La guerra corre ya hacia el olvido.

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El trabajo de la ciudadanía consistirá en construir desde la cultura democrática del posconflicto una nueva mentalidad, con valores de ética universal.

Por: Alpher Rojas / El Tiempo.

En Colombia, pocas veces como ahora ha sido tan apropiada la denominación de ‘acontecimiento histórico’ para calificar los resultados de un proceso complejo, en cuyo curso se ha construido un marco novedoso para la resolución de conflictos político-militares, con ideas, argumentos y mecanismos innovadores y fecundos. Se trata de un hecho trascendental que llama la atención de investigadores de las más diversas disciplinas de las ciencias sociales en el campo de la paz y atrae la favorable recepción de las instituciones multilaterales y la prensa internacional.

El acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las Farc abre un horizonte posible hacia el cambio de los paradigmas culturales, políticos y económicos que de forma tradicional han bloqueado las aspiraciones de edificar un país moderno y conviviente. Al mismo tiempo, auspicia un espacio público de diálogo y deliberación como medio para tramitar las contradicciones. El fracaso en la transformación del conflicto es lo que conduce a la violencia.

Al reflexionar sobre los postulados de la biología evolutiva, advertimos que la guerra es también un ‘agente ordenador’ que influye y determina la conducta social; constituye una matriz cultural orientadora de los entornos de convivencia e impacta negativamente el comportamiento ético de la sociedad. En tal sentido, el escritor Santiago Gamboa, en su libro “La guerra y la paz”, señala: “La guerra no solo forjó una identidad, sino que además organizó a la sociedad”.

En estos 60 años, el país se fue adaptando lenta e imperceptiblemente a una concepción guerrerista de sus relaciones sociales, la cual permeó profundamente la política, la economía y la producción de bienes culturales. Los escenarios del conflicto fueron reflejados en seriales televisivos en horarios triple A y se tradujeron en la glorificación biográfica de los capos de la droga y del paramilitarismo, al tiempo que presentaban omisiones maliciosas sobre los crímenes de Estado.

Ocho millones de víctimas –entre desplazados, desaparecidos y masacrados– y la más inhumana concentración de la propiedad y la riqueza como enormes huellas de la guerra subsidiaria, y una hegemonía ideológica que impidió a sangre y fuego la emergencia de alternativas políticas y reprimió el surgimiento de nuevas expresiones culturales son motivaciones suficientes para apoyar con entusiasmo el ‘Sí’ al plebiscito que marca el fin de la guerra.

Por cierto, este pasaje sangriento del país incidió de manera eficaz en la estructura institucional y en la cultura jurídica a tal punto que el ‘orden público’ adquirió supremacía entre los más importantes asuntos del Estado. En consecuencia, se produjo la sobrevaloración participativa de la Fuerza Pública en la dinámica institucional. Los gobiernos –a partir del Frente Nacional– hicieron uso frecuente y sistemático de los estados de excepción y en el curso de ese ejercicio se presentaron toda clase de arbitrariedades contra los derechos humanos. En términos presupuestales, la posición dominante de los programas de seguridad y defensa fue progresiva hasta llegar a la actualidad con un 5 % del PIB y 20 % del presupuesto nacional de gasto, en perjuicio de la inversión social en salud, educación y vivienda.

De acuerdo con el juicioso estudio de Dejusticia, la excepción era casi permanente: “En los 21 años transcurridos entre 1970 y 1991, Colombia vivió 206 meses bajo estado de excepción, es decir, 17 años, lo cual representa el 82 % del tiempo transcurrido. Entre 1949 y 1991 Colombia vivió más de 30 años bajo estado de sitio”.

Hace poco, el diario ‘El Espectador’ publicó un estudio que tristemente no ha tenido el impacto merecido. Esa investigación concluía que “Colombia es un país enfermo: hay varias generaciones que han crecido en el estrés postraumático, en la dificultad de aprendizaje, en la carencia de sueño, y todo como resultado de la guerra”. Las consecuencias de esa situación son imprevisibles, pero no se pueden ver ni medir, por ahora.

El trabajo de la ciudadanía consistirá entonces en construir desde la cultura democrática del posconflicto una nueva mentalidad, los valores de la ética universal, la armonía con la naturaleza, un modelo económico de auténtica prosperidad social y la sinergia de los espacios culturales, con base en una revolución educativa en la que el conocimiento se conciba como un patrimonio común y no como el feudo de una élite excluyente. El triunfo del bienestar social vendrá con la consolidación de un proceso de posconflicto cuyo centro sea una propuesta cultural de notable impacto.

Este cambio de perspectiva nos conducirá a que las generaciones venideras tengan en cuenta que ahora “se les abre el camino para relegar esta guerra a los libros de historia”. Y ese camino para superar el pasado de guerra y sus consecuencias patológicas es apoyar con decisión y entusiasmo el ‘Sí’ del plebiscito del dos de octubre como salida legítima hacia la paz anhelada.

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