Ninguna ilusión en el Gobierno de Santos.

05:53:00

En este mes de marzo se entrelazan en Colombia dos procesos paralelos: la firma de la terminación negociada del conflicto armado y la movilización social contra diversas políticas del gobierno. 

Por: Fernando Dorado.

Lo ideal es que esos procesos convergieran. Pero, varios factores influyen para que eso no ocurra. Al contrario, tanto el gobierno como algunos sectores políticos plantean que una fuerte movilización social puede debilitar al gobierno, fortalecer a los enemigos de la paz y poner en riesgo el “proceso”.

Presentamos unas ideas a fin de desvirtuar esos temores. A la vez, impulsar y fortalecer una posición política que respalde el fin negociado de la guerra pero desde la independencia crítica.

La iniciativa ciudadana

En Colombia crece la protesta social. Numerosas manifestaciones de inconformidad han sido canalizadas por la juventud citadina. Ha sido el factor social dinamizador que obligó a las direcciones de las centrales obreras a convocar un Paro Nacional para el 17 de marzo. Dicha iniciativa ha aglutinado a numerosas organizaciones sociales y generado expectativa entre la población.

Todo apunta a que se están dando las condiciones económicas, sociales y políticas para que las fuerzas populares desplieguen su potencia transformadora acumulada desde septiembre de 2008. Por entonces –durante el segundo gobierno de Uribe–, coincidió el paro de los corteros de caña de azúcar con la Minga Indígena, y se inició un ciclo de ascenso de la lucha popular.

Esa gesta obrero-indígena encontró continuidad en la movilización estudiantil de 2011; luego vino la derrota de la reforma a la justicia en 2012; después, el paro cafetero, minero y agrario en 2013, y en 2014, el rechazo nacional a la destitución arbitraria del alcalde de Bogotá. Ahora, a principios de 2016, se nota una incipiente pero sostenida lucha social en Bogotá y en otras ciudades.

Varios hechos y decisiones del actual gobierno de Santos alimentan y justifican la protesta. En primer lugar, la corrupción a todos los niveles, en Saludcoop, Reficar, Justicia, Congreso, Policía, y Defensoría del Pueblo. Luego, –en cascada–, la carestía de la vida, el aumento irrisorio del salario mínimo, el abusivo precio de la gasolina, el anuncio de nuevos impuestos, la venta ilegal de bienes públicos como ISAGEN, el impacto del deterioro ambiental y el aumento del desempleo.

Son síntomas de una doble crisis, económica y energética, que agrava la situación fiscal del gobierno y desnuda la acción de un Estado depredador, al servicio de un modelo extractivista, que crea una situación explosiva en el país.

Sin embargo, notamos con preocupación que la dirigencia de diversas organizaciones sociales y políticas se muestra poco dispuesta a desencadenar el potencial de la lucha popular y ciudadana. La causa principal de esta indecisión es la enorme confusión a propósito del denominado “proceso de paz”, que aparece como pieza central en el devenir de la coyuntura política.

¿De qué paz se trata?

Es evidente que la casta dominante y el imperio estadounidense han trazado una estrategia para instrumentalizar a su favor el anhelo de paz del pueblo colombiano. Así, aprovechando la debilidad política de las FARC, lograron imponer una agenda limitada en las negociaciones de La Habana. Pero, además, tratan de presentar el contenido de esos acuerdos como una trascendental reforma democrática que haría posible la conquista de una paz duradera y estable.

Bajo la cobertura de esa ilusión “reformista” pretenden implementar la segunda fase –más virulenta y agresiva– de políticas neoliberales que ya se iniciaron con la venta de ISAGEN y tienen lista con la Ley ZIDRES.

Con todo, los acuerdos parciales hasta ahora logrados, benefician –por lo menos en el papel–, a comunidades y habitantes de zonas de colonización. Ésta población marginada ha sufrido el impacto del conflicto armado a lo largo de seis décadas y merece resolver, así sea sólo parcialmente, sus problemas históricos. Sin embargo, este componente de los acuerdos, que es justo y necesario, no alcanza para que los resultados de la negociación sean presentados como una reforma democrática.

La disputa por la hegemonía política

La complejidad del momento consiste en que la supuesta voluntad reformista del gobierno es adversada por su antiguo socio, el expresidente Uribe, quien trata de explotar sentimientos primarios de la población que fue afectada por la guerrilla en medio de la degradación de la guerra. Además, él interpreta y presenta los acuerdos como una claudicación del Estado ante la insurgencia y como una concesión inaudita a lo que denomina como “proyecto castro-chavista”.

Pero la verdad es que la burguesía transnacional –representada por Santos–, ha impuesto su hegemonía. Tiene el apoyo total del gobierno de los EE.UU. y de la Unión Europea, consiguió el compromiso de la ONU, tiene el concepto positivo de la Corte Penal Internacional y el soporte incondicional de la CELAC y UNASUR. Toda la comunidad internacional ha dado el visto bueno a los diálogos y al proceso de paz, lo que es uno de los grandes logros del gobierno.

A nivel interno, Santos aisló finalmente a Uribe. La mayoría de terratenientes, grandes ganaderos y burguesía agraria, incluidos los dueños de los ingenios azucareros que estaban distanciados del gobierno, ya están comprometidos con la política de pacificación concertada. La Asociación de Oficiales Retirados aceptó el contenido de la justicia transicional acordada en La Habana, que era la principal preocupación de los militares (http://bit.ly/1TlSj4K). Así, el expresidente intenta recuperar la iniciativa política, aprovechando inoportunas decisiones de la Fiscalía General como la detención de su hermano Santiago Uribe, pero sus reacciones ya no tienen la fuerza del pasado, son gestos incoherentes y pataleos para negociar su propia impunidad.

Es indudable que el gobierno y la guerrilla han cometido diversos errores durante este difícil proceso. Burdos intentos de hacer política partidista por parte del gobierno, la misma guerrilla y sus aliados, generan rechazo entre la población. Dichos errores fueron capitalizados por el “uribismo” para fortalecer temporalmente su posición guerrerista. Sin embargo, lo que se revela –en general–, es la existencia de un marcado escepticismo frente al llamado “proceso de paz”. Tantas décadas de violencia, diversos intentos de paz fallidos, y la permanencia de los factores sociales y económicos que originaron el conflicto, fortalecen los sentimientos de incredulidad que sólo podrán ser superados por la firma del acuerdo y hechos concretos hacia el futuro.

Así las cosas, no se corresponde con la verdad plantear que la protesta popular pueden influir negativamente en el denominado “proceso de paz” o que pueda vigorizar a las fuerzas opuestas a la terminación negociada del conflicto armado. Por el contrario, debemos ratificar nuestro apoyo al fin de la guerra pero, a la vez, insistir en que la única forma de garantizar el logro de una verdadera paz es el fortalecimiento autónomo e independiente del movimiento social y popular.

Independencia política para garantizar la continuidad de la lucha

Una cosa es apoyar el fin negociado de la guerra y otra, muy diferente, avalar los acuerdos. Involucrarse en el contenido de lo pactado es un error. Es creer que de allí puede salir algo “progresista” o “democrático” que beneficie al pueblo. Hay que apoyar en forma genérica ese proceso para que termine la guerra, pero mantener nuestra total independencia. Y es que en la práctica, es un acuerdo entre actores que, después de tres años de negociaciones, no han logrado recoger el interés ni conquistar el respaldo de las mayorías nacionales. ¿Por qué? Porque no las representan. Por el contrario, agencian intereses sectoriales. Eso hay que decirlo y reiterarlo.

La gran burguesía transnacional necesita despejar de la violencia guerrillera amplios territorios de nuestro país para profundizar sus inversiones en agro-negocios, megaproyectos energéticos y mineros, turismo, biodiversidad y otros. La burguesía emergente surgida en zonas de colonización a lo largo de 40 años de acumulación de capitales, primero de la economía del narcotráfico y, después, de la minería ilegal, necesita integrarse a la economía global y a los mercados. Los terratenientes y la burguesía agraria, de origen colonial y esclavista, que seguía a Uribe y se oponía a los acuerdos con la guerrilla, finalmente dio un viraje y se sumó al proceso, porque sus intereses de clase no están en riesgo.

Por lo tanto, para construir claridad debemos separar esos temas. Quienes quieren utilizar la movilización para debilitar al gobierno frente al tema de la paz, ya jugaron y perdieron. Pero igual, aquellos que intentan canalizar la lucha social para respaldar el proceso de paz, le hacen un flaco favor al gobierno porque, así no lo quieran, debilitan la protesta. A no ser que lo hagan conscientemente para fortalecer su posición en la coalición de gobierno y en el “pacto de paz” que Santos ha construido para ganar gobernabilidad a punta de ofrecimientos burocráticos.

Por todo lo anterior, hay que llamar a los dirigentes de las organizaciones sociales y políticas de carácter popular y democrático a deslindarse de las componendas burocráticas que está impulsando el gobierno para debilitar la protesta social, a explicar con sentido pedagógico a sus bases la particularidad del momento actual y a preparar con entusiasmo y convicción el paro del 17 de marzo como un paso hacia un Gran Paro Nacional Indefinido que obligue al gobierno a replantear su política económica y social.

¡Si al fin concertado de la guerra!

¡No a las falsas ilusiones en el gobierno de Santos!

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