Colombia, 2016: salario de hambre

12:05:00

De la mano del gobierno Santos, el año nuevo llegó con noticias nefastas para las mayorías de salario mínimo: el reajuste autorizado del 7% es inferior al real incremento del costo de vida durante el 2015 para la población de bajos ingresos (7,3%) y mucho más para el aumento de los alimentos (10,9%). 

Por: Libardo Sarmiento Anzola.

La anunciada reforma tributaria, con incremento del IVA en tres puntos (alcanzando el 19%, uno de los más altos en Latinoamérica) y la obligación de presentar renta para quienes ganan incluso $1.500.000 recuerda que el hambre llegará a más hogares, que los empobrecidos serán mucho más y que los ricos acumularán mucha más riqueza. ¿Ocurrirá todo esto en silencio y resignación?

Una vez más la clase dirigente (gobierno, empresarios y partidos políticos) patea la Carta Constitucional. El incremento del salario mínimo legal (Sml) en 7 por ciento, decretado arbitrariamente por el gobierno en diciembre de 2015, representa un valor inferior al índice inflacionario anual registrado para los trabajadores de ingresos bajos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación cerró el 2015 en 6,8%, pero el aumento en el costo de vida para la población de bajos ingresos cerró en 7,3. Es más, el aumento general en el precio de los alimentos sumó 10,9%. La Corte Constitucional ordenó desde 1999 que los ajustes de los salarios tenían que garantizar y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables. En consecuencia, el flagelo del hambre afectará a más población en 2016.  

Andando la memoria

Según el exmagistrado, José Gregorio Hernández, en la sentencia C-815 de 1999 la Corte Constitucional sostuvo que al momento de decidir el incremento del salario de cada año, debían considerarse varios factores, el primordial y preferente: “debe considerarse la situación real de los trabajadores, la especial protección constitucional que merece el trabajo, la necesidad de mantener una remuneración mínima, vital y móvil; la función social de la empresa, la dirección general de la economía a cargo del Estado y el propósito de asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”. 

Al comentar la decisión unilateral del Gobierno respecto al Sml para el 2016, el jurista Hernández, ponente de la sentencia C-815, afirmó que “el aumento salarial de este año ya fue absorbido y borrado por la inflación, lo cual es suficiente argumento para sostener que vulnera la Constitución y se aparta del sentido de la Sentencia C-815, que busca que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo ni se les disminuya su salario en términos reales, por lo tanto, el decreto sí es demandable” .

Y es la acción inmediata que emprenderá la dirigencia obrera. La Central Unitaria de Trabajadores –CUT– anunció que demandará el decreto ante el Consejo de Estado. Su presidente, Luis Alejandro Pedraza, explicó que “el incremento salarial de este año no se hizo pensando en el grupo de la sociedad al cual está enfocado. Aunque la inflación agregada fue de 6,8%, el costo de vida para los trabajadores que realmente dependen de esta remuneración estuvo en 0,3% por encima del incremento salarial que fijó el Gobierno. Y a todo esto hay que sumarle que se está cocinando una reforma tributaria sumamente regresiva para estos trabajadores, en especial porque se espera un incremento del IVA” . Adicionalmente, ante la decisión unilateral del Gobierno y la afirmación arrogante y pública del ministro de Hacienda, Cárdenas, de no revisar ni cambiar el decreto expedido, las centrales obreras anunciaron la convocatoria de un paro cívico nacional en 2016.

Así como en 2011 el Gobierno tuvo que corregir el decreto que aumentó el salario mínimo, los sindicatos buscan ahora la nulidad del incremento establecido al finalizar 2015. En efecto, en diciembre del 2010 fue decretado un ajuste del salario mínimo de 3,4% que regiría en 2011, luego el DANE informó que la inflación para la población de ingresos bajos fue de 3,6%, por lo que el 11 de enero del 2011 el Gobierno expidió un segundo decreto con un alza de 4%. 
Ante el conflicto de clases exacerbado, en su estilo cantinflesco, el exobrero y actual ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, expresó: “hay que revisar toda la lógica y el ritual con el que se define el salario mínimo condicionado a tres factores: productividad, ingreso de los trabajadores en el conjunto de la economía y los temas de la inflación causada. Esto nos vuelve a traer a la discusión de aquel viejo proyecto de ley que busca que el incremento salarial se realice de una forma mucho más discriminada”.  Lo mismo pero diferente.

Hay que recordar que el total de la población económicamente activa del país es de 24,7 millones de personas. De esta cifra, 22,9 millones están ocupados (92,7%); 1,8 millones se encuentran desempleados (7,3%); y, 6,5 millones (26,3%) cuentan con un empleo precario de bajos ingresos. La proporción de ocupados informales es de 49%. En Colombia, 85% de los trabajadores gana menos de dos salarios mínimos; 7,5% devengan un SML; y, 5% tienen un ingreso inferior al SML. 

2015/2016, herencia de hambre y baja productividad

Un sistema social sólo existe en la medida de su capacidad para satisfacer las necesidades básicas de la población, dándoles una esperanza de futuro. En Colombia, con una población de 48,8 millones para el 2016, de la cual 13,8 millones viven bajo condiciones de pobreza por ingresos insuficientes y 3,9 millones padece hambre (pobres indigentes), por no contar con los recursos necesarios para cubrir una canasta básica de alimentos. Si bien los indicadores que miden la pobreza y la indigencia registran una tendencia descendente, los niveles son anormalmente altos para una economía de medianos ingresos per cápita como es la colombiana. Además, al comparar por zonas, los niveles de pobreza rural duplican el nivel de incidencia de la pobreza urbana y los de indigencia son tres veces más altos (gráficos 1 y 2).




El hambre vulnera la dignidad humana. La Conferencia Internacional de Nutrición (CIN, Roma, 1992) afirmó: «El hambre y la malnutrición son inaceptables en un mundo que posee a la vez los conocimientos y los recursos necesarios para acabar con esta catástrofe humana». El hambre y la desnutrición no reflejan la escasez de alimentos, no la provocan ni el exceso de población ni los fenómenos naturales, sino la mala distribución de la riqueza y del ingreso.

El hambre tiene un efecto directo sobre los bajos logros académicos y la menor productividad del sistema económico (ver diagrama y recuadro). Su manifestación inmediata más notoria en una población son las limitaciones generadas para el desarrollo del potencial físico e intelectual de las personas. 

La precariedad del mercado laboral

Durante el último medio siglo Colombia entró en la senda de la modernización económica y social. Como consecuencia de este proceso los indicadores sociales registran un continuo mejoramiento, pero a un ritmo desventajoso respecto a los sobresalientes resultados económicos. En particular, esta situación la explica la caída en la elasticidad empleo/PIB debido a un modelo de desarrollo reprimarizado y extractivo de recursos naturales y energéticos, rentista y excluyente que genera un escaso volumen de trabajo de calidad (tanto por ingresos como por garantía de derechos y sostenibilidad). Situación agravada por los problemas de desigualdad en la distribución de los ingresos, al incremento en los impuestos al valor agregado y prediales que pagan las familias de ingresos bajos y medios, a la caída en la inversión pública en desarrollo rural y a la creciente importación de alimentos, a la baja inversión per cápita social y a la procaz corrupción. 

Si bien la tasa de desempleo cae durante los últimos años, el subempleo generado por insuficiencia de tiempo, ingresos o competencias no decrece a igual ritmo (gráfico 3). En conjunto, el subempleo subjetivo (insuficiencia de horas e inadecuación tanto de competencias como de ingresos) afecta a 30,7% de los ocupados, esto es, 7,6 millones de trabajadores.



Salario Mínimo Legal (SML) por debajo de la inflación

La inflación es un impuesto disfrazado que pagan los trabajadores y las familias pobres. Es una transferencia de ingresos de los pobres en favor de los ricos, en tanto estos últimos pueden manipular los precios de los bienes y servicios básicos como les da la gana y en favor de sus propios intereses. Significa, un achatamiento de los salarios e ingresos de las familias populares y de clase media a través de la carestía para incrementar las ganancias de las grandes empresas (locales y transnacionales), los banqueros y los impuestos apropiados por la burocracia estatal y la clase política. 

Después de un largo período de descenso en la variación de los precios al consumidor (1988-2006), la inflación se ha tornado inestable y con tendencia al alza, comenzando a trepar desde 2007 y disparándose en 2015, al alcanzar el IPC un aumento de 6,8%, encareciendo de manera significativa la canasta básica familiar. La aceleración de los precios es más evidente en el rubro de alimentos: aumentaron cerca del 11% durante 2015; ocasionado por la rápida devaluación (y dependencia de los bienes alimentarios importados) y las agudas tensiones en el ambiente (cambio climático, reducción en la oferta hídrica, incendios forestales, expansión de suelos áridos). Debido a la crisis alimentaria mundial, la variación del IPC del componente de alimentos tiende a ser superior a los otros rubros. Como la participación de los alimentos en la canasta de ingresos bajos y medios es superior a la de altos, las variaciones de estos precios impactan de manera más grave a los trabajadores que devengan un SML o menos. El aumento de la inflación en 2015 para los sectores de ingresos bajos fue la más alta: 7,3%.

El SML ha evolucionado de la mano del índice de precios al consumidor y en algunos años ha mejorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores consecuencia de las ganancias en productividad laboral. Pero en 2015 y 2016 los trabajadores y sectores populares afrontan una caída en el bienestar económico de sus familias debido a la complicidad entre funcionarios y capitalistas que no permitieron ganancias reales en el SML (inclusive el alza del SML en 7% –diciembre de 2015– fue casi 4 puntos porcentuales por debajo de la inflación de alimentos), a la remarcación de precios en los supermercados y tiendas que reflejan la variabilidad en rápido aumento, la elevación de las tasas de interés en el crédito de consumo y por la segura adición al IVA que lo dejará en 18% en 2016 efecto de la próxima reforma tributaria (en la medida en que impuestos como el IVA se apropian de parte del salario del trabajador al momento del consumo, éstos tienen un impacto contraccionista en sus ingresos).

En 2015 quedó en evidencia que los partidos políticos de derecha, los empresarios y la burocracia estatal están empeñados en una batalla frontal contra los asalariados y sectores de ingresos bajos y medios, concentrando aún más el ingreso de manera abiertamente cínica (gráfico 4). Peor aún, en 2015 la productividad de la economía, como un todo, cayó en 0,5% respecto a 2014, explicado particularmente por la debacle del sector minero-energético y la desindustrialización del país.


La farsa del salario mínimo legal respecto a la remuneración mínima vital

El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia –CPC– establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y movilidad, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario: en  Colombia, en promedio, está conformado por una pareja con dos hijos, es decir 4 integrantes.  

En teoría el salario mínimo legal (SML) debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, este salario es inferior al mínimo vital. 

La remuneración mínima vital está atada al valor de la Canasta Básica Familiar (VCBF), según niveles de ingresos (bajos, medios y altos); su evolución en el tiempo se basa en Índice de Precios al Consumidor –IPC. Para la construcción estadística de la canasta básica familiar se requiere, según el DANE, de una amplia gama de información que permita hacer las definiciones pertinentes, entre las cuales están: una encuesta de ingresos y gastos familiares, de la cual se obtiene la canasta para seguimiento de precios del índice (o canasta familiar) y un sistema de ponderaciones para promediar las variaciones individuales de los precios de cada artículo constitutivo de esa canasta. Suponiendo un hogar promedio, su estructura de gasto, el tamaño del hogar y la estructura de edades del mismo, se calcula el VCBF.  Los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución sociocultural y económica de los hogares; actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios. La clasificación adoptada por el DANE comprende nueve grupos de gasto de los hogares: alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación, cultura, diversión y esparcimiento, transporte, comunicaciones y otros gastos.

El decreto que fijó unilateralmente un incremento del 7% del salario mínimo para 2016 significa que la remuneración que recibirán los trabajadores equivale a $689.954 mensuales. En 2016 el VCBF para familias de ingresos bajos es $1.307.560 y para familias de ingresos medios tiene un valor de $3.150.644. En el período 1998-2016, el SML, en promedio, sólo alcanza para adquirir, por parte de una familia de ingresos bajos, el 48,8% de la Canasta Básica Familiar; en el caso de las familias de ingreso medio, el SML sólo equivale al 19,5% del VCBF (gráfico 5).


La desigualdad, el factor fundamental

De acuerdo con un estudio realizado por PMA-CEPAL (2005), el suministro de energía alimentaria en Colombia es bastante estable y supera en más de 40% el requerimiento mínimo, de lo que se deduce que la subnutrición (proporción de la población que no tiene acceso a los requerimientos energéticos mínimos: 1.800 kilocalorías) no es un problema de insuficiencia de la oferta agregada de alimentos sino de desigualdad en el acceso a los mismos. 







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