Las deudas pendientes en el mercado laboral del país según la OCDE.

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Por otra parte, y teniendo como referencia los estándares de la Ocde, se sugiere aumentar el gasto público para financiar programas enfocados en la población vulnerable.

Por: Portafolio.


Mientras Colombia continúa adelantando el proceso para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) –que arrancó a finales del 2013–, ese organismo reveló un informe en el que señala que a pesar de que el país durante los últimos años ha realizado notables avances económicos y sociales, persisten “profundos problemas estructurales” como la informalidad laboral, la desigualdad en el ingreso y una “redistribución insignificante” de impuestos.


Y mientras la Ocde señala que las políticas para reducir los índices de pobreza y de desempleo han tenido avances en los últimos años, el informe hace un llamado para que el Ejecutivo refuerce la calidad de la generación de empleo, de la cobertura de la protección social y del diálogo social.


“Una aplicación correcta de la legislación laboral es un primer paso hacia un mercado más equitativo”, aseguran las recomendaciones de la Ocde las cuales sostienen que el diálogo social y la negociación colectiva serán claves para mejorar el panorama.


En línea con lo anterior, la Ocde le recomienda al Gobierno emprender reformas para atacar uno de los grandes problemas del mercado laboral: la informalidad. Además, sugiere “avanzar aún más para proporcionar ayuda económica a las personas desempleadas”.


Esto significará reforzar “el sistema de cuentas individuales de ahorro de cesantías limitando las opciones para retirar fondos por razones distintas al desempleo” y financiar a los proveedores de servicios de empleo.


Asimismo, ponerle freno a la informalidad laboral (que según cifras del Dane se acerca a un 48,8 por ciento de la población colombiana), agrega el documento, obligará al país a que existan reglas claras en materia de prestaciones sociales para trabajadores y patronos.


Lo anterior debe ir ligado a abolir formas abusivas de contratación que perjudican la formalización laboral y que dejan por fuera a los trabajadores de los derechos del Código del Trabajo como “salario mínimo, normas de contratación y terminación, afiliación a organizaciones sindicales, derechos de negociación colectiva y derechos de seguridad social”.


Pero más allá de generar mecanismos para disminuir la informalidad y la desigualdad de los ingresos, la Ocde advierte que un sistema de justicia laboral y los mecanismos de negociación colectiva son claves para “garantizar condiciones laborales decentes”.


“Hay que fortalecer el sistema de inspección laboral para acercarlo a estándares internacionales”, sostiene la Ocde al tiempo que considera que el Gobierno debe atender con más detalle y recursos suficientes los programas para proteger de hechos violentos a los sindicalistas y a los sindicalizados.


En otro de los apartes, el informe sobre Colombia insiste en que debe reformarse integralmente el actual sistema de pensiones eliminando “la competencia entre el plan público de prestación definida y el privado de contribuciones definidas”.


Pero más allá de esa recomendación, en la que también han insistido varios centros de pensamiento colombianos, la Ocde advierte en que puede aumentarse “la tributación de las pensiones” para que esto sea una fuente de recursos para que se mejoren los programas del Gobierno orientados a proteger a la tercera edad.


“La pensión mínima debería desligarse del salario mínimo. El periodo mínimo de cotización debería reducirse, y el salario de referencia debería fundamentarse en un mayor número de años. La edad de jubilación de los hombres y las mujeres debería igualarse, y su evolución ligarse a los cambios en la expectativa de vida”, aseguran las recomendaciones del organismo.


Por otra parte, y teniendo como referencia los estándares de la Ocde, se sugiere aumentar el gasto público para financiar programas enfocados en la población vulnerable.


El organismo concluye que para ampliar el cubrimiento de estos programas sociales (como Familias en Acción), debe fortalecerse la coordinación entre las entidades estatales que promuevan políticas sociales.

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