El régimen privado de pensiones también tiene problemas

16:22:00

Las administradoras privadas se están quedando con el ahorro nacional y los ingresos del Estado, pero en cambio no pagan o apenas pagan pensiones reducidas. Las cifras frías son escandalosas, y sin embargo sus voceros piden acabar con el sistema público. 

Por: Flor Esther Salazar y César Giraldo / Razón Pública

Ahorro obligatorio y no pensión

El sistema público de pensiones está siendo seriamente criticado, hasta el punto de que algunos proponen eliminarlo. Con el ánimo de equilibrar el debate, queremos presentar los problemas que tiene su contraparte privada o sea el régimen de ahorro individual (RAIS).

Para empezar – y en el mejor de los casos- la tasa de reemplazo en el sector privado (es decir, el valor de la pensión comparado con el del salario que tenía la persona) no alcanza a ser el 25 por ciento. Y si la persona vive muchos años, al final recibirá, a través de una compañía de seguros, una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, aunque su cotización se hubiera hecho sobre ingresos elevados.

En segundo lugar, hoy hay más devoluciones que nuevos pensionados, lo cual implica que la mayoría de los cotizantes están perdiendo para siempre su derecho a la pensión: alrededor del 55 por ciento de las solicitudes de pensión fueron negadas con derecho a devolución de saldos.  Según información suministrada por la Superintendencia Financiera (por requerimiento ciudadano), entre marzo de 2011 y abril de 2016 las administradoras de privadas han devuelto los saldos a 90.814 afiliados; durante este periodo se concedieron apenas 84.970 pensiones de jubilación.

Sorprende que las administradoras privadas utilicen como lema de mercadeo el hecho de que los saldos se devuelvan con capitalización de intereses. Si esto es así, su sistema no debería llamarse de “pensiones” sino apenas de “ahorro con descuentos”. ¿Por qué vender un producto que acaba siendo de ahorro obligatorio en lugar de ser claros y permitir que la persona abra una cuenta de ahorro o inversión en cualquier entidad financiera con menores costos y reserve algunos recursos para su vejez?

Cargas mal repartidas

Mientras que la carga de los pensionados está en el sistema púbico, los activos financieros están en manos del sector privado: las obligaciones están en un lado y el ahorro financiero en el otro. A finales de 2016 las cifras fueron las siguientes:

El 92 por ciento de los pensionados estaban en el régimen público o de prima media (1.246.643), y el 8 por ciento (111.000 pensionados) estaban en los fondos privados.

Los privados manejaban ciento noventa billones de pesos (22 por ciento del PIB), y tenían afiliada a la población joven en etapa de cotización, mientras que el régimen público presentaba agotamiento de reservas y tenía afiliada a la población mayor de 40 años.

No es sostenible un sistema integrado por dos regímenes en competencia, donde uno de ellos recibe y gestiona la mayor parte de las contribuciones, mientras que el otro se hace cargo de pagar las pensiones.  

Mientras que la carga de los pensionados está en el sistema púbico, los activos financieros están en manos del sector privado.

Esto implica un costo fiscal inexorable. Pero hay quienes pretenden responsabilizar a Colpensiones (la administradora pública) por esta carga fiscal -sin mencionar, por ejemplo, el costo de los beneficios para los  militares o el desfinanciamiento de las cajas locales de previsión social ya liquidadas-.

Por cuenta del Estado

Los fondos privados de pensiones tienen un alto costo fiscal que se hará efectivo en los próximos años (pero de esto no se habla). Este costo resulta de, entre otros:

- La garantía de la pensión mínima,

- Las transferencias a las aseguradoras que proporcionan rentas vitalicias por el ajuste del salario mínimo que exceda la inflación,

- El valor de los bonos pensionales, 

El hecho que, en diciembre de 2016, 77 billones de pesos de los activos del sistema privado estuvieran colocados en bonos de deuda pública, que el fisco tendrá que redimir en el futuro para pagar las pensiones. Este sí se es un pasivo pensional exigible en su totalidad, mientras que el pasivo del sistema público está suponiendo que todos los afiliados se van a pensionar, lo cual no es cierto.

El Fondo de Garantía de Pensión Mínima debe cubrir el faltante de quienes cumplen el tiempo de cotización pero no alcanzan a reunir el capital suficiente para su pensión de salario mínimo. Pero cuando ese Fondo se agote es el Estado quien debe responder con recursos fiscales.

Ese Fondo se agotará rápidamente porque cerca del 60 por ciento de los afiliados al sistema cotizan sobre un salario mínimo, y una cotización sobre esa base no llega ni al 18 por ciento de lo requerido para pagar la pensión del salario mínimo. Además, las pensiones sobre el salario mínimo se ajustan por encima de la inflación, porque no puede haber pensiones por debajo dicho monto. Como el 70 por ciento de las pensiones otorgadas por el RAIS son de salario mínimo, y como las diferentes modalidades de pensión terminan en una renta vitalicia de salario mínimo, al final todas las pensiones van a aplicar ese ajuste cubierto con recurso del gobierno: esto es lo que se conoce como efecto deslizamiento.

También hay que tener en cuenta que el gobierno tuvo que crear un bono pensional para cubrir el ahorro teórico que hicieron quienes se trasladaron del sistema público al privado, bonos que se convierten del presupuesto público a medida que las personas se vayan pensionando.

Costosas e ineficientes

Los fondos cobran altos costos de administración, su rentabilidad para el cotizante no es tan elevada y, al igual que en el régimen de prima media, más de la mitad de los afiliados están inactivos y por tanto no están en camino de lograr la pensión.

Los fondos cobran el 10 por ciento por concepto de administración. Cuando el afiliado no puede hacer los aportes esa comisión se la sacan de lo que ya tiene ahorrado. A la cuenta de ahorro solo va entre el 63 y el 72 por ciento de los aportes que hace cada afiliado; el resto se va en una serie de descuentos.

Pero existen costos adicionales que no se mencionan, como los que se generan en el momento de pensionarse la persona, que incluyen la comisión para la compañía de seguros durante el tiempo que administrará una renta vitalicia. Una persona tiene dos formas de pensionarse:

La primera, llamada ahorro programado, consiste en que se va consumiendo su ahorro hasta llegar al monto mínimo requerido para financiar una renta vitalicia de salario mínimo, que la paga una compañía de seguros. 

La segunda es optar desde el comienzo por una renta vitalicia. Para el cálculo de la prima única de la renta vitalicia cada compañía aseguradora carga los gastos de expedición, administración y utilidad esperada, sin que esto sea objeto de revisión por parte de la Superintendencia.

La regulación y rendición de cuentas al obtener la pensión en el RAIS es una especie de caja negra. Poco se sabe sobre las condiciones bajo las cuales se están pensionando los cotizantes, no hay ningún tipo de supervisión sobre el manejo de los recursos ahorrados por los afiliados, como en el caso de las rentas vitalicias y los mercados de estas.

Y a todo lo anterior hay que sumar los costos ocultos, una serie de ítems que son cargados pero sobre los cuales no existe información pública, por concepto del manejo de los portafolios. Por ejemplo, en el año 2016 estos costos ascendieron aproximadamente a 340.000 millones de pesos.  

Malos negocios en el fondo

Uno de los beneficios que se atribuyen al régimen privado es la posibilidad de obtener rentabilidades de los fondos que son invertidos en el mercado de valores. Pero esto no parece verse en las tasas de reemplazo (menos del 25 por ciento), porque también están expuestos a pérdidas o porque parte de las rentabilidades se van en costos de administración.

Los fondos privados de pensiones tienen un alto costo fiscal que se hará efectivo en los próximos años (pero de esto no se habla). 

En la prensa se dice que los fondos tienen rentabilidades de entre el 8 y el 10 por ciento, pero según los datos emitidos por la Superintendencia Financiera, la rentabilidad promedio anual, sin descontar la inflación, fue de 5,01 por ciento (años 2012 a 2016); para el moderado fue de 8,37 por ciento (2013 a 2016); y para el de mayor riesgo fue de 8,21 por ciento (2011 a 2016).

En aras de la transparencia y la democracia necesitamos un debate equilibrado, que se haga con información pública y accesible para quienes estamos interesados en seguir analizando la situación del sistema pensional.

Este debate debe ordenarse en torno a los asuntos centrales, por ejemplo, si el problema es fiscal que se pongan en una balanza las implicaciones fiscales del régimen público, pero también las del régimen privado. Y que se debata si queremos un sistema con bajo costo fiscal pero sin pensionados o con equilibrio entre cobertura y costo fiscal.

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