Indiscutiblemente, el campo colombiano constituye un escenario de permanentes contradicciones y disputas, en él se juega de manera importante el futuro del país.
Por: Jorge Eduardo Díaz* / Democracia en la Red
Históricamente el
agro ha jugado un papel trascendental en el desarrollo de las sociedades y en
la transformación de los territorios rurales, así como ha contribuido directa e
indirectamente a la conformación de las ciudades, la expansión de la industria y
el florecimiento de las economías nacionales y regionales.
De igual manera, la
agricultura está directamente relacionada con desafíos de orden mundial; erradicar la pobreza en todas sus formas, garantizar
una vida saludable y promover el bienestar humano, poner fin al hambre,
conseguir la soberanía alimentaria y una mejor nutrición, garantizar la
disponibilidad y la gestión del agua, fomentar el desarrollo sustentable, el
empleo pleno y productivo, así como mitigar el cambio climático y sus efectos.
No obstante, al observar la situación del
país no dejan de existir preocupaciones de distintos órdenes y matices sobre el
estado de atraso y abandono en que se encuentra la Colombia rural y particularmente
el sector agropecuario.
Acontecimientos
como el paro agrario de 2013; estudios como el informe de desarrollo humano del PNUD
(2011) "Colombia rural; razones para la esperanza"; los acuerdos
alrededor del primer punto de la mesa de diálogos de la Habana entre el
Gobierno de Colombia y las FARC -EP sobre la "reforma rural integral";
las conclusiones de la misión para la
transformación del campo colombiano; los resultados del censo nacional agropecuario
tras 45 años sin información actualizada; la reciente iniciativa de referendo
por el agro nacional y las justas
movilizaciones sociales de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, coinciden en
reconocer el estado crítico del agro y confirman la profunda deuda social,
económica y política del país con el campo.
En un contexto de pos-acuerdo, se debe hacer un enorme
esfuerzo por democratizar el agro colombiano, superar problemas históricos y
asumir como un asunto de interés nacional los desafíos de la Colombia rural.
A continuación se esboza a manera de reflexión y
discusión algunos de los retos en esta materia;
1. Definir y consolidar una estructura agraria
democrática e incluyente como principio fundamental para alcanzar mayor equidad
social y desarrollo territorial.
El
Censo Nacional Agropecuario confirmo el alto grado de concentración de la
propiedad de la tierra; "el 0,2% de las
unidades productivas del país (grandes extensiones) ocupan el 60,1% del
territorio nacional, mientras que el 70,9% de las unidades productivas
(pequeñas extensiones de menos de cinco hectáreas) solo ocupan el 2,4% del
área”.
El latifundio
improductivo y la ganadería extensiva han sido dos fenómenos enquistados en el
agro y la política nacional, factores generadores de desigualdad y exclusión.
Según la UPRA[1]
se calcula que Colombia tiene 26 millones de
hectáreas con posibilidades para la producción agrícola, pecuaria y forestal;
11,3 millones en suelos netamente agrícolas, de los cuales solo se aprovecha el
35%. Mientras a la ganadería se dedican 38 millones de hectáreas, cuando la
vocación ganadera y de actividades de pastoreo del país es de 8 millones de
hectáreas.
Es
indispensable ordenar el territorio a partir de la vocación agroecológica de
los suelos y la realidad socio cultural de las comunidades, delimitar la frontera agropecuaria, adjudicar los
baldíos a los campesinos para la producción agroalimentaria, definir un catastro
rural multipropósito, formalizar y titular la propiedad de la tierra, así como
resolver los conflictos territoriales por el uso del suelo a
favor de la protección de los recursos naturales y las comunidades.
2. Superar
la pobreza y el desempleo rural en Colombia.
La
tragedia de la pobreza rural afecta al 45,5 % de la población que vive en el
campo, el analfabetismo es una condición presente en el 23,3% de los hogares
campesinos.
Según
la Misión Rural el 75 % de la población ocupada del área rural tiene un ingreso
mensual inferior al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).
Una
medida oportuna para contrarrestar este flagelo debe ser la definición de
estrategias para el mejoramiento de las condiciones laborales en el campo, integrar
planes de capacitación y formación especialmente dirigidos a los jóvenes
rurales.
Establecer
una oferta clara para el desarrollo de proyectos productivos, con
acompañamiento, asesoría y financiamiento interinstitucional que promuevan el
desarrollo rural integral.
En
materia de política pública se debe hacer un esfuerzo por generar planes y
programas de formalización del empleo rural con plenos derechos a seguridad
social y pensional.
Definir
una política económica y de fomento agropecuario que garantice crédito y
financiamiento con bajas tasas de interés; que promueva cadenas asociativas
agroalimentarias con generación de valor agregado.
Es
necesario resolver y regular las imperfecciones del mercado en materia de
precios y comercialización. Por mencionar tan solo un caso, la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) tuvo que abrir pliego de cargos contra 52
empresas que representan el 80 % de las ventas de insumos del país por no
reportar precios, ventas y costos de insumos. Este mismo estudio revela que hay
un sobreprecio del 13 % y 37 % para DAP[2]
y a 44 % y 70 % para KCL[3]
respectivamente.
Un
factor relevante para el mejoramiento de la economía rural y campesina es el
relacionado con la gestión del riesgo agroclimático ante eventos adversos que
afectan los cultivos y las cosechas; los microseguros y la asistencia técnica
integral son instrumentos necesarios para favorecer al campesinado.
3. Mayor y mejor inversión en
infraestructura social y productiva.
El
país tiene un rezago en materia de infraestructura social (servicios básicos) y
productiva, lo cual impide cualquier posibilidad de desarrollo y profundiza las
desigualdades territoriales y la brecha social.
El
Censo Agropecuario reconoce que el 16,5% de las viviendas rurales no cuentan
con ningún servicio público, tan solo el 6% de las viviendas tienen servicio de
alcantarillado y el 42,6% de acueducto.
Solo un 15% de los productores cuentan con maquinaria, y un 21%
con sistema de riego, aunado a esto, para el año 2013 el servicio de asistencia
técnica rural agropecuaria llego tan solo al 10% del campesinado.
El déficit de infraestructura productiva, afecta la
producción agropecuaria, aumenta los costos de producción y reduce el desempeño
del sector.
Un propósito nacional y regional debe involucrar la
materialización de un plan nacional de inversión en infraestructura rural que
involucre un esquema transparente y participativo de descentralización
económica y administrativa.
Recursos
económicos dirigidos al mejoramiento de vías terciarias, electricidad,
alcantarillados comunitarios, instalación de distritos de riego y adecuación de
tierras, así como inversión en investigación e innovación tecnológica dirigida
a Municipios, Departamentos y renglones económicos.
4. Garantizar la seguridad y
soberanía alimentaria, proteger y
fomentar la producción nacional y la agricultura familiar campesina.
En
Colombia, la importación de alimentos asciende a más de 10 millones de
toneladas anuales; el 100% del garbanzo y la lenteja, y el 95% del trigo
y la cebada que consumimos proviene de otros países. Además se han incrementado
las compras externas de carne de res, carne de cerdo, frijol, arroz, torta de soya y leche.
Esta
situación representa una evidente contradicción para un país con potencial
agroalimentario.
A
pesar de esto, la economía campesina subsiste y contribuye con la producción de
un importante porcentaje de la canasta básica alimentaria nacional, motivo
fundamental para incentivar la inclusión productiva de la agricultura familiar mediante
el diseño y la ejecución de programas de asociatividad con integración a
cadenas de producción y comercialización, redes de compras públicas y
abastecimiento regional.
A nivel macroeconómico y comercial es
fundamental debatir alrededor de mecanismos de protección de la agricultura
nacional, aplicar las salvaguardas antidumping y renegociar clausulas
desfavorables de los TLCs.
Estos desafíos deben ir acompañados de un proceso de modernización y
democratización de las instituciones rurales y agropecuarias, que superen la
lógica vertical y centralista, y den mayor participación a las comunidades y a los
productores en la planeación de su vida social y económica.
Indiscutiblemente,
el campo colombiano constituye un escenario de permanentes contradicciones y
disputas, en él se juega de manera importante el futuro del país. Por este
motivo, el objetivo de una Colombia rural más justa, democrática e incluyente
debe convocar el interés ciudadano, el esfuerzo colectivo y la conciencia
nacional.
* Jorge Eduardo Díaz es Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia.
Notas
[1] Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/uso-del-suelo-en-colombia-y-siembra/16601436
- Felipe Fonseca Fino (24 de Mayo) UPRA
[3]
Fertilizante agrícola. Cloruro de Potasio.
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