El agro en Colombia: Oportunidad y compromiso con el futuro del país.

05:25:00

Indiscutiblemente, el campo colombiano constituye un escenario de permanentes contradicciones y disputas, en él se juega de manera importante el futuro del país.

Por: Jorge Eduardo Díaz* / Democracia en la Red

Históricamente el agro ha jugado un papel trascendental en el desarrollo de las sociedades y en la transformación de los territorios rurales, así como ha contribuido directa e indirectamente a la conformación de las ciudades, la expansión de la industria y el florecimiento de las economías nacionales y regionales.

De igual manera, la agricultura está directamente relacionada con desafíos de orden mundial; erradicar la pobreza en todas sus formas, garantizar una vida saludable y promover el bienestar humano, poner fin al hambre, conseguir la soberanía alimentaria y una mejor nutrición, garantizar la disponibilidad y la gestión del agua, fomentar el desarrollo sustentable, el empleo pleno y productivo, así como mitigar  el cambio climático y sus efectos.
No obstante, al observar la situación del país no dejan de existir preocupaciones de distintos órdenes y matices sobre el estado de atraso y abandono en que se encuentra la Colombia rural y particularmente el sector agropecuario.

Acontecimientos como el paro agrario de 2013; estudios como el informe de desarrollo humano del PNUD (2011) "Colombia rural; razones para la esperanza"; los acuerdos alrededor del primer punto de la mesa de diálogos de la Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC -EP sobre la "reforma rural integral"; las conclusiones de la  misión para la transformación del campo colombiano; los resultados del censo nacional agropecuario tras 45 años sin información actualizada; la reciente iniciativa de referendo por el agro nacional y  las justas movilizaciones sociales de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, coinciden en reconocer el estado crítico del agro y confirman la profunda deuda social, económica y política del país con el campo.

En un contexto de pos-acuerdo, se debe hacer un enorme esfuerzo por democratizar el agro colombiano, superar problemas históricos y asumir como un asunto de interés nacional los desafíos de la Colombia rural.

A continuación se esboza a manera de reflexión y discusión algunos de los retos en esta materia;  

1.  Definir y consolidar una estructura agraria democrática e incluyente como principio fundamental para alcanzar mayor equidad social y desarrollo territorial.

El Censo Nacional Agropecuario confirmo el alto grado de concentración de la propiedad de la tierra; "el 0,2% de las unidades productivas del país (grandes extensiones) ocupan el 60,1% del territorio nacional, mientras que el 70,9% de las unidades productivas (pequeñas extensiones de menos de cinco hectáreas) solo ocupan el 2,4% del área”.

El latifundio improductivo y la ganadería extensiva han sido dos fenómenos enquistados en el agro y la política nacional, factores generadores de desigualdad y exclusión.

Según la UPRA[1] se calcula que Colombia tiene 26 millones de hectáreas con posibilidades para la producción agrícola, pecuaria y forestal; 11,3 millones en suelos netamente agrícolas, de los cuales solo se aprovecha el 35%. Mientras a la ganadería se dedican 38 millones de hectáreas, cuando la vocación ganadera y de actividades de pastoreo del país es de 8 millones de hectáreas.


Es indispensable ordenar el territorio a partir de la vocación agroecológica de los suelos y la realidad socio cultural de las comunidades, delimitar la frontera agropecuaria, adjudicar los baldíos a los campesinos para la producción agroalimentaria, definir un catastro rural multipropósito, formalizar y titular la propiedad de la tierra, así como resolver los conflictos territoriales por el uso del suelo a favor de la protección de los recursos naturales y las comunidades.

2. Superar la pobreza y el desempleo rural en Colombia.

La tragedia de la pobreza rural afecta al 45,5 % de la población que vive en el campo, el analfabetismo es una condición presente en el 23,3% de los hogares campesinos.
Según la Misión Rural el 75 % de la población ocupada del área rural tiene un ingreso mensual inferior al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Una medida oportuna para contrarrestar este flagelo debe ser la definición de estrategias para el mejoramiento de las condiciones laborales en el campo, integrar planes de capacitación y formación especialmente dirigidos a los jóvenes rurales.

Establecer una oferta clara para el desarrollo de proyectos productivos, con acompañamiento, asesoría y financiamiento interinstitucional que promuevan el desarrollo rural integral.

En materia de política pública se debe hacer un esfuerzo por generar planes y programas de formalización del empleo rural con plenos derechos a seguridad social y pensional.

Definir una política económica y de fomento agropecuario que garantice crédito y financiamiento con bajas tasas de interés; que promueva cadenas asociativas agroalimentarias con generación de valor agregado.

Es necesario resolver y regular las imperfecciones del mercado en materia de precios y comercialización. Por mencionar tan solo un caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tuvo que abrir pliego de cargos contra 52 empresas que representan el 80 % de las ventas de insumos del país por no reportar precios, ventas y costos de insumos. Este mismo estudio revela que hay un sobreprecio del 13 % y 37 % para DAP[2] y a 44 % y 70 % para KCL[3] respectivamente.

Un factor relevante para el mejoramiento de la economía rural y campesina es el relacionado con la gestión del riesgo agroclimático ante eventos adversos que afectan los cultivos y las cosechas; los microseguros y la asistencia técnica integral son instrumentos necesarios para favorecer al campesinado.


3. Mayor y mejor inversión en infraestructura social y productiva.

El país tiene un rezago en materia de infraestructura social (servicios básicos) y productiva, lo cual impide cualquier posibilidad de desarrollo y profundiza las desigualdades territoriales y la brecha social.

El Censo Agropecuario reconoce que el 16,5% de las viviendas rurales no cuentan con ningún servicio público, tan solo el 6% de las viviendas tienen servicio de alcantarillado y el 42,6% de  acueducto.

Solo un 15% de los productores cuentan con maquinaria, y un 21% con sistema de riego, aunado a esto, para el año 2013 el servicio de asistencia técnica rural agropecuaria llego tan solo al 10% del campesinado.

El déficit de infraestructura productiva, afecta la producción agropecuaria, aumenta los costos de producción y reduce el desempeño del sector.

Un propósito nacional y regional debe involucrar la materialización de un plan nacional de inversión en infraestructura rural que involucre un esquema transparente y participativo de descentralización económica y administrativa.

Recursos económicos dirigidos al mejoramiento de vías terciarias, electricidad, alcantarillados comunitarios, instalación de distritos de riego y adecuación de tierras, así como inversión en investigación e innovación tecnológica dirigida a Municipios, Departamentos y renglones económicos.

4. Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria,  proteger y fomentar la producción nacional y la agricultura familiar campesina.

En Colombia, la importación de alimentos asciende a más de 10 millones de toneladas anuales; el 100% del garbanzo y la lenteja, y el 95% del trigo y la cebada que consumimos proviene de otros países. Además se han incrementado las compras externas de carne de res, carne de cerdo,  frijol, arroz, torta de soya y leche.

Esta situación representa una evidente contradicción para un país con potencial agroalimentario.

A pesar de esto, la economía campesina subsiste y contribuye con la producción de un importante porcentaje de la canasta básica alimentaria nacional, motivo fundamental para incentivar la inclusión productiva de la agricultura familiar mediante el diseño y la ejecución de programas de asociatividad con integración a cadenas de producción y comercialización, redes de compras públicas y abastecimiento regional.

A nivel macroeconómico y comercial es fundamental debatir alrededor de mecanismos de protección de la agricultura nacional, aplicar las salvaguardas antidumping y renegociar clausulas desfavorables de los TLCs.

Estos desafíos deben ir acompañados de un proceso de modernización y democratización de las instituciones rurales y agropecuarias, que superen la lógica vertical y centralista, y den mayor participación a las comunidades y a los productores en la planeación de su vida social y económica.

Indiscutiblemente, el campo colombiano constituye un escenario de permanentes contradicciones y disputas, en él se juega de manera importante el futuro del país. Por este motivo, el objetivo de una Colombia rural más justa, democrática e incluyente debe convocar el interés ciudadano, el esfuerzo colectivo y la conciencia nacional.

* Jorge Eduardo Díaz es Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia.




Notas

[1] Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - http://www.eltiempo.com/economia/sectores/uso-del-suelo-en-colombia-y-siembra/16601436 - Felipe Fonseca Fino (24 de Mayo) UPRA

[2] Fertilizante agrícola. Fosfato Diamónico.

[3] Fertilizante agrícola. Cloruro de Potasio.

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