Economía 2017, drama y turbulencia

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El país es suelo fértil para que germinen como mala hierba las caricaturas criollas del “trumpismo”, ahora que inician con toda su fuerza las campañas políticas por apoderarse de la Presidencia de la República en 2018.

Por: Libardo Sarmiento Anzola / Semanario Caja de Herramientas

1. De entrada a 2017

Turbulencia y drama, constantes que padecerá la sociedad colombiana durante 2017. En el drama prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas. Turbulencia es la condición de aquello que es desordenado, agitado o turbio. 

Decálogo de la turbulencia mundial. El año 2017 presenta un cambio estructural en la geopolítica internacional y el inicio de un nuevo orden económico: i) consolidación del poder tripolar (Estados Unidos-China-Rusia); ii) fin de la globalización neoliberal, proteccionismo económico y fervor patriótico; iii) apogeo de los populismos derechistas de carácter nacionalista; iv) profundización de la desigualdad social, antagonismos de clase y marginamiento de las izquierdas; v) guerra comercial; vi) carrera armamentista nuclear; vii) impactos negativos sobre los mercados de trabajo provocados por la cuarta revolución tecnológica industrial; viii) inseguridad económica de millones de personas en el mundo; ix) tensión ecologista por el relanzamiento de las energías convencionales no renovables y dinámica imparable de los desastres y daños ambientales. 

Demografía, mercado laboral y costo de la vida. La población colombiana bordea los 50 millones de habitantes. En 2017 la cifra es de 49,3 millones; un siglo atrás, en 1917, el total de personas era de apenas 5,9 millones. Hoy la población ocupada suma 22,2 millones, esto es, 45 por ciento del total. De los que cuentan con algún tipo de trabajo, 9,3 millones son subempleados o desempleados relativos (42% de los ocupados). El 82 por ciento de los asalariados recibe ingresos mensuales inferiores a dos salarios mínimos legales (SML). El valor de la canasta básica familiar de un hogar medio colombiano (conformado por 4 personas) asciende a $3.342.341 mensuales (al ajustarla por la inflación –IPC- de 2016 que fue de 5,8% anual y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por el impacto de la Reforma Tributaria que elevó el IVA de 16 a 19%); en consecuencia, un SML ($737.717) alcanza solo para adquirir 22,1 por ciento de los bienes y servicios esenciales que necesita un hogar para vivir. La tercera parte de los hogares colombianos recibe un total de ingresos menor a un SML, agregando el producto del trabajo de toda la familia. 

Drama nacional. 2017 empieza en Colombia con 2,3 millones de desocupados (el 9,2% de la fuerza de trabajo). En condiciones de pobreza vive el 28,1% de la población (13,9 millones). No obstante los “acuerdos de paz”, al año son asesinadas 12.000 personas. Según la Procuraduría General de la Nación, por cuenta de la corrupción pública –delito de cuello blanco del que participa la clase política, burócratas y empresarios– se roban $23 billones anuales, equivalente a 10 por ciento del Presupuesto General de la Nación; según Transparencia Internacional, el país cayó del puesto 83 al 90, entre 2015-2016, dentro de los 176 países calificados en percepción de la corrupción. 

2. Lo que viene en 2017

Colombia, periférico y dependiente del capitalismo mundial. El destino socioeconómico de Colombia, en su condición de país periférico y dependiente, esta encadenado a la dinámica del sistema mundo capitalista (gráfico 1). 


Durante las últimas seis décadas, la actividad productiva mundial atraviesa dos largos ciclos: el primero, entre los años 1960 y la primera mitad de la década de 1990; el segundo, entre finales de los años 1990 y 2008 (crisis económica mundial originada en los Estados Unidos y extendida por contagio a todo el globo, ocasionada por la financiarización de la economía y los fallos en la regulación económica), a partir de este último año se inicia el desaceleramiento y la tendencia recesiva que continúa agravándose en 2016. En 2017 se engavillan todos los factores para generar una crisis económica, debido a la fragilidad e inestabilidad del crecimiento, a la contracción ocasionada por políticas económicas ortodoxas, a los conflictos comerciales, energéticos y proteccionistas, y a la hegemonía del capital financiero especulativo. 

Colombia, en particular, alcanzó un crecimiento económico máximo de 6,6% en 2011; durante 2012-2014 mantuvo un aumento del PIB por encima del 4 por ciento; en 2015, debido a la caída en los precios del petróleo, se desacelera la actividad productiva a 3,1%; en 2016 el ritmo económico anual se derrumba a 1,8%; para 2017, por el efecto recesivo de la reforma tributaria (contracción de la demanda de los hogares), el ajuste en el desbalance fiscal y el déficit acumulado en la balanza comercial, el crecimiento del PIB no logrará superar el 1,6% (el mundial está proyectado en 2,5%). 

El déficit estructural del comercio exterior. Colombia registra dos déficit crónicos: el fiscal (el Estado gasta más de lo que recauda) y el comercial (el valor de las exportaciones es inferior al de las importaciones). Esta dupla deficitaria genera un endeudamiento público estructural. En el año 2014 el déficit comercial alcanzó la cifra de US$ 6.292 millones; en 2015 se elevó a US$ 15.907 millones; en 2016 bajó a US$ 12.349 por la caída acelerada en las importaciones, y no debido a un auge de las exportaciones que ilusamente algunos creyeron se impulsarían debido a la devaluación de la moneda nacional en 33,3%. De 2015 a 2016 las exportaciones disminuyeron en 15,4% y las importaciones 17,6% (gráfico 2).


El juego de la vida a una sola carta. Para 2017, el comercio exterior tiende a ampliar la brecha del déficit por la ineptitud del país para constituir una canasta exportadora alterna a la expoliación de recursos minero-energéticos. Colombia por tradición ha dependido de las actividades minero-energéticas y agropecuarias. Históricamente, de manera peligrosa se ha jugado el sustento material de la sociedad a una sola carta: tabaco en el siglo XIX; café desde fines del siglo XIX hasta la década de 1970; petróleo a partir de los años 1980 hasta nuestros días, continuando aun en el futuro incierto (gráfico 3). 


En Colombia la industria de hidrocarburos se origina a principios del siglo XX. La producción minero energética toma fuerza a partir de la década de 1980, favoreciéndose del alza sostenida en el precio del barril de petróleo por el rápido incremento de la demanda mundial, y se convierte en la principal actividad de sustentación del comercio exterior, motor del crecimiento económico y protagonista central del presupuesto general de la nación. 

La inestabilidad en el crecimiento del PIB colombiano durante las últimas cuatro décadas esta correlacionada con el comportamiento en la producción y los precios del petróleo. Los ingresos del Gobierno Nacional provenientes del petróleo, en porcentaje del PIB, escalaron de 0,9% en 2002 a 2,8% en 2009, para alcanzar un máximo de 3,3% en 2013 (en cifras absolutas: $23,6 billones). La caída abrupta de ingresos provenientes del petróleo se empezó a reflejar en las cuentas del Gobierno: 2,6% del PIB en 2014; 1,1 en 2015 y -0,1% en 2016. Al cuantificar el efecto de la crisis de la actividad petrolera sobre la economía colombiana, según estudios del Banco de la República, un choque negativo provocado por una caída del 10% en el precio del barril de petróleo ocasiona, de una parte, una depreciación sobre la tasa de cambio real de 8% y, de otra, un aumento de la deuda pública anual hasta de 8.9%. 

El hueco fiscal provocado ($24 billones por caída de la renta petrolera y $9 billones por depreciación de la moneda y encarecimiento de la deuda externa) fue causa de la regresiva reforma impositiva de 2016 (que proveerá al Estado un recaudo anual adicional de $7 billones, solución parcial del problema) y preaviso de una nueva reforma tributaria en 2018.


Desde finales de 2014, el escenario temporal de actuación de la industria petrolera está caracterizado por la turbulencia. En el período 2013-2016 los precios del barril del petróleo cayeron en 60,2% y la producción diaria promedio bajó en 12,1%. No hay que desconocer que el panorama petrolero colombiano es preocupante, porque la producción diaria ya va en niveles de 820.000 barriles y todo indica que podría seguir bajando si el país no hace un mayor esfuerzo en el sector upstream (exploración y producción). Por lo demás, a Colombia solo le quedan reservas de hidrocarburos para cinco años más; en adelante tendría que recular a país importador, como en los años 1970. El precio anual esperado del barril de petróleo para el año 2017 gira en torno a los US$52; este nuevo escenario constituye un respiro para el país, en lo fiscal y en las regalías, pero también en el flujo de caja de las empresas petroleras que puede conducir a robustecer la cadena de valor de los hidrocarburos. 

El quiebre negativo en la tendencia de los indicadores socio-económicos. A partir de 2016 los indicadores cambian de signo y empiezan a reflejar el malestar social sistémico (gráfico 4). La tasa de desempleo registró una tendencia descendente durante lo corrido del siglo XXI (en el año 2000 había alcanzado un máximo histórico de 20%); según el Dane, durante 2015 el desempleo presentó un promedio anual de 8,9%, pero en 2016 la tasa de desocupación vuelve a trepar a 9,2%; para 2017, por efectos de la deceleración de la economía, la tasa de desempleo retornará a su promedio crónico de 10%, respecto a la población económicamente activa. 

La población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuyó de 75 a 27,8% entre los años 1960 y 2015; a partir de 2016 se registra un estancamiento en la mejora del bienestar por efecto del mayor desempleo (absoluto y relativo), la caída en el salario real, el encarecimiento del costo de la vida, la corrupción endógena en el gasto asistencial del Estado y la presión tributaria del Estado sobre los ingresos y el consumo de las clases trabajadoras. 

El total de homicidios en Colombia durante 2015 fue de 11.585 casos; de este modo el comportamiento de la tasa mantiene su tendencia al descenso después de un pico en el año 1991 (más de 30.000 asesinatos), pasando de 79 casos por cada 100 mil habitantes a 24,1 entre 1991-2015. En 2016, se registraron 12.000 casos de violencia homicida, cerrando el año con una tasa de 24,4 por cada cien mil habitantes, no obstante la firma del fin del conflicto armado entre el Gobierno y la insurgencia de las FARC-EP. En 2017, con el avance de las negociaciones Gobierno-ELN la tasa de homicidios mantendrá su tasa descendente (pero a un menor ritmo) colocándose en 23,9; esto es, retornando el valor del indicador al nivel registrado durante la segunda mitad de los años 1970 (grafico 4). 

El post-acuerdo de las FARC-EP amenazado y la incertidumbre en la mesa de exploración con el ELN. Ante la expectativa de que las insurgencias se transformen en partidos políticos para desarrollar su actividad dentro del marco institucional y democrático del país, la extrema derecha colombiana en contubernio con los grupos paramilitares y los sectores militaristas emprendieron desde el año 2016 una nueva operación de exterminio de las supuestas bases sociales de la insurgencia (la vieja tesis de quitarle el agua al pez), similar al genocidio cometido contra el partido de la UP durante las dos últimas décadas del siglo XX (el exterminio dejó como saldo más de 3.000 asesinatos de líderes y militantes de base); la violencia política ahora es más selectiva y focalizada: en 2016 fueron asesinados 116 líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y militantes de la Unión Patriótica; en el primer mes de 2017 el número de homicidios se acercó a 20; la mayoría de los hechos han sido cometidos en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Córdova, Choco y Cesar. De otra parte, las exigencias de democracia directa y soberanía, requeridas por el ELN, constituyen una prueba de fuego en los diálogos Gobierno-insurgencia durante 2017. La oligarquía nacional es brutal y poco de fiar. 

El problema de la inflación y la concentración del ingreso. La inflación consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016 (gráfico 5). En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6%, durante el primer período, a 23,4% en el segundo, para luego estabilizarse en un solo dígito, esto es, 5,4% a lo largo de los últimos 18 años. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75% en 2016 y se espera un valor de 6,0% para el año 2017 por los efectos perversos de la indexación de precios y de la nueva reforma tributaria. 

La tendencia histórica de alta inflación y de participación decreciente del trabajo en el ingreso nacional es la siguiente: entre 1962 y 1974 descendió la participación de los trabajadores de 44,3% a 36,3% del ingreso (a precios corrientes); en 2016 la participación de la Remuneración a los asalariados en el PIB es de 30,1%; la mayor participación la tiene el Excedente Bruto de Explotación (EBE); no obstante, los impuestos aumentan de manera sostenida su participación. Este proceso no solo indica una mayor desigualdad en el reparto de la renta, sino una mayor apropiación de la plusvalía del trabajo por la clase capitalista, la burocracia, los aparatos represivos y la élite política. 

En síntesis, hay una alta correlación entre la dinámica de la inflación y la concentración del ingreso (gráfico 5). Históricamente, la concentración del ingreso, medido por el coeficiente GINI, tiende a mantenerse en una cifra superior a 0,5 en Colombia. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales. Por efectos de la inflación y los impactos fiscales negativos sobre la clase trabajadora, la concentración del ingreso durante 2017 mantendrá la tendencia alcista que se registra desde 2016.


La violencia destructiva del modo de producción capitalista afecta tanto a la clase trabajadora como al ambiente. De acuerdo con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, las áreas del país que no están altamente transformadas por las ciudades o las actividades agroindustriales tienen alguna amenaza de extinción; en concreto, cerca del 50% de los ecosistemas nacionales está en riesgo. El modelo de desarrollo centrado en el extractivismo, la cultura individualista y el consumismo continúan su tendencia insostenible sobre las condiciones materiales que sostienen la vida en Colombia. La degradación ambiental, unida a los conflictos sociopolíticos y económicos, es otro de los factores determinantes de la crisis global que se perfila con nitidez en la Colombia de 2017. Entretanto, el país es suelo fértil para que germinen como mala hierba las caricaturas criollas del “trumpismo”, ahora que inician con toda su fuerza las campañas políticas por apoderarse de la Presidencia de la República en 2018.

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