Las Farc después de la guerra.

05:14:00

El escritor colombo-australiano Walter Joe Broderick, desde una mirada crítica, interpretó el conflicto colombiano para concluir que la paz no está en Cuba.

Por: Walter Joe Broderick / El Espectador.

En el momento de firmar el acuerdo que pondrá fin a su larga guerra contra el Estado colombiano, me pregunto si los comandantes de las Farc no sentirán una cierta desazón. Por lo menos firmarán, supongo yo, con sentimientos encontrados: de alivio, mezclado con una sensación de fracaso. Alivio al salir, finalmente, de una eterna y desigual lucha; y fracaso, al tomar conciencia de su derrota. ¿Palabra demasiado fuerte? Tal vez no, si uno mira lo que los guerrilleros van a recibir a cambio de medio siglo de dura resistencia: el derecho de participar en la pseudo-democracia colombiana. Desde una posición de desventaja, armados únicamente de palabras y buena voluntad, confrontados con enemigos despiadados y en compañía de una fragmentada, y en ocasiones hasta venal izquierda, bregarán por convertir a Colombia en la sociedad que esbozaron en el memorable discurso pronunciado por “Iván Márquez” al iniciar las negociaciones hace tres años en Noruega.

Claro que las Farc no nacieron con la idea de construir una nueva sociedad. Esa pretensión fue exclusiva del Eln, una guerrilla de tipo castrista. La organización que llegaría a llamarse las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tuvo un origen más modesto. Todo comenzó a finales de la década de los cuarenta, en la época de “La Violencia”, cuando grupos de hombres del campo se armaron en ciertas regiones del país, no para tomar el poder, sino para defenderse contra los atropellos de los hacendados que invadían y robaban sus tierras. Y contra la violencia oficial puesta al servicio de dichos hacendados. Los hostigamientos a los que fueron sometidos por parte del Estado, y finalmente los bombardeos aéreos a sus comunas rurales en 1964, les obligaron a movilizarse. Para dejar de ser blanco fácil de los militares, se convirtieron en guerrilleros. Conformaron el llamado Bloque Sur, que más tarde se conocería como las Farc. Con el paso de los años crecieron, crearon el Ejército Popular (EP), y empezaron a proyectarse como una amenaza para el Estado. Durante mucho tiempo ejercieron como autoridad en zonas donde el Estado estaba ausente. En algún momento se habrán nutrido, incluso, de la ilusión de llegar a ser una opción de poder nacional y, desde el poder, reconstruir la sociedad colombiana sobre un “modelo de desarrollo” radicalmente diferente del actual. A juzgar por sus orígenes, es probable que hubieran querido establecer un Estado de índole comunista.

Pero pasaron más años, y en vista de las nuevas y sofisticadas tecnologías empleadas para combatirlos, los comandantes reconocieron que no iban a lograr su propósito mediante la tradicional guerra de guerrillas. Habría que intentarlo por otros medios. Pero cuando llegaron a sentarse a negociar el fin del conflicto, tuvieron que aceptar estrictas limitaciones impuestas por el gobierno que los había llevado a la mesa. Entre otras, no se admitiría una discusión siquiera sobre un tema para ellos tan fundamental como el “modelo de desarrollo”. Todo se reduciría a acordar una serie de reformas.

Sobre el contenido de dichas reformas aún desconocemos los detalles. Pero a todas luces se trata de introducir una legislación que reconozca ciertos mínimos derechos antes negados a los ciudadanos. Especialmente a los agricultores, ya que las reformas fundamentales tienen que ver con el agro. Pero falta ver que el Estado cumpla lo acordado. No obstante su retórica populista, el gobierno actual, que está a punto de firmar lo que en su lenguaje grandilocuente llama “la paz”, se ha mostrado antagónico a los intereses de los trabajadores del campo. Al contrario, su política agraria (si merece tal calificativo) favorece la agroindustria a gran escala. El gobierno de Santos ya está entregando importantes tierras a las grandes empresas, que convertirán a los campesinos en meros asalariados; o peor aún, sacarán del campo, de una vez por todas, a los que aún no hayan sido desplazados.

Pero supongamos, por caso, que el Gobierno diera una milagrosa vuelta de 180 grados, y permitiera que las reformas pactadas llegaran a tomar cuerpo como leyes de la República. ¿Cómo hacer para que no queden en el papel? En el mejor de los casos, la introducción de leyes no implicaría una reestructuración de las formas tradicionales del manejo del poder. No garantizaría, ni mucho menos, una sociedad medianamente justa e igualitaria. El intento de lograr otro “modelo” de sociedad va a ser la larga tarea de activistas políticos que operen en contravía del orden establecido. Los comandantes y demás combatientes de las Farc se alistan para entrar en las filas de esa oposición legal.

Estrictamente hablando, no han sido derrotados; podrían haber seguido en el monte indefinidamente. Pero habría sido inútil, nefasto y, además, contraproducente. Aun así, me parece apenas natural que, al rendirse ante los hechos, estos curtidos guerrilleros experimentaran un cierto sinsabor. Saben que fueron más que justificados en rebelarse. Además entienden, como Mao, que el poder nace del fusil, que los regímenes se establecen por la fuerza y se mantienen por la fuerza. Motivos tendrán, entonces, para preguntarse si un proyecto tan ambicioso como el que enunciaron en Noruega se pueda lograr sin recurrir a las armas. ¿Conocerán algún caso de una revolución pacífica que haya sido exitosa? Es decir, exitosa sin renunciar a su pretensión de transformar la sociedad en forma de verdad radical.

Camilo Torres, cuyo aniversario estamos conmemorando, entendió la necesidad de una revolución. Y no creo que se haya equivocado al tomar las armas. Pero sí se equivocó – y eso catastróficamente – en cuanto al momento de hacerlo. Creía – aunque tamaña ingenuidad parezca inconcebible ahora – que el pueblo colombiano solo esperaba su orden para levantarse en una insurrección generalizada. Estaba convencido de que había “neutralizado el ejército”. Pensaba que “de coroneles para abajo” todos los militares estaban con él, y que docenas de organizaciones de izquierda tenían “focos preparados”. Pero no por eso debemos burlarnos de su opción bélica. Él era producto de su época. Ha pasado a la historia, y recibe hoy los encomios de sus compatriotas, no tanto por sus innegables méritos como sociólogo o por sus virtudes como sacerdote, sino primordialmente por haber sacrificado su vida en aras de su convicción de que un pueblo tiene el derecho, e incluso el deber, de armarse para derrocar a sus opresores.

La guerra justa ha sido reconocida, además, como parte de la doctrina cristiana, por lo menos desde los tiempos de San Agustín en el siglo V. Camilo, en el seminario, había estudiado la obra de Santo Tomás de Aquino y sabía que este aprobaba el jus ad bellum (el derecho de librar la guerra), aunque solo cuando no existiera otra manera de derrocar a un dictador, y siempre que hubiera una mínima garantía de éxito. No fue el caso en los años sesenta, por supuesto; ni lo es ahora.

Sin embargo, en este contexto vale la pena recordar la intención de los fundadores de los Estados Unidos cuando consagraron en su constitución el “derecho de tener y portar armas”. Se fundamentaron en la obligación que tienen los ciudadanos de poner “resistencia a la opresión”. Invocaban “el deber cívico de actuar de manera concertada en defensa del Estado”, y abogaban por un pueblo armado capaz de afrontar la imposición de un gobierno antidemocrático y dictatorial. En el año 2000, cuando George W. Bush robó los votos a Al Gore en La Florida, algunos jóvenes norteamericanos esperaban que el demócrata Gore diera la orden para un levantamiento general. Aquí, en 1970, Rojas Pinilla amenazó con una insurrección cuando aquel supuesto modelo de las virtudes liberales, Carlos Lleras Restrepo, manipuló la votación de manera fraudulenta para llevar a la presidencia al candidato oficial. Por fortuna, Rojas no cumplió, aunque el repudio a ese flagrante irrespeto a la voluntad popular engendró al M-19, otro grupo violento que se equivocó al creer que los colombianos estaban listos para apoyar su aventura.

Reconozco, aunque los guerrilleros de las Farc no estén de acuerdo, que la lucha armada en las variadas formas en que se ha librado en Colombia, ha sido un estruendoso fracaso. Pero no es menos cierto que, en un determinado momento, puedan darse las condiciones que justifiquen que un pueblo tome las armas para defenderse de un sistema que por su misma naturaleza está diseñado para perpetuar la injusticia.

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