Intensa y Violenta Reconfiguración Regional

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Los territorios colombianos durante las décadas recientes atraviesan procesos de reconfiguración de poderes y de relaciones sociales. La presencia diferencial del Estado fuerte en zonas centrales ha estado a la vez en disputa en amplios territorios con poderes locales insurgentes, con para-poderes hegemonizados por alianzas narco-paramilitares y con espacios de ilegalidad donde pululan redes mafiosas y delincuenciales. 

Por: Alvaro Villarraga / Revista Sur

Es un asunto estructural y coyuntural complejo. Ahora el pacto de paz con las FARC EP y su concentración para dejar las armas y pasar a la política deja un vacío de poder en importantes espacios regionales rurales, que empiezan a ser objeto de intensa disputa.
¿Quién se impondrá en tales territorios? La sana aspiración del pacto de paz es conseguir que sean recuperados por el Estado de forma garantista y que el actor político FARC junto con todos los actores políticos, sociales, poblacionales y ciudadanos tengan posibilidad de actuar en un marco de derechos y garantías. No hay que desmayar en ese empeño. Pero la cruda realidad es la intensa confrontación y situaciones diversas que dan lugar a niveles de reparación territorial de la fuerza pública, déficit en la presencia garantista del Estado, búsqueda de expansión en ellos de las estructuras narco-paramilitares más reconocidas, penetración en algunas regiones de frentes del ELN y fortalecimiento y expansión de redes de ilegalidad, criminalidad y violencia asociadas de distintas economías ilegales.
Esta es la razón de fondo que explica muchas situaciones que se están registrando. Escenarios de confrontación armada entre las Fuerzas Militares y las disidencias de las FARC en Guaviare y otras regiones, a la vez que ingresan a la zona avanzadas narco-paramilitares de las AGC que según versiones buscan reacomodos en los negocios del narcotráfico con dichas disidencias. En el Catatumbo expansión violenta de las AGC ocasionando desplazamiento forzado de pobladores, a la vez articulada a fracciones regionales del narco-paramilitarismo y de las tradicionales redes mafiosas y del contrabando. Reactivación de la actuación del ELN y de la última disidencia regional del EPL altamente involucrada en negocios del narcotráfico. En Antioquia en el Nordeste se expande el ELN y desde el Bajo Cauca se expanden las AGC y sus aliados locales. En Chocó se confrontan el ELN y las AGC. En el pacífico de Nariño las disidencias milicianas de las FARC se reconfiguran como red ligada al narcotráfico en medio de entendimientos y disputas con otros sectores. Así mismo, en otras regiones donde hay ese vacío se expresan este tipo de tensiones y reacomodos entre Estado, insurgencia, rezagos  narco-paramilitares y redes delincuenciales.
Aunque parezca un contrasentido, en la realidad colombiana la histórica aplicación del pacto de paz con las FARC pasa en numerosas regiones por nuevas confrontaciones, arreglos y alianzas entre tales actores. De hecho se reconfiguran los escenarios de conflicto bélico de manera importante, de forma que sale de escena el principal actor insurgente, el segundo se debate entre su esfuerzo por consolidar posiciones de cara al proceso de paz, pero por la misma circunstancia exigido a avanzar hacia el des-escalamiento militar y hacia crear condiciones de no violencia política y garantías para conseguir la participación de las comunidades locales y regionales en su agenda de paz. Desde los nichos del narco-paramilitarismo y las redes mafiosas se registra un sentido de oportunidad para expandirse y consolidarse en nuevas regiones, con nuevas rutas y mayores negocios, a la vez que se oponen con amenazas y violencia ante el riesgo que les significa la sustitución de cultivos ilícitos pactada en el acuerdo y convenida con importantes actores sociales recientemente así como la presencia requerida de la actuación institucional y gubernamental dentro de parámetros de políticas públicas y actuaciones garantistas.
Alfredo Molano, ejemplifica la situación al analizar el caso de lo ocurrido actualmente en la población de Támara, Casanare, a partir del repliegue y concentración de las FARC: “La concentración de los 700 efectivos en la zona campamentaria de Panamá de Arauca ha dejado, según los tamareños, un gran vacío. Como en otras regiones, las normas de convivencia emitidas por las FARC impusieron un orden social respetado por todos. El vacío que el Estado no ha llenado ha permitido que el robo de ganado se haya generalizado y que exista un mercado negro de carne de res tanto en Casanare como en Apure”[1].
En Chocó por el Buadó y el Atrato y zonas de Antioquia y Córdoba la situación de ha tornado dramática en las últimas semanas ante la expansión de las AGC aprovechando el  vacío dejado por la concentración de los frentes 34, 57, 5 y 18 de las FARC. Los combates hace dos semanas por la disputa por control territorial en el Alto Baudó, Chocó, entre el Frente Resistencia Cimarrón del ELN y un grupo de las AGC cuyo jefe se conoce como “Furia” que ocasionó el desplazamiento forzado de más de 500 personas.
Las denuncias y las valientes actitudes de resistencia de los pobladores son dicientes: “Se metieron a las casas porque, supuestamente, resguardamos a gente asociada a las guerrillas. Venían encapuchados, con armas largas y de negro (…) es inaudito que ingresen a nuestro territorio. Nosotros no aceptamos ningún actor armado. Logramos que los gaitanistas salieran porque los confrontamos verbalmente y los sacamos. Nuestra comunidad resistió”[2]. Pero así como en algunos lugares su permanencia es inestable ante la resistencia de pobladores y la incursión de la fuerza pública, en otras zonas estructuras narco-paramilitares ligadas a redes mafiosas logran asentarse.
“Los paras, que portaban armas largas y vestían camuflado, ingresaron por el río Tamboral y se trasladaron a la cabecera del río Pavarandó, donde los habitantes de la zona reportaron la presencia de al menos 100 de ellos…[3]”. En esas regiones organizaciones indígenas, afros y campesinas denuncian amenazas y una incursión que refuerza la deforestación ya avanzada del narcotráfico, la minería ilegal y de la presencia de la empresa de  EEUU Muriel Minning Corporation desde 2005 que ha afectado más 16 mil hectáreas de bosque natural.
Las ACG con dominios entre Urabá y Atrato, Córdoba, partes de Antioquia, Bolívar, Cesar y con aliados en otros departamentos, busca extender dominios y aliados en distintas zonas donde hay vacíos dejados por las FARC. Aparecen nuevas disputas en el Bajo Cauca antioqueño entre ELN y AGC, donde según fuentes de prensa esta guerrilla está copando territorios anteriores de las FARC: “…se está viendo presencia del ELN en municipios en los que las FARC eran fuertes y en que los “elenos” están cobrando extorsiones con métodos y listas “heredados” de la otra guerrilla”[4].
Simultáneamente, se denuncia el reclutamiento de personas jóvenes y menores de edad por parte de la disidencia de las FARC en Guaviare, a la vez que se registra el primer bombardeo del Ejército contra uno de sus campamentos ubicado en una zona dedicada al procesamiento de cocaína, mientras versiones señalan la reciente penetración de las AGC en esta misma zona para negociar términos en economías ilegales con disidencia de las FARC. A la vez, se denuncia la presión contra los campesinos desde los narco-paramilitares y desde tales disidentes para que los pobladores no se acojan al programa de sustitución de cultivos incluido en la aplicación del acuerdo de paz, como lo reveló una entrevista hecha a un campesino de la zona: “…dicen que la sustitución no trae los beneficios que dice el Gobierno, que eso es una farsa, que no nos van a cumplir y que ellos (la disidencia) van a subir el precio por gramo o kilo de base de coca que les entreguemos”[5].
En este panorama las economías ilegales de exportación de cocaína, oro, coltan, madera y otras mercancías buscan un reordenamiento de posibilidades a su favor y la recomposición de los aliados en cada región. El propio gobierno plantea que las expectativas de los campesinos cultivadores de coca ante los programas de sustitución que empiezan a ser concertados con comunidades locales, serían una causa importante en la expansión de las áreas sembradas que en la actualidad superan las 180 mil hectáreas. Esto en medio del alto reto que significa en tal reconversión productiva la ausencia de soportes de infraestructura para los cultivos de uso ilícito en términos de acceso al mercado con rutas terrestres, fluviales y marítimas, mientras que las redes ilegales compran las mercancías producidas en el sitio y se encargan de las rutas ilegales establecidas y las que ahora también están en recomposición.
En fin, tiene el Estado un alto reto, si quiere ser el soporte de la “construcción de una paz duradera” en todas estas regiones. De los gobiernos y sus políticas si son fieles, como deben serlo, a la aplicación integral de las consecuencias del acuerdo de paz. Si se avanza en el sentido correcto de consolidar la paz con el ELN y de marchar hacia la recuperación de la vigencia del Estado constitucional en todas las regiones del país y de brindar garantías a todos los actores sociales y políticos en ellas. Por eso, es altamente preocupante la inconsecuencia del mismo gobierno y de la Fiscalía General para entender que la reactivación de ataques contra líderes sociales, opositores de izquierda, defensores de derechos, reclamantes de tierra y ambientalistas no son hechos aislados y eventuales, sino piezas claves en este complejo ajedrez. Se trata de resistencias violentas al retorno campesino, a la restitución de tierras, a la emergencia de actores políticos y sociales desde el ámbito popular y de defensa de poderes legales e ilegales y de sus mixturas, basados en la inequidad y el lucro que pretenden prolongarse.
En este panorama el Gobierno Nacional y el Estado en todos sus niveles debe comprender la misión que le corresponde, en el reto histórico de poder superar el conflicto bélico y desmontar con éxito como está pactado, las herencias del paramilitarismo, sus aliados de distinto orden y las redes mafiosas y delincuenciales asociadas. Sin embargo, hay obstáculos a resolver, puesto que si no se parte de la comprensión clara de lo sucedido va a ser inviable adoptar políticas, estrategias y planes adecuados a los propósitos definidos. Y al respecto, resulta lamentable que altos funcionarios aún desestimen las graves expresiones de intereses, disputas y actuaciones referidas y que afectan gravemente a las poblaciones locales en muchas regiones.
Advierte Molano que aún no se ha logrado estar a la altura de este reto por parte del Estado ante el amplio vacío de poder territorial dejado por las FARC. “Es dramático que en el vacío de poder, el Gobierno no haya recuperado ni el monopolio de las armas ni el de los tributos. Bien vistas las cosas, las FARC eran parte esencial del orden social que, paradójicamente, amenaza derrumbarse hoy en Támara”[6]. A la vez que desde el Ministerio de Defensa aún no se entiende que la faceta principal del paramilitarismo en términos contrainsurgente siempre ha sido precisamente el ataque contra sectores de la población estigmatizados, cuando en contra de las evidencias existentes con la crisis humanitaria que ya supera el centenar de víctimas se atreva a afirmar: “El paramilitarismo del que se habla hoy no es contrainsurgencia, sólo tiene afán de lucro, no de exterminio político y, lo que es fundamental, no hay permisividad del Ejército con sus acciones. Hoy se les combate y se investiga a los militares al más mínimo indicio de relación con las bandas criminales[7]”.
Y triste resulta que en las primeras de cambio, en las acciones más sencillas, como la adecuación de las zonas y puntos veredales para las concentraciones de las tropas de las FARC, que debió hacer el gobierno de forma oportuna y planificada, incumplió y sigue acumulando retrasos para lograrlo. Hecho que aunque intente negarse o atenuarse por los voceros oficiales queda al desnudo ante la simple observación de las situaciones existentes, como lo revelan periodistas, funcionarios estatales, veedores de la ONU y los propios voceros guerrilleros en cada región. “…no hay nada más que barro y pequeñas chozas de plástico y bambú que han levantado los propios guerrilleros. La mayoría son para para dormir, algunas más amplias hacen las veces de peluquería, otra es una enfermería y otras sirven para apilar sus fusiles de asalto. Ahí viven como pueden alrededor de 350 personas que no paran de reparar lo que el clima va destruyendo. Tienen 38 enfermos, siete guerrilleras están embarazadas y hay una decena de bebés, enumera el comandante”[8].
Por eso resulta imprescindible no debilitar la voluntad ni la confianza entre las partes en la aplicación del acuerdo de paz. Situación claramente demandada por el comandante de la región que fue epicentro del despliegue guerrillero de las FARC en los últimos años cuando expresa de manera crítica pero a la vez constructiva las expectativa de cumplimiento oficial que con razón demandan: “Cuando se construyan las instalaciones, cuando se aplique la ley de amnistía y de justicia especial para la paz, cuando el último guerrillero preso por delitos políticos salga de la cárcel y, sobre todo, cuando haya garantías políticas y de seguridad para nosotros[9]”.
En conclusión, nos queda el reto, al Estado, los gobiernos y a la propia sociedad, de dar la pelea a muchos niveles y en todas las zonas del país, para que con la consolidación del Estado constitucional y la aplicación cabal de los acuerdos de paz como un soporte actual importante para ello, se transite hacia el desmonte de los factores y de los actores que pretenden prolongar el estatus quo, la guerra, la violencia y los muchos “estados de cosas inconstitucionales”, asociados a la inequidad, la exclusión, la ausencia de garantías y derechos para la población y la convivencia con la ilegalidad y el crimen organizado.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Bogotá, DC. 16 de marzo de 2017.
NOTAS
[1] “Támara”, Alfredo Molano Bravo, El Espectador, 12 de marzo de 2017, página
37.
[2] “La realidad paramilitar en Chocó”, José David Escobar, El Espectador, 12 de marzo de 2017, página 14.
[3] “La realidad paramilitar en Chocó”, José David Escobar, El Espectador, 12 de marzo de 2017, página 14.
[4] “Los riesgos para el posconflicto muestran la cara en las regiones”, El Tiempo, 12 de marzo de 2017, página 2.
[5] “Disidencia sabotea programas de sustitución en Guaviare”, El Tiempo, 12 de marzo de 2017, página 2.
[6] “Támara”, Alfredo Molano Bravo, El Espectador, 12 de marzo de 2017, página 37.
[7] http://www.publico.es/internacional/proceso-paz-campamentos-farc-colombia.html
[8] http://www.publico.es/internacional/proceso-paz-campamentos-farc-colombia.html
[9] http://www.publico.es/internacional/proceso-paz-campamentos-farc-colombia.html

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