El mundo rural tras los acuerdos: institucionalidad y viabilidad complejas

09:31:00

A los grandes capitales les quedará el reto de si le apuestan a una nueva forma de entender la economía, la vida rural y decidir fortalecer las economías campesinas, permitiendo hacer política y económicamente viable el proceso, o hacer que el país sucumba nuevamente ante los designios de la guerra y la acumulación.

Por: Jaime Alberto Rendón Acevedo  / Revista Sur

El gobierno nacional ha expedido los decretos que empiezan a reglamentar y a trazar las rutas requeridas para la implementación de los acuerdos con las FARC, en particular algunos que tienen que ver con el mundo rural, tal y como se pueden leer en el cuadro adjunto. 

Se trata de un gran esfuerzo, sin duda, que va a requerir no solo de todo el empeño institucional sino de la decisión política del país que no ha podido resolver sus apuestas por lo rural, por la tenencia de la tierra, por la formalización, la calidad de vida de sus gentes y en especial por la producción, la seguridad y la soberanía alimentaria.

La normativa expedida solo muestra algo que ya se presagiaba: los acuerdos si bien no ponen en discusión el modelo de desarrollo ni tampoco la propiedad privada, comunal o de los grupos étnicos, si se constituyen en el comienzo de la sensatez con el mundo rural, por décadas olvidado, marginado, y dejado al arbitrio de los grupos armados enfrentados por el control territorial y de los recursos naturales.

La formalización no solo de la propiedad sino de las actividades rurales, así como de la vida cotidiana, es un proceso imprescindible en el camino de resignificar el campo colombiano para hacerlo viable y proyectarlo como una opción de vida digna para residentes y no residentes. En este sentido la normativa expedida cumple con los propósitos de facilitar la institucionalidad necesaria así como un camino posible para darle una alternativa al campo y a sus pobladores.

No obstante, al observar el detalle, la madeja se va volviendo tan complicada que se torna factible que todo esto, sin la debida decisión política de la que se hablará luego, termine en un proceso kafkiano, en un penoso laberinto que podrá hacer gala de Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

Y es que hay un elemento que podría marcar la diferencia pero que está quedando como la fresa en el pastel, que a lo último terminará retirándose: Se trata de la economía solidaria. Todo el proceso tiene en la cooperación y en la solidaridad los fundamentos para intentar otras economías y otras relaciones posibles. La reconstrucción del tejido social en el campo pasa por las confianza de las personas, por una nueva relaciones entre ellas y con la naturaleza, y es la economía solidaria quien desde sus principios permite opciones para este entretejer, para lograr la cohesión humana, unas relaciones virtuosas con lo natural, con lo rural.

Pero hay algo que no se toca: la economía de mercado. La propuesta de formalizar, titular y legalizar los derechos de propiedad, va de la mano de la constitución de grupos solidarios y cooperativas, apoyados con algunos instrumentos que posibilitarán los accesos a financiamiento, a créditos y asistencia técnica.  Hasta allí todo se ve muy bien. Pero tal y como ha sucedido con otros proyectos como Carimagua, Agroingreso Seguro o las Zidres, la prevalencia de grandes capitales hace que las relaciones entre estos y los campesinos, solos o asociados, no sea clara. Los planes de familias campesinas, de promoción solidaria y cooperativa se construyen como si estos capitales no existieran, como si la solidaridad, si las relaciones de confianza se construyeran solo por el acto administrativo o que se den en el corto plazo. Desafortunadamente esto no es así, se trata de procesos largos, tal vez de una década por lo menos, donde se corre el riesgo que los campesinos terminen por fracasar y quedar solo como peones de los grandes proyectos agrarios.

Por esto, la nueva ruralidad, aquella que trasciende las meras relaciones agropecuarias e identifica un sin número de hechos, acciones y actores rurales, requiere hoy más que nunca de concepciones integrales, de reconocer la vida en el campo más allá de las actividades primarias, de potenciar la vida de las familias campesinas reconociéndolas como agentes de derechos y deberes, pero incluidas en procesos innovadores, modernos y ante todo pertinentes cultural y territorialmente.

Así, los decretos expedidos y los que se deben presentar a la siguiente legislación, aún con limitaciones  y carencias, representarán una oportunidad para el mundo rural, un hito histórico que tal y como ha sucedido en anteriores oportunidades corre el peligro de terminar enredado en los desafíos o mejor en las posiciones inflexibles de una élite conservadora  y terrateniente que ha preferido el conflicto a ceder parte de su poder a las familias campesinas y a otras formas de entender las relaciones económicas en la ruralidad.

Mal momento entonces, un año electoral largo y complicado, que está dejando la unión de las élites conservadoras en torno a posiciones en contra no solo de los acuerdos, sino, en especial, del punto uno, del tema rural, génesis sin duda de una guerra de décadas, no sólo por propiedad de la tierra, sino que de allí se han derivado otras luchas y contrapoderes que van desde las mafias comerciales (léase intermediarios), multinacionales y grandes empresas, hasta drogas ilícitas o simplemente el control y la tenencia de la tierra como argumento esencial del poder económico y político.

No será fácil, el gran cambio institucional y las promesas de restructuración y resignificación del campo llegan en una aparente fractura de la élite económica y política del país, pero en realidad han sido los momentos coyunturales de alto riesgo para la ruptura del Estado y de la Nación, donde esta élite ha depuesto sus contradicciones y unida se ha enfrentado al pueblo, excluyéndolo, marginándolo de la condiciones requeridas para tener una vida digna y en democracia.

Esa solidaridad que pregonan las normas, esas contribuciones desde la participación comunitaria y desde el fortalecimiento de las economías campesinas (con ejemplos significativos como en la industria cafetera, láctea, entre otras), deben ser la base para hacer de estas nuevas apuestas la oportunidad para reruralizar al país, pero también el aliciente para que la sociedad civil, las poblaciones rurales y urbanas, reivindiquen lo rural como parte esencial en la construcción de un nuevo país.

A los grandes capitales les quedará el reto de si le apuestan a una nueva forma de entender la economía, la vida rural y decidir fortalecer las economías campesinas, permitiendo hacer política y económicamente viable el proceso, o hacer que el país sucumba nuevamente ante los designios de la guerra y la acumulación. Parece paradójico pero no lo es, los grandes grupos económicos tienen  hoy la palabra: Le apuestan a un país distinto o siguen permitiendo y financiando una clase política corrupta donde unos y otros han tenido en la guerra los beneficios necesarios para salvaguardar su poder.

Es la economía y es la política, es la necesidad de una nueva ruralidad para un país posible, y estas nuevas normativas son una oportunidad inaplazable, un camino recorrido donde el desandarlo probablemente sea el acto más costoso e irresponsable que como sociedad podamos hacer, pero para lograrlo se necesitará de la voluntad decidida de los diferentes actores, una decisión colectiva que viabilizará la economía y la propia vida.

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