Bogota no es mejor sin sus mercados campesinos.

19:47:00

Imaginémonos a un campesino de nuestro país, o mejor a una campesina. Una campesina que vive a pocas horas de Bogotá, que se levanta más temprano que muchos habitantes de esta ciudad y que para el mediodía el número de tareas que ha ejecutado ya no le caben en las manos. 

Por: Nathalia Guerrero / Imagina Bogotá.

Una campesina que cría, que organiza, que ordeña, que siembra, que cultiva, que recolecta y que, por supuesto, también vende.

Imaginémonos a esa campesina emprendiendo un viaje a la capital cada quince días con los productos que ha cosechado, cocinado y amasado, con el firme objetivo de venderlos. Y no venderlos en Corabastos o Codabas, y mucho menos supermercados como el Éxito. Esta campesina arma su carpita junto a otros compañeros en un parque de barrio, en mercados provisionales que con el tiempo se han denominado “campesinos”, para estar durante todo un día en contacto directo con sus compradores, que llegan atraídos por los productos frescos y los buenos precios de esta alternativa, tan a la mano para muchos.

Y todo el trajín quincenal de nuestra querida campesina es fuerte, pero también necesario. Es indiscutible el hecho de que la demanda bogotana es fundamental para la producción campesina, que se enfrenta a diario a la cadena de distribución por la que se rige esta ciudad, comandada por la central mayorista de Corabastos y también por grandes plataformas como Jumbo y Carulla, que a su vez compran a otros intermediarios. Por eso para nuestra campesina, y para miles de campesinos reales, la producción y venta tradicional de sus productos es todo menos rentable. De hecho son el componente de la cadena que menor porcentaje recibe por sus productos y el más perjudicado de esta maquinaria alimenticia, junto con los consumidores, que cada vez tenemos que pagar más por lo que comemos.

Pocos, muy pocos mecanismos se han implementado como alternativa para luchar en contra de esta colosal cadena y lidiar con ese eterno desbalance en el sistema de abastecimiento alimentario sobre todo en Bogotá. Una de estas iniciativas son los llamados mercados campesinos, que con los años se han convertido en el vivo reflejo de la lucha por el derecho al bienestar campesino dentro de la ciudad, y que últimamente han sido el epicentro de varias discusiones respecto a su permanencia en Bogotá.

Esta propuesta de comercialización de alimentos inició en 2004, y desde ese momento ha logrado expandirse a 14 parques públicos en 9 localidades de Bogotá, que incluyen a Suba, Fontibón, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Antonio Nariño, Mártires y Engativá, todo esto con ayuda del gobierno distrital. “Estos mercados se empiezan a institucionalizar con una estrategia de la administración y, además, se empiezan a asignar recursos del presupuesto”, afirma Andrés Charry, exdirector de economía rural de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y hoy miembro activo de la ADUC (Asociación Departamental de Usuarios campesinos de Cundinamarca), refiriéndose al Acuerdo 455 de 2010 del Concejo de Bogotá, a través del cual “se promueve la integración regional rural con mercados temporales campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás etnias”, que también se ha convertido en un espacio conformado en un 70% por mujeres campesinas. Sin embargo, Charry aclara que la iniciativa llevaba varios años funcionando, desde el Gobierno de Lucho Garzón, en el marco del Plan “Bogotá sin Hambre”.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la administración pasada, estos mercados logran abaratar hasta en un 20% la canasta familiar de sus clientes y adicionalmente benefician a otro tipo de consumidores, como supermercados, tiendas, plazas de mercado, frúver y restaurantes. De igual forma, la Secretaría afirma que con la continuidad de esta iniciativa se buscaba mejorar la calidad de vida de 1200 familias campesinas de 60 municipios de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta.

En resumen, estos mercados son una alternativa pensada por los mismos productores que incluye también a los consumidores: venta de frutas, verduras, procesados típicos, artesanías y hasta muestras culturales podían encontrarse en los mercados campesinos. Un sistema diseñado por la gente para la gente, salido de ese mecanismo tecnificado y de precios inflados al que usualmente debe atenerse el campesino promedio. Mejor dicho, un espacio donde “se resiste produciendo”, como afirmó a los medios hace un par de años Lilia Velásquez, líder de grupos campesinos y docente de la Universidad de los Llanos.

Cuando entró en vigencia el Acuerdo 455, Charry me cuenta que los convenios con el Distrito iniciaron en manos de ONGs como Oxfam, debido a que los campesinos no contaban con la madurez administrativa y financiera para manejar un proceso de contratación pública. Sin embargo, entre 2012 y 2013, las asociaciones campesinas lograron esa madurez: “Lo que hicimos fue dejar de contratar a ILSA (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derechos Alternativos) para empezar a hacer los convenios directamente con la ADUC y Fensuagro, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria”.

Según Charry, gracias al Acuerdo del Concejo y luego de realizar estos convenios, se pasó de un mercado campesino el primer fin de semana de junio (para celebrar el día del campesino) a su realización cada 15 días en varios parques de la ciudad. Fueron incluidos agricultores de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Meta, que llegaron a facturar $ 13.136 millones entre 2013 y 2015. Todo eso fortaleció la estrategia, año tras año, tanto en el campesinado como en los consumidores bogotanos. “Esto iba de la mano con un proceso de formación en manejo agrícola y administrativo”, añade Charry: “en los municipios, con los comités municipales campesinos, recogiendo información de la oferta, manejando la inocuidad, las parcelas e instruyendo a los productores en temas de comercialización”. Las estrategias dentro de la ciudad para articular completamente estos mercados no se quedaban atrás. “Realizábamos cursos de incidencia, manejos publicitarios y hasta hablábamos con los tenderos de los barrios”, un sector que no estaba muy satisfecho de la instalación de estos mercados al lado de sus tiendas, las cuales sufrían una baja en ventas cada vez que se habilitaban estos espacios. “Para esto realizamos una estrategia en la que los campesinos les vendían a los tenderos en vez de Corabastos, con productos mucho más frescos y a mejor precio”.

Todo esto sucedía bajo la administración de Petro, y aunque el avance fue evidente, no todo era perfecto. “Nosotros les dimos a organizaciones campesinas el manejo de los convenios de asociación, pero no fue clara la incorporación del proyecto dentro del Plan de Desarrollo, lo que incidía en la programación de los recursos”, señala Charry. “Por ejemplo: los mercados campesinos empezaban en marzo, terminaban en diciembre y tocaba esperar cuatro o cinco meses para volver a empezar. Y esto era una falla, porque no se reconocían los derechos campesinos como un sustento de mercado y abastecimiento, entonces el tema quedaba por ahí suelto”.

Sin embargo, en ese entonces, la situación de los mercados campesinos era muchísimo más alentadora que la de ahora. Hoy por hoy, los campesinos de nuestro país dejaron de ir a sus mercados porque estos dejaron de existir desde que comenzó este año y junto con él, la nueva administración de Peñalosa.

La situación problemática de los mercados campesinos en Bogotá empezó a sonar en los medios hacia principios de abril, cuando se anunciaba que estos espacios no iban a ir más en la ciudad por decisión del alcalde. Incluso rodaron imágenes de mercados que los propios campesinos adaptaron en sitios como el Concejo, a modo de protesta por la medida tomada. “Cuando la actual administración analizó la situación de los mercados campesinos para hacer la contratación este año, el hecho de que solo se hubiera contratado con la ADUC y Fensuagro les hizo creer que había un cartel de la contratación, una mafia”, explica Charry. “Ellos nos dicen que quieren que los campesinos participen, pero individualmente, sin embargo, la capacidad de asociarse, sobre todo en el campesinado colombiano, ha sido un derecho ganado”. Y un derecho necesario para el fortalecimiento de la economía campesina.

A través del Decreto 1279 de 1994, por el cual “se reestructura el Ministerio de Agricultura y se dictan otras disposiciones”, se fomenta el apoyo a asociaciones gremiales campesinas y agropecuarias, así como el apoyo entre ellas mismas y su “participación en el desarrollo rural en las instancias local, departamental y nacional”. Sin embargo, según Charry, el actual gobierno distrital está buscando contratar estos mercados con un tercero contratista privado, que no provenga de una asociación campesina. “Eso es como decirle a Carulla ‘organice el mercado e involucre unos campesinos’”, explica Charry, quien asegura que la Secretaría de Desarrollo Económico está apostándole a una serie de “mercados gourmet”, con aplicación de normas Invima en productos como “lechonas enlatadas”, que van en una dirección totalmente contraria al modo de producción campesino: “Ese es el problema real, le están negando el derecho al trabajo al campesino, lo están segregando. El mercado que se planeó hacer el 24 junio exigía al campesino un montón de certificados, trámites y requisitos, que están realmente fuera de lo que es la economía familiar y campesina”.

Charry se refiere a la Feria Agro-alimentaria que el Distrito planeaba realizar de la mano de la FAO y la Región Administrativa de Planeación Especial (RAPE) en la fecha mencionada para conmemorar, como es costumbre desde 2010, el día del campesino. La propuesta, que no correspondía a la idea de un mercado campesino, fue recibida con pesimismo por parte de estas comunidades, quienes declararon que no tenían el más mínimo interés en asistir a lo que la administración estaba organizando para esa fecha. “Queremos hacer público nuestro inconformismo con la administración encabezada por el alcalde Enrique Peñalosa y con su Secretaría de Desarrollo Económico”, afirmó ante otro medio Eberto Díaz Montes, presidente de Fensuagro, quien señaló que el Distrito ha desconocido todo este año el proceso de los mercados campesinos. “Lo que planean es un mercado gourmet con productos transformados; en ningún momento los campesinos podrán ofrecer sus productos frescos, aquello que trabajan en sus predios”.

La polémica fue creciendo al punto en el que, la FAO retiró días después su participación en la realización de este mercado al considerar “… que la neutralidad e imparcialidad derivada de su naturaleza como Organismo Especializado del Sistema de Naciones Unidas, se ven comprometidas con la ejecución de esta actividad”, por lo que decidió “no continuar con las acciones relacionadas con la organización e implementación de la Feria Agroalimentaria”.

Finalmente, y con muchos actores en contra, el Distrito decidió aplazar la jornada. Ante los medios salió el secretario de Desarrollo Económico Freddy Castro, alegando recursos insuficientes para la realización de la jornada, sin ahondar en detalles y prometiendo que el mercado se iba a realizar durante el segundo semestre de este año. “Los mercados campesinos no se acaban. En el Plan de Desarrollo quedó establecido que vamos a fortalecerlos como un espacio de integración regional y turística”, afirmó Castro a varios medios.

Y a pesar de la negativa generalizada de los campesinos frente a esta feria que sustituía el tradicional mercado, además iba a ser el único de este semestre. La decisión a comienzo de año de suspender estos espacios quincenales en Bogotá se originó luego de que Castro afirmara que se habían encontrado irregularidades en el proceso de contratación de los mercados campesinos y que solo se realizaría ese mercado de junio, al menos en 2016. Al preguntarle por qué la intermediación de una tercera entidad privada mejoraría el panorama, Castro afirma que la Contraloría encontró problemas con ambas organizaciones: “al parecer se gastaron más del 40% del convenio en procesos de subcontratación”, afirma, reiterando una vez más que esos fueron hallazgos de la Contraloría y que la Secretaria está luchando para lograr un esquema en el cual los ciudadanos se beneficien en calidad y precio, “aparte de que se trabajaría con la institucionalidad de cada departamento”.

“Si se frenaran los programas públicos cada vez que hay un hallazgo resultado de una auditoría de la Contraloría, creo que se paralizaría casi toda la administración”, afirma Charry. “Un hallazgo conduce a abrir una investigación, pero esto no significa necesariamente una irregularidad”. Charry se refiere a una investigación relacionada con 59 contratos celebrados por las asociaciones, específicamente con los coordinadores municipales. “Nosotros ya le explicamos a la Contraloría que esos contratos se hicieron con el fin de ampliar la oferta, porque los coordinadores son campesinos que tienen relación directa con la asociación y sus asociados en cada municipio”.

Otro argumento de Castro, según Charry, es que el Distrito no puede hacer inversión en otros entes territoriales. “En realidad lo que hacemos con los convenios es dirigir recursos a personas que sustentan una función vital para el Distrito que es la alimentación, soportada en el Decreto 315 de 2006, la cual adoptó el Plan Maestro de Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria para Bogotá”, afirma Charry, la cual asegura que el Distrito tiene que desarrollar estrategias de conexión e inversión para asegurar y mantener la seguridad alimentaria en Bogotá, la cual, según él, se basa de un 65% a un 70% en pequeños y medianos productores.

“Es claro que una ciudad tan grande como Bogotá no se abastece de la reducida producción agrícola dentro del Distrito, sino de la región”, afirma Charry. “Es distinto que con recursos del presupuesto de Bogotá se construyan colegios o equipamientos fuera de su jurisdicción, a que se fortalezca la economía campesina regional que la abastece de alimentos, para reducir la dependencia de importaciones, fomentar el consumo de productos frescos y abaratar el acceso a alimentos eliminando intermediaciones”.

La investigación de la Contraloría apenas va en curso, y Charry asegura que ambas asociaciones campesinas están tranquilas. “El Secretario de Desarrollo Económico está desconociendo tesis de maestría y doctorado de la Universidad Nacional que hablan de los beneficios de estos mercado” afirma él, quien también sostiene que a estas alturas el Distrito no puede vulnerar los derechos de un campesinado que se ha “matado” cada quincena viniendo a Bogotá. “La verdad es que la situación está pasando de castaño a oscuro, porque los han amenazado como si ellos fueran el ente de control, señalándonos de responsabilidades que ni siquiera la Contraloría ha confirmado”.

La situación con los mercados campesinos se tornó oscura por razones adicionales. En el proyecto de Plan de Desarrollo que llegó al Concejo estaba previsto derogar el decreto 455 de 2010. La lucha había escalado, pues ya no se trataba de un espacio de venta y compra de productos agrícolas, sino de hacer defender los derechos que los campesinos de nuestro país habían ganado a pulso en la ciudad durante los últimos años. Afortunadamente, y con mucho activismo por parte de las asociaciones campesinas en el Concejo, este artículo fue de los poquísimos artículos en el Plan de Desarrollo donde la administración cedió a las críticas y las protestas. Concejales de varias bancadas apoyaron los mercados campesinos, junto con la Gobernación de Cundinamarca. El Decreto 455 quedó vivo y se incluyó un programa de inversión, pero sin metas explícitas.

A pesar de la incertidumbre de la continuidad del apoyo del gobierno distrital, del sinsabor que dejó el intento fallido del Distrito de realizar un mercado para este 24 de junio, e incluso del intento del campesinado de organizar su propio mercado el pasado 16 de junio sin lograr los permisos por parte de la Alcaldía, hay productores que optaron por la resistencia. Tal es el caso de las comunidades campesinas que continúan ofreciendo su mercado en los parques de La Macarena y Floralia en la localidad de Kennedy, todo gestionado por su propio bolsillo. “Los mercados en estos dos parques han continuado porque tienen promotores: César Montaña y María Eugenia Páez”, me cuenta Óscar Adame, otrora coordinador de comercialización en estos mercados, que afirma que ya no se hace mucho porque ahora están de lucha. “Estas personas hablan con los campesinos, los reúnen, los coordinan, cuadran las fechas, y ayudan en lo económico porque toca los campesinos que vengan se lo financien por su cuenta”.

Haciendo cuentas Óscar me dice que la cuota por unidad productora es más o menos de 25.000 o 30.000 pesos. Esto incluye la armada de las carpas, las personas que las van a cuidar, un bodegaje cercano al parque, la acomodación de la gente en el mercado, etc. Óscar me dice que, básicamente, la continuidad de estos dos mercados partió de una necesidad más real, que es la económica. “Independientemente de si el convenio está o no, estos campesinos tienen un trabajo acá y de eso viven. Si no trabajan se quedan sin para los servicios, sin para llevar el chino al colegio, etc. Si en Bogotá no dan la oportunidad de seguir, pues ellos se la van a rebuscar de alguna u otra forma”.

El caso de Óscar es un ejemplo de la resistencia que están montando en este momento las distintas comunidades campesinas frente al tema de su permanencia económica en la ciudad, mientras se adelantaba el paro nacional campesino que logró avanzar en acuerdos con el Gobierno durante los últimos días, al punto de que el tema rural se perfila como uno de los más importante dentro de las negociaciones de paz. El logro de evitar que fuera derogado el Decreto 455 y la inclusión de los mercados campesinos dentro de los objetos de inversión del Plan de desarrollo de Peñalosa, son una puerta para que la comunidad campesina empiece a escribir un relato de aguante y resistencia que puede llegar a tener un final feliz.

Sin embargo, es claro que falta la otra parte del apoyo, una comunidad urbana que defienda a los mercados de barrio, los productos frescos a buen precio, la producción local y sobre todo valore la relación directa con el campesino o campesina que cría, ordeña cultiva, recolecta y se pega el viajecito cada quince días para llegar con alimentos frescos que van directo a nuestra mesa.

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