Consecuencias nefastas de la inflación.

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Si las medidas implementadas por el emisor resultan insuficientes, se verían reflejadas en el incremento del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de los colombianos.

Por: Raúl Ávila Forero / UN Periódico.

En un contexto de desaceleración gradual de la economía nacional, caída de los precios internacionales de commodities (materias primas), apreciación cambiaria y una baja inflación en las economías desarrolladas, el nivel de precios al consumidor en Colombia ha tenido uno de los incrementos más fuertes desde que se inició el esquema de inflación–objetivo, determinado por el Banco de la República, aspecto que se ha mantenido desde 2015 y que al parecer será de mayor nivel en 2016.

La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el primer trimestre del año llegó a 3,55 % y en los últimos 12 meses ascendió a 7,98 %, el dato más alto de la última década que alerta a la economía nacional.

La reciente Encuesta de Expectativas del Banco de la República mostró un incremento de 31 puntos básicos en las proyecciones inflacionarias que generan los observadores del mercado financiero, para el cierre anual. Con base en esta percepción, la inflación esperada en diciembre de este año por los agentes económicos pasó de 5,72 % reportado en marzo a 6,03 % en abril.

Las expectativas alcistas han aumentado en medio de un panorama de intensa sequía y alza del dólar. Esta situación cambiaria, que ha mantenido al dólar en un nivel superior a 2.900 pesos, ha llevado a la caída, entre otros, del consumo de bienes de lujo, cuya demanda ha disminuido en mayor proporción que la caída de la renta.

Este comportamiento desbordado del rango meta inflacionario del banco central (2 % – 4 %), se debe, entre otros, a los siguientes factores: la persistencia de la transmisión de los bienes importados, tanto a nivel del IPP –índice de precios del productor– (11.5 % anual, en marzo frente al 19.4 % en febrero) insumos de varias actividades productivas locales; el índice de precios del consumidor de los bienes denominados transables (7,4 % frente al 7 %), gran parte de bienes finales. También, a los mayores costos salariales por cuenta del 7 % de ajuste en el salario mínimo legal (SML) y del 7,7 % en el sector público; a los incrementos en los precios de la energía eléctrica (15 % anual en marzo frente al 8 % un año atrás) y del gas (27 % frente al 7 %), inducidos por factores climáticos; y, por último, a la presión por parte de la inflación de alimentos, la cual se ha acelerado del 11,86 % al 12,35 % anual.

Acciones del emisor

Las medidas de ajuste que ha tomado el Banco de la República, como aumentar la tasa Repo (pacto de recompra en el cual el emisor provee liquidez al comprar títulos a las entidades financieras) desde septiembre del año pasado en 200 puntos básicos, la cual llegó al a 6,5 %, no han sido suficientes para controlar el incremento acelerado de la “inflación de costos”.

Por eso, se esperaría que el emisor amplíe esta tasa entre 25 y 50 puntos básicos (pbs) como acción inmediata de choque, para controlar el desborde del índice de precios; desde julio de 2012 no se tenían tasas superiores al 5,25 %, por lo que cabe preguntarse si serán suficientes estos aumentos de tasas para reducir la tendencia creciente del índice.

Según el Banco de la República, la mayor inflación ha resultado de “choques transitorios” que se reversarán con el paso del tiempo, y en el lapso previsto para alcanzar la meta de política monetaria, que en Colombia es de dos años. Es decir, entre 2017 y 2018 la situación estaría otra vez bajo control, en esto ayudarían las expectativas de baja del nivel de precios esperada en el segundo semestre de 2016, por cuenta de un ajuste en la tasa de cambio y la posible mengua del impacto de los fenómenos climáticos en los precios de los alimentos.

Familias e industria, los afectados

En el primer trimestre de 2016 la subida de los precios ya ha capturado más de la mitad del aumento del salario mínimo decretado, cuyo incremento para este año el Gobierno fijó en un 7 %.

Adicionalmente, al cerrar este ciclo de fenómeno de El Niño, expertos del IDEAM señalan que es probable que se presente un fenómeno de La Niña. Esto posiblemente seguirá sobresaltando los precios de los productos agropecuarios y elevará aún más las presiones alcistas en el nivel de precios de los alimentos perecederos, cuyo 28,2 % es el peso que tiene este grupo en promedio en la canasta familiar de los colombianos.

El Banco de la República sostiene que las presiones inflacionarias provenientes de los factores enunciados anteriormente, se reforzarán por la activación de mecanismos, mediante los cuales los contratos por pagos futuros se expresarán en términos de dinero con un poder de compra constante, que hoy día se ha extendido a rubros importantes como arriendos y servicios de educación y salud. Aunque estos tienen poca relación con el origen inicial del problema replican el comportamiento de los precios de otros grupos de la canasta familiar, que seguirán impactando a la sociedad en general.

Durante 2016, los hogares colombianos han realizado bastantes compras para el hogar, adquirieron más unidades de los bienes que consumen en promedio y redujeron sus visitas a los puntos de venta. La canasta de bienes de consumo con presiones alcistas ha obligado a pagar más dinero por cada unidad comprada; esto produce una contracción en la demanda de estos bienes, pues se ha tenido que disminuir la frecuencia de adquisición y reducir la cantidad de unidades demandadas.

Si las medidas implementadas por el emisor no son suficientes para generar un amarre en el crecimiento de la inflación, se generarán efectos cada vez más alarmantes en los hogares nacionales, entre ellos la pérdida de poder adquisitivo, puesto que se tendrá una disminución en la demanda de bienes de la canasta básica, lo cual conllevará a una obligada reducción de la producción por parte de las firmas nacionales.

Si se mantiene por un largo período, esto forjará un aumento en el desempleo (situación que ya se evidencia), y se regresará al punto inicial con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Por tanto, puede desembocar en un mayor nivel de endeudamiento de empresas y personas, lo cual, sumado al aumento del desempleo, atascaría perspectivas futuras de alto crecimiento económico.

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