Después del plebiscito: consolidar y viabilizar el acuerdo de paz

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Corresponde abogar por la defensa del Acuerdo de Paz Gobierno-Farc, defender su contenido fundamental y reclamar la coherencia con su suscripción, su vigencia y su viabilidad como fórmula adecuada hacia la superación del conflicto bélico y las medidas orientadas hacia el logro de la paz. Ello no debe entrar en contradicción con los desarrollos, complementos o aclaraciones que de forma pronta se deban surtir.

Por: Alvaro Villarraga Sarmiento / Semanario Caja de Herramientas

Colombia vive un proceso histórico extraordinario a partir de los resultados conseguidos con el acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc-EP y el inicio de los entendimientos de este mismo gobierno con el ELN. Conseguir superar definitivamente el conflicto bélico y sentar premisas con pactos de paz viables y con los compromisos y dinámicas necesarias para recuperar una paz estable, es asunto de profunda repercusión para el presente y el futuro país. Sin embargo, en pocas semanas y días se han sucedido hechos extraordinarios en esta dirección pero también un obstáculo grave al proceso de paz y a viabilizar el acuerdo de paz conseguido.

Se desencadenó una situación de hechos históricos que prevenían la terminación del pacto de paz con las Farc y el paso inmediato de los integrantes de esta guerrilla a la vida política legal: Se pactó cesar fuegos y hostilidades de forma bilateral y definitiva; se consiguió consolidar y firmar el texto del acuerdo final de paz con importante acompañamiento de la comunidad internacional; se entregó el acuerdo de paz a la ONU y al Consejo Federal Suizo; la Corte Constitucional aprobó el plebiscito para refrendar este acuerdo de paz y se realizó la consiguiente votación ciudadana; la X Conferencia Nacional de las Farc aprobó por unanimidad de sus delegados el respaldo al pacto de paz y el paso de ésta insurgencia a proyectarse como partido político en la legalidad; las Farc realizaron actos de reconocimiento y solicitud de perdón ante sectores de víctimas que causó y el gobierno hizo lo mismo ante la responsabilidad estatal por el exterminio sistemático de la Unión Patriótica.

Fue breve e intensa la campaña del plebiscito de forma que la gran mayoría de partidos, organizaciones sociales y sectores de opinión se movilizaron ampliamente en todo el país llamando a votar por SI para conseguir la aprobación y aplicación inmediata del acuerdo de paz. El sector de derecha opuesto al gobierno y a su política de paz liderado por el Centro Democrático del ex presidente Uribe y al cual se suman algunos líderes del Partido Conservador y sectores de iglesias contrarios a la necesidad de reconocer el enfoque de género y la consiguiente inclusión de derechos de las mujeres y los LGTBI se movilizaron a la vez con el llamado a votar NO al acuerdo de paz. Todas las encuestas daban por ganador al SI con pronósticos en los cuales duplicaba el respaldo al pacto de paz frente al rechazo.

Sin embargo, los resultados del plebiscito sorprendieron a todos: ganó el NO por una ínfima diferencia, el 0.34%, de manera que tanto el NO como el SI tuvieron respaldo electoral igual del 18% mientras que el 64% de la ciudadanía se abstuvo. Fue un golpe político y moral duro contra el respaldo al proceso de paz al quedar según estos resultados el gobierno sin la posibilidad de proceder a aplicar como tal el Acuerdo de Paz Gobierno-Farc, mientras corría por el mundo la noticia de un hecho paradójico: el respaldo unánime a la paz en Colombia desde todos los organismos internacionales y los Estados y gobiernos de diversa inclinación, contrastaba con el cuestionamiento interno de la propia ciudadanía colombiana. De allí la pregunta que se hizo esta semana: ¿Qué hacer para salvar el proceso de paz e impedir que se reanude el conflicto bélico?

Lo primero es entender la dimensión histórica de lo que está en juego

Comprender que el paso de la guerra a la paz es un asunto siempre complejo, traumático, inmerso en contextos de alta conflictividad que la explican, de acciones violentas, pero también de acciones no violentas y la búsqueda del entendimiento político, las soluciones de los motivos del conflicto, la recuperación de garantías y la superación efectiva de los contextos de ilegalidad y violencia. Además, en nuestro caso es mucho más complejo cuando se ha transitado por expresiones de guerra civil, escenarios de violencia socio-política generalizada, contextos de arbitrariedad oficial, control territorial también por actores irregulares, proliferación de economías ilegales relacionadas a la vez con economías de guerra y una dinámica de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario.

Es de tal dimensión nuestra problemática que hemos transitado por siete décadas en una serie ininterrumpida de conflictos bélicos y violencia política, matizada por los cortes históricos de pactos de paz exitosos con respecto de determinados actores pero que no consiguen la normalización general. Se hace necesario recordar que primero fue la intensa guerra civil conservadora liberal con violencia partidista masiva en el campo, que tuvo puntos de quiebre en 1953 y en 1957, pero de forma que la imposición del Frente Nacional mediante un plebiscito de amplio respaldo superó la violencia entre estos dos particos, pero no superaron sino que acentuó problemáticas que pueden explicar la prolongación del conflicto armado y dinámicas de violencia socio-política hasta la actualidad.

En efecto, ni hubo restitución ni distribución de tierras a campesinos, ni reconocimiento de responsabilidades ni reparación a las víctimas, ni garantías políticas más allá del bipartidismo excluyente. Continuó el tratamiento militar contra dinámicas políticas y sociales bajo los conceptos de la “seguridad nacional” y el “enemigo interno”. Y se careció de garantías ciudadanas bajo el imperio del Estado de Sitio, la conculcación de derechos y las expresiones de arbitrariedad oficial. Contexto que explica el que sobrevino otra guerra civil.

Ésta segunda guerra civil ya de más de cinco décadas entre el Estado y guerrillas de izquierda, se ha prolongado no obstante la solución parcial pero importante conseguida entre el Gobierno Nacional y las guerrillas del M-19 y el EPL –a la que se agregaron otras agrupaciones insurgentes menores–, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la cual entregó un aporte innegable hacia el logro de una paz democrática. Sin embargo, simultáneamente se intensificaron las hostilidades entre el Estado y las Farc y el ELN hasta la actualidad, en medio de una estrategia contrainsurgente que promovió el paramilitarismo con masivo saldo de víctimas, a la vez que la propia acción Estatal y de las guerrillas se han visto comprometidas directamente con responsabilidades directas en la tragedia humanitaria ocasionada.

De ahí que cerrar hoy la guerra tiene pendientes la concreción de los pactos de paz pendientes con las Farc y el ELN y la superación integral del fenómeno paramilitar. Por tanto, resulta de suma importancia el que tras más de tres décadas de intentos fallidos se consiga por fin un pacto de paz con compromisos coherentes para un proyecto de paz sostenible, a la vez que se avanza hacia igual perspectiva con el ELN. Esta digresión nos permite apreciar la dimensión y el sentido histórico de lo que está en juego en esta coyuntura, pues sin duda el pacto de paz con las Farc y lo consiguiente con el ELN y los compromisos ya suscritos de superar las expresiones vigentes del paramilitarismo degradado persistente y de tratar una agenda de transformaciones en lo político y lo social, podrán dar lugar al cierre histórico tanto del conflicto bélico con las insurgencias, desarticular los pilares de la contrainsurgencia, superar las economías ilegales y tratar causas y circunstancias de la conflictividad social y política, de forma que se consiga el margen de soluciones y garantías que posibiliten la construcción de la paz.

Lo segundo es defender y consolidar el acuerdo de paz conseguido

Ahora bien, la pérdida de la votación en el plebiscito a favor del pacto de paz constituye un serio obstáculo en el proceso de paz pero no puede significar su negación ni desconocer de manera general su avance fundamental, cual es el Acuerdo de Paz Final ya suscrito entre el Gobierno y las Farc. Lo que sí es que el voto mayoritario por el NO exige revisiones con relación a varios elementos puestos en debate desde los opositores al tipo de acuerdo de paz convenido. Esta situación configura una nueva situación política no prevista, que implica la prolongación del proceso de paz para asumir de inmediato una fase de negociación entre el gobierno y los opositores a este pacto de paz, de forma que consigan consensos en algunas revisiones, precisiones o complementaciones.

El resultado del plebiscito es que no se consiguió que el presidente esté obligado a aplicar el acuerdo de paz sino que quedaron habilitados cuestionamientos a resolver, de forma que se revise y actualice para que con las facultades que le otorgan la Constitución y la Ley proceda entonces a implementarlo. El Congreso tiene plena autonomía para tomar las medidas de la agenda de la paz pero políticamente corresponde que actúe en consonancia y contribuya con el proceso político ahora desatado. No es necesario recurrir a otra forma de refrendación ciudadana como no era obligación legal haber apelado al plebiscito realizado. Pero si se llegara a adoptar, cualquiera ella sea, habría que garantizar un triunfo rotundo y definitivo a favor del pacto de paz y todos sus compromisos.

A la vez la situación exige que las Farc no vean burlado el acuerdo pactado pero a la vez les demanda hacer parte de éste esfuerzo de revisión y desarrollo de algunos de sus elementos con la disposición a contribuir en el logro de nuevos consensos que enriquecerán la propia dinámica de conseguir el pacto nacional de paz reclamado por el propio texto del acuerdo. Así mismo, esta dinámica exige que el atender a determinados cuestionamientos al texto del acuerdo por los partidarios del NO no lesione tampoco a la otra parte equivalente de la masa de votantes diversos del SI al pacto de paz ni a las aspiraciones justas e innegables para el conjunto de la sociedad sobre lograr el cierre efectivo de la guerra y los compromisos con la construcción de un proyecto de paz democrática.

Estaba advertida la complejidad de la situación por cuanto la opinión política estaba altamente polarizada de antemano entre partidarios y opositores al pacto de paz con las Farc y por las resistencias abiertas contra el proceso de paz, hecho que ha sido recurrente e incluso con apelación a la violencia en los anteriores pactos de paz conseguidos. Pero en una interpretación positiva que se abre campo en esta semana, podrá resultar positiva la solución que se consiga porque implicará comprometer a los opositores al pacto de paz, de manera que revisando y precisando algunas definiciones y medidas estarían comprometidos con el acuerdo y con el proyecto de paz en curso.

Pero no es asunto fácil y no está garantizado. Así como hay posturas razonables hacia aportar en los cambios o complementos que se introduzcan hay posturas extremas que pretenden negar lo sustancial o la totalidad del acuerdo. Intenciones de dilación para evitar que se consolide el acuerdo de paz y quizás así endosar tal posibilidad al próximo gobierno a elegir. Así como lo más grave, el juego sucio o los métodos arbitrarios e ilegales que han aflorado de forma recurrente desde los opositores al proceso de paz. Al respecto han aflorado ya dos graves situaciones en la coyuntura: Una, el reconocimiento por el gerente de la campaña del NO sobre la utilización en ella de métodos ilegales que constituyen a la luz de la legislación el delito de fraude al sufragante, en tanto se ocultó el contenido del acuerdo de paz y se recurrió a mentiras y tergiversaciones para inducir miedo y terror, como forma de inducir el voto. Y la otra, la prolongación de amenazas y atentados contra líderes de víctimas, defensores de derechos humanos, opositores de izquierda y promotores de la paz, lo que cuestiona las garantías y da lugar a actos de provocación y sabotaje contra el proyecto de recuperar la paz.

En este panorama corresponde abogar por la defensa del Acuerdo de Paz Gobierno-Farc, defender su contenido fundamental y reclamar la coherencia con su suscripción, su vigencia y su viabilidad como fórmula adecuada hacia la superación del conflicto bélico y las medidas orientadas hacia el logro de la paz. Ello no debe entrar en contradicción con los desarrollos, complementos o aclaraciones que de forma pronta se deban surtir. En tal sentido el trabajo de las mesas de diálogo del gobierno con el Centro Democrático, sectores minoritarios del Partido Conservador y parte de las iglesias debe ser diligente, ágil, constructivo y realista para no menoscabar sino aportar con prontitud a la consolidación del propósito de la paz.

Garantía para el éxito de éste nuevo escollo pero a la vez reto que superado le suma al acuerdo y a la construcción de la paz es la movilización ciudadana, como prenda de garantía. La magnífica y contundente movilización liderada por los estudiantes y con convergencia de muchos sectores realizada en días pasados sienta una dinámica decisiva en este proceso y parece anunciar una nueva versión del despunte del movimiento ciudadana y social por la paz que cuenta en el país con antecedentes muy importantes. Además de ser imponente por ser marcha del silencio que expresamente rememoró la marcha del silencio de Gaitán por la paz, culminó con las consignas de ¡“No a la Guerra”, “Queremos la Paz”, “Acuerdo Ya”!

Garantía de éxito es el comunicado conjunto del Gobierno y las Farc que ratifica el compromiso con el acuerdo pactado, viabiliza el mecanismo de verificación con apoyo de la ONU para garantizar el cese del fuego y las hostilidades y precisa que se trata de admitir “ajustes y precisiones” al texto del acuerdo, en aras de viabilizarlo y de ampliar el consenso nacional por la paz. El presidente Santos con justeza se expresó por mantener el cese de las hostilidades, de habilitar el diálogo político y de llamar con amplitud a toda la nación para salvar el proceso de paz. Las Farc han impresionado positivamente en esta delicada coyuntura por sus pronunciamientos jugados a fondo con el compromiso de paz.

Alienta ahora el justo y merecido reconocimiento que ahora hace también la comunidad internacional con el otorgamiento del Premio Nobel de la paz al presidente Juan Manuel Santos, lo cual desató la inmediata felicitación y apoyo interno e internacional a sus decididos esfuerzos por mantener y llevar a buen final este histórico proceso de paz. Se suma a la vez la declaración de los países que obraron como garantes Noruega y Cuba, para mantenerse en plena disposición a colaborar con el proceso de paz en Colombia, situación también expresada por muchos países y entes internacionales. Y se espera a la vez el concurso constructivo de la apertura pronta de la mesa pública Gobierno-ELN en Quito, para que la paz sea completa y para que haya la sinergia y el complemento también reclamado desde esto otro pacto de paz esperado y necesario para el cierre de definitivo de la guerra y la construcción integral de la paz con el concurso de todos los actores implicados.

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