El déficit fiscal deben cubrirlo las grandes mineras.

15:34:00

Las cuentas claras y el chocolate espeso. Más importantes – y más justas- que las propuestas de la “comisión de sabios”, aquí están las razones, las cifras y los medios precisos para que el déficit enorme sea cubierto por quienes en efecto lo causaron.

Por: Álvaro Pardo / Razón Pública.

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El informe de la “Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria” examina los grandes desaciertos del régimen tributario colombiano y presenta un buen número de recomendaciones que de manera más o menos sutil hacen eco a las propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esta “comisión de sabios” hizo un diagnóstico importante, pero no fue mucho más allá de lo que ya sabíamos: el muy bajo nivel de recaudo, la inequidad de los impuestos, la complejidad del estatuto, su difícil administración, los privilegios y exenciones, la debilidad de las instituciones, los pocos avances contra la evasión, la elusión y el contrabando, el hueco de las fundaciones sin ánimo de lucro y el poco interés de los contribuyentes.

El informe agregó que el recaudo proviene de un reducido número de personas jurídicas y muy poco de las personas naturales, destacando además las distorsiones que los privilegios, exenciones, rentas líquidas y contratos de estabilidad jurídica han producido en la economía nacional.

Pero el diagnóstico de la Comisión fue parcial porque no abordó temas cruciales ni ahondó sobre las razones para el bajo nivel de recaudo, ignoró el costo fiscal de los privilegios tributarios, no exploró otros escenarios para la provisión de recursos públicos, y mantuvo un estado de cosas que no blinda al estatuto tributario contra la corrupción y la cooptación de intereses particulares, que son su principal debilidad.

Dadas estas premisas, seguramente La Comisión propuso elevar el IVA y ampliar la base de contribuyentes con argumentos que ya son lugares comunes: que esta reforma creará empleos de buena calidad y corregirá la inequidad. ¿Acaso no son estos los mismos argumentos de las últimas 15 reformas tributarias en Colombia?

Algunas mejorías

A partir del diagnóstico anterior, la “comisión de sabios” propone varias medidas en relación con los impuestos directos:

* Eliminar los esperpentos del Impuesto Mínimo Alternativo (IMAN) y el Impuesto Medio Alternativo Simple (IMAS), volviendo así al impuesto único de renta para personas naturales Establecer tarifas progresivas;

* Gravar las pensiones altas;

* Eliminar el impuesto al patrimonio y gravar los dividendos con un descuento impositivo del 20 por ciento para las personas jurídicas;

* Crear un impuesto a las utilidades empresariales de entre el 30 y el 35 por ciento, teniendo como base las utilidades contables de las empresas, lo cual evitaría la proliferación de exenciones, ingresos no constitutivos de renta y deducciones;

* Eliminar los parafiscales remanentes.

* En el análisis de los impuestos indirectos, la Comisión reitera que los bienes excluidos superan los estándares internacionales y que se deben subir hasta el 19 por ciento para conjurar la grave crisis fiscal.

También señala que avanzar en la descentralización implica entregar mayores competencias a las entidades territoriales, pero que antes deben corregirse la dispersión impositiva y la desactualización de las bases tributarias. En esta última materia, las propuestas implican un avance importante para fortalecer las finanzas territoriales.

El gran hueco: propuestas para el sector extractivo

La Comisión recomendó al gobierno: “estudiar la posibilidad de que, para nuevos proyectos petroleros y mineros se establezca un sistema que responda en mayor grado al comportamiento de los precios internacionales y de las utilidades de las empresas. Ello puede hacerse mediante la adopción de un sistema de regalías como el chileno o el peruano, o bien sustituyendo parte del régimen de regalías por un nuevo impuesto a la renta de recurso que permita descontar las regalías pagadas”.

Esta habría sido una excelente propuesta en 2002 o 2003, cuando empezó el auge de los precios de los bienes energéticos. Trece años después de que las grandes mineras se quedaron con las ganancias extraordinarias del alza de precios, y justo cuando estamos en la peor parte del ciclo depresivo, esta propuesta resulta extemporánea, de manera que poco o nada contribuye a resolver los problemas de hoy.

Una propuesta de fondo para el sector extractivo ha debido empezar por analizar la realidad contable de las principales compañías mineras que operan en Colombia. Por ejemplo:

* Drummond Coal Mining LLC reportó cifras diferentes en sus informes contables entregados al gobierno nacional. En unos dice que sus ingresos operacionales en 2013 fueron 144 mil millones de pesos, y en otros, 146 mil millones. Esta diferencia significó menores ingresos para el fisco nacional. ¿Alguien de la DIAN o de la Superintendencia de Sociedades requirió a esta compañía por dicha inconsistencia?

* El precio implícito de venta de carbón de Drummond Coal Mining LLC fue de 7,2 dólares por tonelada, cuando el precio del carbón en bolsas rondaba los 60 dólares. ¿Alguien requirió a esta compañía por supuesta manipulación de los precios de transferencia?

* ¿Puede la DIAN explicar por qué el precio implícito de exportaciones (ingresos operacionales por tonelada exportada) es de 129 dólares en la mina La Loma y de apenas 7,2 dólares en la mina de El Descanso, ambas operadas por Drummond?

* Los saldos a favor de las seis principales compañías mineras (cinco multinacionales y una nacional) duplican lo que estas compañías pagaron por impuesto de renta. Los saldos a favor sumaron 306 mil millones de pesos en los años 2013 y 2014, en contraste con el pago de impuesto de renta por 159 mil millones en el mismo periodo. ¿Requirió la DIAN a alguna de estas compañías para verificar los cuantiosos gastos operacionales en administración y ventas?

* Las estrategias tributarias de las más grandes compañías mineras llevaron a reducir sus obligaciones tributarias y a exigir devoluciones de los saldos a favor. Por los años 2013 y 2014, el fisco nacional le salió a deber 126 mil millones de pesos a Cerro Matoso S.A., 60 mil millones a Cerrejón Zona Norte y 54 mil millones a Prodeco. ¿Alguien fiscaliza la certeza de las deducciones?

* Las deducciones declaradas por las grandes mineras pasaron de 3,5 billones en 2013 a 2,5 billones en 2014. ¿Con estas deducciones, en qué queda la cacareada renta minera?

* La tasa efectiva de tributación (impuesto a cargo / utilidad bruta) en 2014 fue del 1 por ciento para Prodeco, 3 por ciento para Drummond y 5 por ciento para Cerro Matoso. ¡Y se quejan de que Colombia tiene el impuesto de renta más alto del mundo!

Pagar lo justo

Colombia sin duda necesita un cambio a fondo del estatuto tributario para aumentar el recaudo y corregir el déficit fiscal que nos dejaron los últimos gobiernos, quienes hicieron caso omiso a las señales que -desde 2011- indicaban que su mayor fuente de recursos- la industria minero-energética- había entrado en la fase recesiva por la caída de los precios internacionales.

Hay otras tres razones importantes para proceder a una reformar de verdad del estatuto tributario colombiano:

* Acabó siendo una colcha de retazos que responde a intereses particulares.

* Se convirtió en un medio para congraciarse con audiencias específicas mediante las deducciones, las exenciones y los descuentos tributarios, y

* Es una caja de pandora que esconde privilegios para empresas nacionales y extranjeras, y en su lugar exige esfuerzos de los contribuyentes sin representación política para mantener la burocracia estatal, servir la deuda pública, invertir en proyectos del Estado y financiar los programas sociales.

Pero a los contribuyentes no hay que buscarlos río arriba. En las cuentas que acabó de mostrar están los recursos que Colombia necesita para reducir el déficit fiscal, sin perseguir ni atropellar a quienes apenas logran vivir con sus ingresos y están contribuyendo ya con una parte justa -o excesiva- del pastel. Por qué no pensar por ejemplo en:

* En exigirle a Mineros S.A. que pague regalías del 4 por ciento y no del 0,4 por ciento por la explotación de oro en Colombia.

* O exigirle a Cerro Matoso que no deduzca de sus impuestos los 20 millones de dólares que le pagó al gobierno por la prórroga de su contrato minero.

* Por qué no exigirle a la DIAN que anule el Concepto 015755 de 2005 que autorizó a las mineras a deducir las regalías de sus impuestos.

* Por qué no exigirle a la Drummond que la venta de sus derechos mineros se haga en el país, bajo las normas nacionales, y no en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos.

Si realmente la “comisión de sabios” hubiera querido llegar al fondo de las cosas, no estaría proponiendo reformas extemporáneas a las regalías, sino recomendando cambios soberanos, legítimos y radicales al modelo minero. Por ejemplo:

* Contratos de asociación minera, como ya existen en hidrocarburos, donde el Estado aporta a la sociedad los minerales de su propiedad y el sector privado los recursos para explotarlos en una alianza 50-50.

* Restablecimiento del impuesto a la remesa de utilidades que tan exitosamente se mantiene en Chile (de donde las mineras no se han ido).

* Revisión de los compromisos de los contratos de estabilidad jurídica y caducidad inmediata por incumplimiento de los mismos. Estos contratos ya fueron eliminados, pero el país sufrirá sus consecuencias fiscales durante varios años más.

* Fortalecer la autoridad tributaria para que pueda verificar la información entregada por las compañías mineras y darle dientes para que pueda sancionar a aquellas que evaden el pago de impuestos mediante comercializadores creados en paraísos fiscales y el uso de los precios de transferencia para reportar menores ingresos operacionales.

* Acabar la fragmentación estatal y permitir que todas las entidades competentes en minería puedan intercambiar información y así evitar la presentación de informes, balances y declaraciones con cifras inconsistentes.

El problema no se limita a la reforma estructural del estatuto tributario, sino que debe blindarlo contra la cooptación empresarial y erradicar los privilegios que llevan a perpetuar la inequidad. Y el primer paso necesario es por supuesto hacer que estas compañías paguen lo justo, lo que establecen las normas.

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