Entrevista a Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC.

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Los diálogos representan una oportunidad histórica por muchos motivos, pero según el abogado Enrique Santiago (Madrid, 1964), asesor jurídico de las FARC en el proceso, pueden ser un impulso para la izquierda colombiana y de unidad de los movimientos antineoliberales. Sobre todo si terminan con éxito y se incorpora al ELN. 

Por: Enric Llopis / Rebelión.

Entre las principales dificultades, “no habrá un proceso de dejación de armas, reintegración a la vida civil de los guerrilleros y desmovilización, sin un acuerdo sólido sobre demantelamiento de los grupos paramilitares”, opina.

Además de secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) entre 2000 y 2006, Enrique Santiago ha actuado como abogado de la acusación popular en las querellas contra las dictaduras chilena y argentina (caso Scilingo), el caso Couso, los vuelos de la CIA, la querella contra Bush por la situación de los presos de Guantánamo, por el ataque a la “Flota de la libertad” que se dirigía a la franja de Gaza o el caso Bárcenas. Forma parte asimismo de los comités ejecutivos del PCE e IU. La entrevista está realizada antes de una conferencia universitaria organizada por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia.

-Después de 50 años de conflicto armado, ¿hay todavía reminiscencias de la guerra en la sociedad colombiana?

Evidentemente, las causas del conflicto continúan existiendo. De lo que se trata con el Proceso de Paz es de, primero, intentar resolver las causas estructurales del conflicto. En segundo lugar, establecer un marco de confrontación exclusivamente político, que no haga necesario recurrir a las armas para defenderse o agredir al opositor. Pero el problema del inequitativo reparto de la tierra en Colombia continúa existiendo, hay una gran diferencia entre el nivel de la renta de las zonas urbanas y rurales. De hecho, el estado no tiene presencia en las áreas rurales del país. Persiste, todavía, el modelo de construcción de Colombia como país desde su independencia. Y éste es un modelo de desplazamiento forzado y usurpación de tierras a los campesinos pobres por parte de grandes terratenientes o ganaderos, que recurren al uso de ejércitos privados.

-¿Hay números que avalen estas afirmaciones?

Estas son las cifras, reconocidas por el estado: 6,5 millones de campesinos desplazados; entre siete y ocho millones de hectáreas usurpadas de manera violenta; más de 200.000 muertos a causa del conflicto; además la Fiscalía colombiana reconoce al menos 60.000 desparecidos, una cifra superior a la suma de los desaparecidos durante las dictaduras chilena y argentina. El conflicto colombiano es el que más ha víctimas ha causado en el mundo, más que el de Afganistán.

-¿Sobre quién recae fundamentalmente la responsabilidad de estas víctimas?

Según los datos del Centro de Memoria Histórica, un organismo institucional, el 80% de la victimización es responsabilidad de agentes del estado y grupos paramilitares, ambos en connivencia. A todas las guerrillas se les atribuye, conjuntamente, entre un 10 y un 15% de las víctimas. Además, los dos últimos informes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia, de 2013 y 2015, hablan de una situación estructural de impunidad en el país, que alcanza de manera “masiva” a los crímenes cometidos por agentes del estado y paramilitares. Los citados informes indican que donde no hay impunidad es en las infracciones cometidas por la guerrilla, ya que ahí el estado sí que se ha aplicado a su persecución.

-Desde el inicio en 2012 del Proceso de Paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, ¿qué avances y logros resaltarías?

El que más trascendencia internacional ha tenido es el de víctimas, que realmente no es sólo un acuerdo de reparación a las víctimas, sino también sobre justicia. En relevante, en primer lugar, porque al haber un número tan importante de víctimas, las partes desde el inicio decidieron que éstas se situaran en el centro de los acuerdos y se aplicaran unos principios muy estrictos de garantías establecidos en el derecho internacional. En consecuencia, se ha aprobado un sistema muy innovador, que no se había acordado antes en ningún otro Proceso de Paz en el mundo, que es el denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. -¿En qué consiste? Está formado por una Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de la Paz, programas de reparación, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y programas de protección de derechos humanos y garantías de no repetición, que es el único elemento todavía no cerrado.

-¿Garantizará realmente este acuerdo, en la práctica y más allá del papel, la reparación a las víctimas del conflicto?

Es lo que se busca. Desde el primer momento las FARC no estuvieron de acuerdo con la propuesta inicial del gobierno, según la cual el sistema de justicia quedaría limitado a exigir responsabilidades a lo que el ejecutivo llamaba “máximos responsables”. Estos eran, según el gobierno, los comandantes de las FARC y, por otro lado, los altos oficiales del ejército. Pero en un estado formalmente democrático, la jerarquía de mando acaba en la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. Una vez rechazada la primera posibilidad, se ha tenido que buscar un sistema que examine todas las responsabilidades, pero como son tantísimas, se han introducido elementos que incentiven procedimientos rápidos. Las sanciones restaurativas que se impongan a quienes reconozcan verdad y responsabilidades consisten en tareas de acción, de reparación a las víctimas.

-Afirmas que el acuerdo de justicia y reparación a víctimas es el que ha tenido mayor trascendencia, pero ¿cuál ha sido, a tu juicio, el acuerdo políticamente más significativo?

El de reforma rural. El origen del conflicto es la situación de violencia estructural en el campo colombiano, la absoluta ausencia del estado y la persecución sistemática de los campesinos pobres por parte de los grandes terratenientes. La única forma de que no se reproduzca el conflicto en un periodo corto de tiempo, tras la firma de los acuerdos de paz, es corrigiendo esos problemas estructurales. Y esto es lo que se intenta con el acuerdo de reforma rural. En primer lugar, la recuperación de las tierras que han sido usurpadas. En muchos casos no podrán ser las mismas tierras por problemas de titulación jurídica, pero se trata de otorgar tierras equivalentes a todos los campesinos que han sufrido la usurpación; además, se trata de corregir las desigualdades con un proceso de inversiones en el campo que eleve el nivel de renta, y que garantice la presencia del estado en las cuestiones sociales (salud, educación...).

-¿Son suficientes estos acuerdos?

No suponen ni mucho menos la socialización del campo. Hacen énfasis en el respeto a la propiedad privada, pero en la propiedad privada de todos, no sólo de los grandes latifundistas y terratenientes. También de los pequeños campesinos. Se trata de un acuerdo que no llamaría la atención en ningún país democrático, pero que representa un absoluto cambio de paradigma en lo que venía siendo el campo colombiano.

-Sin embargo, mientras se negocia el Proceso de Paz en La Habana continúan los crímenes por parte de bandas paramilitares y las violaciones de los derechos humanos. ¿Está persiguiendo el gobierno de Santos las amenazas y agresiones a los activistas?

No sólo se sigue dando esta realidad, sino que lamentablemente en 2015 han aumentado las agresiones a defensores de derechos humanos y los asesinatos respecto al año anterior, cuando debería ocurrir lo contrario. En un proceso avanzado de paz, se deberían reducir la victimización y las agresiones. Lo que sucede es que resulta muy complicado (y éste es uno de los puntos que tiene retrasado la finalización del acuerdo) abordar el desmantelamiento del paramilitarismo con un gobierno como el actual, que no reconoce su existencia.

-¿Cuál es al respecto la teoría gubernamental, teniendo en cuenta que el fenómeno paramilitar ha penetrado toda la sociedad colombiana: el poder económico, político y también el tejido social?

El ejecutivo piensa que el paramilitarismo desapareció en 2005 con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la aprobación de la Ley 975 de Justicia y Paz. Sin embargo, el último informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional habla claramente de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y su actividad. En el cierre del acuerdo de justicia esto se intentó modificar, y por primera vez el gobierno reconoció la existencia de organizaciones sucesoras de las bandas paramilitares. En mi opinión, no habrá un proceso de dejación de armas, reintegración a la vida civil de los guerrilleros y desmovilización, sin un acuerdo sólido sobre desmantelamiento de los grupos paramilitares. Y que vaya a la raíz del problema. Al principio de las conversaciones, las FARC exigían la desaparición del paramilitarismo antes de transformarse en una organización política y hacer la dejación de las armas. Esto ya no lo exigen las FARC, porque supondría años y años. Pero sí que pide medidas contundentes. Esas medidas están sobre la mesa y se están discutiendo desde hace muchos meses.

-Aceptado el paramilitarismo como fenómeno “estructural” en Colombia, ¿es realista confiar en un cumplimiento efectivo de los acuerdos de paz?

La experiencia es que los acuerdos de los Procesos de Paz, en cuanto a contenidos sustantivos de reformas democráticas, económicas y sociales, no se cumplen nunca en ningún lugar del mundo. Los que se cumplen son los acuerdos referidos al estatus civil de los excombatientes. Es decir, la amnistía y la reincorporación a la sociedad civil de éstos. De ese análisis ya partimos, por lo que es muy importante que el mecanismo de sanciones contribuya al cumplimiento de los acuerdos. No veo nada sencillo que se cierre el proceso de dejación de armas por parte de las FARC si no hay un desmantelamiento efectivo del paramilitarismo. Bajó ningún supuesto podrá repetirse lo que ocurrió con la Unión Patriótica en los años 80 y 90.

-¿Qué singularidades históricas ofrece el Proceso de Paz colombiano?

Habitualmente en los Procesos de Paz se acuerda una amnistía para guerrilleros y militares, que es lo que se ha hecho clásicamente en Colombia y otros lugares del mundo. Pero en ningún lugar se ha establecido, como aquí, que no va a darse una amnistía por crímenes no “amnistiables”. Los tribunales internacionales siempre se han establecido, bien por la parte vencedora en un conflicto armado para juzgar a los derrotados, o bien por una intervención de la comunidad internacional en una situación de escandalosa impunidad. La primera vez que en un proceso negociado de finalización de un conflicto armado interno se acuerda un tribunal con competencias para examinar las responsabilidades de todos ha sido en el actual Proceso de Paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Y no sólo de todos los combatientes, pues el sistema establece competencias para exigir responsabilidades a civiles (políticos, financiadores e instigadores del paramilitarismo o funcionarios de gobiernos extranjeros, entre otros).

-¿Existe una voluntad real por parte del gobierno colombiano de que se ponga fin al conflicto?

Diría que hay una necesidad de llegar al acuerdo de paz por parte del gobierno. Mi análisis es que si este proceso de paz está avanzando y el Estado tiene una manifiesta voluntad, es por múltiples factores. Uno de ellos es que se ha producido una clara división entre las oligarquías colombianas. Por un lado está la oligarquía rural, terrateniente y ganadera, para la que la guerra es el negocio. Es la forma de ganar dinero, mediante la usurpación de tierras, los cultivos agroindustriales o la explotación minera descontrolada. Por otra parte se halla la burguesía urbana, financiera e industrial, para la cual el conflicto representa una pérdida de oportunidades de negocio, porque limita en gran medida la inversión extranjera y la penetración de consorcios internacionales. Claramente esta última oligarquía es la que articula actualmente al gobierno de Colombia. Dentro de esta tensión, se ha impuesto la necesidad de acabar con el conflicto para abrir nuevas posibilidades de negocio.

-Sostienes que esta última visión es la del gobierno colombiano…

Sí, y lo refleja muy bien el actual ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, que sólo habla del posconflicto para referirse a las inversiones extranjeros.

-¿Están representadas en los Diálogos de Paz de La Habana las aspiraciones de los movimientos sociales y de las comunidades indígenas, campesinos, sindicatos y organizaciones de mujeres?

Es lo que se ha intentado, y no ha resultado fácil. La Mesa ha estado sometida a un aislamiento de la sociedad civil colombiana muy estricto por parte del gobierno. Ésa era una de las condiciones por las que se trasladó a La Habana, una isla a fin de cuentas. Las FARC han estado intentando romper ese bloqueo. ¿Cómo? Con mecanismos de consulta casi permanentes, por ejemplo en lo que atañe a la sociedad civil en el punto de reforma rural; además, en el punto de las víctimas, las FARC presentaron una propuesta que recogía otras 149 propuestas sobre víctimas de la sociedad civil colombiana, es decir, las reivindicaciones históricas de los movimientos de víctimas. En el sistema especial de justicia, también se han establecido principios para priorizar la defensa de los colectivos en exclusión.

-¿Podrán acogerse a algún tipo de amnistía los activistas de las organizaciones sociales?

Es muy importante el acuerdo de amnistía incorporado en el documento de justicia. Por primera vez en un Proceso de Paz en Colombia se ha negociado una amnistía que alcanzará a los guerrilleros, a las personas acusadas de ser guerrilleros sin que se les tenga que reconocer como tales, y también a los acusados o condenados por la legislación de orden público y seguridad ciudadana, se trate de liderazgos comunitarios, sociales o políticos. Incluso hay una propuesta de la comisión jurídica, que establece que tiene que haber una amnistía por delitos de exclusión social generados en el marco del conflicto. Además, en el sistema de justicia, vista la falta de proporcionalidad de los órganos acusadores del Estado a la hora de perseguir la impunidad, también se le ha dado un papel muy importante a las organizaciones de derechos humanos y de víctimas colombianas, que van a poder ejercer de fiscales y presentar acusaciones (con la misma categoría que las acusaciones de la Fiscalía).

-¿Pueden el uribismo y la ultraderecha sabotear los acuerdos? ¿Tienen actualmente fuerza para ello?

Creo que actualmente no sólo no tienen peso, sino que no les va a interesar sabotearlos. Y estoy convencido de que van a acabar sumándose.

-¿Por qué razón?

Primero, porque se ha trabajado mucho en ir sumándolos a los acuerdos. La delegación de las FARC se ha esforzado en ese sentido por una cuestión básica: la paz se hace con los enemigos, no con los amigos. Para acabar con garantías el conflicto, hay que alcanzar acuerdos con los grandes enemigos en la guerra y la construcción de la paz: la ultraderecha uribista y quienes han combatido directamente contra las FARC, las fuerzas militares. Ayer leí unas declaración de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE), en la que se decía que el ejército apoya sin limitaciones el acuerdo de justicia. Porque se les ha explicado y han entendido que va a haber un trato equilibrado. No es verdad que haya un trato prioritario para los guerrilleros o un especial énfasis contra los militares. El que no ha hecho nada, pues nada tiene que temer. Y el que haya cometido delitos no amnistiables, ésa es otra cuestión.

-Otro actor fundamental en la región es Estados Unidos. ¿Cómo se posiciona?

Estados Unidos tiene un papel muy activo en el Proceso de Paz desde hace un año. Está impulsándolo, con una actitud positiva por parte de la actual Administración norteamericana, obviamente muy pegada a las posiciones del gobierno colombiano. Pero es una actitud positiva. Hay mucho interés por parte de la Administración estadounidense en que se cierre un acuerdo de paz. La comunidad internacional también lo está apoyando. Los apoyos políticos son también prácticamente unánimes en Colombia, salvo el Centro Democrático de Uribe. El riesgo de que este partido quede aislado oponiéndose al Proceso de Paz no es muy realista en el momento en que Estados Unidos lo está apoyando. Al final, creo que al menos si no se consigue que muestren una adhesión inquebrantable, sí que van a respetarlo y no lo van a combatir.

-¿Puede el acuerdo de paz representar un punto de partida para el crecimiento de la izquierda y los movimientos sociales en Colombia?

Creo que sería muy mediocre y triste que la finalidad política de estos acuerdos de paz para la izquierda fuera, simplemente, el surgimiento de un partido de izquierda más. Es decir, las FARC reconvertida en una fuerza política, que se sumara al amplio espectro de partidos de izquierda. Este proceso, máxime si se consigue incorporar al ELN y concluye exitosamente, debe funcionar como un precipitador para la reconformación de la izquierda colombiana, de unidad de los movimientos de progreso, antineoliberales y ojalá que sirva también para configurar una alternativa política de poder real en Colombia. Igual que ha pasado en otros países de la región. Debido al conflicto, y a la presencia muy activa del ejército norteamericano con sus bases militares, Colombia se ha convertido en la excepción a esos procesos de movimiento social y popular en la región. Ése deberá ser el futuro de Colombia, y desde mi punto de vista, la utilidad mayor del proceso de paz.

-¿Contribuyen los medios de comunicación a que la guerra tenga una salida negociada?

Creo que no va a bastar con un cese del fuego bilateral, sino que éste tendrá que ser trilateral, entre las fuerzas militares, la guerrilla y los medios de comunicación. Todos los medios, los de titularidad pública (controlados por un gobierno de derechas) y los privados (bajo el control de la oligarquía), han sido parte muy activa en la exacerbación del conflicto, la generación de propaganda de guerra y de matrices absolutamente equivocadas de la realidad colombiana. Han tardado mucho en reaccionar ante la evidencia de que el Proceso de Paz va a llegar a buen término. Es decir, hay un gran atraso en las tareas de pedagogía popular. Hace tiempo que los asesores en la mesa de conversaciones estamos planteando que los medios informativos apliquen los protocolos de la Unesco sobre medios de comunicación en procesos de paz. Aunque en los últimos meses se aprecia que algunos medios empiezan a cambiar el discurso.

-¿Hay medios que se rompen con este gran consenso?

Los medios que actualmente más están trabajando por el Proceso de Paz y abandonando la propaganda de guerra son un medio televisivo, “Noticias Uno”, y varios medios impresos: la revista “Semana” que tiene una actitud más abierta, “El Espectador” y el diario “El Tiempo”, además de algunos otros medios sobre todo de radiodifusión.

-Por último, ¿Tuvieron las FARC en algún momento opciones reales de imponerse al estado colombiano?

Según los análisis de las autoridades colombianas, al final de la década de los 90 las FARC podían haber dado ese “salto” estratégico, y no sé si tomar el poder pero desde luego sí haber provocado el colapso del estado colombiano. Es lo que dicen los expertos militares. En aquellos momentos las FARC tenían tomadas las salidas de Bogotá. Por eso se produjo el Proceso de Paz del Caguán (1998-2002). Hoy en día reconocen todos los analistas y militares que el Proceso del Caguán fue una necesidad del ejército porque de lo contrario iban a ser derrotados. Tenían que ganar tiempo. Utilizaron ese Proceso de Paz para rearmarse, incrementar la colaboración con Estados Unidos, crear nuevas unidades militares y cambiar sus estrategias. Cuando finalizó sin éxito este proceso, inmediatamente ganó las elecciones Álvaro Uribe y se comenzó a desarrollar la “Doctrina de Seguridad Democrática”. Además se aprobó el Plan Colombia, que supuso la intervención directa de Estados Unidos en el país.

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