¿De dónde viene la crisis de Electricaribe?

11:30:00

¿Cómo nació Electricaribe y a qué se debe el pésimo servicio eléctrico que hoy padecen más de dos millones de usuarios en la Costa Caribe? Crónica de una crisis que exige la intervención inmediata del gobierno nacional.

Por: Libardo Espitia / Razón Pública.

Después de muchas vueltas 

Hasta mediados de 1998, la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca) fue la entidad encargada de la generación, transmisión y comercialización de energía en esa región del país, y sus nueve empresas se ocupaban de distribuir el servicio domiciliario en los departamentos de Atlántico, Cesar, Guajira, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia.

En 1997 el fenómeno de El Niño acentuó la crisis administrativa, técnica y financiera del sector eléctrico colombiano, particularmente en la Costa Atlántica. En ese momento, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios concluyó que había varias fallas en el trabajo de Corelca, incluyendo la mala gestión de recaudo de cartera, el alto nivel de pérdidas técnicas y no técnicas, las ineficiencias administrativas, un alto endeudamiento e incumplimiento de pagos.

El gobierno intervino entonces para crear nuevas empresas que asumirían los activos y pasivos de Corelca, bajo el esquema de capitalización por parte de inversionistas privados que pondrían hasta un 65 por ciento del capital suscrito. Las empresas en cuestión fueron:

Generadora de la Costa Atlántica (Gendelca), encargada de la generación y a la cual Corelca y Electribol transfirieron sus activos de generación a cambio de ciertos pasivos, el personal, los compromisos de compra de energía y otros. San Andrés Power & Light Company S.A. ESP, a cargo de la prestación del servicio en ese departamento a cambio de asumir los activos de distribución, ciertos pasivos, el personal y los contratos de la electrificadora Archipiélago´s Power & Light. Transelca S.A. ESP que adquirió los activos de transmisión, los pasivos, el personal y los contratos de Corelca. Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP (Electrocosta), que adquirió los activos de distribución y asumió algunos pasivos, el personal y los contratos de las electrificadoras de Bolívar, Córdoba, Sucre y la Empresa de Energía de Magangué. Electrificadora del Caribe S.A. ESP (Electricaribe), que adquirió ciertos activos de distribución y asumió algunos pasivos, el personal y los contratos de las electrificadoras del Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena para la prestación del servicio de energía.

Electricaribe y Electrocosta asumieron prácticamente la totalidad de los pasivos existentes: la primera adquirió pasivos por 617.000 millones de pesos y la segunda por 418.000 millones. En agosto de 1998 estas dos empresas distribuidoras se adjudicaron a la compañía de propósito especial HIE Caribe Energy (Houston Industries Inc. y Electricidad de Caracas S.A. C. A.) por un monto de 1.438.752.381.000 pesos. De esta cifra, el 58,8 por ciento correspondió a Electricaribe y el 41,2 por ciento a Electrocosta.

Los principales objetivos de la vinculación de capital privado para las empresas fueron:

Solucionar los factores que estaban afectando su viabilidad y rentabilidad,

Solucionar el problema de los pasivos laborales,

Conformar empresas financieramente sólidas, viables y con mercados atractivos que garantizaran la expansión del servicio y la especialización de actividades.

A finales de 2000 HIE Caribe Energy vendió su participación a Unión Fenosa de España y en diciembre de 2007 las dos distribuidoras fueron fusionadas. Entonces Electricaribe adquirió los bienes, derechos y obligaciones de Electrocosta y todos los trabajadores, pensionados y clientes de Electrocosta pasaron a Electricaribe. En 2009 Unión Fenosa y Gas Natural se fusionaron y así nació Gas Natural Fenosa.

Lo que salió mal

Pero el negocio inicial no fue muy bueno y las inversiones para asegurar la cobertura y calidad del servicio no se efectuaron a tiempo.

-Por una parte la banca de inversión Inverlink, contratada por el gobierno para el proceso de restructuración, no depuró la información suministrada por las empresas, lo cual dio origen a inconsistencias tales como contratos de compra de energía no cedidos, lotes de las subestaciones que no estaban incluidos en la negociación, así como falta de certeza sobre la propiedad de los inmuebles cedidos.

Además, para hacer más atractivo el negocio, Inverlink excluyó del contrato el parque automotor de las electrificadoras por considerarlo obsoleto; por eso -y aunque el valor de este parque no fue incluido en el precio de cesión de las empresas- se siguieron produciendo gastos administrativos que van desde el mantenimiento preventivo hasta la compra de combustible.

Se concluye que la actividad de consultoría efectuada por la banca de inversión no fue la más idónea y como ya se ha observado en otras privatizaciones ya estudiadas, el Estado y los intereses generales, salieron de unos activos eficientes a precios subvalorados. En Colombia las bancas de inversión no han tenido ente que las investigue y más por el contrario el titular de Inverlink para la época de los hechos, el señor Bruce Mac Master Rojas ha sido beneficiado en altos cargos: luego de ocupar el Viceministerio de Hacienda, hoy ocupa la dirección de la Andi.

-Por otra parte y por distintas razones, el sistema de transmisión y distribución regional y local de la Costa Atlántica se fue volviendo cada vez más obsoleto y las empresas no llevaron a cabo las inversiones necesarias para mantener y ampliar las redes ni para modernizar sus equipos o sus procedimientos. Por eso la situación insoportable que hoy padecen los usuarios de esta región de Colombia y que incluyen

Cortes continuos y prolongados en el suministro que han afectado los equipos electrónicos y los servicios de salud, entre otros,

Baja calidad del servicio,

Instalación de medidores sin el debido concurso de los usuarios y suscriptores,

Alzas desmedidas de las tarifas,

Violación del debido proceso en los trámites interpuestos por los usuarios,

Falta de información oportuna sobre la suspensión del servicio,

Ausencia de compensaciones por fallas en el servicio.

En los departamentos de la Costa Atlántica operan actualmente 19 empresas distribuidoras y comercializadoras del servicio de energía eléctrica. La más grande es el grupo Electricaribe (integrado por Energía Empresarial de la Costa, Electricaribe,

Electricaribe Mipymes de Energía y Energía Social), con más de 2,6 millones de usuarios, entre los cuales el 70 por ciento pertenece a los estratos 1, 2 y 3.

Intentos de renovación

No han sido pocos los intentos del gobierno por renovar las condiciones de prestación del servicio eléctrico en la Costa. Estos son algunos ejemplos:

1. En 1996, antes del proceso de reestructuración y ante el requerimiento del Ministerio de Minas y Energía, a Corelca y sus electrificadoras se les exigió un plan de inversiones encaminado a rehabilitar y ampliar la infraestructura eléctrica en los departamentos del Caribe. Por ello nació el Plan de Inversiones Prioritarias de la Costa Atlántica (Planiep).

El Consejo Nacional de Políticas Fiscal (Confis) aprobó en agosto de 1996 apropiaciones presupuestales futuras del Ministerio, de Cormagdalena y del Fondo Nacional de Regalías para la financiación del Plan, y se designó como ejecutor a Corelca. El presupuesto del Planiep eran 253.725 millones de pesos, pero los recursos asignados al proyecto se quedaron cortos en 13.900 millones. Para el 30 de mayo de 1999, fecha del último reporte de la firma auditora, los costos del Planiep ascendían a 295.768 millones, 23 por ciento por encima de lo asignado.

2. El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) fue creado por el artículo 105 de la reforma tributaria (Ley 789 de 2002). Los recursos asignados a este Fondo fueron un peso por cada kw/hora vendido en la bolsa de energía mayorista del Sistema Interconectado Nacional.

Electricaribe fue la encargada de administrar 99.171,2 millones de pesos del FAER, para beneficiar 87.639 usuarios en el período 2012-2014.

3. El Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) adoptado por la Ley 812 de 2003 y administrado por el Ministerio de Minas y Energía se propuso la normalización de redes eléctricas, la legalización de los usuarios, la optimización del servicio y la reducción de pérdidas no técnicas en barrios subnormales situados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional. La Ley en cita dispuso que las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica participarían en los programas de normalización con recursos económicos, elaborando los diseños y proyectos respectivos, brindando asistencia técnica permanente y suministrando mano de obra.

El Ministerio le asignó 346.942 millones de pesos del PRONE a Electricaribe para la normalización de 102.540 usuarios, mediante la modalidad de cofinanciación: el Ministerio aportó el 79,95 por ciento, mientras que el operador puso el 20,05 por ciento.

4.El Fondo de Apoyo Financiero para las Zonas no Interconectadas (Fazni) nació al amparo de la Ley 633 de 2000, financiado por cada kilovatio–hora despachado en la Bolsa de Energía Mayorista pagado por los agentes generadores de energía. El Fondo buscaba financiar planes, programas y proyectos de inversión destinados a la construcción e instalación de una infraestructura eléctrica que permitiera la ampliación de la cobertura y la satisfacción de la demanda en las zonas no interconectadas.

Al final, la Contraloría General de la República concluyó que hubo resultados deficientes en el desarrollo de los objetos de los contratos financiados con recursos públicos girados por el Ministerio y determinó hallazgos fiscales por 12.543,2 millones de pesos.

5. Plan 5 Caribe: creado el año pasado para resolver la problemática que se viene viviendo con la prestación del servicio de energía en los 7 departamentos de la Costa a cargo de Electricaribe, que incluye inversiones en los sistemas de transmisión de energía nacional y regional a cargo del Gobierno Nacional y en el local a cargo de Electricaribe; las inversiones fueron calculadas sobre los $4 billones.

Por otra parte la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como ente regulador del sector eléctrico y de gas en Colombia, mediante la Resolución 070 de 1998 y las que la modifican, estableció algunos indicadores de duración en horas de interrupción (DES) y de interrupciones (FES) para evaluar la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en un circuito. Si el operador de red supera los valores máximos para los indicadores de calidad, deben darse compensaciones a los usuarios.

Cabe recalcar que los indicadores serán bajos, reflejados en un servicio eficiente siempre y cuando se den renovaciones en los sistemas de transmisión tanto regional como local y éstos últimos no han recibido la debida atención por parte del operador de red Electricaribe, quien respalda su omisión ante las pérdidas y la falta de pago de los usuarios y de algunos entes públicos territoriales.

Hay que intervenir

Como se ve, el Estado ha hecho inversiones muy cuantiosas en el sector eléctrico.

Pero además la Constitución Política en sus artículos 334, 336, y 365 a 370 y el Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) obligan a Electricaribe a prestar un servicio continuo e ininterrumpido, eficiente y con calidad. Puesto que esto dista tanto de ser una realidad y ni los subsidios otorgados a la empresa ni las conminaciones oficiales han producido los resultados esperables, el Estado tendrá que intervenir con más rigor para cumplir las obligaciones que le señala el artículo 2 de la ley 142, entre ellas, la de garantizar la calidad del servicio público siendo continua e ininterrumpida sin excepción a todos sus usuarios.

Y mientras tanto el Presidente de la República a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD ejerce la inspección, control y vigilancia de los prestadores de servicios públicos, por ende, debe velar por el cumplimiento de los indicadores de eficiencia, de gestión y de calidad y en el caso de Electricaribe, éstos no han sido observados, por lo que las leyes 142 de 1994 y 689 de 2001 han dotado a la SSPD de todas herramientas jurídicas para intervenir, obligar a entregar un servicio con calidad y proteger a los usuarios de los atropellos y abusos del operador.

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