El peligro de la guerra y el proceso constituyente.

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Una Constituyente convocada de inmediato bajo las reglas de la democracia representativa sólo les serviría a las clases dominantes para legitimar su “nuevo” Frente Nacional. La correlación de fuerzas no nos da. Lo comprobó el Plebiscito. Hay que diseñar otra estrategia. Tensionar al movimiento social para “salvar” el proceso de paz es la tarea urgente y del momento.

Por: Fernando Dorado / Democracia en la Red

El triunfo del NO en el plebiscito trajo un momento especial a Colombia. Paradójicamente antes del Plebiscito el movimiento social estaba “acomodado”, desganado, sin convicción. El peligro de que la guerra continúe o que las cúpulas dominantes se coaliguen contra el pueblo, ha puesto en alerta a mucha gente. Las expresiones juveniles y estudiantiles de esta semana, son parte de ese fenómeno. La movilización social es la única herramienta que queda para darle continuidad al “proceso de paz” y reconducirlo por caminos realmente “constituyentes” de hegemonía popular.

Realismo mágico y “nuevo” Frente Nacional

El 2 de octubre apareció en Colombia –una vez más– el rostro del realismo mágico Lo inconcebible se hizo realidad. Los acuerdos para el fin del conflicto armado firmados con bombos y platillos en Cartagena el pasado 26 de septiembre entre el gobierno y las Farc, no consiguieron la aprobación mayoritaria en el plebiscito refrendatario. Un NO precario y minoritario (18,7%) se impuso sobre el SI por escasos 54 mil votos. La abstención fue del 63%. La desinformación, el miedo y la indiferencia, ahogaron el anhelo de paz. El triunfalismo le cobró factura al gobierno y a las Farc. Un Gabo triste sonrió socarronamente desde el más allá.

Nadie –ni siquiera el adivino más osado– hubiera previsto ese resultado. El asombro en el país y el mundo fue general. Los mismos promotores del NO fueron los más sorprendidos. El gobierno y sus aliados no lo podían creer. Las Farc, como un náufrago, se aferraron a los acuerdos como a un flotador. Enfrentan un limbo político y jurídico. Su sometimiento a la institucionalidad y su paso a la legalidad, aprobada en la X Conferencia de esa organización, sólo aguantó 6 días. Los acuerdos y procedimientos para implementarlos quedaron sin piso jurídico (http://bit.ly/2cT96Oz).

El gobierno no se cae porque a nadie le conviene. No existe una fuerza política que pueda y quiera forzarlo, aunque su debilidad es enorme. Además, los buenos modales se imponen en el ambiente cortesano de la clase política colombiana. De inmediato, el gobierno de los EEUU envió a Bernard Aronson a Cuba para tranquilizar a los dirigentes farianos y reforzar el apoyo al gobierno de la comunidad internacional. Uribe, asumió de inmediato la imprevista responsabilidad que le otorgó la nueva situación y pasó a la ofensiva diplomática con mucha decencia pero pensando en 2018. El presidente Santos reconoció su derrota y abrió el diálogo directo con su antecesor y opositores.

Todo el mundo propuso crear un Gran Pacto Nacional para salvar el proceso de paz. Era lógico. La oposición uribista había ajustado su mensaje en la campaña plebiscitaria promoviendo la “paz sin impunidad” y su convicción de “corregir” el proceso. Esa misma noche planteó su disposición al diálogo. El gobierno, que sabe lo difícil que es negociar con las Farc (llevan más de 4,5 años) y que tiene el mandato del capital internacional y de la mayoría de empresarios nacionales para terminar la guerra, no se iba a echar para atrás. Saben que la paz neoliberal está “de un cacho” y que esa oportunidad no se podía desaprovechar. El premio Nobel llegó de Estocolmo como “mandado a hacer” para contrarrestar el pesimismo y “¡quedar divinamente!”.

Así, intentan construir en forma taimada –“songosorongo” como dicen los indígenas caucanos– un nuevo “frente nacional”. El leitmotiv del anterior fue la dictadura del general Rojas, el de ahora, la del fin de la guerra que el anterior frente nacional incubó hace 60 años. ¡Pero no lo lograrán!

Las reacciones políticas y jurídicas

Las reacciones de los sectores políticos y sociales, a pesar del consenso sobre la necesidad del gran pacto nacional, tienen sus peculiaridades. La totalidad de sectores dicen poner el interés general por encima de intereses particulares pero –en la intimidad– todos están pensando en la campaña electoral de 2018. Esa causa estuvo incrustada en la agenda de la campaña del plebiscito pero no era reconocida por ninguno. Nadie lo acepta pero todos lo saben. Gajes de la política colombiana. Sin embargo, es importante reconocer que existen variadas posiciones porque detrás de ellas se pueden identificar las diferentes concepciones políticas y las diversas miradas sobre la situación.

Las Farc, las organizaciones políticas y sociales de su entorno, y los sectores políticos que se entusiasmaron con la posibilidad de lograr en forma inmediata una “paz pura y simple”, se aferran a los acuerdos firmados. Acusan al “uribismo” de manipular fraudulentamente a los electores, lo cual fue reconocido por Juan Carlos Vélez, jefe de la campaña del NO (http://bit.ly/2dfRybt). En la práctica, no reconocen los resultados del plebiscito y aspiran a mantener las cosas como están. Lo mismo ocurre con políticos del círculo gubernamental y otros sectores que proponen repetir el plebiscito, aprobar los acuerdos mediante cabildos abiertos, “tutelatones” o demandas jurídicas.

Otras fracciones políticas proponen al gobierno reabrir las negociaciones con las Farc e integrar a la delegación gubernamental a delegados de los promotores del NO. Argumentan que el “uribismo” debe asumir su responsabilidad, enfrentar la negociación con la insurgencia y “sufrir el desgaste”. Sin embargo, dicha posición no tiene en cuenta que las pretensiones del ex presidente Uribe y la mayoría de los promotores del NO van mucho más allá de unas simples “correcciones”. Por el contrario, cuestionan la médula del proceso como es la justicia transicional, el bloque de constitucionalidad y el tribunal especial para la paz. Su agenda es doble y de saboteo.

Existen otras posiciones pero no se expresan con claridad o no tienen fuerza. La propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente está en la mente de unos y otros. Siempre aparece como la fórmula salvadora. Si las cúpulas de la casta dominante se ponen de acuerdo, nada tiene de extraño que vuelvan a usarla para aprobar otra “histórica” Constitución para que todo siga igual o peor. Por ahora, la correlación de fuerzas los favorece totalmente.

La desconexión entre el proceso de paz y el movimiento social

José Antonio Gutiérrez en su artículo “El NO se impuso, ¿qué sigue?” publicado en Rebelion.org, plantea: “El triunfo del NO vuelve a demostrar que el proceso fue visto como un asunto distante para la mayoría de la población, como algo ajeno”. Sin embargo, no explica las causas de ese hecho.

No hay que olvidar que paralelo a la realización de los diálogos entre el gobierno y las Farc, el movimiento social colombiano –con el impulso que dejaron las jornadas de 2008 como la Minga social, el Paro de los corteros y la huelga judicial– desarrolló en los últimos 5 años importantes luchas contra las políticas neoliberales. El paro universitario estudiantil de 2011, el paro agrario, campesino y minero de 2013, las protestas contra los megaproyectos minero-energéticos en numerosas regiones del país, las mingas indígenas, la huelga magisterial de 2015, y muchas otras expresiones populares de resistencia, son pruebas fehacientes de lucha social permanente.

El problema es la desconexión existente entre la dinámica impuesta por el gobierno neoliberal de Santos en la mesa de negociaciones de La Habana y las necesidades y aspiraciones del movimiento social. El Estado aprovechó la debilidad política de la insurgencia y su necesidad de terminar el conflicto para imponer unos límites precisos que plantean que el modelo económico y la estructura del Estado no están en discusión ni son parte de la negociación. Pero además, la criminalización de la lucha social con el argumento represivo de la infiltración guerrillera de las organizaciones sociales y las diversas concepciones existentes en la izquierda sobre la lucha armada, impedían que el “proceso de paz” pudiera compenetrarse con el movimiento social y viceversa.

Tal situación se fue agudizando porque de una u otra forma la izquierda y gran parte del movimiento social se fue dejando permear de la política del gobierno sobre el llamado post-conflicto. Casi todas las organizaciones dejaron de pensar en las grandes transformaciones estructurales y entraron en la dinámica del diseño institucional neoliberal que el Estado empezó a diseñar en sus documentos CONPES, el Fondo de la Paz y demás entidades que ya vienen imponiendo la cultura de los proyectos que ya habían dejado trazadas las numerosas ONG que se incrustaron en el movimiento social y que están a la expectativa de los supuestos “ríos de leche y miel” de dólares y euros que traerá el post-conflicto a Colombia.

El peligro del acuerdo entre cúpulas dominantes

Hasta el 2 de octubre el conjunto del movimiento social en Colombia no había percibido la importancia de terminar en forma negociada el conflicto armado. La ofensiva guerrerista de Uribe y la actitud complaciente (y hasta cómplice) de amplios sectores de los partidos tradicionales que hacen parte de la Unidad Nacional, puso en alerta a muchos sectores, militantes y activistas sociales que pensaban que la “lucha por la paz” era una tarea sencilla, limitada a organizar un evento o máximo una marcha, sin comprometerse a ir de casa en casa, de barrio en barrio, convenciendo a la gente para que votara por el SI. Todo se lo dejamos a la propaganda del gobierno.

Y sucede que la propaganda del gobierno y la actitud de la insurgencia no eran de lo mejor. En la última semana el “uribismo” aprovechó el triunfalismo de Santos y las Farc, que estaban festejando el triunfo antes de ganar el Plebiscito. En los Llanos del Yarí y en Cartagena la gente del SI celebraba mientras los promotores del NO penetraban las redes sociales, las emisoras populares y las sedes de las iglesias católicas y evangélicas de mensajes de odio, resentimiento, miedo y mentiras, basadas en algunos hechos reales pero presentados como si estuviéramos al borde del apocalipsis. Y les dio resultado. Ganó el NO, así hubiera sido un triunfo pírrico.

Ver el martes pasado a Uribe, Pastrana, el ex procurador Ordóñez, Martha Lucia Ramírez y demás promotores del NO reunidos varias horas y, “a manteles”, con el presidente Santos, quienes eran supuestos enemigos a muerte, provocó en muchos dirigentes de izquierda y del movimiento social una gran sorpresa. Entendieron –y la gente sólo aprende por experiencia propia– que cuando la institucionalidad oligárquica está en peligro o en crisis, ellos se reúnen y fácilmente se ponen de acuerdo. Lo que muchos dirigentes habían alertado sobre la identidad de intereses entre Santos y Uribe quedó a la vista. La diferencia es de forma, o sea, el método para derrotar a la insurgencia: el uno, con decencia, ofreciendo espacios de gobernabilidad y algunos planes de inversión en zonas de colonización, y el otro, queriéndolos exterminar físicamente. Sólo son dos maneras diferentes para el mismo objetivo. Cómo sería el nerviosismo que había que la prórroga parcial del cese de fuegos hasta el 31 de octubre fue interpretada como un ultimátum. Pero… no, ¡era falsa alarma!

Pero no es falsa alarma. La oligarquía colombiana ya ha jugado muchas veces al Frente Nacional. Para desmontar el peligro popular que se estaba alimentando en medio y al calor de la “dictadura” de Rojas Pinilla se montó el plebiscito de 1957 que le dio vida al Frente Nacional, con el comodín del MRL. Pero esa figura ya había sido utilizada a principios de siglo XX. En los últimos 25 años ya hemos vivido con un frente nacional “no-reconocido”, desde 1991. Se turnaron el gobierno entre neoliberales puros y neoliberales vergonzantes (Gaviria-Samper). Siguió la transición de Pastrana en 1998 que le abrió el espacio para la alternación Uribe-Santos, todo ello con el comodín de la izquierda legal. Ahora preparan el “nuevo” con el comodín de las Farc reinsertadas.

Asamblea Nacional Constituyente o Proceso Constituyente

La crisis del Estado colombiano es profunda, sistémica, estructural. La gran burguesía y el imperio lo saben. Las finanzas públicas están en quiebra y la olla está raspada. Uribe también lo sabe pero necesita tensar la cuerda al máximo para negociar su propia impunidad. Es una lucha de vida o muerte, de sobrevivencia, y por eso la toma en serio. Si no logra negociar “por arriba”, su apuesta es recuperar el gobierno y no le importa regresar a la guerra. Su lucha tiene que presentarla como un “sacrificio por la patria” para que algunos militares despistados, muchos mafiosos que se apropiaron ilegalmente de tierras campesinas, uno que otro terrateniente y empresario realmente asustado por la “amenaza castro-chavista”, lo apoyen para engañar a millones de colombianos que tienen una fuerte tradición conservadora y clerical o que fueron –en verdad– fuertemente agredidos por la guerrilla en su época de “fiebre insurreccional” en medio de la guerra degradada.

Sin embargo, hoy no existe la fuerza social o política organizada que represente nítidamente los intereses populares que sea capaz de aprovechar la polarización entre dos sectores de las clases dominantes para derrotarlas políticamente y acceder al poder. Pero, igualmente, la lucha por la terminación del conflicto apoyándose en el sector “progresista” de la gran burguesía para derrotar al sector “guerrerista”, ha empezado a perder base teórica, política y social. La militancia social más consecuente está empezando a buscar una salida y pretende encontrarla en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Por ello el llamado a la movilización social.

Y en verdad, sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Pero no podemos caer en ilusiones. Una Constituyente convocada de inmediato bajo las reglas de la democracia representativa sólo les serviría a las clases dominantes para legitimar su “nuevo” Frente Nacional. La correlación de fuerzas no nos da. Lo comprobó el Plebiscito. Hay que diseñar otra estrategia. Tensionar al movimiento social para “salvar” el proceso de paz es la tarea urgente y del momento. Iniciar un Proceso Constituyente de nuevo tipo, impulsando la creación de Cabildos Ciudadanos permanentes en todos los municipios, acumular fuerza unitaria para ganar el gobierno en 2018 apoyándonos en la “burguesía emergente decente”, y acumular fuerza para construir la República Social, es la tarea pensada a mediano plazo pero empezando YA.

Así podremos derrotar la polarización entre los dos sectores de las clases dominantes (Santos-Uribe) que se ha venido expresando como confrontación pero que fácilmente se puede convertir en acuerdo (frente nacional). Ha llegado el momento de la Unidad Popular. ¡Hay que construirla!

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