Los verdaderos compromisos del proceso de paz.

14:56:00

La firma del acuerdo de paz solo es el inicio de un largo compromiso que las partes deben cumplir. Los dirigentes nos enfrentan a un dilema que no es cierto. La encrucijada no es si queremos la paz o la perpetuidad del conflicto, es si los colombianos estamos dispuestos a contribuir como colectivo a eliminar de nuestro comportamiento, y del de nuestras instituciones, la lógica del enriquecimiento y la favorabilidad propia por cualquier medio. 
Por: Jaime Villamil / Desde Abajo.
Con este principio no hemos logrado otra cosa que construir una sociedad ampliamente desigual, y un Estado muy débil y clientelista. En esta conducta reside el origen del mal al que nos hemos acostumbrado con los años.
Las zonas donde el Estado y sus funciones básicas no tienen presencia han sido propicias para la proliferación de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. Y a su vez esta circunstancia ha sido la semilla para la aparición de grupos que se disputan su control y la administración de algunos de esos servicios fundamentales. En esas regiones la población desamparada queda a merced de la provisión de justicia por parte de los violentos. La falta de oportunidades laborales es reemplazada por un puesto en esas organizaciones criminales.
Secularmente el Estado ha dejado que la situación tome fuerza y hoy parece que aún no tiene conciencia de que su presencia donde históricamente no ha existido es el mejor compromiso que puede asumir para detener la violencia. Un Estado que le niega una universidad al Putumayo en nombre del principio de eficiencia limita las oportunidades de sus habitantes. Un Estado que todavía no conecta con vías principales capitales de departamento como Mocoa con Popayán y Pasto condena a una región completa al aislamiento y al subdesarrollo. Un Estado que en la provisión de servicios de salud crea un intermediario con un afán desmedido de lucro, y que deja que este y otros servicios sociales funcionen bajo una regulación mínima y deficiente, es un Estado al que no le importa el bienestar de su población. Un Estado que sigue permitiendo el desarrollo de la minería a expensas de la desindustrialización es un Estado irresponsable. En resumen, un Estado que no ha hecho ninguna reforma estructural por disminuir los absurdos niveles de informalidad, de pobreza rural y de desigualdad es un Estado que no le sirve a la gran mayoría de los colombianos.
"La meta de un buen Gobierno –dice Thoreau– es darle más valor a la vida, el de un mal Gobierno, restarle valor". Si el Estado Colombiano sigue cooptado por intereses económicos minoritarios nos ubicamos en el último caso. Por tanto en los acuerdos de paz, los colombianos debemos reclamar un Estado a favor del bienestar general, y una agenda en la que se comprometa a darle solución a su tradicional ausencia. José Fernando Isaza señala acertadamente que muchos de los costos del posconflicto no lo son, son “obligaciones del Estado que deben cumplirse con o sin paz, son condición para mantener la legitimidad del Estado y del modelo de desarrollo”.
La creación y mejora de la infraestructura vial es vital para la inserción económica de municipios aislados, una conexión precaria encarece la producción agropecuaria y hace que los municipios con pocas vías o vías en mal estado sean menos competitivos y perpetúen sus condiciones de pobreza. La estimación de la red vial terciaria en Colombia oscila alrededor de 142 mil kilómetros, de los cuales el 65% se encuentra en mal estado. Esta red está mal distribuida, los municipios con mayores ingresos y que están en el centro del país tienen una mayor densidad de red vial (1.65 kilómetros por un kilómetro cuadrados de área) en comparación de una densidad de 0.25 que tienen la mayoría de municipios pobres. La situación debe invertirse con el fin de insertar a los municipios excluidos.
De acuerdo con Fedesarrollo, un aumento del 10% en vías terciarias se asocia con una reducción del 5% en la tasa de pobreza. El mantenimiento anual de la de malla vial cuesta 1 billón, la reparación del 65% que está en mal estado cuesta 30 billones (suponiendo que la mitad se arregla con placa huella que dura más de 10 años y la otra mitad es afirmado que dura solo un año). Para la creación de 100 km de nuevas vías en los municipios que más están alejados de la densidad vial promedio del país se requieren 20 billones. Es decir que en total solo en vías se necesitan más de 50 billones.
La educación superior en las zonas rurales solo tiene una cobertura del 7% para la población entre 17 a 21 años, lograr una cobertura plena implica una inversión de 26 billones. Existen 1.8 millones de hogares sin acceso a agua potable y 2.5 sin acceso a alcantarillado, solucionar este déficit implica 8 billones. El 15% de la población rural tiene acceso a electricidad, lograr que todas las familias rurales lo tengan equivale a una inversión de 3 billones. Existen otros recursos para tener mejores condiciones en vivienda, salud, educación media y básica, etc que también necesitan ser calculados.
Alrededor de 200 municipios son territorio de las FARC, tienen cultivos ilícitos o minería ilegal y esto los hace considerarlos prioritarios para que el Estado haga presencia allí, puesto que de lo contrario la ausencia de las FARC será reemplazada por otros grupos armados de izquierda, de derecha, o por cualquiera, porque lo que importa son las abultadas ganancias que dejan las actividades ilegales. De hecho esto ya está ocurriendo en el Cauca donde ha aumentado la presencia del ELN y en el Putumayo donde aumentó la presencia paramilitar. La mayoría de municipios corresponden a los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó como se ilustra en el siguiente cuadro.
En estos municipios se requiere acompañamiento técnico con el cual se haga la transición a la economía legal, que comprende formación en acceso a crédito, emprendimiento, formalización de predios, asociatividad, y actividades agropecuarias. A su vez se necesita inversión en centros de acopio, subsidios de transición a las actividades legales, actualización catastral para la formalización de la propiedad, y fortalecimiento de la justicia. Todo lo anterior representa alrededor de 4.5 billones.
El Estado se alimenta de nuestros impuestos y de nuestras votaciones. ¿Queremos seguir manteniendo un Estado que no ha cumplido con sus obligaciones? Un ciudadano comprometido con un proyecto de país desearía conocer si el uso de sus impuestos es adecuado, pero en Colombia no hay ningún mecanismo de control social que ofrezca respuestas satisfactorias. Si tuviésemos una democracia efectiva, el inconformismo que se refleja en las cifras de abstencionismo debería asimilarse al voto en blanco, y forzar a que se repitan las elecciones con candidatos diferentes. Esta sería una forma de evitar que el poder sea un negocio en manos de las familias hegemónicas tradicionales, y así, de alguna forma, como país lucharíamos contra un Estado que no hace nada para que se pierda un peso de cada tres en corrupción.
Si la ciudadanía no tiene esa incidencia y su opinión no se ve reflejada en el trascendental acuerdo de paz, es muy posible que la profecía del escritor Gonzalo Arango se cumpla: “¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia (...) la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas.”

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