La minería en Bolivia sigue siendo irresponsable.

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Las actividades mineras conllevan serios impactos sociales y ambientales, que son bien conocidos por las comunidades locales en Bolivia.

Por: Diego Andreucci y Helga Gruberg / CLAES

Es por ello que muchos estaban ilusionados con la adopción de los derechos indígenas y comunitarios, principios de protección ambiental y uso prioritario del agua para la vida, en la nueva Constitución boliviana de 2009. Estas y otras medidas fueron iniciativas del gobierno de Evo Morales que despertaron muchas expectativas entre las comunidades campesinas e indígenas. Pero a pesar de todos los cambios políticos, la gestión de los impactos socio-ambientales de las actividades mineras no ha mejorado.

Tras varios años, ahora es posible analizar el desempeño del sector minero en Bolivia, y con ese fin un caso destacado es observar la situación en las comunidades de la cuenca Uru-Uru Poopó, en el corazón del altiplano. Es una región ahora muy conocida por la desaparición del espejo de agua del Lago Poopó, el segundo de Bolivia y uno de los más grandes de América del Sur, a fines de 2015.

Las comunidades que viven en esa región han denunciado los graves efectos sociales y ambientales de la minería por años, y al día de hoy, a pesar de la centralidad de las temáticas del Vivir Bien, Pacha Mama o el ambiente en los discursos gubernamentales, esos impactos se mantienen. En efecto, el estudio sobre la gestión socio ambiental minera en la cuenca del Lago Poopó que se acaba de divulgar, muestra que si la situación actual es comparada con los anteriores gobiernos de inspiración neoliberal, no se observan grandes avances.

Minería insostenible

El lago Poopó lago recibe una carga de metales pesados muy por encima de los límites permisibles: se vierten diariamente 39 kg de cadmio, 3969 kg de zinc, 821 kg de arsénico y 73 kg de plomo, según el reciente libro publicado en Cochabamba (se puede descargar aquí). Estos son valores altísimos. Los metales pesados en las aguas contaminan las plantas y el ganado, reduciendo la productividad de los cultivos y generando muertes y malformaciones entre los animales. Además, generan problemas de salud para los comunarios y comunarias que usan el agua para cocinar o lavarse. En nuestra investigación, hasta encontramos que niños de una unidad educativa consumían agua del río altamente contaminada.

Aunque algunos de estos problemas son muy conocidos, también se observaron dificultades y retrasos en la implementación de los planes de remediación ambiental. Recordemos que gracias a las movilizaciones sociales, en 2009 se declaró el estado de emergencia ambiental por las afectaciones mineras y se propuso un plan de “remediación integral” de la cuenca del lago (decreto Supremo 0335). Los objetivos de remediación logrados hasta ahora, sin embargo, pertenecen a ámbitos secundarios, y no se han trasladado a mejoras visibles para las comunidades.

Las empresas aprovechan la debilidad de la normativa ambiental y social y la falta de controles rigurosos para reducir sus costos de gestión. Las empresas privadas, que muchos toman como ejemplos de “buena gestión”, por su capacidad de cumplir formalmente con los requerimientos de la normativa ambiental, producen fuertes impactos. En el caso de la mina Bolívar—empresa Sinchi Wayra–Illapa, la transnacional más grande de la zona, por mucho tiempo propiedad de la suiza Glencore, aunque ahora con participación pública—se observan graves incumplimientos reportados por las comunidades y confirmados por encargados estatales.

Pero los problemas se repiten bajo otros regímenes de propiedad. Emprendimientos mineros que son formalmente cooperativas, y por lo tanto se presentan como diferentes a las empresas convencionales, de todos modos actúan sistemáticamente violando las normas socio-ambientales y se resisten activamente a los controles del Estado. Incluso las empresas estatales, como la minera Huanuni, se encuentran entre los principales contaminadores detectados en el estudio.

Se observa que incluso cuando se cumple formalmente con normas ambientales, no se puede asegurar una reducción en los impactos. Es más, en una serie de entrevistas a actores clave, incluyendo expertos en estos temas, todos acuerdan en que no han habido avances significativos con el actual gobierno. Por todas estas razones, la minería en Bolivia, sigue sumida en la irresponsabilidad social y ambiental.

Las razones de la crisis

Es importante explorar las razones por las cuales fallan sean las normas, los controles o las instituciones estatales bolivianas, en poder asegurar una buena gestión social y ambiental de la minería.

En el estudio de la región del Lago Poopó se encontró, en primer lugar, que no se lograron avances significativos en el marco legal para la gestión socio-ambiental de las actividades mineras. La minería sigue siendo regulada, por un lado, por leyes y reglamentos del periodo neoliberal, como la Ley de Medio Ambiente de 1992 y los reglamentos ambientales del Código de Minería de 1997. Por otro lado, la más reciente novedad bajo la administración de Evo Morales, la Ley de Minería y Metalurgia sancionada en 2014, profundiza la marginalización de los actores comunitarios y limita la aplicación de los derechos indígenas.

En segundo lugar, el Estado tiene limitaciones institucionales para llevar a cabo una gestión socio-ambiental efectiva. Los actores estatales admiten que hay problemas y debilidades endémicas en el funcionamiento de la gestión, como la falta de personal, herramientas y recursos económicos para fiscalizar las actividades mineras.

Finalmente, se registra un conflicto de intereses, ya que la minería sigue siendo un sector económico estratégico para Bolivia, y los actores mineros son aliados importantes para el gobierno. Este tipo de factores confluyen en limitar los controles ambientales y la aplicación de los derechos de las comunidades de manera de no amenazar los supuestos beneficios económicos que generaría ese tipo de extractivismo. Un ejemplo destacado es que en la región del lago Poopó, las acciones del gobierno regional de Oruro para sancionar a la minera Huanuni por sus evidentes impactos ambientales, han encontrado resistencias tanto en el gobierno central como en los propios trabajadores mineros.

Las comunidades afectadas perciben que el actual gobierno favorece en diversos aspectos al sector minero en desmedro del ambiente y que sus demandas no son apoyadas ni escuchadas por las instancias del Estado. El gobierno incluso ha actuado sobre las organizaciones campesinas e indígenas, en unos favoreciendo a los grupos que le apoyan, y en otros hostigando a aquellos que denuncian el deterioro social y ambiental. Como resultado, entre otros problemas, se ha dividido a la federación indígena andina (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ), y se ha desempoderado a las comunidades locales.

La creciente dependencia de Bolivia de las exportaciones de minerales, que es defendida por muchos actores como promotora del bienestar económico, en realidad ha profundizado el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades rurales y ha aumentado las tensiones entre el sector minero y los pueblos indígenas-campesinos.

¿Remediación o alternativas?

El estudio muestra que las acciones puntuales o las remediaciones son insuficientes. Es urgente replantear los modos de vida y de desarrollo en las áreas donde tradicionalmente actúa la minería. No solo el sector minero demuestra una crónica incapacidad de mejorar sus impactos socio-ambientales, lo que es exacerbado por las debilidades del Estado, sino que el verdadero aporte de los extractivismos mineros al desarrollo económico y social es también muy limitado.

La coyuntura de la baja de precios de los minerales podría aprovecharse para plantear propuestas y debates para la reconversión de la matriz productiva del altiplano boliviano que permita alejarse de la destructiva dependencia de una minería irresponsable y predatoria. Para avanzar en ese camino es necesario retomar las discusiones sobre alternativas al desarrollo.

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