La seguridad ciudadana en Medellín: vuelve y juega.

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La lucha contra las organizaciones criminales es una necesidad en Medellín, pero debe hacerse en el marco del más absoluto apego a la legalidad y al pleno respeto por los derechos humanos.

Por: Max Yuri Gil Ramirez / Semanario Caja de Herramientas.

Dos noticias han llamado de nuevo la atención de la opinión pública sobre la situación en materia de seguridad ciudadana en Medellín: de un lado se ha conocido que por primera vez en más de tres décadas, la ciudad ha dejado de estar entre las cincuenta ciudades con más homicidios en el planeta, gracias a la tasa de 20 homicidios por cien mil habitantes que presentó el año anterior; todo esto de acuerdo al informe que anualmente presenta la ONG mexicana Consejo ciudadano para la seguridad pública y justicia penal (1).

Este logro, contrasta con el incremento de los enfrentamientos armados en diversas comunas de la ciudad, especialmente en territorios de la comuna 5 Castilla, 7 Robledo, y en la comuna 10 Candelaria, el centro de la ciudad. Ante esta situación el Alcalde Federico Gutiérrez ha dado la orden de realizar planes de choque liderados por la fuerza pública para recobrar el control del territorio por parte de la institucionalidad y para quitárselo a los grupos armados ilegales. Para que cumplan este objetivo, el Alcalde ha dado un plazo de 45 días máximo y anunció la realización de consejos diarios de seguridad para hacerle seguimiento a la situación.

Estas dos situaciones están relacionadas y demuestran la complejidad de la situación en materia de seguridad ciudadana en Medellín. Durante la administración de Aníbal Gaviria 2012 – 2015, se logró una valiosa y significativa reducción de los homicidios, logrando para el año 2015 tasas que no se presentaban desde comienzos de la década de los 80. Para la administración presidida por el Alcalde Gaviria, esto obedecía a la acción institucional y negó de manera contundente que existiera un Pacto del Fusil, como se denomina en la ciudad el acuerdo de distribución de territorios y rentas establecido entre la Oficina de Envigado y Los Urabeños desde mediados del 2013. Según la Alcaldía, la acción de la fuerza pública y la Fiscalía era la única razón que explicaba el milagro en el descenso de los homicidios y en esto no había ninguna incidencia de decisiones estratégicas de los grupos armados de la ciudad.

Para otros, la razón del descenso de los homicidios radicaba tanto en la innegable acción institucional, como en la concertación entre los grupos al servicio de las dos grandes estructuras criminales que actúan en la ciudad, quienes luego de enfrentarse durante algunos meses desde finales del 2012, establecieron un pacto de convivencia a mediados del 2013, por medio del cual se reparten territorios y rentas, legales e ilegales. Este pacto les ha permitido mantener sus estructuras relativamente intactas, e incrementar sus niveles de recaudo y ganancia, pues estas organizaciones han comprendido que tienen mayores posibilidades de desarrollar sus actividades criminales con un bajo perfil. Es un poco como ha pasado en Rio de Janeiro o Bogotá, donde las autoridades permiten la existencia y actuación de estos grupos armados, siempre y cuando no llamen la atención a través de grandes acciones de violencia, no se enfrenten de manera abierta utilizando armamento con gran poder de fuego, y especialmente, no representen ningún desafío a la presencia formal institucional y de la fuerza pública. De esta manera, se termina generando un cierto pacto explícito de convivencia entre legalidad e ilegalidad, mediante el cual los grupos armados mantienen su accionar delictivo de manera discreta en actividades como la extorsión, el microtráfico y el control de territorios y habitantes, pero siendo funcionales a un orden y a una gobernabilidad institucional.

Como todo pacto entre organizaciones violentas, es inestable y está propenso a constantes reacomodos, y cuando esto sucede, como ha ocurrido varias veces en los últimos años y ocurre hoy en territorios como Castilla, Robledo, Altavista y el centro de la ciudad, se hacen visibles los poderes armados, la gran capacidad de fuego que poseen y sus verdaderas dimensiones. Esto ha sido reconocido por el actual Alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez, quien ha denunciado el control de los territorios que estas organizaciones poseen y es por eso que ha ordenado la retoma del control por parte del Estado, ha anunciado planes de choque y ha establecido como propósito la desestructuración de las organizaciones delictivas, no solo la captura de cabecillas fácilmente reemplazables.

Si bien es cierto esta iniciativa del Alcalde Gutiérrez es legítima, hay un conjunto de elementos a tener en cuenta. En primer lugar se debe partir de la premisa que la lucha por desestructurar estas organizaciones debe hacerse cortando sus principales fuentes de riqueza, y eso pasa por desmontar sus relaciones y nexos con la economía legal. Además, esto implica una lucha frontal contra la corrupción institucional, en especial entre la fuerza pública y la Fiscalía, sin lo cual no se puede explicar su pervivencia y actuación impune. Debe tenerse en cuenta igualmente que no es lo mismo la actuación de choque que la acción estratégica de desmonte de las estructuras criminales, pues mientras en la primera es muy importante la vigilancia policial, en la segunda es fundamental la legitimidad ciudadana y la labor de inteligencia. En este sentido es prioritario trabajar desde un enfoque democrático de la seguridad ciudadana, y la ciudad posee ya un acumulado de reflexiones y propuestas, hechas desde organizaciones sociales y académicas desde perspectivas como la seguridad humana que colocan en el centro de la atención una mirada integral sobre las necesidades de las personas, no solo la acción centrada en la seguridad de las instituciones.

Finalmente, es fundamental hacer un estricto control a la fuerza pública en dos direcciones, en el primero, entender que se deben rendir cuentas públicas de su eficacia, pues por años han gozado de un alto nivel de respaldo y fortalecimiento por parte de las alcaldías de la ciudad y su labor ha sido poco controlada a pesar de su bajo nivel de éxito en el desmonte de las organizaciones criminales. Esto es aún más necesario, si se considera que se ha conocido de los altos niveles de corrupción y penetración criminal, desde los policías de calle hasta altos mandos de la institución, como queda claro en las investigaciones sobre los generales Santoyo, Gallego, Pedreros y Martínez, entre otros.

El segundo control fundamental es el que se requiere para evitar que se comentan violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública contra los habitantes de estos territorios, en el afán de presentar resultados operacionales y satisfacer las exigencias de la Alcaldía. En el pasado reciente estos planes de choque han significado graves atropellos contra las personas de los territorios, como pasó en las operaciones militares en los años 2002 y 2003, o con el toque de queda de menores de edad decretado por el Alcalde Salazar en el 2009 en dos comunas de la ciudad, o como ha pasado en reiteradas intervenciones policiales en el centro de Medellín en los últimos años, o en conductas como las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, originadas en parte por la búsqueda de resultados operacionales. Todas estas acciones han traído violaciones de derechos humanos, estigmatización sobre los habitantes, violencia y brutalidad por parte de la fuerza pública en las intervenciones, generando una mayor deslegitimación para la institucionalidad pública, con el agravante de que esto incluso ha sido capitalizado por las organizaciones armadas a su favor.

Para evitar que estas situaciones se repitan, se deben crear canales de denuncia legítimos para que la ciudadanía pueda interponer sus reclamos por violaciones de derechos humanos, y se debe garantizar una vigilancia autónoma e independiente por parte de organismo del ministerio público, lo cual de paso puede servir para que la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín recobre su labor protagónica en defensa de los derechos humanos de las personas de la ciudad.

La lucha contra las organizaciones criminales es una necesidad en Medellín, pero debe hacerse en el marco del más absoluto apego a la legalidad y al pleno respeto por los derechos humanos. Las autoridades de la ciudad no pueden repetir experiencias anteriores de aliarse con sectores criminales para derrotar a otros, ni permitir el accionar ilegal de la fuerza pública.

(1) http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/230-caracas-venezuela-es-la-ciudad-mas-violenta-del-mundo

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