Las Zidres y la Contrarreforma Agraria.

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Las Zidres ha sido el aguinaldo del gobierno Santos a los poderosos del campo. La concesión o el arrendamiento de baldíos de la Nación hacen parte del contenido de una política expansiva del latifundismo.

Por: Fernando Estrada / Palmiguia.

Quienes venimos del campo podemos recordar que hace apenas 50 años Colombia tenía una capacidad agropecuaria incomparable; regiones como el Pacífico o el Caribe concentraban una extensa y variada gama de productos para alimentar no sólo a sus pobladores, sino para el abastecimiento de la región andina y los habitantes del sur del país. En arroz, fríjol, sorgo, algodón, papa, cebada y la amplia variedad de granos, hortalizas y vegetales, la seguridad alimentaria no era nuestro problema fundamental. Con todo, del campo surgieron desigualdades que explican graves conflictos heredados como el latifundismo, las guerrillas, las autodefensas y los paramilitares, por mencionar algunos. 

Lo anterior quedó conservado en la memoria histórica de los proyectos de reformas y contrarreformas agrarias. Desde la Ley 200 de 1936 hasta la Ley 160 de 1994 que estableció límites a la concentración de tierras y consolidó la Unidad Agrícola Familiar, UAF, como referente básico. Pero también la evolución del tema agrario ha sido reflejo del modelo de poder regional, poder asociado al despojo por medios violentos o legales; de modo que la historia del campo en Colombia es un ciclo repetido entre las promesas gubernamentales de la élite y las condiciones de relativa impotencia de campesinos y pequeños propietarios. 

Este fenómeno ha cumplido un nuevo ciclo con la aprobación en el Senado y la firma que dará el presidente Santos a Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres. Proyecto Agroindustrial de alcance y tamaño comparable a los objetivos de la Misión Rural (MR) dirigida por José Antonio Ocampo, sólo que poca o ninguna relación conservan las Zidres con el espíritu de la MR, así como los acuerdos logrados en La Habana entre los negociadores. Voy a señalar tres fallos que convierten las Zidres en la nueva Contrarreforma Agraria. 

Primero, las Zidres reflejan problemas de inconsistencia en las políticas de gobierno. En realidad, son iniciativa de los sectores beneficiados históricamente por el poder central. Agremiados en Fedepalma, Fedegan o la Sociedad de Agricultores, entre otros, tienen la finalidad de proteger jurídicamente la política de concentración de tierras. Este proyecto no es complementario a la Misión Rural, sino su contrario. Mientras la Misión Rural busca una solución histórica estructural, las Zidres responden a los grupos de interés particular, son poderosos inversionistas con capacidad de influenciar decisivamente a los gobiernos regionales. 

Este antagonismo entre las Zidres y los objetivos de la Misión Rural muestra las dificultades propias de la transición negociada del conflicto. Grandes poseedores de tierras productivas dispuestos a consolidar su poder local (por fas o por nefas) versus pequeños propietarios o comunidades campesinas vulnerables y sin intermediación política. 

Segundo, las Zidres postergan las relaciones desiguales sobre la propiedad de la tierra. El proyecto contempla que los campesinos “serán vinculados a la escala de producción agroindustrial en condición de jornaleros y trabajadores”. Con posibilidad de hacerse con el tiempo, “copropietarios y compartir ganancias con inversionistas”. Esto es una falacia. Porque los mecanismos de asociatividad terminan concediendo mayor poder al latifundio. La relación económica con la tierra no es entre iguales. 

Tercero, según el proyecto, los inversionistas podrán “pedir en concesión o arrendamiento los baldíos de la Nación y conseguir la cantidad de tierras, comprando, arrendando, entre otros, en la medida en que su plan lo necesite”. Interpretado, significa caer de nuevo en los daños del modelo Agroingreso Seguro. Las políticas expansivas del empresario van en contravía del apoyo que la Misión Rural busca darle al campesino y la UPRA. Y no porque sean negadas las posibilidades de estimar proyectos de asociación meso y macro industrial para el campo, sino porque primero deben corregirse desviaciones históricas de titulación, censo y catastro rural. 

La implementación efectiva de las Zidres opera contra las reformas propuestas en la Misión, de modo que corremos el riesgo de repetir el ciclo de desaciertos. Desde la Ley 200 de 1936, todos los gobiernos, incluyendo a López Pumarejo, Alberto Lleras, Carlos Lleras Restrepo y López Michelsen, terminaron cediendo frente a la fuerza de los promotores de la Contrarreforma Agraria. 

En síntesis, las Zidres ha sido el aguinaldo del gobierno Santos a los poderosos del campo. La concesión o el arrendamiento de baldíos de la Nación hacen parte del contenido de una política expansiva del latifundismo. Darle nuevo rostro al viejo sistema de tenencia y propiedad, formalizar el despojo de la tierra más productiva y conservar el poder, son los motivos que nos explican semejante proyecto.

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