Las razones del paro camionero

04:58:00

En medio del horror que generan las informaciones vividas en caliente a través de la televisión sobre los atentados terroristas en Europa, casi pasa desapercibida la tensión que el paro camionero está provocando en 11 Departamentos del País.

Por: Carmen Eugenia Ruano

A más de 40 días de su iniciación de éste, que es el número 13 de los realizados en los últimos 15 años, se cuentan dos víctimas mortales y una persona en condiciones críticas. El gobernador de Boyacá quien resultó gravemente herido, al igual que algunos miembros de su comitiva, afortunadamente, iniciaron su proceso de recuperación, pero las posiciones del gobierno y de los líderes del gremio camionero se encuentran a años luz de distancia y no se ve ninguna luz al final del túnel.

Los productos de la canasta familiar empiezan a escasear en varias de las principales ciudades y sus precios están por las nubes. Podríamos precipitarnos en cualquier momento hacia una crisis alimentaria sin antecedentes en el territorio colombiano.

El gobierno durante un largo tiempo ha respetado el derecho a la protesta y solo ha endurecido legítimamente su accionar en el momento en que se pasó de la parálisis de los medios de transporte a los actos de vandalismo, el taponamiento de vías y a la violencia.

Ya se contabilizan pérdidas de alrededor de 1 billón y medio de pesos en fletes, peajes y combustibles y en actividades vinculadas al transporte. La lista de policías lesionados, manifestantes detenidos y automotores dañados crece con el transcurso de los días.

La industria avícola amenaza con colapsar al igual que las metas inflacionarias sacadas de cauce, primero por el fenómeno de “El Niño”, y enseguida sin solución de continuidad por los paros agrario y de transporte de carga. En el horizonte se avizora y está pronosticada la irrupción de “La Niña”. Es muy posible que pasemos de la sequía a las inundaciones sin siquiera tener una pausa de respiro.

Mientras tantos infantes siguen muriendo a causa de la desnutrición no solo en la Guajira sino en muchas otras regiones y hasta en la propia capital de la República, duele e indigna el espectáculo de la leche derramada y de los alimentos podridos lanzados a la vía pública. Faltan medicamentos, oxigeno, insumos para la purificación del agua de los acueductos y escasean los combustibles.

Todos sin excepción estamos siendo negativamente impactados a consecuencia de la inmovilización de cerca de 35.000 tractomulas de las 65.000 que constituyen, el parque automotor que mueve la producción nacional.

El problema es demasiado complejo y nada fácil de resolver.

En nuestro país Los costos del transporte que son altísimos, gravitan fuertemente no solo sobre los precios de los alimentos sino en el de las mercancías, las materias primas y los bienes que producimos y afectan su competitividad internacional que en términos de logística y de coste deja mucho que desear. Nadie ignora que es mucho menos caro llevar cualquier producto del Puerto de Buenaventura a China, que moverlo internamente entre el mismo puerto y alguna ciudad colombiana. Todo agravado por el hecho de que los centros de producción quedan muy lejos de los puertos y que estamos atrasados por lo menos 30 años en infraestructura de carreteras.

No son inocentes ni neutrales los gremios. Están participando aguerridamente en la confrontación para tratar de evitar que los transportadores logren concretar los objetivos del paro que son en esencia: obtener un piso tarifario 40% más alto, flexibilizar los procesos de chatarrización y bajar el costo de combustibles y peajes.

Los sucesivos gobiernos, pese a la palabra tantas veces empeñada, han sido incapaces de planificar el crecimiento del sector y de parar el incremento de camiones y tractocamiones matriculados de manera legal e ilegal que han desquiciado la oferta ya que los niveles de carga no han subido, como si lo ha hecho el valor de los combustibles y de los insumos.

Hay una especie de guerra entre legítimos e irregulares que envilece los fletes ya que los generadores de carga prefieren entregársela a quienes la transporten a menor precio.

Si son más de 60.000 vehículos los incorporados irregularmente a la competencia por hacerse con la escasa carga disponible podemos entender la magnitud de las dificultades que afrontan los trasportistas.

Tampoco ha podido el Ejecutivo hacer funcionar la chatarrización, que ha dado lugar a múltiples casos de corrupción protagonizados por los dueños de los vehículos reales, virtuales o gemeleados, cabresteados por intermediarios que al final se quedan con un alto porcentaje de las sumas destinadas para reducir el número de carros viejos que sigue operando.

Es imposible que los transportadores obtengan las alzas de fletes demandadas, si estas inciden en el 10% como lo asegura el Presidente Santos sobre el precio de la canasta familiar, pero no cabe duda de que tienen razones valederas para pretender una mejora sustantiva en sus condiciones e ingresos.

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