La pelea de Subachoque por frenar el carbón.

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Desde hace siete años, una comunidad sostiene una batalla jurídica para cerrar una mina de carbón que, según dicen, explota en un páramo y afecta varios nacederos de agua.

Por: Karen Tatiana Pardo / Blog El Rio.

Hace quince años, el director de la Fundación Ifarma, Francisco Rossi, compró una finca en el municipio de Subachoque (Cundinamarca) para descansar junto a su esposa. Quería alejarse del ruido y de las vías congestionadas de Bogotá.

Antes su finca solía ser una mina de carbón, explotada por la empresa Don Tomás Limitada, compañía que ahora trabaja justo al lado, en el predio El Diamante, y cuya actividad tiene a los habitantes de la vereda El Guamal preocupados por la contaminación de residuos sólidos y la disminución del caudal de las quebradas La Cantina y La Angostura, y del río Subachoque.

Ese malestar que en los últimos años generó la explotación de carbón, obligó a la comunidad a interponer una acción popular en 2009 que, luego de seis años, desembocó en una sentencia del Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá. El ente, tras analizar los argumentos de los pobladores, ordenó “la suspensión inmediata y definitiva de la actividad minera por afectación al recurso hídrico, recarga de acuíferos y nacimientos de agua”.

El problema también lo había advertido la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. En una visita que hizo a la zona alertó sobre la alteración al paisaje y la afectación a los recursos naturales por la actividad industrial. “El proyecto se encuentra en un área determinada como Zona de Reserva Forestal Protectora, está dentro del área del Distrito de Manejo Integrado Río Subachoque- Pantano de Arce y en zona Páramo de Guerrero por lo que se exhorta a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a que estudie la posibilidad de cerrar la mina”, dice el documento.

Pero el lío jurídico no se quedó ahí y la mina La Providencia siguió explotando. La CAR apeló la decisión del juzgado y más adelante presentó un incidente de nulidad al considerar que la Juez 21 no tenía la competencia para amparar los derechos colectivos que se habían solicitado. Según el organismo, el ente responsable de tomar esa decisión era el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Si la CAR es la entidad pública encargada de proteger el medio ambiente, no entiendo cómo es que sale un fallo a favor de esa protección y a favor de la comunidad, y luego es la misma CAR quien dilata todo el proceso. Ni siquiera son los abogados de la compañía Don Tomás Limitada, que son los interesados en el carbón. Esa actuación no tiene coherencia para ninguno de nosotros”, dice Santiago Zuleta, vocero de la comunidad.

Entre sus principales argumentos está el hecho de que la explotación de carbón se está llevando a cabo en el Páramo Guerrero, ecosistema que, como hace dos semanas lo ratificó la Corte Constitucional, es clave para Colombia y debe estar libre de minería. Su razón es simple: los páramos son esenciales para el suministro de agua del país.

Pero para Juan Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR, esos conflictos jurídicos son situaciones que han ido cambiando con el tiempo y que deben analizarse en detalle. “Nosotros tenemos toda clase de argumentos que indican que si hubiéramos acatado la sentencia, habríamos sido objeto de toda clase de demandas. Hay un proceso que debemos seguir”, asegura.

Ferrer aclara que en el momento en que se dio la licencia ambiental en el 2005, “esa zona no estaba identificada como páramo por lo que no se podía medir a ojímetro la delimitación. Sin embargo, al darnos cuenta de la situación, la CAR demandó el título minero en septiembre de 2015 porque casi un 70% de la mina está en un área donde la explotación minera no se permite”.

Además, contra la compañía también está en marcha un trámite sancionatorio por no cumplir con los requerimientos de la licencia ambiental. En total son 13 cargos de incumplimiento en los que se encuentran la mala disposición de residuos sólidos y la fuga en los tanques cuya agua llega directamente sobre la quebrada La Cantina. Hoy su afluente está completamente seco.

El conflicto que tiene angustiada a la comunidad de este municipio de Cundinamarca, es el mismo que se repite en varias zonas del país y que constituye una tarea pendiente para el Ministerio de Ambiente. La muestra más clara es que aún no se han delimitado 21 páramos claves para Colombia, como prometieron las autoridades hace más de un año. Y esa falta de claridad encierra serios conflictos sociales y económicos al interior de estos ecosistemas.

En el caso de Subachoque, por ejemplo, son tres los títulos mineros que están ubicados en la zona del Páramo Guerrero. El resto del país, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), hay vigentes 473 títulos mineros en páramos, de los cuales 262 corresponden a carbón, 112 a metales preciosos, 53 a minerales, 42 a materiales de construcción, tres a esmeraldas y uno a níquel.

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