La lucha contra la corrupción político-Administrativa, en la nueva coyuntura de Colombia.

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Por ello no hay en este momento un factor de desestabilización y deslegitimación de los sistemas políticos más virulento que la corrupción
Por: Lucía Vásquez Celis / Democracia en la Red
Abordo esta reflexión, sin pretender erudición, ni mucho menos respuestas o verdades absolutas, sino como una reflexión de una ciudadana del común, en la coyuntura actual de Colombia en la que pese al proceso  de implementación de los Acuerdos de la Habana, Gobierno- Farc,  la corrupción se evidencia y percibe como uno de los males mayores de la política y del sine quanom social, y la lucha contra ésta, se plantea como la bandera reivindicativa  más poderosa para la contienda del 2018 por parte de partidos, movimientos y procesos  políticos que se pueden alinear en el genérico de alternativos. 
 Me interesa aportar algunas pistas en la perspectiva de la construcción de agendas hacia el debate electoral del 2018, abordando tres componentes: 1. Etimología, dimensiones política, jurídica, ética y cultural implícitas en el término corrupción; 2. ¿El poder y la corrupción son una asociación inherente?; 3. ¿La lucha contra la corrupción político-administrativa es suficiente como bandera de movimientos políticos alternativos, en la nueva coyuntura de Colombia?
ETIMOLOGÍA, DIMENSIONES POLÍTICAS, JURÍDICAS, ÉTICAS Y CULTURALES IMPLÍCITAS EN EL TÉRMINO “CORRUPCIÓN
Etimológicamente, “corrupción”, emana del vocablo “corruptio” del latín, el cual está conformado por tres elementos: i. El prefijo “con” que significa “junto”; ii. El verbo “rumpere”, que hace alusión a “hacer pedazos”; iii. El sufijo “tio” que hace referencia a “acción y efecto”, esto nos conlleva a que etimológicamente, corrupción, es acción y a su vez efecto de depravar, echar a perder, pervertir, dañar, sobornar. 
Para el diccionario de la Real Academia Española, la corrupción es el vicio o abuso en cosas materiales y no materiales. Esta definición, implica que la corrupción es también una depravación moral o simbólica[1].  
Platón y Aristóteles consideraban la corrupción como “la degeneración de las formas de gobierno a consecuencia de la pérdida de la virtud del gobernante que, embriagado por el poder, pospone la utilidad común al interés propio y para Roma una cultura universal que así como se había convertido en un eje del mundo, también fue una cuna para la aparición de funcionario corruptos, que ante el poder que ejercían estos comenzaron a manipular su economía siempre a favor de la clase que oprimía a las más baja”
Desde el sentido clásico del pensamiento político, la corrupción se asume como el abuso autoritario del poder, hasta llegar incluso a su ejercicio tiránico, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente[2]. Por su parte, Humberto Njaim en 1955, señalaba, que “la corrupción es un importante medio de influencia política con manifiestas ventajas respecto de la pura persuasión, por un lado, y la coerción, por el otro”
En el discurso político actual, la corrupción se asume desde el sentido clásico de abuso del poder, aunque predomina el entenderla  como el enriquecimiento ilegal o ilegítimo de los políticos o, en general, de las autoridades (corrupción personal) o el favorecimiento ilegal o ilegítimo a las causas u organizaciones a las que están integrados aunque no se beneficien personalmente (corrupción oficial), gracias a los cargos que desempeñan o sus conexiones con quienes los tienen, bien sea en el sector oficial o empresarial para afectar lo oficial. En este sentido, la corrupción se percibe por un lado, como manejo deshonesto de recursos públicos o recursos en torno a una gestión pública y por otro, como deshonesto en particular, en un sentido individual, dirigidas hacia actividades del estado, empresas o actores privados en general.[3]
En América Latina se pasa del uso del término corrupción administrativa o peculado desde la década de los cuarenta hasta mediados de los setenta del siglo XX, al empleo predominante del vocablo corrupción política o, simplemente, corrupción. 
El Banco Mundial - BM (2000) desglosa el concepto, y hace principal hincapié en la distinción entre la corrupción como captura del Estado y la corrupción administrativa. La corrupción como captura del Estado, la define como las acciones de individuos, grupos o firmas, tanto en el sector público como en el privado, para influir sobre la formación de leyes, reglamentaciones, decretos y otras políticas gubernamentales para beneficio propio y la corrupción administrativa como la imposición intencional[4]
Por su parte, el ex fiscal de Colombia Alfonso Gómez Mendez, (2016)[5], señala “La corrupción se refiere al ejercicio indebido de lo público para satisfacer, por torcidos métodos, ambiciones económicas y por lo tanto es política” y agrega, “La ausencia de control político, y de separación real de poderes, unida a la falta de partidos políticos, es el gran catalizador de la corrupción”.
Dentro de la corrupción política se señalan las siguientes formas o modalidades: 
Cleptocrácia: Término que se usa para calificar a un gobierno corrupto y ladrón, que desarrolla su poder basado en el robo de capital al Estado institucionalizando la corrupción, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes, debido a que todos los sectores del poder están comprometidos.
Nepotismo: Es la deferencia que algunos gobernantes o funcionarios públicos que tienden a dar empleos públicos a familiares, amigos o pertenecientes al partido político dominante
Plutocracia: Sistema de gobierno en el poder que está favor de los que ostentan las fuentes de riqueza, donde la representación atiende únicamente a aquellos que le apoyaron, sin corresponder a la voluntad de los ciudadanos.
Peculado: Entendido como los delitos cometidos generalmente por servidores públicos o en su defecto, cualquier persona que aplique de forma distinta a la de su objeto o fin: dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, que por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
Varios autores, incluyen el clientelismo político, como elemento constitutivo de la corrupción. Para estos autores, el clientelismo político es el intercambio personalizado de favores, bienes y servicios por apoyo político y votos que perdura como una institución extremadamente influyente, informal y como  estrategia aggiornada de reproducción del poder a veces oculta, en la  que las y los ciudadanos asisten y participan[6].  
 “Los distintos actores, patrones, mediadores y clientes se ubican en redes y se enlazan. La estructura de estas “redes de dominación” y los sujetos que en ella participan implican relaciones clientelares y son vistas como arreglos jerárquicos, como lazos de control y dependencia; verticales y basados en diferencias de poder y en desigualdad. Al ser altamente selectivas, particularistas y difusas, las relaciones clientelares se basan en el intercambio simultáneo de diferentes de recursos y servicios: políticos o económicos y promesas de lealtad y solidaridad. Constituyen una esfera de sumisión, un conjunto de lazos de dominación, con el agravante de que ésta práctica política, que adquiere nuevas configuraciones en cada elección y que sigue el mismo proceso nacional, quizás, no el mismo ritmo, logra regular la ciudadanía. Hay algo nuevo y algo viejo, hay sujetos sociales y políticos que se resisten al cambio porque son los principales beneficiarios de las peores prácticas de la democracia, pero que detrás de su mantenimiento ‘formal’ logran su reproducción y la de su poder. Y no sólo los políticos, también los empresarios – que viven al calor de las prebendas que pueden extraer al estado”[7]
Para otros autores, Graziano (1974 y 1980)[8] el clientelismo y la corrupción poseen una función instrumental similar, como fenómenos que privatizan la vida pública y consideran a los bienes públicos como elementos divisibles y excluyentes, a los que se les da un precio y los cuales no se desenvuelven dentro de los parámetros de legalidad sino en un intercambio cimentado sobre una fuerte desigualdad en cuanto al poder de que dispone cada uno de los protagonistas. Para Graziano, el elemento crucial de la relación clientelar en la corrupción, es el monopolio del que disfruta el político, “patrón” sobre ciertos recursos que, aunque para él fueran marginales, resultan importantes, incluso críticos, para manipular al votante, quien entonces entrega el voto para acceder a esos recursos a veces tan pírricos como un almuerzo o una teja de zinc. Por su parte, Cazzola (1988 y 1992)[9], señala que hay una continuidad entre estos dos fenómenos, considerando aspectos como el intercambio de favores, la desconfianza generalizada o la ausencia de una cultura política. 
En lo que respecta a la corrupción en el  ámbito institucional, se identifican tres factores: la falta de formación de las/os servidoras/es públicas/os, el tráfico de influencias e irregularidades en los procesos de contratación de servidores/as públicos/as y las evaluaciones que se realizan sin parámetros de ética pública, ni de calidad eficacia y eficiencia, en el servicio público, lo que genera desconfianza en la capacidad de gestión y transparencia del sector público por parte de la sociedad civil.
Desde el campo jurídico,  la corrupción se asume desde varias tipologías,  el pedido, la oferta o el recibo de sobornos, peculado, consideraciones o comisiones clandestinas,  extorsión, concusión, tráfico de influencias, valimiento, peculado, abuso de información privilegiada, o de bienes, el tráfico de influencias. 
Esta diversidad de tipologías jurídicas en que se sitúa la corrupción, conlleva a que la corrupción no sólo sea política en cuanto que en ella estén envueltos políticos sino también en cuanto que los políticos ya no pueden prescindir de producir políticas y normas contra ella y que estas políticas y normas deben orientarse a crear fuertes restricciones al actuar político
En cuanto a la dimensión legal, se señalan dos nudos críticos, en primera instancia los vacíos legales que dan espacio para lo ilícito a pesar de la abundante legislación que rige en el país. En segundo lugar, la falta de credibilidad de la justicia debido a la demora, la morosidad en la tramitación de los procesos, la falta de personal, la impunidad, la ausencia de sanciones y falta de garantías para los y las denunciantes de actos de corrupción, factores que contribuye a la desconfianza ciudadana en la lucha contra la corrupción, desde el sistema de administración de justicia. En Colombia como en otros países de América Latina, predomina la corrupción en la administración de justicia, varios analistas señalan también que la aplicación de las leyes y los esfuerzos de reforma se ven obstaculizados por jueces, abogados, fiscales, agentes de policía, investigadores y auditores corruptos. “Esas prácticas son contrarias al derecho de igualdad ante la ley y el derecho a un juicio imparcial. En especial, van en menoscabo del acceso de los pobres a la justicia, pues no pueden permitirse ofrecer o prometer sobornos. Un aspecto importante es que la corrupción contribuye a una cultura de la impunidad, dado que los actos ilegales no se castigan sistemáticamente y las leyes no siempre se respetan”.
Adicionalmente, varios autores consideran que la dimensión ética también es implícita al abordaje de la corrupción porque “en la política también operan argumentaciones y se emprenden acciones que no pueden ser comprendidas si no se tienen en cuenta valores que los actores postulan como absolutos e incondicionados por contraposición a argumentaciones y actuaciones fundamentadas en filosofías puramente utilitarias. Al respecto, se cita entre otros ejemplos, que en la actualidad en el campo de los derechos humanos y cada vez más en materia ecológica y de conservación  de la naturaleza, se manejan posiciones éticas que van más allá de cálculos de costos y beneficios y con base en este análisis se afirma que pese a toda la dificultad que para regular la corrupción deriva de su conexión con la política, se trata también de un asunto donde tiene mucha fuerza y hasta predomina la posición de que debe ser perseguida y reprimida independientemente de los costos que ello acarree[10].
La ONU[11] menciona la dimensión cultural de la corrupción, señalando que  en  general “persiste una escasa implementación de una cultura de la transparencia, y que más bien se mantiene una cultura de tolerancia entre servidor público y ciudadanía, que dificulta el acceso ciudadano a los servicios y fomenta el ocultamiento de información de tal suerte que se afectan los derechos de acceso a la información y de libre expresión  y que adicionalmente, la falta de una cultura de denuncia obstaculiza la promoción de la investigación y sanción de actos de corrupción, abonando al desprestigio de lo público y/ o fomentando en el imaginario ciudadano la normalidad de la corrupción que impide reaccionar frente a abusos y arbitrariedades aunado al debilitamiento del ejercicio de valores éticos y democráticos” y agrega: “La corrupción debilita el deber de rendición de cuentas de los funcionarios del Estado, reduce la transparencia en la labor de las instituciones públicas y permite que las violaciones de los derechos humanos queden impunes. La corrupción repercute negativamente en la realización de los derechos básicos. Las prácticas corruptas desvían fondos destinados a los servicios sociales y con ello socavan la capacidad del Gobierno para prestar un conjunto de servicios, entre ellos servicios sanitarios, educativos y de seguridad social, que son indispensables para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En particular, la corrupción afecta a los más pobres y más marginados, que dependen en gran medida de los servicios públicos. La corrupción también discrimina en el acceso a los servicios públicos en favor de los que tienen capacidad para sobornar y están dispuestos a hacerlo. La corrupción puede debilitar las instituciones democráticas tanto en democracias bien establecidas como en democracias nuevas. Los funcionarios corruptos dejan de tener presentes los intereses de la sociedad cuando adoptan decisiones, lo que lleva a una pérdida de apoyo público a las instituciones democráticas. En esas situaciones, se desalienta a los ciudadanos a ejercer sus derechos civiles y políticos y a exigir que esos derechos sean respetados”.
En este primer abordaje epistemológico y de las dimensiones implícitas en el concepto “corrupción”, se ilustra que:
En la corrupción confluyen dimensiones de orden político, jurídico, cultural y ético. La corrupción va más allá de la apropiación ilegal de recursos del Estado para beneficio particular, incluye prácticas aberrantes como el clientelismo, se manifiesta no solo en la política interna sino en el ámbito internacional y en situaciones en las cuales no están en juego simples operaciones comerciales, sino también luchas de poder, donde los estados, en el mundo de la competitividad y el globalismo, tienden a identificar su interés con el de sus empresas. Por ser un fenómeno multifactorial, la corrupción se debe resolver en la dimensión moral en la familia, el sistema educativo, las iglesias y en otras instancias públicas y privadas así como en las estructuras de justicia, económica, política, social y ambiental. Solo lo punitivo no resuelve el problema estructural de la corrupción.

¿SON EL PODER Y LA CORRUPCIÓN UNA ASOCIACIÓN INHERENTE?

Una amplia gama de estudiosos y expertos en el tema, sustentan con análisis de diferentes épocas a lo largo de la historia que poder y corrupción son inherentes. “Todo poder conlleva elementos de corrupción[12]. Otros van más allá, al considerar que el acceso al poder, es a su vez inherente a la corrupción y señalan como evidencia el “clientelismo”, en el que sitúan dos tipos de sujetos, el político y el sujeto (ciudadano), articulados mediante lazos clientelares verticales que debilitan la democracia y las posibilidades de Estados Sociales de Derecho. No obstante, también en diferentes momentos históricos y en el siglo XX, se evidencian iniciativas encaminadas a otras formas de hacer política, con estrategias y mecanismos para mitigar y/o prevenir la corrupción en el ejercicio de la política, en lo administrativo y en la vida social. En los siguientes párrafos, retomo algunos ejemplos en los dos sentidos: 
ejemplos que sostienen la tesis de que poder y corrupción son inherentes, así como que el acceso al poder, es a su vez inherente a la corrupción
En el estudio comparativo de economías antiguas Grecia y de Roma y actuales, se mencionan diferentes casos de corrupción. Se señala: “La corrupción existió en Grecia aunque se legislo contra ella, sin mucho éxito, por supuesto. Ni siquiera dejó de existir en la democracia recién inventada, de la que se sintieron tan orgullosos los atenienses. la corrupción ha estado presente desde los inicios de la civilización muy especialmente cuando el hombre se agrupa, inteligente y sistemáticamente, dando lugar a múltiples formas de organización social, política y económica, como las naciones y la propiedad privada, y con ello dando lugar también a valores y conductas relativas a sus actividades comerciales, de gobierno y religiosas nace la competencia por recursos económicos, poder y posición social que los propios grupos humanos reglamentan a través de sus gobiernos como ocurrió en la antigua Grecia. Un famoso ejemplo de corrupción es el “adjudicado al gran Demóstenes el duro nacionalista ateniense que se opuso al avance de Filipo, el rey de Macedonia padre de Alejandro, con sus famosos y duros discursos, fue siempre coherente en la defensa de Atenas, pero cedió abecés en su labor como abogado al mejor pagador, como nos cuenta Aulo Gelio en Noches Áticas” según Antiquitatem (2014). Historia sobre los embajadores de Mileto y el orador Demóstenes escribió que llegaron a Atenas unos embajadores de Mileto por un asunto de estado, se diría que para pedir ayuda. Entonces los abogados, que pareció que habían llamado para hablar en su favor, hablaron. como se les había ordenado, ante el pueblo a favor de los Milesios; Demóstenes respondió con dureza a las peticiones de los milesio, planteando que ni los milesios eran dignos de ayuda ni aquello fuese una cuestión de estado. El asunto se pospuso para el día siguiente. Los embajadores acudieron a casa de Demóstenes y le rogaron con gran insistencia que no hablase en contra; él (Demóstenes) les pidió dinero y recibió cuanto había pedido. Al día siguiente, cuando el asunto comenzó a tratarse de nuevo, Demóstenes se presentó ante el pueblo con el cuello y la garganta tapados con una gran bufanda alrededor y dijo que padecía de “anginas” y que por eso no podía hablar contra los milesios. Entonces uno del pueblo gritó que de lo que Demóstenes padecía no era de “anginas” sino de platangina “refiriéndose al dinero que había recibido”.  En el caso de Roma, señalan, “en la Roma antigua, además del clientelismo y del favoritismo, o lo que es lo mismo, del tráfico de influencias y de favores, reinaba la extorsión y la mordida (coima) desde los más simples funcionarios hasta el emperador; por lo que ni aun las provincias fueron la excepción, dado a que esto ya era parte de su sistema.” Por tal diremos que la corrupción es una enfermedad la cual ha sido originada desde inicios de la civilización, presentándose en sus diversas formas y adaptándose al sistema contemporáneo en el que se convive, desequilibrándolo y convirtiéndolo en algo normal e inevitable, ya que inicialmente se creía, especialmente en la escuela romana, que la corrupción estaba interrelacionado con la administración pública la cual era considerado un cargo honorifico, al mismo tiempo que significa “poder”, y para acrecentar este último, muchas veces se tenía que cometer actos ilícitos, tales como cobrar coimas, sobornos, extorciones, practicar el clientelismo, etc. ya que solo las personas ricas podían aspirar a cargos públicos dado que prácticamente estos últimos eran vendidos, los que gustosamente eran pagados al precio que sea necesario, ya que al estar en el poder estos podrían gobernar en beneficio propio, de tal forma que recuperaban todo su capital invertido, aun a costas de las dificultades que le podría ocasionar a la población estos actos ilícitos, los cuales ya prácticamente estaban acostumbrados a ser gobernados por este tipo de personalidades[13]
En www.forosperu.net , se cita el estudio de Alfonso Quiroz sobre la corrupción en el Perú desde la época del imperio Inca, hasta la época republicana,[14] quien expone que el ejercicio del poder en el imperio Inca así como el ejercicio del poder en las épocas colonial y republicana han estado marcados de hechos de corrupción, “El Inca y sus parientes, la nobleza privilegiada, bajo el pretexto de las guerras, habían formado una casta aparte, excluida del trabajo, parásita y holgazana. En torno de ella se quebraban todos los viejos principios. El pueblo trabaja rudamente para ellos; tenía que labrar no solamente las tierras del Inca y del Sol, y las de la comunidad, sino la de estos nuevos señores. El Inca, rompiendo la unidad económica del Imperio, obsequiaba tierras a los nobles y curacas, quienes las daban en arrendamiento a indios que las cultivasen, con obligación de entregar cierta parte de los frutos. Estas propiedades individuales, dentro de un pueblo acostumbrado al colectivismo, herían el espíritu mismo de la raza y presagiaban la disolución, o un ciclo nuevo bajo normas diversas. Los nobles favorecidos trataban de perpetuar el favor recibido, trasmitiendo la propiedad individual. El reparto periódico de las tierras se hacía cada vez más formal y simbólico”. Para el caso de la corrupción de los conquistadores españoles, se señala: "La gente de guerra tiene muy sojuzgada a los que son labradores o gente del campo que entienden la agricultura".  
ejemplos de iniciativas hacia otras formas de hacer política, con estrategias y mecanismos para prevenir y/o mitigar la corrupción. 
Las Naciones Unidas en el 2008 en su documento “Prácticas de buen gobierno para la protección de los derechos humanos”, presenta 21 estudios de casos de reformas en materia de buena gobernanza, entre los cuales 6 ilustran, estrategias, políticas y medidas contra la corrupción en el entendido para la ONU de que la lucha contra la corrupción también, forma parte del marco de la buena gobernanza. Igualmente, la ONU sustenta que las estrategias encaminadas a combatir la corrupción comparten muchas cosas con los principios de derechos humanos. En los 6 casos que ilustran iniciativas anticorrupción, se subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas y hace hincapié en el derecho a solicitar y obtener información de los funcionarios del Estado, así como en la importancia de proporcionar información de forma fácilmente accesible y comprensible[15]
1.    Establecimiento de comisiones anticorrupción (Botswana). Sobre esta iniciativa la ONU arguye que “desde que alcanzó la independencia en 1966, Botswana ha experimentado elevadas tasas de crecimiento económico, posee un sistema político multipartidista y celebra elecciones periódicas pero que sin embargo, a principios de los años noventa, el país sufrió una serie de escándalos de corrupción en los que estaban involucrados ministros del gabinete y funcionarios de alto rango. Para la ONU, la gravedad del problema se hizo evidente cuando la clase política no adoptó las medidas apropiadas en respuesta a los escándalos hasta que fue empujada a hacerlo por los medios de información y los ciudadanos. Se sustenta que el alcance de la corrupción entre los altos funcionarios no sólo amenazaba con convertirse en un obstáculo para la sostenibilidad del crecimiento económico, sino que también minó la confianza de la ciudadanía en las instituciones y los procesos democráticos.  Se señala que para enfrentar la escandalosa ola de corrupción, se propuso un sistema nacional de promoción de la integridad, en el que confluyen una amplia gama de instituciones públicas y organismos oficiales y los ciudadanos e incluye medidas tanto preventivas como punitivas. En el marco de dicho sistema, en 1994 se aprobó la Ley contra la corrupción y los delitos económicos y se estableció la Dirección de Corrupción y Delitos Económicos, cuyo mandato incluye,  la investigación de denuncias y presuntos delitos, la educación del público y la mejora de los procedimientos de lucha contra la corrupción dentro de los organismos públicos. El objetivo de la Dirección  es combatir la corrupción como un problema sistémico que exige una respuesta en varios frentes: investigar cualquier denuncia de corrupción en un organismo público; investigar cualquier delito presunto o sospechado en relación con la Ley o con la legislación del país; examinar las prácticas y los procedimientos de los organismos públicos y garantizar la revisión de los métodos de trabajo o procedimientos que, a juicio del Director, pudieran conducir a prácticas corruptas. En este marco, la Dirección también ha llevado al Parlamento un nuevo código ético que exige que todos los diputados hagan público su patrimonio y que esa información se ponga a disposición del escrutinio público; asesorar a los jefes de los organismos públicos acerca de cambios en sus prácticas o procedimientos habituales a fin de reducir la corrupción; educar al público acerca de los efectos negativos de la corrupción. En este campo, tanto la Dirección como los medios de información han realizado una amplia campaña de sensibilización del público, así como un programa de educación pública que hace hincapié en el daño que causa la corrupción, el hecho de que la corrupción equivale a la apropiación de fondos públicos y el deber que tienen los ciudadanos de denunciar las conductas corruptas de los funcionarios. La Dirección ha llevado la lucha contra la corrupción a las escuelas, la universidad, los ministerios, las cooperativas y otras organizaciones de voluntariado como sindicatos e iglesias; conseguir y promover el apoyo de los ciudadanos para eliminar la corrupción
2.    Adopción de medidas para mejorar la transparencia y el acceso a la información (el Líbano): Señala la ONU, a finales de los años noventa, la corrupción era uno de los problemas más urgentes  de resolver en Libia,  la esfera de actividad económica particularmente afectada por la corrupción era el entonces floreciente sector inmobiliario y de la construcción, y las cinco instituciones y varios departamentos oficiales, relacionados con este sector se identificaban como los más corruptos bajo la modalidad del soborno de funcionarios. “Si no se pagaban sobornos, la demora en la obtención de una licencia podía ser de hasta un año”. Se plantea por parte de la ONU que la falta de transparencia en las distintas etapas para la obtención de una licencia y en el valor de las tasas violaba el derecho de los ciudadanos a la información, incluido el derecho a ser informado acerca de las actividades y los procedimientos de la administración y favorecía a los que podían y están dispuestos a pagar sobornos.  Se señala que para afrontar esta creciente corrupción, en 2002, la Asociación Libanesa pro Transparencia, impulsó una estrategia de elaboración, información y difusión de medidas y procedimientos unificados para mejorar la transparencia en las solicitudes de licencias de obras y el acceso a la información, en un folleto muy didáctico en el que se daban a conocer a los ciudadanos, los instrumentos y los conocimientos necesarios para no tener que someterse a prácticas corruptas. Según la ONU este instrumento de información ha servido como punto único de referencia para los ciudadanos al aclarar los distintos documentos, etapas y tasas que se requieren para completar los trámites. También ofrece consejos para ayudar a los ciudadanos a evitar la corrupción. 
3.    Establecimiento de alianzas entre grupos sociales y grupos de intereses en apoyo de las medidas contra la corrupción India. La ONU arguye que: - la corrupción y la falta de transparencia son comunes en los gobiernos locales de la India  con efectos muy negativos para los trabajadores rurales y los agricultores; - Los funcionarios locales corruptos ponen en peligro los medios de sustento de los pobres al desviar recursos destinados a proyectos de desarrollo, obras públicas o sueldos de trabajadores y que en estos casos, los fondos públicos son gestionados sin transparencia ni rendición de cuentas, y sin apenas esfuerzo alguno por incluir a los ciudadanos en el diseño y la ejecución de los proyectos de desarrollo, así como que tampoco, se publicasen documentos oficiales sobre presupuestos y proyectos públicos. Se señala que para enfrentar este problema, se vienen implementado medidas de prevención y mitigación, sustentadas en la práctica de auditorías sociales, motivada por la convicción de que las prácticas corruptas van en contra de la protección de los derechos humanos y dejan sin poder a los pobres. La ONU enfatiza en que la falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos obstaculiza los esfuerzos encaminados a proteger los derechos de los pobres. Para hacer frente a la falta de transparencia y responsabilidad en el gobierno local, señala que se promovió el derecho a la información, incluido el derecho a consultar y copiar documentos oficiales, como uno de sus instrumentos básicos para combatir el abuso de poder y la corrupción. Además, se introdujeron las audiencias públicas como instrumento participativo de la auditoría social a fin de someter a escrutinio los proyectos y los gastos públicos. La ONU resalta “un aspecto importante es que la práctica de las auditorías sociales sensibilizó a la sociedad civil, los políticos y los ciudadanos sobre el vínculo entre la corrupción, el derecho a saber y el derecho a un medio de subsistencia”.  Igualmente, se exige un compromiso sostenido y alcanzar el derecho a la participación tanto en la formulación como en la aplicación de políticas.
4.    Lucha contra el soborno en la sanidad pública – Polonia. En este caso que  aborda la corrupción en el sector de la salud en Polonia, la ONU  señala: los sobornos son comunes en el sistema médico y de atención sanitaria debido a varios factores, entre ellos la falta de normas claras para evaluar la actuación profesional de los proveedores, la falta de una supervisión efectiva y la ausencia de seguimiento.  Referencia  una encuesta realizada en 2001, la cual muestra que los médicos eran percibidos como el grupo profesional más corrupto y, en 2003, la sanidad era percibida como el segundo sector más corrupto; el 61% de los pacientes reconocían ofrecer sobornos a los médicos. Los bajos sueldos de los profesionales sanitarios combinados con una falta de capacitación ética, la falta de transparencia del sistema de financiación por los Servicios Nacionales de Salud y la deficiente financiación de los centros de salud abonaban el terreno para que prosperase el soborno.  Argumenta la ONU que “la prevalencia del soborno en la sanidad pública hace que la práctica sanitaria viole el derecho de toda persona al disfrute del más alto grado posible de salud física y mental porque el soborno crea discriminación en el acceso a la atención médica en favor de los pacientes que tienen capacidad para pagarlo”.
Para enfrentar la prevalencia de la corrupción en la sanidad pública en Polonia, se abordaron varios y distintos métodos articulados a una legislación apropiada que prohibiese los sobornos en el sector sanitario, el reconocimiento del problema y el establecimiento de alianzas entre activistas sociales, medios de información y la profesión médica. Además, de mecanismos de gobernanza apropiados para inyectar responsabilidad y transparencia en la gestión de los servicios públicos. En 2001, ese conforma el Grupo de Trabajo sobre Medicina, formado por activistas civiles y de derechos humanos, médicos, periodistas y representantes del Gobierno, el cual inició el debate público sobre los sobornos en el sector de la salud, dirigió campañas de concienciación del público y elaboró normas de buen gobierno para la gestión de los servicios sanitarios, incluida la gestión de las listas de espera de los servicios de salud especializados. Adicionalmente, se señala que en enero de 2000, la Fundación Batory y la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, una organización de derechos humanos de Polonia, establecieron un programa anticorrupción conjunto, el cual pretendía cambiar la actitud de los ciudadanos hacia la corrupción publicando informes y patrocinando campañas de sensibilización. En 2001, el programa anticorrupción estableció un grupo de trabajo formado por médicos y encargado de abordar los problemas éticos en la sanidad pública y mejorar el acceso a los servicios médicos. El Grupo de Trabajo está formado por periodistas, representantes del Fondo Nacional de Salud, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, la Cámara de Médicos de Polonia, el Banco Mundial y la Fundación Batory. Respondiendo a la necesidad de mayor transparencia, el Grupo de Trabajo lanzó el proyecto piloto “Listas de espera para cirugía”. Se agrega que el Grupo de Trabajo también intensificó el diálogo con el Ministerio de Salud para contribuir a los debates en el Gobierno sobre la enmienda de la Ley de organizaciones de gestión sanitaria. En particular, propuso que la Ley estableciese criterios claros para las listas de espera, garantizase el derecho del público a acceder a la información y previese la supervisión por los ciudadanos de los tiempos de espera. En 2003, el Ministerio estableció un departamento consultivo de expertos, que incluía a miembros del Grupo de Trabajo, para que elaborarse un sistema de gestión de las listas de espera de pacientes para servicios médicos especializados. En 2004, el Grupo de Trabajo elaboró un proyecto de reglamento sobre listas de espera públicas para los servicios médicos racionados, que fue incluido en la Ley sobre instituciones de atención sanitaria adoptada por el Parlamento. A raíz de los cambios legislativos, los proveedores financiados por el Fondo Nacional de Salud deben establecer un registro de pacientes en lista de espera y adoptar criterios transparentes para su gestión.
5.    Reforma municipal para combatir la corrupción y mejorar la prestación de servicios – Bolivia Se plantea en el documento que a mediados de los años ochenta, la corrupción impregnaba todas las esferas del gobierno municipal en la capital de Bolivia, La Paz, desde la prestación de servicios hasta la ejecución de obras públicas, la inspección de mercados municipales y la concesión de permisos y licencias. La corrupción generalizada había producido tal deterioro institucional que la autoridad municipal prácticamente había desaparecido. Esta situación se vio agudizada por la grave crisis económica que atravesaba Bolivia y por el mal estado de las finanzas de las ciudades, causado por los recortes en la asistencia económica del gobierno nacional y el agotamiento de los ingresos municipales. El declive de las instituciones municipales y la gestión fraudulenta de los recursos públicos pusieron en peligro la capacidad del municipio para garantizar derechos humanos como el derecho a la salud, a una vivienda adecuada, a la alimentación y a una educación de calidad. Se señala en el documento que la corrupción era un problema sistémico, más que un problema debido a personas corruptas. Se trataba de un fenómeno profundamente arraigado en la cultura política de la ciudad y que por consiguiente, era importante emprender una reforma amplia y conseguir la participación de los empleados municipales en el esfuerzo.
Para prevenir y mitigar la corrupción, se señala que en 1985, los habitantes de La Paz eligieron por primera vez en 40 años su gobierno municipal, el cual adelantó como una de sus primeras medidas contra la corrupción, conseguir la participación de los empleados municipales, y de ciudadanos, en la elaboración del diagnóstico sobre la naturaleza y el alcance de la corrupción, así como autoanálisis y autoprescripción. Con base en el diagnóstico, refiere la ONU que se liberalizó el proceso de concesión de permisos y licencias de obras, también se reformó el sistema de solicitud de permisos, se creó un registro único para todas las solicitudes de permisos y licencias, gestionado por funcionarios que no intervenían en la concesión. Además, para aumentar la transparencia, se imprimió y difundió ampliamente un manual para informar a los ciudadanos sobre las tasas de los permisos de obras, los trámites de solicitud de distintos servicios, qué organismo era responsable de cada servicio y cuánto tiempo llevaba prestar cada servicio. En segundo lugar, se hizo un esfuerzo por reducir la corrupción en la oficina municipal de obras públicas, en la que trabajaban 4.000 empleados y de la cual se sustraían habitualmente maquinaria, piezas y combustible. Se modificó la función principal de esta oficina de modo que pasase a realizar reparaciones de emergencia, pero no grandes proyectos de construcción. Las grandes obras públicas se contrataban en el exterior con arreglo a un proceso basado en incentivos que vinculaba los pagos al logro de objetivos y a la conclusión satisfactoria de los proyectos. La oficina de obras públicas se transformó en un organismo de reglamentación que funcionaba con arreglo a este proceso basado en incentivos. En tercer lugar, un conjunto de iniciativas contra la corrupción ayudaron a simplificar el sistema fiscal, recortando el número de impuestos desde 126 hasta 7, con el fin de restringir las oportunidades de connivencia entre recaudadores de impuestos y propietarios, contratar a jóvenes bolivianos en el servicio municipal y aumentar los sueldos gracias a la asistencia internacional. Además, a lo largo de todas las actuaciones, los dirigentes municipales informaron al público sobre los progresos realizados en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, se señala que el esfuerzo por reducir la corrupción en el cuerpo de policía topó con importantes obstáculos y en última instancia fracasó. 
Con base en los ejemplos señalados, se evidencia que aunque difícil, SI, es posible prevenir y/o mitigar la corrupción,  requiriéndose, entre otros: Políticas Públicas de Participación, Control Social, Rendición de Cuentas, Transparencia y Lucha Contra La Corrupción; -   Impulsar y/o fortalecer la organización social, el liderazgo democrático, los consensos, para que prevalezca el manejo ético y transparente, sobre la cultura clientelar y autoritaria que desvaloriza lo público; - Desarrollar programas de formación a la ciudadanía, autoridades y servidores/as públicos/as con énfasis en derechos humanos, interculturalidad, ética, diversidad e inclusión para promover la participación ciudadana democrática, la gestión transparente de los sectores públicos y privados que maneja fondos públicos, atendiendo al desafío de la escasa organización social que existe en algunas regiones, al debilitamiento del tejido social en casi todo el país, a la incipiente formación ciudadana y a la necesidad de una cultura pública de transparencia, control social y rendición de cuentas; - Impulsar la coordinación multinivel e intersectorial entre los Gobiernos  locales  y las políticas sectoriales del ejecutivo, para atender los problemas de descoordinación institucional, la desconfianza y disputa de espacios entre las institucionales y la poca continuidad de acciones; - Apoyo y promoción de veedurías y contraloría social que aseguren la gestión transparente y eficaz de lo público, que enfrenten el fuerte escepticismo, promuevan el interés y compromiso de funcionarios/as públicos/os frente a la participación, y el ejercicio de gobiernos transparentes y éticos; - Esfuerzos de alianzas institucionales, redes y plataformas; fortalecimiento del carácter vinculante de los ejercicios de control social, así como de la relación con los organismos de control[1].La organización de un gran proceso social-político para ejercer un nuevo tipo de control social, permanente, incisivo, “con dientes”, que actúe desde la licitación y adjudicación de los contratos”.

¿LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ES SUFICIENTE COMO BANDERA DE MOVIMIENTOS POLÍTICOS ALTERNATIVOS?

En lo interno de los estados la variable compleja que parece crucial para entender el auge de la corrupción como issue central de opinión pública es la generalización de la democracia como régimen político y del mercado como principio fundamental de organización económica. Perdida la conexión revolucionaria, ya desde antes de la caída del muro de Berlín, que el llamado socialismo científico pretendía establecer entre economía y política, la oposición interna de izquierda desprovista de grandes consignas ha tenido que buscar otros cauces. Uno de ellos es la lucha contra la corrupción que ha venido a sustituir la lucha por la revolución (Njaim 1995) y curiosamente converge con las corrientes de derecha tradicionalmente enemigas de la democracia, nacionalistas, militaristas, etc. Una consecuencia teórica de esta situación es que la discusión vuelve al terreno de los clásicos del pensamiento político. Para estos, en efecto, la cuestión fundamental no era la economía; ésta debía ser disciplinada en cuanto a los excesos en que podían incurrir los particulares, pero no se cuestionaba que, en lo fundamental, bastaba dejarla correr por los rieles muy firmes que le trazaba el interés egoísta. La cuestión crucial era más bien de tipo político-ético y estaba constituida por la pregunta de si el régimen realizaba los fines de bien general que proclamaba o si, por el contrario, había degenerado en despotismo. La situación es muy semejante en la actualidad porque aunque usamos el término corrupción en un sentido más delimitado, que era secundario o no problemático para los clásicos, en el fondo el robo de fondos públicos o, en general, los fenómenos de privatización de lo público, los tomamos como manifestación de una decadencia más profunda. Por ello no hay en este momento un factor de desestabilización y deslegitimación de los sistemas políticos más virulento que la corrupción
Colombia ha obtenido 37 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional. Su puntuación no ha sufrido ningún cambio respecto a la obtenida en 2015, así pues sus ciudadanos mantienen estable su percepción de la corrupción en Colombia. A pesar de ello, Colombia empeora su posición respecto al resto de los países hasta el puesto 90 del ranking de percepción de corrupción formado por 176 países.
La percepción de la corrupción en los últimos cinco años en Colombia ha mejorado, aunque ha sufrido un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción.
Éste índice clasífica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes[16]
Desde mi punto de vista de optimista modera que no pesimista mal informada, desde mi visión de mujer-ciudadana, que aún le apuesta a la Esperanza de un mundo, un país, nuestro país mejor, considero que la corrupción como un factor  de desestabilización tan virulento, se deberá incluir como preponderante en la agenda política de movimientos o partidos alternativos, en la actual coyuntura de Colombia y en la perspectiva de la contienda electoral del 2018 pero, en el marco de una gran agenda estratégica que no se limite al fenómeno de la corrupción, como tampoco a administrar coyunturas impuestas por la dinámica mundial, sino que se proponga la construcción de un mejor país para todas y todos y el compromiso con la implementación de los Acuerdos de la Habana. Dicha agenda deberá ser construida en un gran consenso nacional con movimientos sociales y populares cada vez más originales y activos como los movimientos de Jóvenes, movimientos agrarios, étnicos, feministas, ambientalistas, urbanos, no para cooptarlos de manera pasiva sino para  potenciar sus autonomías y la de las nuevas formas de resistencia civil, siendo urgente como punto de partidala definición de unos nuevos términos de relación con dichos movimientos sociales  y en la perspectiva de acometer de manera definitiva la tarea de asegurar la gobernabilidad futura  del país. Así  mismo en ese consenso nacional se deben incluir alianzas fundamentadas en acuerdos programáticos con partidos y movimientos políticos. 
El consenso nacional se plantea como  estrategia de integración política hacia un gobierno que: -  involucre la participación directa de las comunidades, la sociedad civil y los pueblos indígenas en la gestión del Estado”[17],-  trabaje por la transformación de las estructuras socio-económicas, territoriales, culturales y políticas del país para propiciar la equidad, el buen vivir y la paz, - favorezca la complementariedad entre  la representación política y la creación de redes territoriales autónomas de producción de poder económico y social, - promueva cambios políticos e institucionales que eviten nuevas justificaciones para el uso de las armas, - facilite mecanismos que permitan avances en la consolidación del Estado Social de Derecho así como en los términos de un nuevo concepto de ciudadanía, basado en “el derecho a tener derechos y que sustente su quehacer en la concertación plural de acuerdos”.
Recogiendo diversas propuestas, propongo que para la agenda programática se consideren los siguientes ejes estratégicos: 
Ø Implementación de los Acuerdos de la Habana
Ø  PAZ, DDHH, Democracia
Ø Política y nuevos Paradigmas para  la seguridad integral en el postconflicto y la Paz
Ø Ni corrupción ni impunidad
Ø Reformas estructurales, laboral, educativa, salud, en el marco de Derechos y fiscal en el marco de la justicia social 
Ø Política de soberanía y autonomía alimentaria
Ø Cambio político básico referido a los ciudadanos (se hace necesario replantear los mecanismos de construcción de ciudadanía y derechos políticos, sociales, económicos y culturales reconocidos a los ciudadanos)[18]
Ø  Nuevas formas de acción política, para la promoción e interconexión de la democracia económica y la democracia política
Ø Institucionalización de iniciativas de economía solidaria, innovación social y estrategias de convergencia de iniciativas dispares en un imaginario político común
Ø Articulación de iniciativas estatales y autónomas en el marco del Estado Social de Derecho
Ø Preservación de la universalidad del Estado de Bienestar, fomentando al mismo tiempo el control social y las concepciones y prácticas de las instituciones estatales como ‘nuevos comunes’
Ø Política minera-energética que respete las capacidades y limitaciones de ecosistemas naturales, los Derechos y expectativas de poblaciones locales, refuerce la soberanía nacional y el bienestar de las regiones y que posibilite repensar e implementar, un nuevo modelo minero-energético, alternativo al modelo neo-extractivista tipo enclave, predominante y vigente en la actualidad en Colombia. 
Ø Investigación científica y tecnológica que promueva el desarrollo territorial regional, fortalezca los planes de vida de los pueblos indígenas y grupos étnicos,  la economía campesina y garantice la conservación de la naturaleza
Ø La convergencia de la inversión pública y privada en el marco de estrategias de desarrollo territorial regional, del respeto de los planes de vida de los pueblos indígenas y grupos étnicos,  con la participación activa y concertada  de los diferentes  sectores sociales y de los agentes económicos de las propias regiones.
Ø Política exterior sustentada en los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos y la conservación de la naturaleza.

Notas

[1] http://dle.rae.es/?id=B0dY4l3

[2] John Emerich Edward Dalberg Acton, 1er Barón de Acton fue un historiador inglés.
Frases y Citas - 
http://akifrases.com

[3] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm para la BIBLIOTECA CATÓLICA DIGITAL

[4] Citado en Yamacero Vargas et al. 2015. LA CORRUPCIÓN EN LA ANTIGUA GRECIA, ROMA Y EN LA ACTUALIDAD.

[5] www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-corrupcion-es-politica...el.../16772330

[6] Audelo Cruz, Jorge M. ¿Qué es clientelismo? Algunas claves para comprender la política en los países en vías de consolidación democrática Estudios Sociales, vol. XII, núm. 24, julio-diciembre, 2004, pp. 124-142

[7] Luorno, Graciela Elvira y Favaro, Orietta. 2005. Poder político y estrategias de reproducción en los territorios de Neuquén y Río Negro, Argentina (1983-2003)

[8] Graziano, L., ed. (1974) Clientelismo e mutamento político, Milano, Angeli. (1980) Clientelismo e Sistema Político, Il caso dell’Italia, Milan.

[9] Cazzola, F. (1988) Della Corruzione, Bologna, Il Mulino. (1992) L’Italia del pizzo, Torino-Einaudi.

        
[11] OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. 2008. PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

[12] Gumucio  Rafael. Chile: corrupción y poder 


[13] Yamacero Vargas et al. 2015LA CORRUPCIÓN EN LA ANTIGUA GRECIA, ROMA Y EN LA ACTUALIDAD.


[14] Quiroz Alfonso Historia de la corrupción en el Perú

[15] OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. 2008. PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

[16] http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/colombia ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2016

[17] Bruckmann Mónica. 2016. La Democracia en Jaque: por una agenda para América Latina. ALAI


[18] Patiño Villa, Carlos Alberto. POSCONFLICTO EN COLOMBIA: RETOS COMPLEJOS

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