Venezuela: un barril de pólvora.

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La reciente convocatoria de Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente es una arriesgada respuesta gubernamental a la última escalada de la crisis política, económica y social, en un contexto de agotamiento de un modelo rentista y una gestión caótica del Estado. Ante la escasez de textos, que analicen de fondo lo sucedido en el vecino país, presentamos este análisis en detalle, de la turbulenta coyuntura venezolana, realizado por los profesores Edgardo Lander y Santiago Arconada.

Por: Edgardo Lander - Santiago Arconada Rodríguez / Nueva Sociedad

Los sectores populares se encuentran debilitados organizativamente y el apoyo al gobierno está en sus niveles más bajos, mientras fracciones tanto del oficialismo como de la oposición apuestan a una salida violenta que agravaría más la crisis, lo que genera un incierto escenario político, con la posibilidad real de un enfrentamiento civil.

Con el fallecimiento de Hugo Chá-vez en marzo de 2013 y el subsiguiente colapso de los precios del petróleo, se acelera la profunda crisis económica, política y ética que hoy vive la sociedad venezolana. Se trata de la crisis terminal del modelo extractivista petrolero y el Estado rentista clientelar, cuya vida se había extendido coyunturalmente gracias al liderazgo carismático de Chávez y a los elevados precios de los hidrocarburos en la primera década de este siglo. En esos años del proceso bolivariano no se dieron pasos hacia la transformación de la estructura productiva del país. Por el contrario, se profundizó el rentismo hasta que el petróleo llegó a representar 96% del valor total de las exportaciones. Las políticas sociales, que mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de los sectores populares, y las diversas iniciativas de cooperación latinoamericana fueron posibles gracias al boom de los commodities. Con la baja de los precios, todo este armado entró en crisis.

La economía

Para analizar el estado actual de la economía en Venezuela, no se cuenta con cifras oficiales actualizadas. Al parecer, el gobierno ha optado por no divulgar información estadística que permita constatar la profundidad de la crisis que vive el país 1. Los cálculos que han sido difundidos por analistas económicos, centros académicos, gremios empresariales e instituciones internacionales presentan grandes rangos de variación. La economía venezolana registró en 2016 su peor caída desde el paro/sabotaje petrolero de los años 2002-2003 –que se combinó con elementos de un lockout empresarial–, con una contracción que ha sido estimada entre 10% 2 y 18,6% 3, con lo que se acumularon tres años consecutivos de reducción del pib. Los precios del petróleo han tenido una cierta recuperación, al pasar de un promedio de 35,15 dólares por barril durante 2016 a 42,46 dólares por barril en abril de 2017 4, todavía muy lejos de los precios promedio que fluctuaron entre 101,04 dólares y 88,42 dólares por barril entre 2011 y 2014. No solo han bajado los precios. De acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep), la producción petrolera venezolana se ha reducido a 1.972.000 barriles diarios en marzo de 2017 5, casi un millón de barriles menos que los que se extrajeron en marzo de 2001. Esta baja ha sido atribuida a ineficiencia, corrupción y falta de inversiones y al hecho de que es mucho más costoso explotar los crudos pesados que hoy conforman la mayor parte de la canasta petrolera del país.

Pero los problemas no acaban ahí. Diferentes fuentes, tanto nacionales como internacionales, calculan que la inflación de 2016 se ubicó entre 500% y 800%. Por tercer año consecutivo se ha producido un severo déficit fiscal. De acuerdo con algunas estimaciones, el gasto público tuvo en 2016 una reducción de alrededor de 30% respecto al nivel del año anterior 6. Las reservas internacionales bajaron de 35.000 millones de dólares en 2009 a 10.264 millones en abril de 2017 7. La formación de capital fijo viene descendiendo desde 2013 y la misma tendencia se encuentra en el consumo privado. La deuda total consolidada del país, esto es, las deudas internas y externas pagaderas en dólares, sean préstamos o bonos emitidos por el gobierno, y la deuda de la empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (pdvsa), suma un total de 181.038 millones de dólares, lo que representa más de 80% del pib y es casi 18 7 veces más que las reservas internacionales. Este endeudamiento externo, como en experiencias anteriores, ocurrió precisamente en años de bonanza en que los precios del petróleo fueron muy elevados.

Mientras que la paridad altamente subsidiada con la cual se importa la mayor parte de los alimentos y medicamentos es de 10 bolívares por dólar, el dólar paralelo, que tiene una significativa incidencia en la fijación de precios, ascendía a 4.283 bolívares el 30 de abril de 2017.

El deterioro generalizado de la actividad productiva y de las finanzas públicas ha producido impactos severos en las condiciones de vida de la población, especialmente en los ámbitos de la salud, la alimentación y la inseguridad. La drástica reducción de las divisas disponibles para las importaciones ha creado una escasez generalizada de medicamentos y dificulta enormemente el tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Se registra una pérdida de peso y desnutrición, sobre todo en la población infantil. Y son frecuentes las muertes en hospitales que son consecuencia directa de la ausencia de los equipos o medicamentos requeridos.

La medida más importante que ha tomado el gobierno en el ámbito económico en estos años ha sido el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco. Esto es, la apertura de 112.000 kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, a grandes corporaciones mineras transnacionales. Ante la crisis del modelo petrolero rentista, en lugar de promover un debate nacional sobre alternativas al extractivismo depredador que ha caracterizado a la economía venezolana durante un siglo, el presidente Maduro ha optado por lanzar de lleno al país hacia un nuevo patrón extractivista-rentista, ahora minero. Este megaproyecto, de llevarse a cabo tal como está previsto por el gobierno, constituiría un paso más en la dirección del etnocidio de los pueblos indígenas habitantes en esa zona. Tendría también devastadoras consecuencias socioambientales tanto en lo inmediato como en el largo plazo, al deteriorar parte de la foresta amazónica, destruir extensas zonas de una extraordinaria diversidad biológica y afectar las principales fuentes de agua y las represas hidroeléctricas que suministran 70% de la electricidad que se consume en el país.

Pérdida de la hegemonía y tendencias autoritarias

Cuando Maduro llegó a la Presidencia, en abril de 2013, su nivel de popularidad y de legitimidad era mucho menor que el que había tenido Chávez hasta su fallecimiento. Ganó las elecciones con una diferencia de solo 1,5% de votos sobre Henrique Capriles, el candidato del conjunto de la oposición. El nuevo presidente carece del carisma y la capacidad de liderazgo de Chávez. En el interior del partido y del gobierno afloraron entonces las diferencias entre los distintos grupos y facciones que Chávez había logrado controlar. Esto tiene como consecuencia un gobierno más débil, preñado de tensiones, lo que obstaculiza la posibilidad de elaborar políticas consensuadas ante la creciente crisis económica.

Un quiebre histórico fundamental del proceso bolivariano ocurrió cuando, con la abrumadora derrota en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición alcanzó una mayoría calificada de dos terceras partes en la Asamblea Nacional. Esto cambió radicalmente la correlación de fuerzas en el Estado. Con esa mayoría, la oposición en la Asamblea puede nombrar a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (tsj) a los del Consejo Nacional Electoral (cne) y aprobar leyes orgánicas sin negociar con los representantes del gobierno. Este último, en lugar de reconocer la severa derrota e iniciar una profunda reflexión autocrítica sobre sus causas, atribuyó la crisis y la victoria de la oposición a la guerra económica y no vio la necesidad de realizar mayores cambios.

Asuntos claves como la corrupción generalizada, la ineficiencia de la gestión pública y una paridad cambiaria insostenible que crea profundas distorsiones en toda la economía fueron dejadas nuevamente a un lado. En lugar de darle prioridad a la preservación de la fuerza y el espíritu combativo del pueblo bolivariano, Maduro optó por permanecer en el control del Estado a como diera lugar. A partir de este momento, el gobierno pareció reconocer que no podrá permanecer en el poder si ello depende del apoyo electoral de la mayoría de la población y del cumplimiento de la Constitución. Tanto la voluntad popular como la Constitución se convirtieron en obstáculos por superar. Se van tomando, en consecuencia, una serie de decisiones que avanzan en forma sistemática y coherente en la dirección del establecimiento de un orden autoritario cada vez más militarizado.

En clara violación de las normas constitucionales y legales y de los procedimientos establecidos, a finales de diciembre de 2015, cuando le quedaban pocos días de vigencia a la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, se produjo el nombramiento de los nuevos magistrados para las diferentes salas del tsj. No solo son estos nuevos magistrados incondicionales del gobierno, sino que varios de ellos ni siquiera cumplían con los requisitos formales para ocupar el cargo.

El papel que jugaría este tsj en las nuevas condiciones del país quedó al desnudo cuando, para impedir que la oposición pudiera hacer uso de su mayoría calificada en la Asamblea, los nuevos magistrados se estrenaron decidiendo, en atención a una acusación sin pruebas sobre la comisión de un delito electoral formulada por sectores oficialistas, desconocer los resultados de las elecciones en el estado Amazonas y, por consiguiente, a los diputados mayoritariamente indígenas electos que ya habían sido proclamados por el cne. De esta forma, la oposición dejaba de tener una mayoría calificada.

En vista de que pasaron meses sin que el asunto se resolviera, sin que se hicieran las investigaciones para establecer la veracidad de las denuncias por las cuales el tsj invalidó las elecciones ni se realizaran nuevas elecciones para un estado que se había quedado sin representación parlamentaria, la Asamblea decidió reincorporar a los parlamentarios cuestionados. El tsj respondió declarándola en desacato. A partir de este momento sus atribuciones fueron asumidas por el Poder Ejecutivo y el tsj. Se produjo así un nuevo momento crítico de ruptura del orden constitucional, que habilitó la concentración de poderes que ha permitido al gobierno dar cada uno de los pasos subsiguientes en una dirección autoritaria. El tsj realizó una ratificación parcial de las integrantes del cne cuyos periodos de gestión estaban vencidos, a pesar de que se trata de una atribución constitucional del Parlamento. En octubre de 2016, el cne canceló la realización del referéndum revocatorio del presidente establecido por la Constitución, cuando ya se habían cumplido los requisitos establecidos por la ley. De igual modo, pospuso indefinidamente las elecciones de gobernadores pautadas de acuerdo con la Constitución para diciembre de 2016.

En el mes de marzo, mediante las sentencias 155 y 156, la Sala Constitucional del tsj ratificó el desconocimiento de la Asamblea Nacional y, entre otras cosas, autorizó al presidente de la República a avanzar en la apertura al capital transnacional, mediante empresas mixtas, sin la autorización parlamentaria. Esto viola tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El 31 de marzo, en ocasión de la presentación de su informe anual de gestión, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que con estas sentencias se avanzaba en un «desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución» y una «ruptura del hilo constitucional». Ante el rechazo generalizado a estas decisiones, el tsj modificó algunos aspectos de estas sentencias, sin alterar su contenido fundamental 9.

Desde febrero de 2016, el presidente Maduro ha gobernado mediante un estado de excepción y emergencia económica en condiciones claramente violatorias de la Constitución. Con el estado de excepción, muchas garantías constitucionales pueden ser suspendidas y muchas decisiones fundamentales para el futuro del país pueden ser tomadas por decreto. Por ejemplo, este año no se presentó el proyecto de presupuesto nacional ante la Asamblea, con lo cual se niega a los representantes electos el derecho a conocer y discutir el manejo de los recursos públicos, lo que agrega una nueva capa de opacidad en el manejo de estos bienes.

Las reacciones del movimiento popular, aun de sus sectores más organizados, ante el profundo deterioro de las condiciones de vida que se dan como consecuencia del aumento de la inseguridad –de origen tanto hamponil como policial–, la inflación, la escasez de alimentos y medicinas y el deterioro de los servicios públicos, no han sido las que podrían haberse esperado. Las organizaciones populares de base, que en estos años han involucrado a millones de personas, se han debilitado tanto por su dependencia respecto de los recursos públicos transferidos por alguna institución del Estado, que ya no les llegan en las mismas magnitudes, como por el desencanto creciente con el gobierno y la pérdida de ilusión con relación al futuro del país. Después de años de procesos de movilización y organización popular orientados por los valores de la cooperación y la solidaridad, en lo fundamental la reacción ante la actual crisis se ha caracterizado por la competencia y el individualismo. El llamado bachaqueo se ha convertido en un sector de peso significativo, pero difícil de precisar, en la economía venezolana 10. Se está produciendo un desgarramiento del tejido organizativo de la sociedad y una creciente descomposición ética que tomará muchos años recomponer. En diversas ciudades del país se han producido saqueos a locales comerciales en los cuales se ha combinado la protesta popular por el desabastecimiento con la acción armada del hampa.

La corrupción

Caracterizar adecuadamente el hecho y la significación de la corrupción que atraviesa el proceso bolivariano es una tarea pendiente. Estimar el tamaño del patrimonio público que fue desfalcado, conocer quiénes fueron partícipes y cómo realizaron el fraude, determinar las consecuencias en el seno de la sociedad venezolana de esta conducta seguida desde los más altos niveles del gobierno son, sin duda, tareas insoslayables, entre otras cosas porque Venezuela necesita recuperar en alguna medida ese inmenso capital para solventar su supervivencia inmediata.Para este análisis solo nos es posible hacer referencia a los hechos que, por su significación política, marcaron y marcan de manera indeleble la gestión presidencial de Maduro y gravitan como explicación subyacente de la deriva de su gobierno. Por ejemplo, en agosto de 2013, Edmée Betancourt fue removida de su cargo como presidenta del bcv por denunciar que solo en ese año fueron entregados por la Comisión de Administración de Divisas (cadivi) más de 22.000 millones de dólares a «empresas de maletín» 11. Casi un año después, tras su separación del Ministerio de Planificación, Jorge Giordani, reconocido baluarte de los gobiernos del presidente Chávez, sacudió al país con su carta titulada «Testimonio y responsabilidad ante la historia», en la que confirma y profundiza lo denunciado por Betancourt 12. La conmoción que causó en la opinión pública el testimonio del ex-ministro Giordani fue repudiada, mas no desmentida, por el presidente Maduro y otros altos cargos del Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv), pero ese repudio no solo no tiene la fuerza para desmentir las denuncias sino que parece confirmarlas. La constatación de un poderoso y muy activo sector corrupto en el seno del gobierno se va consolidando a punto tal que el hoy ministro de Educación y presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, publicó el 16 de octubre de 2016 en Aporrea que «la corrupción corporativizada amenaza la vida de la revolución» 13. El problema es determinar en qué medida la protección de los intereses de esa «corrupción corporativizada» está guiando la acción política del gobierno de Maduro.

La escalada de violencia

En los años del gobierno bolivariano la oposición ha sido heterogénea, incluyendo desde sectores golpistas de extrema derecha, que han contado con apoyo externo, hasta sectores moderados que han buscado alternativas constitucionales al gobierno chavista. En la actualidad, esas diferencias subsisten a pesar de la apariencia de unidad que han dado en los últimos meses las masivas movilizaciones de calle en todo el país. A la severa recesión económica, se agrega la semiparálisis del país y de su actividad productiva como consecuencia de las diarias confrontaciones, cierres de calles y carreteras, de la suspensión intermitente y reiterada del transporte público y de una masiva represión por parte de los cuerpos de seguridad. Muchos jóvenes detenidos 14 en las protestas fueron acusados de terroristas y pasados directamente a tribunales militares. El país enfrenta situaciones crecientemente riesgosas. De acuerdo con la fiscal general de la República, solo en el mes de abril, en las movilizaciones de calle, se registraron 26 muertos, 427 lesionados y 1.289 detenidos. En los primeros días del mes de mayo esta situación continúa. La violencia fue adquiriendo una dinámica propia. Hay una amplia disponibilidad de armas en todos los sectores de la población. Maduro ha anunciado que entregará 100.000 fusiles a las milicias. En ambos lados de la confrontación operan grupos paramilitares. La sociedad venezolana se encuentra ante el grave peligro de que la violencia armada y el terrorismo se instalen como modalidades de procesar las diferencias. El peligro no consiste solo en que se desborde la violencia a unos niveles no deseados por las partes, sino que en ambos bandos de la actual confrontación hay sectores que apuestan a que la salida a la crisis sea por la vía violenta, independientemente de los muertos que ello implique.

Algunos altos funcionarios tienen claro que si se ven obligados a dejar el gobierno no solo perderían sus actuales prebendas, sino que difícilmente podrían encontrar un lugar en el mundo donde disfrutar de sus fortunas mal habidas. Para algunos sectores de la oposición, la salida que se busca debería servir de escarmiento y liquidar de una vez por todas las aspiraciones y rebeldías subalternas de estos años para que la sociedad regrese a sus cauces «normales». Para ello, han contado en todo momento con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Los intentos imperiales de socavar o derrocar al gobierno bolivariano han tomado muchas formas en estos años, tales como el apoyo político y financiero a los sectores más radicales de la oposición, el respaldo al golpe de Estado de abril de 2002 y los esfuerzos para aislar al país internacionalmente. Más recientemente, Barack Obama, justo antes de dejar la Presidencia, renovó una orden ejecutiva mediante la cual declaraba que Venezuela constituía una «inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de eeuu 15». En un informe presentado ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de eeuu en abril de este año, Kurt W. Tidd, el jefe del Comando Sur, afirmó que «Venezuela se enfrenta a una significativa inestabilidad en este próximo año debido a la generalizada escasez de comida y alimentos, la incertidumbre política y el deterioro de la situación económica. La creciente crisis humanitaria en Venezuela podría eventualmente obligar a una respuesta regional». Conociendo la historia, ¿en qué podría consistir una «respuesta regional»16 encabezada por el gobierno de Donald Trump? Mientras que hay portavoces de ambos lados que hacen reiterados llamados al diálogo, esta posibilidad es permanentemente saboteada por sectores radicalizados tanto del gobierno como de la oposición.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente

El 1o de mayo, el presidente Maduro anunciaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente con estas palabras: «Convoco a una Constituyente ciudadana, no una Constituyente de partidos ni elites, una Constituyente obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígena. Pero sobre todo, hermanos, una Constituyente profundamente comunal. 17

Convoco a los comuneros, a las misiones». En este mismo discurso, Maduro declaró el fin de la Constitución de 1999, considerada como una constitución «pionera». Inmediatamente se generó una gran polémica, tanto en el país como en el exterior. En un clima político tan extremadamente polarizado, este debate está lleno de distorsiones y medias verdades. Sectores de la oposición venezolana han denunciado esta convocatoria como un mecanismo para evitar las elecciones (estaduales, municipales y presidenciales) pautadas por la Constitución vigente y lo han calificado como un golpe de Estado.Es necesario reconocer que, en la Constitución, las condiciones para la convocatoria a una Asamblea Constituyente no son totalmente explícitas. De acuerdo con el artículo 348, «[l]a iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral». Hay sin embargo, una diferencia entre la «convocatoria», que la Constitución claramente atribuye al «pueblo de Venezuela (...) depositario del poder constituyente originario», y «tomar la iniciativa de convocatoria». De acuerdo con esto, si bien el presidente puede tomar la iniciativa de la convocatoria, la convocatoria como tal la tendría que realizar el pueblo mediante un referéndum consultivo.

¿Qué busca el gobierno con esta convocatoria? Es evidente que las principales dificultades que hoy enfrenta el país (escasez, desnutrición, inflación, inseguridad, recesión, déficit fiscal, deuda externa que no se puede pagar, etc.) no son problemas normativos que puedan resolverse con un nuevo orden jurídico. Los problemas que se enfrentan en relación con la Constitución de 1999 están en sus sistemáticas violaciones, no en su contenido. ¿Se buscará darles piso constitucional al Arco Minero del Orinoco y a los acuerdos anticonstitucionales que se han venido firmando con transnacionales petroleras y mineras y otorgarles a los capitales globales la seguridad jurídica que están exigiendo para llevar a delante sus proyectos de inversión?

Desde el punto de vista de un horizonte poscapitalista, hay un asunto clave que es indispensable resaltar. ¿Cómo sería la votación para esta asamblea? ¿Quiénes y cómo podrían participar? Para el momento de escribir este texto, no hay respuestas claras, ya que los portavoces del gobierno han dado versiones muy contradictorias. De acuerdo con Maduro, la mitad de la Asamblea Constituyente de 500 personas estaría compuesta por representantes de comunas, sindicatos, estudiantes, organizaciones de mujeres, etc., lo que sugiere una constituyente corporativa con elecciones de segundo grado o con ponderaciones diferenciadas para diversos sectores de la sociedad, y esto violaría abiertamente la Constitución vigente. De acuerdo con otros portavoces de la Comisión Presidencial creada para impulsar este proceso, se trataría de una elección universal, directa y secreta.

Ambas opciones son altamente riesgosas para el futuro del país y representan una clara ruptura con los objetivos originales del proceso bolivariano. Si se trata de unas elecciones universales directas y secretas, que permitan expresar la actual correlación de fuerzas políticas, esto conduciría a una victoria aplastante de las fuerzas de la oposición y, con ello, al abandono de todos los principales avances logrados con la Constitución de 1999. Se darían en un contexto de un movimiento popular debilitado, de una creciente desconfianza y un rechazo mayoritario de la población hacia el Estado, no en nombre de la autonomía, sino de la primacía del mercado. Esa Constituyente reflejaría el sentido común instalado hoy en la sociedad de acuerdo con el cual lo público es, necesariamente, ineficiente y corrupto. Estaría prácticamente garantizado que el resultado de esa eventual Asamblea Constituyente sería de orientación claramente neoliberal.

Si, por el contrario, estas elecciones se dan mediante un diseño electoral manipulado, una ingeniería electoral que, en nombre de la participación del pueblo organizado, garantice una amplia mayoría oficialista, a pesar del rechazo mayoritario actual al gobierno –que según diversas encuestas gira en torno de 75% de la población–, se trataría de un proceso no solo anticonstitucional, sino profundamente ilegítimo, que lejos de contribuir a pacificar al país, profundizaría la división, la confrontación y la violencia. Podría incluso conducir al inicio de una guerra civil.

Notas

1. Se trata principalmente de estadísticas que deberían ser divulgadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, el bcv y el Ministerio de Finanzas. Algunas estadísticas básicas tienen dos años sin darse a conocer.

2. Banco Mundial: «Venezuela Panorama general», Washington, DC, 6/10/2016.

3. «Inflación de 2016 habría cerrado en casi 800%» en Informe 21.com, 21/1/2017.

4. Ministerio del Poder Popular de Petróleo: «Precios del petróleo», 30/4/2017. En referencia al color azafrán que identifica a los nacionalistas hindúes y su creciente influencia política.

5. OPEP: «Monthly Oil Market Report», 12/4/2017, p. 55.

6. «En 30,8% cayó el gasto público del gobierno el año pasado» en El Universal, 24/1/2017.

7. Oly Angélica Millán Campos: «La situación actual de la deuda», trabajo presentado en la Asamblea Regional Anual del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, Bogotá, abril de 2017.

9. Plataforma por la Defensa de la Constitución Bolivariana: «El hilo constitucional sigue roto. Por el restablecimiento de la Constitución » en Aporrea, 17/4/2017.

10. Se trata fundamentalmente de la compra de bienes básicos subsidiados para su reventa a precios especulativos y para el «contrabando de extracción» (tráfico de productos de primera necesidad hacia el exterior, sobre todo a través de la frontera con Colombia).

11. Empresas formadas para realizar importaciones ficticias y capturar divisas a tasa preferencial.

12. J. Giordani: «Testimonio y responsabilidad ante la historia» en Aporrea, 18/6/2014.

13. E. Jaua: «¿Cómo abrir el horizonte?» en Aporrea, 16/10/2016.

14. «¿Qué declaró la fiscal general sobre los muertos, heridos y detenidos en las protestas? » en Prodavinci, 25/4/2017.

15. The White House, Office of the Press Secretary: «Notice: Continuation of the National Emergency Respect to Venezuela», Washington, DC, 13/1/2017.

16. «Posture Statement of Admiral Kurt W. Tidd Commander, United States Southern Command before the 114th Congress SenateArmed Services Committee March 10», 2016. imo="" media="" doc="" tidd_03-10-16.pdf

17. «El presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela » en bbc Mundo, 2/8/2017, <www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39774863>.

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