Isagén: un remedo de subasta.

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No va a haber subasta de Isagen, eso dice la empresa. En un comunicado Isagén confirmó que queda entonces un oferente que es la canadiense Brookfield, de manera que se descarta la subasta programada para el próximo miércoles desde las 8 de la mañana, “pues si estos se mantienen interesados solo tendrán que ofrecer los $4.130 (por acción) que pide el Gobierno por Isagen”. (La república 11 de enero de 2016).

Por: Justicia Tributaria.

Después de dos años de intentos fallidos y de haberse retirado 5 de las 6 empresas que manifestaron interés en la compra de la hidroeléctrica, el gobierno se obstina a través de una supuesta subasta, entregarla a la única aspirante, Brookfield, especializada en el manejo de acciones en todo tipo de inversiones de finca raíz, inmobiliarias, centros comerciales y cualquier tipo de activos de los cuales pueda extraer alguna utilidad para sus accionistas. Su interés no es la satisfacción de las necesidades energéticas de los colombianos ni el cuidado ambiental ni el desarrollo del país.

El gobierno de Santos pretende adjudicarla sin que haya más oferentes, en contravía de lo que el Consejo de Estado determinó a raíz del intento de privatizar el espectro electromagnético con un solo oferente y determinando que eso violaba el principio de la libre competencia que exigía diversidad de ofertas para asegurar la maximización de los recursos públicos.

El mismo Consejo de Estado no ha culminado el estudio de las diferentes demandas que se han entablado en contra de la venta y la mayoría del parlamento y de los partidos políticos de todas las tendencias se han pronunciado en contra de ella.

Numerosos analistas han cuestionado con fundamentos la valoración del precio de venta, la conveniencia de la misma en un momento en que se debe tener especial cuidado con el manejo de los recursos hídricos y energéticos. Se ha demostrado hasta la saciedad que las vías tan necesarias pueden tener distintas fuentes de financiamiento y, sin embargo, el gobierno se empecina en venderla con el simple argumento de que necesita esos dineros.

La opinión pública y las fuerzas sociales del país debemos hacer un esfuerzo porque esta venta no se concrete pues implicaría un grave detrimento patrimonial, una pérdida de lo soberanía energética y una continuación de la entrega de importantísimos recursos naturales a la voracidad del capital extranjero.

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