¿Vamos a seguir excluyendo a las personas LGBTI?

05:52:00

El concepto de familia, según el artículo 42 de la Constitución, ha sido interpretado por la Corte Constitucional para abarcar a todas las configuraciones familiares que se encuentran en la Colombia moderna. Ese debate ya se dio y fue solucionado por las vías institucionales.


Fue extraño el comunicado conjunto emitido el pasado fin de semana por las Farc, la senadora Viviane Morales y el líder cristiano Carlos Alonso Lucio, en el que se anuncia un acuerdo entre la guerrilla y estos representantes de las comunidades religiosas sobre el enfoque de género en el acuerdo de paz. Aunque el contenido de lo publicado es intencionalmente vago y crea espacio para especulaciones, no son en vano las preocupaciones expresadas por sectores de las personas LGBT. La necesaria renegociación de los acuerdos no puede ser un espacio para evitar el reconocimiento de las víctimas del conflicto que lo sufrieron de manera particular por su identidad de género y orientación sexual, ni mucho menos para echar para atrás desarrollos constitucionales que les incomodan a Morales y sus simpatizantes. El nuevo pacto, cualquiera que sea, no puede sustituir la Constitución ni introducir micos que impongan una agenda política discriminatoria.

Según se supo, el 23 y el 24 de octubre, de manera secreta, Morales, Lucio y representantes de las Farc se reunieron para dialogar sobre las incomodidades que ciertos sectores religiosos han expresado sobre el acuerdo de paz, especialmente en lo que concierne al reconocimiento de las víctimas cristianas y al uso del enfoque de género. ¿No es excluyente que un tema que afecta a tantos grupos diversos sólo cuente con la participación de un sector con una intención muy particular? Ahora se supo que mañana miércoles las Farc se reunirán con grupos de mujeres y de personas LGBT, pero si estamos hablando de diálogo, ¿no deberían todos compartir la misma mesa, de tal manera que los compromisos, las posiciones y los prejuicios se expongan con transparencia?

Esa preocupación cobra importancia cuando se leen los puntos pactados entre Morales y las Farc. De acuerdo con el comunicado difundido por la senadora en su Facebook, se acordó: (1) ajustar la definición de enfoque de género para aclarar que sólo prioriza a las mujeres (algo que ya era claro en el acuerdo original, pero que la senadora y otros líderes políticos han utilizado como caballito de batalla para obtener réditos políticos en toda esta discusión), (2) sentar “los elementos suficientes que permitan, a posteriori, por instancias públicas o privadas, interpretaciones inequívocas respecto al concepto de la familia redactado con claridad en el artículo 42 de la Constitución Política”, y otros tres puntos de reconocimiento de las víctimas perseguidas con ocasión de su religión. Sobre lo último no hay objeción, lo primero se entiende como una concesión política, pero la redacción de ese segundo punto no deja de ser problemática.

Aunque Morales ha dicho que su interés por la familia es la de verla representada en los acuerdos, no deja de causar suspicacia la pregunta sobre el motivo detrás de ese fin, especialmente entendiéndolo en el contexto del referendo que ella promueve y que busca desconocer sentencias de la Corte Constitucional. Al respecto, tiene razón Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, quien le dijo a El Espectador que “no es conveniente imponer criterios interpretativos. El acuerdo no puede estar por encima de la Constitución ni puede ser contrario a esta. Los principios de discriminación son tanto para cristianos como para LGBTI y deben ser respetados (...) El problema es que ellos interpreten género como diversidad sexual y ahí es donde uno se da cuenta de que no son expertos en el tema”.

El concepto de familia, según el artículo 42 de la Constitución, ha sido interpretado por la Corte Constitucional para abarcar a todas las configuraciones familiares que se encuentran en la Colombia moderna. Ese debate ya se dio y, salvo por el errado referendo que cursa en el Congreso, fue solucionado por las vías institucionales definidas por la misma Carta Política. ¿Qué pretenden la senadora y las Farc (quienes en el pasado han sido victimarios de las personas LGBT) al hablar de un concepto inequívoco de familia? ¿Quieren mediante un pacto que nada tiene que ver con el tema borrar la jurisprudencia de la Corte? ¿Y qué hará el Gobierno, seguirles el juego sólo por tener un acuerdo antes de diciembre?

Entendemos que en la renegociación deben incluirse todos los sectores y hay afán para encontrar puntos en común, pero la paz no puede construirse sobre la discriminación. De nada servirá hacer historia si en el acuerdo seguimos marginando colombianos sólo por calmar los miedos fundados en prejuicios.

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