La disputa hegemónica por la democracia en Venezuela y Colombia: poderes constituyentes y constituciones

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En el accidentado tránsito a la paz subalterna, se disputa y se trata de borrar, con artificios leguleyos, a la distinción fundamental entre poder constituido y poder constituyente. Ante ella que patinan más de uno de los estudiosos nacionales más connotados, pero con conocimiento de causa, y en defensa de sus intereses.

Por: Miguel Angel Herrera Zgaib / Semanario Caja de Herramientas

A la fecha, el presidente Nicolás Maduro ya entregó al CNE las condiciones que propone para elegir los miembros de la ANC. El documento lo recibió Tibisay Lucena, quien tendrá que organizar la elección de los 540 constituyentes, de los cuales 364 se elegirían directamente por los municipios.

Esto, claro está, si se acepta votando la propuesta el pueblo ciudadano, en el mes de julio de este año. Igualmente ocurrirá otra elección, de aceptarse la elección de gobernadores, cuya fecha propuesta también por el ejecutivo es el 10 de diciembre.

En ambas casos, el conductor activo es el poder ejecutivo al frente de la sociedad política en disputa de poderes públicos con el legislativo dominado por la MUD; mientras que la conducción de la sociedad civil, el escenario privilegiado del ejercicio de la hegemonía, está definiéndose en las calles, en las plazas, a través de movilizaciones y contra-manifestaciones, con la lucha antagónica de la MUD y el PSUV, quienes se acusan mutuamente de ser antidemocráticos.

La cuestión global y el socialismo del siglo XXI

En esa faena democrática, porque en ella están involucrados todos los venezolanos; en ese trajín, que no excluye víctimas de parte y parte, muertos y heridos, se lucha palmo a palmo, por dos propuestas de sociedad, la antigua y la nueva, que aún no ve la luz del todo.

Es claro por qué. No le ha sido posible, a Chávez y sus herederos, salir de la tenaza tramposa, aleatoria de la renta petrolera, sujeta al vaivén de los oligopolios financieros, y el dumping estadounidense. El establecimiento, cabeza del político-militar del imperio global, logró, conducido por el gobierno Obama, desequilibrar los precios internacionales del crudo.

Claro está, combinando “todas las formas de lucha”, incluido el chantaje de la defensa militar del capitalismo; y como si fuera poco, en sordina con su aliado, el rico Epulón saudí, el clan Saud, que paga caro su papel de centinela del Medio Oriente, para disfrutar a sus anchas de la riqueza nacional presente en el subsuelo de la península.

En particular, en la guerra de posiciones democrática, al acudir a la fórmula municipal para definir las circunscripciones electorales, dice el bloque reaccionario de la MUD, que se afecta negativamente a la población de la ciudad de Caracas, que tiene más de 6 millones de habitantes.

Aquí está la mayor concentración de clase media, desde los tiempos del dictador Marcos Pérez Jiménez, y es el bastión de la protesta anti-chavista, junto con dos fortalezas relativamente fuertes, emplazadas en los estados de Miranda, que recuerda al detractor de Bolívar en la guerra de independencia de España, y Táchira, vecino de Colombia, y conectado con los ejercicios mafiosos y de comercio ilegal de “toda la vida”.

El combate por el control de las ciudades

Sin embargo, al estar Caracas dividida en 7 municipios, solamente elegiría a 7 constituyentes, mientras que, por ejemplo, dicen los críticos, el estado Zulia, al tener 22 municipios, elegiría a 22 constituyentes tiene una población que no supera los 2,3 millones de habitantes.

Es decir, la proporción que resulta con estas circunscripciones es de 3/1, en perjuicio del potencial votacional de la capital, donde la oposición es mayor, mucho más activa y beligerante. Esto lo saben muy bien, tanto el bloque dominante como el opositor que combaten por el control y la dirección de las superestructuras complejas, esto es, la sociedad política, y la sociedad civil, el lugar privilegiado de la construcción y defensa de la hegemonía.

Caracas no puede caer otra vez, bajo la intentona de control por parte de las “guarimbas”, que en su tiempo denunció el Comandante Chávez, y que llevaron a la condena de Leopoldo López, líder de la táctica de choque frontal contra el régimen de raigambre nacionalista popular.

Por eso, éste bloque tiene organizada su milicia interna, los grupos barriales que se formaron desde cuando se sacó a Chávez del poder por unas horas, y regresó triunfante, poniendo a raya a los golpistas.

En esos episodios se probó la fuerza de la alianza cívico militar que lo trajo de vuelta a la presidencia, desde el fuerte Tiuna. Desde esos días se proyectó la figura de Diosdado Cabello, quien, con el correr de los días, se desempeñó por un tiempo como presidente de la asamblea nacional.

Hasta que el PSUV fue derrotado en la elección legislativa. Entonces crecía la curva del desabastecimiento en la capital, y la clase media, quizá la más consumista de Suramérica, empezó a vivir tales restricciones.

El fiel judicial de la balanza política

“Ni el fiel del peso, ni la lengüeta de la romana...”

Hecho el anuncio de la asamblea constituyente, dos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Danilo Mojica y Marisela Godoy, manifestaron su disenso frente a la convocatoria hecha por el ejecutivo venezolano. En materia constitucional, ambos aducen, que esta convocatoria al omitir el referéndum consultivo previo viola la soberanía popular, y, además, piensan ellos, políticamente, que tampoco resolverá la crisis actual.

Queda claro, así, que hay una resistencia creciente, pero no decisiva, al interior de la rama judicial del poder público/político, que por lo pronto es el fiel del peso hegemónico construido durante los años de la prosperidad petrolera, que acompañó los dos primeros gobiernos de Chávez.

Hasta que hubo la destorcida, la recesión económica estadounidense de 2008, cuando Obama hizo todas las maromas financieras, con tal de sacar a flote a los grandes capitales, golpeando de paso el mercado internacional del petróleo, y uno de sus principales abastecedores internos, Venezuela, en forma directa, y con su cadena de distribución al detal, Citgo.

Veamos con más detalle el entramado de los poderes que tiene la Constitución vigente desde 1999.Al revisar la carta bolivariana, Capítulo III. De la Asamblea Nacional Constituyente, esto dicen, respectivamente los artículos pertinentes:

347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos o las electoras inscritas en el registro electoral.

La nuez del almendrón: el poder constituyente en vilo

Los magistrados que están en sintonía coyuntural con la MUD, lo mismo que la Fiscal, quien se atrevió a destapar, por fin, sus cartas, junto con el coro internacional de constitucionalistas liberales y ultraconservadores. A quienes se une el especulador político y comercial, Donald Trump, cabeza reaccionaria del gobierno estadounidense, insisten en el tenor literal del artículo 347, donde se establece que el pueblo “puede convocar una asamblea nacional constituyente”.

Sin embargo, el bloque dominante, el chavismo organizado como PSUV, con su presencia en la rama ejecutiva y judicial, a su turno, lo hace, en la lucha constitucional, basado en el artículo 348, que a la letra dice también: "La iniciativa de convocatoria...”podrá hacerla el presidente...”

Aquí queda, entonces, claro también, que el régimen venezolano es presidencialista como todos los de América Latina. Y, por supuesto, también la “democracia” estadounidense, el papá de “todos los pollitos”, lo es igualmente.

Aquí conviene recordarlo, el pueblo votante fue sometido al resultado no democrático, en fecha reciente, de los colegios electorales estatales; sin tomar en cuenta el voto universal y directo, que de ser el mecanismo válido para elegir, le hubiese dado el triunfo a Hillary, pero no fue así. Y los defensores de la MUD “democrática”, con el constitucionalista Vivanco y el secretario de la OEA, Almagro, nada dicen al respecto de la antidemocracia, del presidencialismo estadounidense.

El presidente Obama, como su sucesor Trump, fueron electos en forma indirecta, no democrática, de manera elitista, por los delegados estatales. Luego, cuál es el alegato hipócrita de democracia, cuando ahora, la mitad de los delegados constituyentes que se propone elegir el bloque dominante, el PSUV, en disputa hegemónica, lo serán en forma distinta al voto universal, haciéndolo desde las circunscripciones locales y regionales.

Venezuela no es, como tampoco Colombia lo es, un régimen parlamentario, ni semi-presidencial hasta el día de hoy. Estas democracias representativas nunca han renunciado a la "dictadura legal" del poder ejecutivo dentro de los marcos de la constitución.

Jamás ninguno ha renunciado al uso del “estado de excepción”, como lo ha estudiado, entre otros, el filósofo Giorgio Agamben. Es lo que hacen, mediante el uso de decretos, y órdenes ejecutivas, Trump, Maduro, Uribe Vélez, Santos. ¡You name it!

¿Cuál presidencialismo es “más democrático”, Colombia o Venezuela?

Volvamos con la causa de Venezuela y los subalternos. Al hacer la anterior lectura, Maduro y el Consejo de Ministros, tomaron una de las vías que los autoriza la Constitución Bolivariana, que ponderan “tirios y troyanos”.

Para hacer la convocatoria sin violar lo dispuesto por la Constitución vigente. No queda claro entonces, cuál es el reclamo jurídico constitucional de los dos magistrados, en el sentido de que tiene que haber un referéndum consultivo previo.

Y, por el contrario, sí su posición, en la disputa del orden político vigente, en tensión, por la “lengüeta de la romana democrática”, que se define conforme a la relación de fuerzas sociales, políticas y militares, como lo escribiera Antonio Gramsci en sus borradores de la cárcel. Tal y como lo prueban, en este caso, las calles, plazas, y los actores internacionales.

Y no, todavía, a través de las operaciones militares “restaurativas”, por tierra y aire, como ya ocurre, de modo catastrófico en Siria, Afganistán e Irak, dizque liberadas por la intervención y ocupación estadounidense; y las acciones “terroristas” punitivas contra la población civil, en las que se inmolan sus ejecutantes, al interior de los países que las apoyan.

Países que no han sido capaces, sus gobiernos, de resolver el problema del ghetto sobre Palestina, que ya cumplió más de medio siglo, mucho más que la duración de la guerra social campesina, de resistencia e insurgencia subalterna de Colombia.

Es probable que dicha interpretación sí tenga forzosa aplicación en otros escenarios constitucionales. Tal es el caso del colombiano, donde, las propuestas de convocatoria para una asamblea constituyente, no son democráticas. Aquí no se pueden realizar de manera directa, porque están sujetas al control del Congreso, como en particular ahora, se puso de presente, y se viene debatiendo.

Una vez que el Congreso autorizó por mayoría el fast track, para un caso específico de reforma, en el tránsito de la guerra a la paz, vino la disputa abierta con la Corte Constitucional, que de manera circunstancial cambió su composición.

El fiel de la balanza se inclinó del lado de la reacción con el voto decisorio del magistrado Correa, quien vino para quedarse. Aunque la magistrada Fajardo sea ahora la nueva elegida, a contramano de Motta, quien pondría en términos de fuerzas políticas, como es sabido, una relación de 6 a 3, en favor de la coalición reaccionaria al interior de la Corte.

Sabido es, que la otra rama del poder público, que, en últimas, representa la Corte Constitucional, aduce, que el poder legislativo no puede ser excluido de la deliberación y de la reforma. Esto quiere decir, en buen romance, que el poder constituido, y no el constituyente, es el que, por lo pronto, manda en Colombia, desde 1991.

Aunque en la letra constitucional parezca decirse lo contrario, cuando cualquiera lea “de carrerita”, el artículo 3o., que dice, “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo...”. Porque la reglamentación posterior de la participación política conculcó al pueblo soberano el poder constituyente sin cortapisas. Eso fue tarea del magistrado liberal, José Manuel Cepeda, y su corte, donde las mayorías estaban bajo control del gavirismo.

La corte constitucional, la mayoría alega, que no puede haber sustitución de la constitución en ningún caso. Esto es, de antemano, confirma la cortapisa jurídica, la triquiñuela “leguleya” de encarcelar el poder constituyente, que, entonces, no podría de manera directa, sin aduana legislativa o judicial, auto-regularse, darse sus propias leyes. Esto es, que, en apariencia, estaría propiciando la acción violenta, el asalto al “palacio de invierno” como última ratio.

Sabido es que el magistrado Carlos Bernal, quien inclinó la balanza en favor de la reacción constitucional, otra cosa había dicho y escrito en público hace dos años, en una publicación especializada, cuando se refería a la relación del poder ejecutivo y la constitución, para ejercer el fast track, el uso real de las leyes habilitantes, de las que tanto fastidia su uso por Maduro, en Venezuela.

Pero, no antes, su empleo indiscriminado por ex Uribe Vélez, en tiempos de la “seguridad” democrática, y el para-presidencialismo de excepción que se resiste a morir. El programa de gobierno que perdió la guerra contra la insurgencia subalterna, y de paso, la memoria. Ahora la MUD, como el Centro Democrático, anhelan, insisten en "hacer la contra-revolución por decreto," o en último caso, por vía de la mayoría legislativa.

Democracia y liberalismo, más allá del progresismo

En últimas, lo que aquí se argumenta para Colombia, por el bloque reaccionario que ahora tiene mayoría en la Corte Constitucional, porque así lo quiso Santos, el “presidente táhur”, es para ponerle freno al acelerador de la paz, mientras que en Venezuela, es para desmontar lo conseguido por el progresismo socializante de Chávez/Maduro.

Lo que alega el bloque reaccionario, en connubio con la derecha guasona, es que los órdenes constitucionales modernos siguen teniendo cláusulas pétreas, pero, en este caso, no corresponden al denominado bloque de constitucionalidad que salvaguarda los derechos fundamentales contra el ejercicio discrecional de los estados de excepción.

Hoy por hoy, se quiere insistir en que las cláusulas pétreas son las que garantizan los denominados checks and balances en favor de los poderes constituidos, los factores reales del poder burgués y terrateniente, con sus aliados imperiales externos.

Estos son los cantos de sirena, en favor del poder constituido, para asfixiar en la cuna cualquier reforma progresiva, cualquier infante democrático. La que permita afianzar la paz, que en el caso colombiano no es la de los cementerios, aunque se contabilicen ya millones de muertos, y millones más de víctimas del desplazamiento y el exilio en las fronteras de Venezuela, Ecuador, y Brasil.

Es la cuota de sangre, dolor y lágrimas pagada por los subalternos sociales e insurgentes, a lo largo de más de medio siglo, por la que ahora pasan la cuenta al corrupto, impune, esquilmador país político.

Tal es el caso de Colombia, y así aparecen, por fin con perfiles definidos, las tensiones existentes entre las lecturas reaccionarias, liberales y democráticas de la norma de normas vigente desde 1991, afectada ya por un sinnúmero impune de remiendos.

En resumen

En el accidentado tránsito a la paz subalterna, se disputa y se trata de borrar, con artificios leguleyos, a la distinción fundamental entre poder constituido y poder constituyente. Ante ella que patinan más de uno de los estudiosos nacionales más connotados, pero con conocimiento de causa, y en defensa de sus intereses.

En cualquier caso, en la palestra está el centenario debate casi, entre lo argumentado por Hans Kelsen y lo dicho por Carl Schmitt, pero ahora, tanto en Venezuela como en Colombia, tiene a millones de subalternos movilizados, en las ciudades venezolanas, y en el campo colombiano.

A este campo, los subalternos en resistencia durante más de medio siglo, empiezan a unirse con relativa timidez, los contingentes urbanos, que por estos meses le pasan la cuenta al gobierno liberal de derecha de Juan Manuel Santos, y a su candidato, Germán Vargas Lleras, en cuyo altar electoral se han consumido billones sustraídos a la guerra; mientras se sigue pagando al capital financiero jugosos dividendos extraídos a la riqueza social producida por los trabajadores del campo y la ciudad.

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