Renegociación razonable

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La firma de un acuerdo; la paz a la vuelta de la esquina; y la guerrilla en trance de desarmarse; eran todas ellas circunstancias que podían convertir en un trágico disparate cualquier desánimo, aún en el estado de aturdimiento, después del 2 de octubre, en el que quedó el alto poder. El cual por ningún motivo podía entonces “tirar la toalla”, en su propósito de poner fin a un conflicto armado de más de 50 años.

Por: Ricardo García Duarte / Semanario Caja de Herramientas

En jornadas intensas, el gobierno de Santos y las Farc han puesto a punto la renegociación del Acuerdo para una paz estable y duradera. Así, lo indicaba la sentencia de la Corte, que daba luz verde al plebiscito; y lo indicaba así, en caso de que este fuera mayoritariamente negativo.

Las dos partes han procedido a los ajustes para reformar sus términos, en una profundidad suficiente; además, con unos alcances adecuados. Obviamente no lo han sustituido; tampoco han modificado sus contenidos esenciales.

El rechazo en las urnas dejaba intacta la potestad del presidente para conducir las cosas hacia la paz, abriéndole eso sí el margen para que, renegociando el Acuerdo, pudiese presentarlo a una nueva refrendación.

La firma de un acuerdo; la paz a la vuelta de la esquina; y la guerrilla en trance de desarmarse; eran todas ellas circunstancias que podían convertir en un trágico disparate cualquier desánimo, aún en el estado de aturdimiento, después del 2 de octubre, en el que quedó el alto poder. El cual por ningún motivo podía entonces “tirar la toalla”, en su propósito de poner fin a un conflicto armado de más de 50 años.

Racionalidad, democracia y razonabilidad

Reconfortado por esta cercanía de la paz, por el premio Nobel y por las marchas de los jóvenes, Santos tuvo oídos receptivos respecto de las posiciones del NO, no obstante que algunas de ellas carecieran de fundamento. Mientras tanto, las Farc dieron muestras creíbles de su disposición para la renegociación.

Esta doble disponibilidad para insistir en la paz, después del traspié en las urnas, no hacía más que reconfirmar el curso de una racionalidad, que hallaba su justificación histórica en la voluntad de terminar, por la vía de la solución política, una guerra de “ganancias inútiles”.

Por otra parte, la renegociación, como un eco vivo y cercano del NO, reactualizaba el referente democrático; pues no de otro modo podían las partes actuar, habiendo perdido el SÍ, en el voto popular.

Ahora bien, si era racional insistir en la paz y renegociar; entonces lo razonable era hacerlo, pero sin despedazar las posibilidades de que aquella se materializase. Es decir, sin cambiar el modelo flexible y progresista del acuerdo firmado en La Habana; digamos, sin dañar su eje articulador, el de la justicia transicional, reemplazándolo por la apuesta incierta de un modelo más parecido al que se aplicó con los paramilitares; un modelo que combinaba la negociación y el sometimiento a la justicia; y que por lo demás, no incluía reales transformaciones de carácter social y político.

Los ajustes

Con todo, la renegociación introdujo sensibles modificaciones que hacen más rígidas las condiciones, bajo las que la guerrilla se someterá a la justicia y hará su transición a la vida civil; así mismo, hace más obligantes sus responsabilidades frente a las víctimas.

De otro lado, incorpora un criterio restrictivo en la vinculación del Acuerdo al bloque de constitucionalidad. No debemos olvidar que este aspecto era decisivo para efectos de blindar jurídica y políticamente el Acuerdo en su totalidad. Ahora, queda recortada esa vinculación constitucional, sólo al cuerpo de disposiciones que tiene que ver con los derechos humanos y las victimas; de modo que el resto, al parecer, quedará confiado a la buena fe de los representantes del Estado; al tributo que le rindan a su palabra.

Finalmente, aligera aún más las condiciones para que los empresarios y los agentes del Estado (considerados estos de un modo extensivo, de modo de incluir no solo a los militares), puedan ser eximidos de la persecución penal o, en todo caso, incorporados al régimen de las penas de restricción de la libertad, a cambio de la verdad.

La esencia inalterable

Los términos del compromiso renegociado conservan, sin embargo, su núcleo original, el mismo que hace posible un fin del conflicto, por consenso entre las partes.

Hay amnistía para las bases de las Farc, el grueso de los insurgentes; hay procesos y juzgamientos para los incursos en crímenes de guerra, con penas restrictivas de la libertad; no privativas de ésta; pero, eso sí, bajo condiciones más severas en dicha restricción.

Y habrá, de todas maneras, elegibilidad, para los jefes guerrilleros, aunque hayan estado sindicados por delitos de lesa humanidad; y la habrá como prenda de garantía de que la paz es al mismo tiempo la conversión del insurgente en actor político de carácter legal.

Consensos y disensos por la paz

Esta renegociación, con los ajustes extremos en los términos que admite la razonabilidad, según lo ha expresado Iván Márquez, uno de los jefes guerrilleros, satisface por fuerza las urgencias de un acuerdo para la paz estable y duradera; pero no necesariamente los gustos, las prevenciones jurídicas, las posturas ideológicas o las apetencias políticas, de algunas franjas del NO; y probablemente de ninguna de ellas.

Aun así, se convierte en un Acuerdo revalidado; o en una especie de nuevo Acuerdo, sellado por la voluntad de las partes, en el marco de las facultades constitucionales del poder presidencial. Restará por lo pronto la circunstancia de definir el escenario que tome forma para la refrendación, cuya necesidad ha sido reiterada, en lo que constituirá un hecho político que, convocando a la ciudadanía o concitando a los partidos en el Congreso, según el caso, será el precedente inmediato para el comienzo de la implementación.

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