Camioneros en paro y el sí por la paz.

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Es el momento para que la gente toda salga a apoyar el paro camionero en las calles, sin violencia, sin más intimidaciones. Es el tiempo de ser fiel de la balanza. Que la sociedad civil sea protagonista y no títere, madura y dispuesta a hacer y sellar la paz con grandes reformas. El transporte público y común es una de ellas.

Por: Miguel Angel Herrera Zgaib / Semanario Caja de Herramientas.

Antecedentes violentos

“Sin embargo, aquí no se puede invertir la carga de la prueba. Los responsables de la situación no son otros que los líderes de un puñado de agremiaciones minoritarias que hacen peticiones inaceptables…” Editorial Hora de ser firmes, en el ET, 15/07/16, p. 14.

“Lo que presentamos es un sí a la refrendación popular de los acuerdos, pero que el Gobierno entienda que debe haber cambios…” Senador Iván Cepeda, PDA, en Lanzamiento de “La paz sí es contigo”, 14/07/16.

Esta semana Colombia ha vuelto a ver tanquetas en las calles para reprimir a los camioneros en paro. Sigue sin aclararse del todo la muerte del trabajador Luis Orlando Saiz, quien murió por el impacto que recibió en la cara a menos de 2 metros, por un disparo de bala de gas lacrimógeno hecho por un agente del Esmad el pasado miércoles.

Igualmente se desvirtúa cada vez más cuál fue la causa del estrellón de la camioneta en que viajaba el gobernador Amaya de Boyacá, un antiguo activista político en la U. Pedagógica de Tunja. Este incidente ocurría el mismo día, y se pretendía, publicitándolo a la ligera, equilibrar las cargas con la represión desmedida y mortal ejercida contra la protesta legítima social y política en el atormentado departamento de Boyacá.

La versión era que había sido roto el parabrisas, y como consecuencia el carro en que viajaba colisionó contra un camión en la vía. Pero, una asesora del gobernador que viajaba en la caravana, en testimonio radial, señaló que esto no era cierto.

Para completar el cuadro de la violencia está la mediática, de la cual el diario liberal conservador más influyente, ligado en el inmediato pasado a la Casa Santos, la que fundara don Eduardo, a comienzo del pasado siglo, luego de matrimoniarse con Lorencita Villegas, es el editorial, Hora de ser firmes, del que cito un aparte en el epígrafe.

Pero, el agua va al molino nacional por otro camino. Así que, entre jueves y viernes, un grupo de fuerzas de la izquierda colombiana, con una representación inicial de algo más de 100 líderes que se comprometen de frente con la paz, se disponen no solo a hacer campaña por el plebiscito, sino a meterle el hombro a todas las luchas.

No hay duda que la más relevante y significativa es la lucha de los camioneros, que requiere la inmediata solidaridad efectiva de la sociedad civil de abajo, para con su triunfo empezar a desmontar la fórmula de la excepcionalidad, y el régimen para-presidencial que no acaba de morir; citando al Gramsci de los Cuadernos, cuando se refería a la crisis de hegemonía en la sociedad que vivió, sufrió y luchó hasta la muerte. Una reunión con portazo

El miércoles 13 de julio volvieron a reunirse transportadores y gobierno. El mintransporte Mejía presentó escrito oficial de 18 puntos a consideración de los representantes de los camioneros, sin que el gobierno aceptara el restablecimiento de la escala de fletes; tampoco la fórmula de chatarrizar vehículos sin entrada de los nuevos, porque dicen “los paristas” hay sobre-oferta de transporte de carga que los está arruinando.

Pero, total, los 18 puntos no fueron aceptados por los camioneros, quienes se levantaron de la mesa para deliberar en privado, cuando han pasado 38 días de paro. El jueves, en la mañana habló el presidente. Santos había anunciado que lo haría este jueves a las 7.30 am., y, sin embargo, eso no ocurrió.

Dicen en Palacio, que el retraso se debía a la espera de la llegada del vicepresidente, Germán Vargas, para con él, y representaciones del país político y la oligarquía económica, anunciar las medidas de orden público, acompañado del establecimiento militar y policial.

Porque según el editorial de El Tiempo del día siguiente, “la Administración necesita imponer el orden mediante el uso de efectivos de la fuerza pública,” con la tragedia injustificada que se suma a los cientos de miles sacrificados en esta guerra social ininterrumpida.

Palabras del presidente de la Andi y los tozudos hechos

“Es el gobierno de Santos el que nos engañó”. Gustavo Betancur, vicepresidente nacional de ANT, El Colombiano, 4/06/16.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi dejó en claro el mismo jueves que las cuatro asociaciones de camioneros, ACC, ANT, CCT, ATC que encabeza Pedro Aguilar, representan apenas el 10% de los transportadores, no son más de 11 mil propietarios. Estos son, en su mayoría, los medianos y pequeños dueños de camiones de un grueso de 260.000 transportadores de carga de todo el país.

Él contrasta a los beligerantes con otras asociaciones, entre ellas Cofelcar, que tiene como componentes a los grandes propietarios, y parte de los medianos que están de modo general en el segmento superior de esta clase. Él pretende con elemental aritmética que el resto de propietarios, quienes son el 90 por ciento están con el gobierno; y, en consecuencia, quienes protestan y resisten son la infinita minoría; y hay que meterlos en cintura usando medidas coercitivas.

Así las cosas, es urgente que Colombia sepa, cómo está distribuida la propiedad en esa industria transportadora, para que después de 22 años, analistas y opinión en general tengamos clara la película de qué intereses se defienden en este paro de un sector privado, donde el 10 por ciento no da el brazo a torcer.

Más aún, Gustavo Betancur, uno de los dirigentes en rebeldía, recuerda cómo de los 12 puntos acordados en marzo de 2015, el gobierno actual solo cumplió con el 10 por ciento de lo pactado durante el cierre de otro paro de resistencia. Allí estuvieron 5 ministros y el superministro Néstor Humberto, hoy flamante Fiscal general de la nación.

Dónde está la verdad objetiva en términos de cifras. Gramsci diría: ¿cuáles son las relaciones de fuerzas sociales objetivas?: número de propietarios, grandes, medianos y pequeños propietarios; trabajadores del transporte distribuidos por sectores de propiedad; capital privado representado por cada uno de esos sectores; propietarios asociados y no; composición accionaria del sector transporte, entre otras informaciones.

Vocería del secretario general de presidencia

A primera hora de la mañana, el doctor Luis Guillermo Vélez se encargó de preparar el terreno para lo que su jefe, el presidente Santos, anunció al país después de las 8 de la mañana del pasado viernes, rodeado de toda la cúpula política, económica y militar reunida en Palacio de Nariño.

Él comunicador oficial dijo a la opinión pública que los transportadores piden subir los fletes en 40%; lo cual perjudicará en últimas al común de la gente, y sobre todo, a los más pobres de la pirámide nacional. Esto es inaceptable, repitió una y otra vez en las emisoras más oídas.

Luis Guillermo indicó también que es inaceptable que se chatarricen vehículos y que no se acepte –por la Cruzada camionera- que se incorporen nuevos que mejorarán el parque automotor, y harán más competitivo al país.

Este es uno de los puntos inamovibles que exigen los camioneros en paro, que vienen aduciendo a través de diversos movimientos, el último de los cuales fue en marzo de 2015, porque su negocio tiene sobreoferta de transporte. Ellos están perdiendo, siendo molidos por la competencia desleal de los grandes consorcios camioneros privados, sus competidores internos, desleales. Repitiendo el dicho popular que “el pez grande se come al chico”. Tales son las gracias del capitalismo salvaje.

La economía del transporte nacional

Claro está, que a la base de esta disputa hay intereses económicos enfrentados: la de los grandes propietarios de tractomulas, y sus asociados internacionales que no están en paro, y que tienen, además el apoyo de la Intergremial y la Andi. Todos están con el establecimiento. Y del otro lado, las organizaciones de medianos y pequeños propietarios que resisten legalmente, e invocan la sentencia de la Corte Constitucional, y los 12 puntos pactados con el gobierno de la “prosperidad democrática”.

Los unos están reunidos en Palacio, para reprimir al otro sector, que es el más débil. Éstos son los más afectados con las medidas gubernamentales tomadas en los últimos años, y los engaños del último año, que se hacen para desmontar las protestas a cambio de casi nada. Por lo que esta vez, los transportistas, acudiendo a un cierto sabor cristiano han llamado a su causa, una cruzado nacional, y en verdad, no se dirigen a recuperar Jerusalén de manos de la arbitrariedad judía, apoyada por el poderío militar y financiero de los EUA.

Estos 11 mil y más cruzados/propietarios y sus familias. Ellos son los que han impedido el monopolio camionero de los grandes cacaos, defendidos por los gobiernos de Uribe Vélez, primero, y Santos, luego, uno invocando la “seguridad”, y otro la “prosperidad” de y para pocos, vendida, claro está, como interés general. Claro que son propietarios privados, pero con menos poder de lobby y económico, enfrentados con el gran capital transnacional.

Es lo mismo que ya ocurrió en la crisis del transporte urbano. Aquí se repite la experiencia de Transmilenio en Bogotá, un botón de muestra más que elocuente, donde unos pocos ya se apoderaron de todo el transporte, y derivan multimillonarias ganancias, mientras los más débiles sobreviven en la periferia del servicio que más que público es y tiene que ser común.

Sin embargo, bajo el cobijo inicial de los alcaldes Peñalosa y Mockus se oligopolizó el transporte urbano. Es la tendencia que se repite ahora, adobada por el menjurje de la “apertura” que se consagró en la Constitución de 1991, que cumple 25 años, sin solución de continuidad, y sin beneficio real para millones de usuarios del SITP, quienes pagan en Bogotá uno de los pasajes más caros de la región Andino amazónica.

¿Vuelta al estado de excepción ilegal?

“Ordené que se abriera una mesa de diálogo...para buscar opciones realistas...no pueden ir en contra de la canasta familiar, del empleo decente, de los campesinos...No voy a permitir que los precios suban de manera permanente por cuenta de este paro”. Juan Manuel Santos, alocución radial y televisiva. Palacio de Nariño, 14/07/16.

Casi nadie recuerda ya un episodio de la historia de los subalternos en Colombia. La fecha del 7 de enero de 1959, cuando estudiantes y trabajadores pararon el alza en los pasajes en Bogotá que incluyó la quema de buses en la Plaza de Bolívar.

Fue na protesta dirigida por Antonio Larrotta, un universitario estudiante de la Javeriana, animador y dirigente principal luego del MOEC, movimiento obrero, estudiantil y campesino.

Larrotta murió en 1963, en una fallida experiencia guerrillera que lo asoció con Aguililla, jefe de una cuadrilla de forajidos, sobreviviente del periodo de la Violencia, quien ordenó su asesinato para congraciarse con autoridades locales y caciques (Ver Broderick, Walter J., 2015. Camilo, el cura guerrillero, págs. 124, 125, ss.).

Ahora, a tiempo de una nueva negociación de paz, 57 años después, el presidente Santos no resiste la tentación de utilizar la excepcionalidad de derecho, como lo hizo su antecesor, Uribe Vélez, hasta agotarla, y apadrinar luego la de hecho con el concurso permitido, cuando menos, de las AUC en lo electoral. Lo recordó Salvatore Mancuso, jefe político de las AUC, en sus declaraciones ante la justicia de los EUA.

El argumento que esgrime Santos para reprimir el paro camionero, que es una protesta legítima, es que subirá el precio de la canasta familiar en un 10%. Que la chatarrización es un foco de corrupción, diciendo que el Fiscal Perdomo la tiene identificada. Pero se anuncia que informarán al respecto, pero no lo ha hecho.

El presidente que juega como tahúr a la paz neoliberal, dice que estos propietarios agrupados en “La cruzada camionera” son un cartel que no defiende a los pequeños y medianos transportadores, y tampoco a los conductores. Pero no da ninguna cifra, o estadísticas. Solo palabras, palabras grandilocuentes.

Santos señala, igualmente, en su alocución al país que no hay ni habrá tolerancia alguna para la violencia que se está produciendo en las vías. Recordó que el martes, desde La Guajira, ante las acciones de hecho, ordenó que se reforzara la acción de la Fuerza Pública en los focos de conflicto.

Vuelve a insistir en la guarda del interés general dizque frente al interés particular. En verdad se trata de un conflicto entre particulares por el control de un negocio de grandes réditos. Enseguida, el presidente ordena inmovilizar e incautar los vehículos, cancelar las licencias, las matrículas, imponer multas superiores a los $480 millones de pesos a las empresas y gremios, por cada vehículo que siga participando en el paro ilegalmente, esto es, bloqueando las vías.

Anuncia que autoriza la presencia de particulares para que asuman la carga, esto es, esquiroles del paro camionero, y un centro para la gestión nacional de medidas extraordinarias.

Va a poner más de 50.000 efectivos de las FFAA y de Policía, en las carreteras, una operación de mayor envergadura que el Plan Patriota lanzado contra la guerrilla en la década anterior.

Pero, él insiste en público, que existe voluntad de llegar a acuerdos. Él dice que va en apoyo de los pequeños propietarios, y de los más pobres. En suma, Santos no declara el estado de excepción, ni la emergencia económica en la forma, pero sí en su contenido, si repasamos el historial de Frente Nacional y el Estado de sitio. Es la vuelta al estado de policía bajo el argumento de la “guerra justa”.

Con estas medidas, dice el presidente, buscará que los transportadores en rebeldía vuelvan a la mesa de negociación a la fuerza, que entren en razón. Él actúa en defensa del interés general, y encuentra apoyo de su vicepresidente, Germán Vargas, vía twitter.

¿Los intereses y bienes comunes?

“Los bienes particulares en perjuicio del bien común”… Darío Arismendi, en Caracol, en cruzada de defensa del país político y el gran empresariado.

“Seguimos en paro indefinido”… Manfred Parra, vocero de camioneros en paro.

Para nada queda claro que es el interés de pocos el que defiende el paro camionero. No hay estadísticas al respecto, pero las medidas ya fueron tomadas. Menos queda claro cómo el presidente y la clase política ampara los intereses generales y los bienes comunes. ¡Pamplinas!

Peor aún, estas medidas van en contra del cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional, que favorece lo reclamado por el sector en rebeldía. Para un tiempo en que todo el país espera su dictado final sobre la exequibilidad del Plebiscito ordenado por el ejecutivo nacional, para refrendar la negociación de paz actual con las Farc-EP.

Manfred Parra sirve de colofón, cuando interroga al ministerio de transporte y al presidente acerca de ¿qué pasa con los 2500 vehículos de Impala, 25 casetas de peaje para vías 4G? ¿A quiénes beneficia? ¿A los grandes consorcios transnacionales? Tal es la otra cara de la verdad.

Es la hora de la sociedad civil

Estamos ad portas de una movilización social, citada por el sector social y político que lidera Marcha Patriótica, y algo más de 12 organizaciones de izquierda y democráticos que este viernes salieron a la calle en seis ciudades de Colombia, incluida su capital. Es un principio de Frente Común, en los hechos que va más del Frente Amplio que no ha cuajado hasta ahora, porque se requiere una efectiva pluralidad. Darle cabida a todos los sectores.

Es el momento para que la gente toda salga a apoyar el paro camionero en las calles, sin violencia, sin más intimidaciones. Es el tiempo de ser fiel de la balanza. Que la sociedad civil sea protagonista y no títere, madura y dispuesta a hacer y sellar la paz con grandes reformas. El transporte público y común es una de ellas. Bien puede ser la cuota inicial, para templar la voluntad de paz más allá de los cantos de sirena de la seguridad y la prosperidad de las minorías. La paz es asunto de toda Colombia.

Es la oportunidad para contribuir a construir la paz en términos de movilidad social, poniéndole orden a la asimétrica existencia de la industria del transporte. No podemos pasar de agache como ciudadanía.

Es la oportunidad para que la oposición de verdad, la que representa y actúa la democracia, tome la palabra en las calles y pare la comedia del país político. No necesitamos más farsa en el manejo de los asuntos públicos. Es necesario que el país nacional decida en su carácter de constituyente primario.

En procura de la verdad, primer paso

Urge establecer un Comité de Mediación y Verdad plural, en que concurran especialistas en el sector transporte, con presencia de la Universidad Pública y Privada, que definan los verdaderos términos de la realidad del transporte de carga, y los transportadores en Colombia.

Que rinda un informe a todo el país, utilizando la radio y la televisión pública, a la vez que dé a conocer el conjunto de puntos de los acuerdos que el gobierno no ha cumplido, incluido lo dispuesto por la Corte Constitucional.

Entonces sí, vuelta a la mesa de negociación con la presencia de las tres partes, gobierno, transportadores en conflicto, y sociedad civil, más una veeduría internacional que integren delegados de ONU, Cruz Roja Internacional, y OIT.

Será oportunidad para preparar las condiciones adecuadas para el posconflicto, y de darle vocería y pedagogía universal al ejercicio de la ciudadanía del común.

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