La constituyente: golpe de estado contra la paz.

07:59:00

Desde un comienzo quedó establecido que los diálogos de paz en la Habana tenían como objetivo básico la reintegración de las guerrillas de las Farc a la vida civil, previo acuerdo entre la dirigencia de ese grupo y el gobierno nacional.

Por: Arturo Villareal Echeona / Democracia en la Red

No se trataba de un armisticio con una revolución cuasi triunfante, ni era tampoco una rendición de los rebeldes. El sentido de las negociaciones era sencillamente la solución del conflicto armado y el consecuente otorgamiento de plenos derechos políticos a la guerrilla, para que promueva su proyecto de país, sea cual fuere, a través del debate civilizado, tal como lo realizan todas las demás agrupaciones partidistas, y no por la vía de las armas, que aparte de constituir una ventaja unilateral injustificada, ya ha demostrado suficientemente sus nefastas consecuencias y su inutilidad.

Fue ese el mandato mayoritario que recibió el presidente Santos, por parte del pueblo colombiano, al cabo de vigorosas jornadas de movilización popular contra el terrorismo y contra toda forma de violencia: negociar para poner fin al conflicto armado. Si el pueblo colombiano hubiera deseado otra cosa, no le habría dado el triunfo a Santos sino a Uribe. Y si el propósito de la guerrilla no hubiera sido negociar la dejación de las armas y su reintegración a la vida política normal, sino discutir la transformación estructural del Estado, entonces se habría sentado a negociar desde el principio una constituyente con tales fines. Y en esas estaríamos, y seguiríamos per secula seculorum.

Una vez dejado en claro el objetivo fundamental del proceso de paz, conviene también destacar algunas condiciones que han permitido que este se haya conducido exitosamente hasta el momento. Habría que señalar en primer lugar que ha habido por fortuna una agenda con una definición bastante clara de los objetivos deseados desde el comienzo. En segundo término, que las dos partes han mostrado suficiente flexibilidad para hacer concesiones. Y tercero, que el proceso ha estado respaldado por un nivel razonable de debate nacional, en el cual han participado las entidades gubernamentales, los partidos políticos, el clero, la prensa y las más diversas organizaciones de la sociedad civil. Esas características, quiérase o no, han contribuido a que el proceso avance en medio de la más fuerte oposición por parte de sectores políticos que desde el principio han preferido la opción de la guerra en lugar de la transacción política. La socialización del proceso ha conducido también, hay que reconocerlo, a una metodología y a una estructura de concesiones mutuas y de coincidencias fundamentales, que ha facilitado que las conversaciones arriben a los acuerdos alcanzados hasta ahora.

Capitalizando la experiencia histórica, se ha llegado gradualmente a la conclusión consensuada de que el acuerdo de paz debe garantizar no solo la seguridad física y jurídica de los combatientes, sino la reparación de las víctimas, la no repetición de los errores cometidos, y la integración al desarrollo de las zonas afectadas durante el conflicto. Las innovaciones del proceso en el aspecto jurídico, que es crucial, han merecido el reconocimiento de los expertos en la materia a nivel internacional, y Colombia ha sido puesta como ejemplo para el mundo en el campo de la resolución de conflictos.

Vemos, pues, que no se trataba hasta aquí, de un proceso de paz para resolver inequidades estructurales del Estado, ni problemas seculares del país. Y esto se resalta no porque no se quieran esas soluciones, sino porque son de tal magnitud, que requerirán hacia el futuro la movilización de ingentes fuerzas sociales y un periodo bastante prolongado, quizás varios decenios.

La paz que hay que valorar entonces, la que estamos a punto de coronar, sin más adehalas, a la que no hay que ponerle trabas ni zancadillas, es LA SIMPLE PAZ, como la ha denominado Marcelo Torres, el dirigente máximo del Partido de los Trabajadores de Colombia, queriendo significar con esta expresión brevísima pero de incalculable valor de recordación, que se trata de la liquidación definitiva del conflicto armado, que no es una conquista de poca monta, sino nada más y nada menos que la finalización, o por lo menos el comienzo del fin, de un periodo aciago de nuestra historia caracterizado por una violencia indiscriminada, irracional e infructuosa para todos. En repetidas ocasiones el gobierno a través del Presidente de la Republica y de los voceros de la comisión negociadora, han aclarado que no estaba en discusión el modelo de desarrollo, la normatividad jurídica, ni la estructura del ejército. Y por muchas críticas que merezca el presidente Santos en otros campos, me parece que ha sabido mantener una posición inteligente que aplica el justo medio de Confucio, para encontrar el terreno común donde puedan concurrir las vertientes mayoritarias de la opinión pública y de la sociedad colombiana hacia el logro de la paz.

Dicho todo lo anterior, preocupa que las Farc salgan ahora a declarar que lo que se discute en ultimas no es un acuerdo que persigue la finalización del conflicto armado y la vinculación de las Farc a la lucha política civilizada, sino (cito textualmente las palabras empleadas en su declaración) “la transformación de las bases sociales, culturales, políticas y económicas del país”, a través de una constituyente. Es decir…la revolución! Qué bueno que llegara la revolución, pero pregunto: ¿Y de qué manera vamos a llegar a ella? Las Farc contestan: A través de una constituyente…por favor! Los dirigentes de las Farc, lo voy a decir con toda franqueza, son demasiado ingenuos o demasiado astutos. Véase si no el argumento que esgrimen como soporte de su exigencia: “Que sea el pueblo soberano quien tenga la decisión de recuperar el derecho de decidir (SIC) por Colombia y por la paz”.

Pregunta obligada: ¿Desde cuando las Farc decidieron que el pueblo colombiano tenga la decisión de recuperar el derecho de decidir? No se trata solamente de un galimatías lexicográfico, sino de una retorcida manera de enredar más todavía el enredo en que se encuentran desde hace 50 años con su táctica oportunista y fatal de la “combinación de todas las formas de lucha”, de sacarle el cuerpo al compromiso ético elemental de reconocer el error y pretender legitimarlo, o más bien ocultarlo, mediante el expediente de erigirse como adalides de la democracia y la transformación social aprovechando la ola de la paz.

Y una constituyente puede muy bien ser hacia el futuro un recurso democrático para promover reformas políticas y económicas importantes para Colombia, pero ponerla ahora como requisito idóneo para rematar los acuerdos es una iniciativa tan improcedente y tan incierta en su delimitación misional como en sus consecuencias, que se convierte prácticamente en un golpe de estado contra la paz. Sería como sacar al proceso de paz de la recta final en que se encuentra para introducirlo en un laberinto de donde podría no salir nunca más, o si sale, cabe la posibilidad de que lo haga ensartado en los cuernos del minotauro.

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