De pretil a pretil: la justicia tambalea entre Plazas y Pretelt.

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El martes 15 de diciembre, la Cámara de Representantes decidió con 96 votos por el sí y 45 por el no, aprobar la ponencia del representante investigador, Julián Bedoya, de la comisión de acusaciones, contra el magistrado Jorge Ignacio Pretelt; cuya defensa intentó el Centro Democrático, a través del representante Álvaro Hernán Prada, hasta el último momento.

Por: Miguel Angel Herrera Zgaib / Semanario Caja de Herramientas.

“El Congreso de la República me irrespetó el derecho sagrado y humano a la presunción de inocencia y al debido proceso”. Jorge Ignacio Pretelt, magistrado de la C. Constitucional. 

“Yo no estoy pidiendo perdón ni lo voy a aceptar. Yo estoy pidiendo justicia, que es diferente”. Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. 

“(…) es una decisión indignante que genera repulsión…Es un fallo que prueba que los ciudadanos no cuentan con recursos eficaces. Abogado Jorge Molano, defensor de desaparecidos del Palacio de Justicia. + El martes 15 de diciembre, la Cámara de Representantes decidió con 96 votos por el sí y 45 por el no, aprobar la ponencia del representante investigador, Julián Bedoya, de la comisión de acusaciones, contra el magistrado Jorge Ignacio Pretelt; cuya defensa intentó el Centro Democrático, a través del representante Álvaro Hernán Prada, hasta el último momento. Prada pretendía que la Cámara escuchara, antes de votar, tanto al acusado Pretelt como al procurador Alejandro Ordóñez, lo cual fue rechazado de plano por los congresistas. 

Ahora dicho trámite pasa al Senado que decidirá si acusa al magistrado, a quien el abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, señaló de pedir $500 millones para favorecer el trámite de una tutela. DE prosperar el proceso irá a parar a la Corte Suprema de Justicia que proferirá sentencia. Esta Corte puede condenarlo hasta 12 años de prisión. Sin embargo, la Sala Penal de la CSJ, absolvió al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, al casar su demanda contra la condena de 30 años el miércoles 16 de diciembre. 

La Corte, que resolvería la causa contra Pretelt, arguyó errores graves en la valoración de las pruebas por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que condenó al militar por la desaparición de dos personas, cuando Plazas Vega retomó en forma violenta el Palacio de Justicia. Él era el comandante de la Escuela de Caballería en Usaquén, de donde partió al frente de una columna de tanques Cascabel. 

La Corte Suprema le había impuesto una multa por $22.500 millones a Fidupetrol, y después Pretelt prometía obtener un fallo favorable en el trámite de una tutela ante la Corte Constitucional. En febrero de este año, Mauricio González, exmagistrado de esta Corte lo denunció ante la Comisión de acusaciones. Luego, el abogado Pacheco, apoderado de Fidupetrol, investigado por la Fiscalía aceptó que intentó sobornar tanto al magistrado Pretelt, como Alberto Rojas. Por el tráfico de influencias recibió un pago de $152 millones. 

La silla sigue vacía 

“Mantener la democracia, maestro”. Expresión del comandante Luis Alfonso Plazas Vega, dada a un periodista que lo interrogó en un momento de la retoma del Palacio, y que se hizo tristemente célebre. 

En sentencia de 358 páginas, la sala penal de la CSJ, revisó la sentencia de segunda instancia; aduciendo errores graves absolvió al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Examinó de manera crítica 6 testimonios, y la mayoría de los magistrados respaldó la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar, quien sostuvo que había duda razonable, suficiente para mantener la presunción de inocencia del militar condenado en dos instancias. 

Se criticó la versión ofrecida por el cabo Édgar Villamizar Espinel, quien declaró en el año 2007, luego de 21 años, 8 meses y 25 días, que participó en la retoma del Palacio, y estuvo en la Escuela de Caballería, donde presenció y escuchó al coronel Plazas Vega, en la mañana del jueves 7 de noviembre, decir: “cuelguen a esos hps”. 

El cabo sostuvo, ante la fiscal Buitrago, que reabrió el caso de las desapariciones del Palacio de Justicia en el año 2006, que él fue enviado desde Villavicencio a Bogotá, como parte de un grupo especial, CIAES, de la VII Brigada. Villamizar señaló también que al quedarse sin balas en el Palacio fue a la casa del Florero, a apertrecharse y tomar agua. 

El ponente de la sentencia absolutoria señaló que el cabo era criptógrafo en la VII Brigada, por lo que no cree que fuera enviado a Bogotá. Sin embargo, se había negado antes de 2007 que hubieran sido movilizadas tropas de esta brigada acantonada en el Meta. 

Pero, quedó probado por la Fiscalía que sí hubo tal traslado de tropas. Arguye la mayoría de la sala penal que tales tropas fueron “destinadas a patrullar otros puntos de capital, mediante un el plan de ocupación y control de la ciudad, para evitar concentraciones y manifestaciones de apoyo…”  

¿Dónde está la verdad? 

“Queda resuelto el tema de los militares en el Palacio de Justicia. Falta resolver el tema de los desaparecidos”. Antonio Navarro Wolf, senador Alianza Verde. 

“Hay satisfacción porque triunfó finalmente la justicia, pero también tristeza porque se demoró tanto”. Gral. (r) Néstor Ramírez. 

Valiéndose de 11 testimonios presentados por la defensa del coronel Plazas Vega, el magistrado ponente Salazar niega que la histórica Casa del Florero se usara para guardar y entregar munición. Pero, se negó también antes que allí mismo hubiese entrado el Coronel al mando de la retoma, pero quedó probado que él sí estuvo, conforme lo testimonió la estudiante del Externado de Derecho, Yolanda Santodomingo, quien lo vio interrogando a uno de los magistrados e impartiendo órdenes. Plazas reconoció que él estuvo en la casa del Florero, pero solo el segundo día, y que habló, dice, con dos magistrados. 

En vez de hablar de torturas contra los estudiantes Santodomingo y Eduardo Matson, el ponente dice que “fueron sometidos a malos tratos”, lo cual es inaudito, y contrario a lo declarado por los mismos torturados. De allí, según lo establecido, fueron enviados Orlando Arrechea Ocoró y Orlando Quijano a las instalaciones de la Escuela de Caballería. Allí mismo fue también retenida y sacada por 5 hombres de civil Irma Franco, la guerrilla del M19, después desaparecida, como lo fuera también el administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez. 

Ella fue torturada, asesinada y desaparecida, tal y como se probó luego en la investigación adelantada contra el general Arias Cabrales, el comandante de la fatídica Brigada XIII, por la Procuraduría de Alfonso Gómez, y el procurador delegado Hernando Valencia Villa, quien tuvo que exilarse, por su activa participación conforme a la ley en la destitución del oficial, quien paga condena de prisión hasta el día de hoy. 

El Coronel Plazas Vega, según el fallo de la Corte, no decidió sobre los sobrevivientes, pero no hay duda que bajo sus órdenes sí se hizo el traslado de civiles, magistrados y guerrilleros a la casa del Florero, donde estaban los cuerpos de inteligencia de la Policía, el Ejército, el B2, y el Das, de lo cual el mismo coronel era conocedor, porque además visitó en persona la Casa del Florero. + Sin embargo, el militar absuelto, luego de “pagar” 8 años y 5 meses de reclusión en la Escuela de Caballería, de la que fuera su director, señala que el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, del B2, era el responsable del “área de coordinación reservada”, es decir, en buen romance, el lugar donde se interrogaba, se torturaba y a la postre se asesinaba y desaparecía. 

Era ésta un área porosa y extensa, porque abarcaba desde la Casa del Florero, mancillada y deshonrada por estos eventos contrarios al respecto a la ley y a los D.H, como al DIH, hasta los cuarteles de la Escuela de Caballería. En esa área estuvieron no solo Yolanda Santodomingo, sino también Orlando Quijano y Patricio Torroledo. 

Una absolución forzada 

“Sin que su silencio…encuentre explicación atendible”. Aparte del fallo de la CSJ para cuestionar por qué el cabo Villamizar guardó silencio por tantos años de lo que le constaba de los hechos del Palacio de Justicia. + En otro apartado de las 358 páginas estudiadas por el portal la “Silla Vacía”, del que hizo una síntesis, y adjuntó el texto de la sentencia, se disputa que él fuera el comandante de la operación, para sostener que lo era el general Arias Cabrales, su superior. Sin embargo, Plazas Vega afirma: “Sí, yo entré con los carros al Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron.” Pero, él mismo no aclara quién(es) le ordenaron. + La misma ponencia/sentencia, para asombro de cualquier lector atento: “Descarta un informe de la operación enviado al Comandante de la Brigada y que según el Tribunal (Superior de Bogotá) había hecho Plazas, mostrando que él había sido el responsable de la operación.” 

Lo que a todas luces resulta ilógico que el Informe lo escribiera el propio Gral. Arias Cabrales, y se lo auto-dirigiera. Está claro que su inmediato inferior era el Comandante de la Escuela de Caballería, Plazas Vega, quien reconoció que fue el primero en ingresar, del modo que se sabe, porque están las fotos, al Palacio de Justicia. + Se dice, igualmente, en la sentencia que el Plan Tricolor estableció que el general Arias Cabrales ordenó al Coronel Sánchez Rubiano, indagar por la “identidad de los rescatados y encontrar a posibles miembros del M-19”. Y este coronel, señalado por Plazas y Arias Cabrales fue quien manejaba la infame “Area de coordinación reservada”. 

Cada quien, cuando lea la sentencia, y examine la historia de la masacre del Palacio de Justicia, podrá formarse su propio juicio; pero, en todo caso, para absolver al coronel Plazas de cualquier responsabilidad en las dos desapariciones probadas para entonces, porque a hoy, se le sumaron otras tres, como es hecho notorio, esto dice la sentencia hecha pública el pasado miércoles: “…actuó con sujeción a su rol de comandante de la escuela de caballería, sin aprovechamientos…para imponer decisiones por encima de oficiales de mayor graduación.” 

“…si Plazas tuvo mando, eso habría modificado la línea de mando…saltándose a oficiales con mayor jerarquía.” + Sobre esto último, el Tribunal sostuvo que es lo que ocurrió, por ser Plazas Vega el yerno del mindefensa, el general Miguel Vega Uribe, padre de la senadora del Centro Democrático, Thania Vega, a quien el columnista Plinio Apuleyo Mendoza, colma de elogios en la columna ¡Al fin libre!. 

El mismo Plinio se va lanza en ristre contra el fiscal Eduardo Montealegre, porque anuncia que va a abrir una nueva investigación en contra de Plazas Vega, “a propósito de lo ocurrido en la retoma (o sea el rescate) del Palacio de Justicia.” Pero, como un burdo gacetillero, el periodista que lo fuera, de altura moral, y militante de izquierda y defensor de la revolución cubana, le enrostre ahora a Montealegre, que éste “militaba en las filas de la Juventud Comunista y era muy cercano al jefe de ese partido y a Carlos Lozano, director del semanario Voz Proletaria…” cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia. + Por último, se desestima también el testimonio del suboficial del ejército, Triso Sánchez, quien el 6 de noviembre, vio bajar de otros blindados a 6 civiles, quienes después fueron torturados y desaparecidos. Esto ocurrió en la Escuela de Caballería. La CSJ, Sala Penal, dice que en el documento oficial tampoco aparecen Sánchez ni sus compañeros de uno de los tanques, y que en cambio otros 11 tripulantes afirman que salieron el 6 de noviembre por la mañana, y volvieron el 7 por la noche. 

Y claro, resulta de “ingenuidad supina”, que un togado, y le hagan coro otros, se pregunte por el silencio del cabo Villamizar, y se atreva a plasmar semejante aserto para la posteridad de una justicia ordinaria, al borde del abismo: “sin que su silencio…encuentre explicación atendible.” 

Ojalá que el Fiscal Montealegre, quien, según el arrepentido Mendoza, fue un joven comunista rescate jirones de lo que queda de la justicia colombiana. Antes que termine sepultada del todo, si resulta luego que el contubernio de magistrados, que involucra, entre otros, a Pretelt y Vargas, termine absolviéndolos, si es que el senado no se arrodilla, y desestima la acusación de la Cámara por cohecho, como lo ha aceptado el abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco. Así están las cosas, ciudadanos, de pretil a pretil, recordando a David Sánchez Juliao, pero en “Cundinamarca”, como sentenciaría con doloroso sarcasmo Darío Echandía.

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