones para favorecer particulares en los procesos de licitación pública. La medida se torna fundamental a nivel territorial pues permitiría una mayor posibilidad de fiscalización de la contratación por parte de la opinión pública y de la ciudadanía, y permite hacer más expeditas las intervenciones preventivas o interventoras de los órganos de inspección y vigilancia4.

Las distancias

A pesar de estas coincidencias importantes, la Consulta plantea una serie de temas adicionales que se escapan al paquete legislativo del gobierno. Estos temas no son menores y hablan de un cambio en la cultura política colombiana. El más polémico es sin duda la reducción de salario de los congresistas y aquellos altos funcionarios mencionados en el Artículo 197 de la Constitución Política. Los promotores de la consulta han sugerido que dicha medida es más bien una medida de equidad debido a que en términos proporcionales los salarios de los congresistas son alrededor de 40 veces el salario mínimo. La pregunta no ha estado exenta de críticas pues se arguye que, dada la mención del Artículo 197 de la Constitución, esta pregunta cambiaría el régimen de salarios, por ejemplo, de la Rama Judicial y de altos funcionarios de los organismos de control, generando un incentivo negativo para los profesionales mejor preparados. Además, la reducción de salarios no tendría mayor impacto en la reducción de la corrupción. Tampoco ha ayudado a su clarificación el hecho de que en ciertos escenarios los promotores hayan defendido la pregunta señalando que durante la reglamentación en el Congreso se dejaría claro que únicamente la reducción afectaría a los congresistas. Es de destacar, empero, que la pregunta abre el debate sobre la necesidad de establecer reglas claras y proporcionales en la asignación de altos funcionarios del Estado, pues la brecha entre los representantes y los representados tenderá a aumentar.

Por otro lado, la Consulta es mucho más poderosa en términos de los mecanismos de rendición de cuentas, fiscalización ciudadana y acercamiento entre congresistas y electores. El punto cinco de la Consulta obliga a estos a rendir cuentas anuales sobre su desempeño. Esta medida desfavorece poderosamente a aquellos congresistas que no participan en los debates y que no cumplen con sus funciones legislativas y de control político debido a que tienen maquinarias lo suficientemente aceitadas como para asegurar su reelección sin necesidad de obtener votos de opinión o de mostrar un cumplimiento sobresaliente de su labor. Además, se sostiene el punto que obliga a hacer públicas las declaraciones de renta e inhabilidades de los congresistas. Todo esto permite que el ciudadano de a pie entienda con mayor detalle las tareas adelantadas dentro del Congreso y que pueda exigirle resultados a quien le representa.

El punto cuatro de la Consulta continúa con esta lógica de mayor rendición de cuentas y fiscalización ciudadana. Éste nos plantea la obligatoriedad de audiencias públicas para la priorización y el desglose del presupuesto de inversión a nivel nacional y territorial y obliga a la rendición de cuentas sobre la ejecución del mismo. Este aspecto es fundamental pues los dineros del presupuesto de inversión muchas veces terminan en manos de contratistas que a su vez financian campañas políticas, en algunas ocasiones sin que la comunidad vea la efectividad de la inversión pública. Bien aplicada esta norma, de manera indirecta pondría ciertas limitaciones a la entrada de grandes cantidades de dinero a las campañas políticas, fomentando así la competencia y reduciendo sus costos. En términos más evidentes, le permitiría a la ciudadanía hacer seguimiento a la ejecución de obras que favorecen a su comunidad.

Finalmente, hay un paquete de medidas punitivas dentro de la Consulta que buscan evitar que quienes sean encontrados culpables de corrupción no puedan recibir reclusiones especiales ni contratar de nuevo con el Estado. La herramienta fundamental que la pregunta dos le daría al Estado sería la posibilidad de finalizar contratos unilateralmente y sin indemnización a quienes sean condenados por corrupción.

Un cambio de prácticas políticas, a modo de conclusión

Hay un aspecto que poco se ha mencionado de la consulta y del paquete legislativo que vale la pena mencionar. Cuando se mira de manera global las propuestas de ambos y se ve en ellas su complementariedad, se puede entrever un importante cambio en la forma de hacer política la cual nos llevaría la aprobación de ambos. No se trata, como sugieren algunos artículos, de una cuestión de “populismo punitivo”5 inútil. Más que del aumento de penas, se trata de un asunto de prácticas políticas que llevarían a una mayor transparencia. Esto enmarcado dentro de la entrada en funcionamiento del Estatuto de Oposición.

Tanto para combatir la corrupción como para continuar con el proceso de implementación del proceso de paz, es necesario crear mecanismos que promuevan la democracia a nivel territorial, pues usualmente las élites locales y regionales logran atornillarse y reproducirse en el poder a través de prácticas como el clientelismo y el control de la contratación estatal. Con el Estatuto de Oposición en juego, a través del cual los grupos opositores recibirán espacios e incentivos económicos para entrar en el juego político, el fortalecimiento de los partidos políticos que se pretende a través del cierre de las listas, la renovación política pretendida a través del límite de número de períodos por corporación y los mecanismos de rendición de cuentas, fiscalización y participación ciudadana promovidos por la Consulta, sobre todo en cuanto al presupuesto de inversión referido en la pregunta cuatro, hay un potencial de transformación gigante en la forma de hacer política local, regional y nacionalmente. En conjunto, estamos al frente de una eventual reforma de gran calado, que permitiría el mayor interés de la ciudadanía, el fortalecimiento de los mecanismos de participación y una mayor cercanía entre representantes y representados.

De tal manera pues que no se trata de optar por uno o por el otro. La invitación es a ver la Consulta y el paquete legislativo adelantado por el gobierno como medidas complementarias. Aquellas propuestas en la Consulta acercan la política y los políticos al ciudadano común y permitiría hacerles un mayor seguimiento a los dineros del presupuesto de inversión. Sin este aporte fundamental, las propuestas del gobierno tenderán a ser insuficientes. Hay que aprovechar la oportunidad que nos abre la coyuntura histórica para tomar decisiones acertadas.

1 Catedrático de la Universidad EAFIT. Coordinador de Antioquia Visible. Opiniones personales.
2 Ernesto Macías, “La consulta anticorrupción no es lo que el país necesita”, en: El Espectador, 9 de agosto de 2018.
4 Nancy Patricia Gutiérrez, Proyecto de Ley no. 082 de 2018, Senado de la República de Colombia, p. 4
5 Farid Samir Benavides, “La Consulta Anticorrupción: más populismo punitivo”, en: Razón Pública, 13 de agosto de 2018.


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