Trabajo digno para las madres comunitarias.

08:45:00

Luego de 5 días de paro, cerca de 200 madres comunitarias provenientes de diversos departamentos, mantienen las exigencias que motivaron su cese de actividades, entre ellas, trabajo digno y derecho a jubilación. Ellas representan a más de 64.500 madres comunitarias encargadas del cuidado de más de 1 millón 800 mil niños y niñas de escasos recursos con edades entre los 0 y 5 años.


Además, también viajaron hasta Bogotá para denunciar la corrupción de las empresas que administran los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Instaladas al frente de la sede nacional del Icbf, en un campamento improvisado formado por decenas de pequeñas carpas, protegidas a su vez por plásticos, sin baños, ni agua, ni las comodidades que pudieran tener en sus casas, que también son sus sitios de trabajo, esperan una respuesta que dé solución a sus demandas. Las reuniones sostenidas hasta ahora con la dirección del Icbf no ha servido sino para dilatar, para ganar tiempo por parte de la delegación gubernamental, en una estrategia que busca desgastarlas, venciéndolas por cansancio. 

Una y otra vez, como ha sucedido en otros momentos de la larga lucha que llevan por sus derechos, el Gobierno se niega a responder por sus obligaciones negándose a asumir como lo que realmente es: el patrón de estas miles de madres comunitarias, fuerza de trabajo fundamental para el cuidado de los hijos del pueblo.

Voces y razones

Entre las madres comunitarias encontramos a Olinda García, presidenta de Sintracihobi, quien en diálogo con desdeabajo se refirió a las condiciones laborales y a los contratos a los que están sometidas. "Los contratos que tenemos con el Icbf son variados porque cada operador los hace a su acomodo y a su amaño, no hay contratos iguales, no hay regulación por parte del Icbf. Los operadores son quienes nos administran a nosotras los programas; la mayoría de ellos son políticos y exfuncionarios del Icbf, muy pocos son personas que trabajan con la comunidad", aseveró doña Olinda.

Explica que no mantienen vinculación directa con el Icbf, que dependen exclusivamente del manejo que los operadores hacen del presupuesto y de la manera como estos definen los contratos, su duración, los salarios, las prestaciones; todo ello contrario a lo acordado en octubre de 2013, cuando tras otro paro les aseguraron que les realizarían contratos a término indefinido con los operadores que administraran los servicios del Icbf.

d.a. ¿Existe alguna regulación que reglamente la gestión de estos operadores y las formas de contratación?

O.G. No, para nada. Este año hubo un descabezamiento de las asociaciones de padres de familia y de madres comunitarias, ¿por qué lo digo?, porque anularon de manera injusta contratos que tenían las asociaciones, anulaciones realizadas en ocasiones de manera arbitraria por parte de funcionarios del Icbf. Para facilitar tal proceder, nos imponen requisitos que nada tienen que ver con la calidad de nuestra gestión y el papel que desempeñamos en nuestros barrios. Como no tenemos grandes cantidades de plata, y no podemos ofrecer un buen negocio, nos descartan de entrada y nos someten a contratos de 2 meses.

d.a. ¿Cómo funciona el sistema de los operadores?

O.G. Bienestar Familiar firma un contrato con un operador –un contratista, un empresario–, al cual le entrega un presupuesto y a partir de ahí éste es quien decide cómo lo administra. Por ejemplo, este año les dieron la plata del material con que nosotras debemos trabajar con los niños y esta es la hora que aún no nos lo han entregado; les dieron la plata para que nos pagaran lo de seguridad social y aún no aparecemos afiliadas. Ellos están haciendo lo que les da la gana con las madres comunitarias y el Icbf se queda callado, porque como son ex funcionarios, los mismo que les untan manos a los que dan los contratos, entonces, mire que de estos operadores no hay de donde escoger.

Nos quitaron a las asociaciones del proceso organizativo y administrativo, a nosotras que somos –por la cantidad de años de experiencia y por los resultados– las únicas que manejamos bien el programa. Para administrar, por ejemplo, nosotras sí hacemos el análisis del mercado que demanda la alimentación de los niños, por ejemplo, nosotras como asociaciones nos encargamos de conseguir una libra de arroz y una de lentejas para la ración del día de 14 niños, el operador entrega 65 gramos de arroz y de lentejas para los mismos 14 niños. ¿Le parece justo esto? Ellos se están quedando con la plata, pero el Icbf no hace nada.

d.a. ¿Cómo son sus contratos con los operadores?

O.G. Veamos un caso. El operador con el que tengo contrato firmó con el Icbf hasta octubre de este año, pero a mí me dieron contrato hasta junio. ¿Por qué nos hacen contratos de 2, 3 o 4 meses? Por robarnos el pago de las cesantías; por robarnos todo aquello que la ley ordena pagar al trabajador. Pesrdemos muchos beneficios con estos contratos con terceros y como prestadora de servicios.

d.a. ¿Qué pasa con las denuncias de casos de corrupción por malos manejos de los recursos del Icbf?

O.G. Las denuncias que han salido, como lo de la Guajira, lo del Chocó, ha sido por nosotras que nos hemos ido a los entes del gobierno. Nos ha tocado irnos de incógnito cuando nos dicen que van a hacer las compras los operadores, camufladas, para poder conseguir pruebas, porque llevábamos dos años denunciando lo de la Guajira, pero hasta ahora reventó porque conseguimos las pruebas. En este país las pruebas para atrapar al ladrón no valen, pero para perjudicar al de ruana ahí no hacen falta pruebas.

d.a. ¿Cuál es la situación de las madres comunitarias mayores de 50 años?

O.G. El Icbf nos está llamando a las de más de 50 años para negociar un bono vitalicio. Este bono fue aprobado ‘gracias’ al senador Ángel Custodio Cabrera, quien tramitó y consiguió un bono vitalicio por 220, 240 y 280 mil pesos cada dos meses para la madre comunitaria, que porque “esa es su pensioncita por su servicio”. Es como si nos estuvieran dando algo, no, nosotras reclamamos derechos, no limosna. Si él nos quisiera de verdad nos habría ayudado con el proyecto que pasamos para una pensión digna. “pero estos son los gobernantes que tenemos en nuestro país", concluye doña Olinda con sarcasmo.

d.a. Hace un momento nos explicaba el tema de los operadoras, pero, ¿cómo surgieron estos pues por años ustedes contrataban directamente a través de sus asociaciones?

O.G. En 2015 se emitió la resolución 11084, del 23 de diciembre, que permite la participación pública en la licitación de contratos para la administración de los recursos y servicios del Icbf. Por medio de ésta se conforma el Banco Nacional de Oferentes (BNO) para la atención de niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición en los servicios de educación inicial y cuidado ofrecidos por el Icbf.

d.a. ¿Cómo participan las madres comunitarias en ese BNO?

O.G. El BNO fue lo que descabezó a las asociaciones, porque no nos capacitaron para licitar en esta nueva convocatoria pública. Nos inscribimos y pare de contar; nos hacía falta el libro fiscal, nunca nos dieron una explicación de cómo proceder para acceder a las licitaciones. En consecuencia muchas quedaron inhabilitadas*.

d.a. ¿Ante sus demandas y exigencias, qué les ha dicho el Icbf?

O.G. Hemos intentado dialogar con su directora, la señora Cristina Plazas, pero dice que mientras estemos en paro no nos va a escuchar.

Ella está diciendo que las raciones que brinda el Bienestar son suficientes, eso es mentira, esas minutas no son de alimentación, son de hambre. Nos dice que con el paro estamos violando los derechos de los niños, pero quien de verdad los está violando es el mismo Bienestar Familiar. La doctora es muy indolente.

Eduviges Campo (E.C), madre comunitaria de Cartagena, también se refirió a los diálogos que han sostenido desde el miércoles con algunos funcionarios del Icbf y otras instancias del Gobierno.

“No se trata de que reciban a Olinda, ella es presidenta de una organización de las madres comunitarias, por lo tanto ella sola no puede decidir. Es falso que la directora se reúna con Olinda, porque nosotras que venimos desde las regiones y hacemos parte de la junta nacional, constantemente estamos llamando a Olinda para que pida la reunión con la doctora, sin recibir respuesta”.

d.a. ¿Se ha cumplido algo del acuerdo firmado en 2013 entre el Icbf y las madres comunitarias en el que se pactó la asignación de contratos de trabajo a término indefinido?

E.C. A nosotras nos formalizaron, y eso entre comillas, porque nosotras nos enfermamos y al reemplazo nos toca buscarlo a nosotras mismas y pagarle de nuestro sueldo, sabiendo que estamos incapacitadas. Una vez que se termina el contrato del operador, también se termina el contrato de la madre, se interrumpen las prestaciones sociales y volvemos a quedar sin seguro de salud.

Mire, aún hoy, en abril, a pesar de estar contratadas desde febrero, hay madres que no están afiliadas a la seguridad social, los contratistas juegan con nuestros derechos, ganan tiempo; ellos saben que en mayo se termina el contrato y su obligación con nosotras y así ganan más.

Esto es toda una manipulación. Supuestamente nosotras nos tenemos que afiliar a la seguridad social; en enero, en forma de bono, nos entregaron $896.444 para que la asumiéramos, pero ¿quién nos afiliaba si no teníamos contrato?

Si nos enfermamos, nosotras debemos correr con el costo de la consulta y de las medicinas, y todavía nos pregunta la señora Cristina, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Ella no sabe qué es lo que nos pasa? ¿No sabe que el operador en Cartagena dejó sin contrato a cuatro madres comunitarias a pesar de estar en situación crítica de salud?

d.a. ¿Hace cuánto se reunieron con Cristina Plazas?

E.C. Desde que entró en la administración la hemos visto de paso en una reunión, de paso, porque ni siquiera se sentó. Yo pienso que aquí hay un problema bastante delicado, no sólo el tema de la alimentación de los niños, aquí hay un tema humanitario de las madres comunitarias. El tema de la minuta es un tema súper importante, pero también hay una violación de los derechos a la dignidad de las madres comunitarias. Le pregunté a la directora, ¿En qué norma está amparado el contrato que firmamos las madres comunitarias? ¿Es una norma diferente al código sustantivo del trabajo o a la ley laboral?

Hemos hablado con encargados, la señora Plazas no aparece, dicen que está en La Guajira, entonces las personas que ella delega no tienen poder de decisión. Estamos en una situación muy difícil. Hemos hablado con nuestros abogados, con la Defensoría y se ha creado una comisión técnica; esa comisión va a intentar un acercamiento para ver qué se puede lograr, para ver los términos legales y jurídicos necesarios para la creación de ese contrato que estamos pidiendo, pues el Icbf no se quiere comprometer con un contrato a término indefinido.

d.a. ¿Qué pasará con los niños y niñas? ¿Qué perspectivas hay sobre el paro?

E.C. Nos duele que los niños hoy no estén recibiendo la atención en los hogares comunitarios. Es irónico que le Icbf pretenda garantizar derechos a la niñez sin garantizar los derechos de las trabajadoras que velan por la niñez.

Desde el miércoles 6 se adelantan negociaciones con el Icbf. Estamos solicitando una vinculación directa o un contrato sin interrupción, pero ahí se hace el nudo: el Icbf no acepta y nosotras también nos mantenemos en nuestra posición. Estamos dispuestas a que si no hay acuerdo seguiremos en el paro.

Los departamentos de donde nostras venimos permanecen en paro. Seguimos convocando convocando al resto de madres que aún no se han sumado al paro; con las que están en paro insistimos en que no lo levanten, que no garanticen el servicio de los jardines, que permanezcan firmes hasta que hayan acuerdos porque ya no vale la pena retroceder. Que no se dejen engañar, ni se dejen amenazar o chantajear por el Icbf por la situación de los niños. Nosotras sabemos que estamos peleando por un derecho.

Una historia sin final

Aunque su acampada en las afueras de la sede nacional del Icbf les significa grandes riesgos para su salud, aunque no cuentan con asistencia médica básica o de primeros auxilios, ni las suficientes medidas de higiene, y aunque la comida que tienen se agota, ellas insisten en que la protesta que adelantan es justa y está completamente justificada.

La petición es clara y concisa: trabajo digno y estable para las madres comunitarias, con derecho a la seguridad social y una pensión digna para cuando se jubilen. Demandas justas, ante las cuales el Gobierno, en cabeza del Icbf, se opone a reconocerlas como trabajadoras formales. La directora Cristina Plazas se niega a reunirse con el comité representante de las madres comunitarias, en cambio designa un grupo de funcionarios.

En la última reunión sostenida el jueves por espacio de varias horas, en la que el punto principal de discursión fue el reconocimiento de las madres comunitarias como trabajadoras formales y por ende el reconocimiento de su derecho a acceder a contratos laborales a término indefinido, los funcionarios encargados abandonaron la sala antes de llegar a un acuerdo, por lo tanto el paro se mantiene.

* En el caso de la señora Olinda, quien fue excluida del BNO, se presume una persecución laboral por su vinculación con el sindicato: “Nosotras, en compañía de la asociación de padres y madres de familia, conformamos la fundación ‘Estrellitas del sur’, y así nos inscribimos para licitar por uno de esos contratos. Adriana Rojas, funcionaria de la regional Bogotá del Icbf. dijo que no me daba contrato por hacer parte del sindicato”.

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