OMC: ¿fin de los subsidios?

17:14:00

Esta decisión, adoptada en diciembre en Nairobi (Kenia) para las exportaciones agropecuarias, entre los años 2016 y 2023, aliviará sin duda el déficit fiscal de las naciones más desarrolladas.

Por: Beethoven Herrera Valencia / Portafolio.

Después del estruendoso fracaso de las reuniones de la OMC en Seattle (1999) y en Cancún (2003); la OMC –que agrupa 160 países– acaba de llegar en la conferencia de Nairobi (Kenia) el pasado diciembre a un acuerdo para eliminar los subsidios y subvenciones a las exportaciones agropecuarias a partir del 2016 (a excepción de una reducida lista de productos), en tanto que los países en desarrollo podrán eliminarlos hacia el 2018 y con excepciones a su entrada en vigencia hasta el 2023. Ello aliviará sin duda el déficit fiscal de los desarrollados…

Así mismo, el acuerdo acepta una ‘salvaguardia agrícola especial’ cuando exista aumento exagerado de las importaciones de productos agrícolas o una disminución de los precios internacionales de un bien agrícola que afecte los productos nacionales. Adicionalmente, la conferencia aprobó las ‘existencias públicas con fines de seguridad alimentaria’, lo cual permitirá al Estado hacer compras a pequeños productores agrícolas para el almacenaje público de bienes.

Como afirmara el director general de la OMC, el brasileño Roberto Azevedo, “el acuerdo en temas de agricultura es histórico porque acaba con una de las mayores distorsiones del mercado” (Portafolio 21/12/15). Ahora falta ver si esta decisión, que en principio debería contribuir a disminuir las severas asimetrías que hay en el comercio mundial, no se anula con maniobras por parte de naciones desarrolladas con la utilización de las medidas sanitarias, fitosanitarias, ambientales, sociales y aduaneras, para restringir el ingreso de los productos de la periferia hacia los mercados centrales.

Un ejemplo histórico aconseja ser cautelosos frente al optimismo generalizado que se vive al respecto: en la Conferencia de Doha realizada en 2001, a las pocas semanas de los ataques a las Torres Gemelas, se aprobó la posibilidad de que los gobiernos produjeran medicamentos genéricos para enfrentar enfermedades de gran impacto social, sin pagar el costo de la patente comercial a las farmacéuticas. Estas últimas se han encargado de poner múltiples obstáculos a la implementación de esta norma, y hoy asistimos a casos tan aberrantes como el del medicamento Gilead, necesario para tratar la hepatitis C, que afecta a más de 150 millones de personas en el mundo, y que producido como genérico en la India cuesta 14 dólares la pastilla, ¡pero la farmacéutica dueña de la patente lo vende en el mercado mundial a 1.000 dólares por gragea!

No cabe duda que el elevado costo de los medicamentos está entre las razones de la crisis financiera de los sistemas de salud en muchos países en desarrollo. Solamente la decisión política ha permitido en lugares como Brasil producir genéricos para tratar el VIH, y en India la Corte negó la patente al Glivec de Novartis, pues solo se había cambiado un componente y no justificaba otorgar otra patente como si se tratase de un medicamento completamente nuevo.

La ronda de Uruguay del GATT, dominada por los países desarrollados, logró, tras siete años de negociación, imponer las políticas de apertura económica de los países en desarrollo, y se negó en cambio a considerar la eliminación de sus subsidios.

Adicionalmente, impusieron la aprobación de instrumentos de protección a la propiedad intelectual, aplicable a medicamentos, películas, música y reproducción de libros. A su amparo, dos editoriales universitarias británicas (Cambrige y Oxford) demandaron en el 2013 a una fotocopiadora y a la universidad de Delhi por fotocopiar sus libros para uso de sus estudiantes.

En Colombia, el daño causado a la agricultura por la invasión de productos agrícolas subsidiados en los centros, y facilitado por la improvidente apertura de los años 90, explican la situación que se vive hoy: Si en 1990 la importación de alimentos ascendía a 700.000 toneladas al año (10% del consumo nacional), actualmente sobrepasa los 10 millones de toneladas (27,5% del consumo nacional). Los nuevos proyectos como ‘Colombia siembra’, las Zidres y las reformas propuestas por la Misión Rural, buscan hacer productivas 1 millón de hectáreas, un área equivalente a la que se perdió para el cultivo tras la apertura de los años 90.

Según Rafael Mejía, presidente de la SAC, entre enero y septiembre del 2015, el área cultivada de trigo cayó 42,9 %; la cebada, el 41.3%; el sorgo, 36,7 %; el algodón, 22,8%; el tabaco, 13,1%; la soya, el 8,8%; el frijol, 8,2%, y las hortalizas el 4,4%. Dicho gremio reporta que para el mismo período las importaciones de alimentos y materias primas agropecuarias ascendieron a 8,8 millones de toneladas, por un valor de US$4.451 millones, cifra que comparada con el mismo período del 2014 representa un aumento del 9,3% en volumen y un descenso de 6,3% en valor.

¡El resultado innegable de dicho proceso es que la participación del sector agropecuario en el PIB nacional ha caído del 24% en los años 90 a menos de 7% en la actualidad!

Si las asimetrías en el comercio mundial, particularmente en el comercio de bienes agropecuarios, inciden severamente en la pobreza de los países en desarrollo, cuando se trata de países que viven un conflicto interno, como el nuestro, las pérdidas en la producción rural pueden constituirse en un problema de seguridad nacional: ¡Las recientes protestas de los productores agropecuarios se han encargado de recordárnoslo!

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