Más participación, alcalde.

06:47:00

Peñalosa debería considerar que siempre es mejor consensuar, mucho más si, como en su caso, fue elegido con, apenas, el 17% del censo electoral.

Por: Luis Carvajal Basto / El Espectador.

A 23 años del Estatuto orgánico de Bogotá es indudable que necesitamos su actualización para conseguir una mejor gestión pública, más acorde con la ciudad que tenemos hoy; la magnitud de sus problemas o, cuando menos, con esta era digital. Con las nuevas realidades institucionales que hacen obligatorio un reenfoque de las relaciones de la ciudad con la región y la Nación. Hace años ha quedado claro que calidad y alcance de la gestión en Bogotá no guardan proporcionalidad con sus problemas. En tal estado de cosas es posible pero no deseable poner parches; hacer remiendos en lugar de transformar desde los cimientos institucionales. Un revolcón del Estatuto que la ciudad necesita.

El plan de desarrollo de la administración Peñalosa involucra un presupuesto cercano a los 90 billones y contempla decisiones que comprometen no solo el presente sino el futuro de varias generaciones , así como los impuestos que se recaudarán los próximos años. Las ventas de la E.T.B , Capital Salud, y el establecimiento de peajes urbanos son algunos de sus supuestos que, por ahora, generan mayor controversia, aunque ya había despertado polémica su decisión de replantear, con tramos elevados etc., unilateralmente, el proyecto metro.

En el concejo, donde la coalición que ha respaldado al gobierno tiene mayorías, el plan de desarrollo se ha encontrado con una dura respuesta de parte de diferentes sectores que se han negado a firmar lo que a su modo de ver es “un cheque en blanco”; uno sin fondos porque gran parte de sus recursos están por conseguir. Se dice, por ejemplo y con razón, que modificaciones a los mecanismos de impuestos e ingresos deberían pasar antes por la comisión de Hacienda y luego por la del plan. Hasta allí, se trata de un contrapunteo natural que apenas da visos sobre el problema de fondo: es un plan que solo incorpora la mirada de alcalde y carece de los consensos y la estructuración necesarios no solo entre los sectores políticos sino entre la gente. Unos cuantos foros con sectores empresariales etc. para su divulgación, no reemplazan el escrutinio y la participación de la ciudadanía en su elaboración y ejecución.

Por ejemplo, el plan no se refiere a la descentralización inconclusa, a lo que ocurre en localidades y barrios, al menos para decir que como está operando no funciona.

O a la manera como las expresiones de organización ciudadanas; JAL; Juntas de Acción comunal; asociaciones de padres y vecinos, etc. pueden involucrarse más y mejorar nuestra ciudad.

Más complicado en el plan resulta la perspectiva de vender activos importantes, como la ETB, sin la respectiva consulta ciudadana. En un asunto de tanta envergadura no es suficiente que le parezca correcto a la administración aunque técnicamente pueda serlo. Un criterio del tipo “la plata hay que ponerla donde rente mejor”, expresado por el gerente para justificar la venta, puede ser conveniente en la administración privada pero no necesariamente en la pública donde debe imperar un criterio de sostenibilidad sin perder el enfoque social de la Constitución, ni la visión estratégica. Eficiencia y rentabilidad tienen un sentido diferente en los dos ámbitos. Una mirada opuesta, desde el Estado, puede ser la de las Empresas públicas de Medellín cuyo gerente ha manifestado interés en comprar la misma ETB que a Peñalosa no le sirve.

Por lo anterior el alcalde podría involucrar en sus proyectos a la ciudadanía sin buscar confrontaciones innecesarias en una ciudad que continúa polarizada y en la que pudo ganar las elecciones debido al sistema electoral y la ausencia de una segunda vuelta, pero en la que, como confirma la reciente encuesta de Gallup, un 68% considera que las cosas están empeorando y la aprobación del alcalde cayó de 35% a 31% en cuatro meses de gobierno.

Share this

Related Posts