[CUT 30 años] IV Congreso de la CUT: un halo de esperanza, en medio de la aguda crisis.

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Después de una década de arremetida neoliberal, que comenzó con la caída del muro de Berlín, y continuó con el desmantelamiento paulatino de los Estados-Nación, las banderas del movimiento de los trabajadores a nivel global, y sus condiciones de vida, llegaron a su crisis más aguda.
Por: Felipe Pineda Ruiz / Informativo CUT Bogotá-Cundinamarca
La ecuación en el periodo comprendido entre 1989 y 1997 se saldó, para infortunio del mundo del trabajo, con un incremento de la productividad y las rentas del capital que contrastó con una caída profunda de los ingresos salariales a escala planetaria.
1999: recesión económica sin precedentes, privatizaciones, fin del sistema Upac
El último año del milenio, 1999, significó para Colombia la peor crisis financiera y monetaria de su historia. Influenciada y antecedida por la turbulencia en los mercados internacionales, provocada por la devaluación de los fondos privados a largo plazo norteamericanos; la crisis de los denominados “tigres asiáticos”; la revaluación del real brasileño y la moratoria de la deuda por parte de Rusia, la economía nacional sufrió un colapso nunca antes experimentado.  
El vertiginoso ingreso de capitales, durante ese periodo, devino en la revaluación del peso y en un incremento incontrolable de las importaciones, lo que produjo la quiebra de importantes sectores productivos nacionales. La contracción económica tuvo efectos significativos en la tasa de desempleo, que para 1999 superó el 20%. El aumento de la deuda del sector público y privado en el exterior, y el incremento indiscriminado del gasto público, provocó un déficit histórico en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Diversos estudios calculan que la crisis destruyó un 5% del PIB de 1999 y consumió 1700 millones de dólares de las reservas internacionales estatales[1].
Para solucionar el desajuste, el gobierno Pastrana decidió solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), por 2.700 millones de dólares, condicionado por este organismo multilateral a realizar una serie de ajustes dentro del Estado: reducción del gasto público; realización de una nueva reforma tributaria y laboral, y el monitoreo continuo de la deuda pública. La principal consecuencia, de este paquete de impopulares medidas, fue el aumento del porcentaje del presupuesto nacional al servicio de la deuda externa, que se situó en el 36% del presupuesto general de la nación en 1999[2].
Dentro de los ajustes llevados a cabo en las entidades estatales, se fusionaron y disolvieron decenas de Ministerios, Unidades Administrativas Especiales (UAE) e institutos. El “revolcón”, se calcula, dejó en la calle a más de 100.000 empleados públicos[3].
Una monto considerable de aquel dinero solicitado, fue destinado al “rescate” de las entidades financieras privadas mientras, contradictoriamente, la administración Pastrana se dedicaba, en simultáneo, a disolver y privatizar los últimos bancos públicos del Estado: Concasa, el Banco Cafetero; el Banco Central Hipotecario (BCH) y el Instituto de Fomento Industrial (IFI) desaparecieron de un plumazo del panorama nacional.
La crisis también terminó con el sueño de vivienda de miles de colombianos: el aumento indiscriminado de las tasas de interés, muy por encima de las tasas de inflación y de la productividad marginal, hizo que muchas de las personas que tenían deudas inmobiliarias con las corporaciones de ahorro y vivienda, calculadas con el sistema Upac (Unidad de Poder Adquisitivo Constante), tuvieran que entregar sus viviendas ante la imposibilidad de pagar intereses cada vez más onerosos.

Las entidades financieras, a raíz de los abusos, se vieron expuestas a una oleada inusitada de demandas, por parte de los usuarios afectados. Estos graves hechos terminaron con la derogación del sistema Upac, el 16 de septiembre de 1999, mediante la sentencia C-700 de la  Corte Constitucional. La Ley 546 de 1999 reemplazó al Upac por la Unidad de Valor Real (UVR).

El atroz asesinato de Jorge Ortega: un sindicalista al servicio de los Derechos Humanos

Después del recrudecimiento del accionar paramilitar en contra de los sindicalistas colombianos, que tuvo su pico histórico más alto de homicidios entre 1995 y 1997, el número de víctimas sindicales se redujo a la mitad durante 1998 y 1999 (Escuela Nacional Sindical, 2011).

Sin embargo, la preparación del paro nacional estatal, por parte de las centrales obreras, desató nuevamente la violencia anti-sindical. La denominada “toma de Bogotá”, protesta que congregó a 150.000 trabajadores de distintos rincones del país, el 14 de octubre de 1998, en contra del ajuste fiscal gubernamental y los despidos masivos en las entidades públicas, se saldó con la muerte de Marco Pérez, integrante de Sintraelecol Sincelejo; Hortensia Alfaro Banderas, perteneciente al sindicato de trabajadores de la salud del Cesar; Macario Barrera Villota, dirigente del magisterio en el departamento del Huila y Orfa Ligia Mejía, profesora de Nariño[4].

En medio del luto por la muerte de estos cuatro dirigentes sindicales, otra víctima caía a manos del paramilitarismo: Jorge Ortega García, vicepresidente de la CUT y miembro de Sintraelecol, era alcanzado por las balas de un sicario, a pocos pasos del edificio de su residencia. Ortega hizo parte del proceso de conformación de la CUT, representaba a los trabajadores en la Asamblea Permanente por la Paz y presidía el departamento de Derechos Humanos de la central[5].

Nunca dejó de ser paradójica la actitud de Andrés Pastrana durante sus cuatro años de gobierno: mientras intentaba adelantar el proceso de paz con la guerrilla de las Farc, utilizaba paralelamente todo el aparato represivo del Estado para coartar el descontento social, en las calles de las ciudades y pueblos del país. 

31 de agosto de 1999: paro cívico nacional

Colombia vivía una coyuntura de crisis y turbulencia generalizada en aquellos días, y ante el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y el sindicalismo nacional, que tuvieron lugar en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, las centrales obreras decidieron convocar al paro nacional general, que tuvo lugar el 31 de agosto y se extendió hasta el 2 de septiembre de 1999. Los planes gubernamentales de flexibilización laboral, la supresión de garantías sindicales y los recortes contemplados en el presupuesto nacional del año 2000, fueron argumentos suficientes para emancipar a los trabajadores en pro de sus prerrogativas amenazadas.

La jornada, marcada por una oleada de centenares de detenciones arbitrarias de marchantes,  permitió que el Comando Nacional de Paro, conformado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la confederaciones General de Trabajadores Democráticos (Cgtd) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), divulgara ante la opinión pública su plataforma de reivindicaciones, 41 en total, consignadas en el denominado “Pliego Nacional Unificado”. Esta coyuntura de movilización y descontento social reinante, liderada por el sector sindical,  además allanó el camino para la conformación, el año siguiente, del Frente Social y Político (FSP).





IV Congreso de la CUT: por la paz, la justicia social y la soberanía nacional

La cuarta versión del congreso de la CUT, celebrado en la ciudad de Cartagena del 22 al 25 de septiembre de 1999, tuvo lugar pocas semanas después del paro cívico nacional, jornada de protestas generales no experimentadas en el país desde el histórico paro de 1977.

Con la presencia de un poco más del millar de delegados, el congreso deliberó y concluyó, entre otros aspectos: presentar estrategias para enfrentar los efectos colaterales de la globalización en el plano laboral; aumentar la participación delas centrales obreras en sectores poblacionales como el campesino, las mujeres y los jóvenes; evaluar el futuro del movimiento sindical y sus correspondientes formas organizativas; fortalecer la democracia y la educación sindical; y presionar la renegociación de la deuda del Gobierno Nacional con el FMI[6].

Con respecto a las negociaciones adelantadas, entre la administración Pastrana y la guerrilla de las Farc, la central unánimemente respaldó apoyar la salida negociada al conflicto bélico colombiano; rechazar la violencia anti-sindical, y al paramilitarismo en todas sus formas; luchar por la autonomía del sindicalismo colombiano frente a los actores de la guerra y manifestar su malestar con respecto a la judicialización de la protesta social[7].

El tópico correspondiente a la disyuntiva entre la afiliación de la central a una organización de trabajadores mundial o conservar la independencia, se convirtió en uno de los puntos más álgidos de las discusiones que tuvieron lugar en aquel congreso. Los esfuerzos iniciales realizados por el Frente Unitario de Trabajadores Democráticos (Futd), para afiliar a la CUT a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), no lograron la aceptación mayoritaria entre los delegados. Lo anterior provocó que la decisión se aplazara para el congreso siguiente.

La disposición de la Central Unitaria de Trabajadores, de constituir y desarrollar el Frente Social y Político (FSP), un conglomerado de fuerzas democráticas sindicales, sociales y de izquierda, se convirtió en un salto cualitativo hacia la construcción de un nuevo bloque histórico, con mayor incidencia en la vida, la ética y la realidad del país. El tema fue llevado al IV congreso y acogido por unanimidad. El curso de los acontecimientos siguientes permitió que este proyecto, nacido de las discusiones del congreso de la principal organización de trabajadores del país, fuese una realidad.

La nutrida delegación de las organizaciones obreras mundiales, conformada por alrededor de 40 invitados en total, procedente en su mayoría de Europa y del seno de la CUT Brasil, se convirtió en uno de los hechos destacados de la cuarta versión de la cumbre de la central. La violencia de los actores armados contra el derecho legítimo a la protesta, que cobró la vida de decenas de  sindicalistas, y el reciente asesinato de Jorge Ortega (vicepresidente de la CUT), llamó profundamente la atención de la comunidad internacional vinculada al ámbito del trabajo.

IV Congreso de la CUT: los protagonistas.
Aquel IV congreso fue la oportunidad para que el pluralismo, y la multiplicidad de voces y visiones, aflorara y se consolidara. Las diferentes fuerzas políticas que conformaban, en aquel momento a la CUT,  estaban representadas de la siguiente manera:  el Partido Comunista tenía en Luis Eduardo Garzón, presidente de la central en aquel momento, a su figura más prominente.
Garzón, jugó un papel fundamental, en la consolidación de la agrupación obrera más grande del país, al ampliar su escenario de acción más allá del simple ejercicio sindical.  Este antiguo dirigente nacional, de la Unión Sindical Obrera (USO), logró que la CUT se convirtiera en una fuerza con una significativa incidencia política.  La creación del denominado Frente Social y Político (FSP), no hubiera sido una realidad sin la audacia, tesón y liderazgo del popular “Lucho”.
Otros comunistas destacados, en la dinámica de aquel IV Congreso, fueron  Miguel Antonio caro y Alfonso Velásquez.  Delegados por el sindicalismo democrático, se encontraban figuras descollantes como Héctor Fajardo, Secretario General de la CUT por aquella época, Carlos Rodríguez, quien al siguiente congreso fungió como presidente de la central, Patricia Buriticá y Rosalba Gómez. En representación del Partido del Trabajo de Colombia (PTC), emergió Fabio Arias, fiscal de la CUT en esa coyuntura, junto con Alfonso Lorza.
Por parte del Partido Comunista-Marxista-Leninista (Pc-ml), la vocería estaba a cargo de Jesús González, mientras que los representantes más destacados, del sector denominado Poder y Unidad Popular (PUP), en el último congreso de la CUT del milenio, fueron Domingo Tovar y Hernando Hernández.

En suma, la época previa y posterior al cuarto congreso de la CUT, significó para los trabajadores colombianos la profundización de la política económica iniciada en 1990, durante el Gobierno de Cesar Gaviria.

El poder a favor de los más acaudalados; los despidos masivos; el creciente desempleo; la destrucción del poder adquisitivo y de los derechos laborales, que Andrés Pastrana llevó a cabo entre 1998 y el año 2000, fueron simplemente efectos colaterales esperados, causados previamente desde las frías oficinas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El tesón y creatividad demostrado por los trabajadores, durante este periodo marcado por la recesión y la violencia anti sindical, se convirtió en una halo de esperanza, en medio de la aguda crisis.




Notas

[1]Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1999), Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, p. 29-31.

[2]Acuerdo de Colombia con el Fondo Monetario Internacional de 1999. Revista Deslinde, número 27, noviembre del 2000, publicación de Cedetrabajo, Bogotá D.C.

[3]Comenzó síndrome de despido. Diario El Tiempo, diciembre 4 de 1998. Fuente: http://bit.ly/2cx7sl7

[4]Crimen del Vicepresidente de la CUT: respuesta al Paro Nacional Estatal. The Office of Justice, Peace and the Integrity of Creation, octubre 21 de 1998.Fuente:

[5]Asesinado Vicepresidente de la CUT. Diario El Tiempo, octubre 21 de 1998. Fuente: http://bit.ly/2c1ndOs

[6]Central Unitaria de Trabajadores (2001), conclusiones del IV Congreso Nacional de la CUT, Bogotá, p. 48-52.

[7]Ídem, p. 34-37.

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