Colombia, Balance y perspectivas Económicas 2015-2016.

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Uno de los factores que más ha golpeado a los hogares de ingresos bajos y medios en 2015 es la inflación. El incremento del salario mínimo de 4,6 por ciento en 2014 se quedó corto en 2015 en cuanto el Índice de Precios al Consumidor acumuló un aumento de 6,7 por ciento.

Por: Libardo Sarmiento Anzola / Palabras al Margen.

En las sociedades capitalistas no todos los factores económico, político, social y ambiental afectan de manera igual el bienestar de la población; algunos tienen efectos focalizados y adversos en grupos particulares, los más vulnerables y los trabajadores.
En Colombia la transición 2015-2016 está signada por los acuerdos de paz entre el gobierno y la insurgencia; el cambio de mandatarios territoriales con la hegemonía de los partidos políticos de derecha y la casi desaparición de los gobiernos de izquierda; el debilitamiento de la economía y su impacto negativo en las finanzas públicas; la corrupción que corroe toda la institucionalidad; y el evidente deterioro ambiental. Para los hogares de estrato socioeconómico bajo y medio la preocupación es creciente frente a un entorno caracterizado por la precarización del empleo, la caída en los ingresos, el alza en el costo de la canasta familiar, la incapacidad para el pago de deudas, el crimen, la crisis en el sistema de salud y una calidad de vida amenazada. En 2016 la población del país es de 48,8 millones de habitantes; 76,6 por ciento habitando centros urbanos.
La economía colombiana en 2015 mostró signos recesivos; en 2016 los indicadores serán más adversos, principalmente a causa de la caída en los ingresos fiscales petroleros y un entorno económico desfavorable: desaceleración China, recesión japonesa, alza en las tasas de interés estadounidense, fragilidad de la economía mundial e inestabilidad financiera.
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Fuentes: Fondo Monetario Internacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Siete años después de que la economía mundial emergiera de la recesión más amplia y más profunda desde la postguerra, aún no se observa una expansión global robusta, estable, sincronizada y sostenible. El retroceso del precio de las materias primas, la menor afluencia de capitales en los mercados emergentes, las presiones sobre sus monedas y la creciente volatilidad de los mercados financieros han agudizado los riesgos a la baja para las economías en desarrollo. El producto interno bruto (PIB) de Colombia cae de 6,6 a 2,5 por ciento anual entre 2011 y 2015, declive ocasionado principalmente por la debacle en los ingresos petroleros, que para el Gobierno Nacional Central (GNC) significa una pérdida de 20 billones de pesos entre 2013 y 2016 (gráfico 1).
Para 2016 el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que puedan recuperarse un tanto la economía mundial y la colombiana, pero es poco probable. El comercio internacional registra una tendencia negativa. Las exportaciones colombianas cayeron de 60.125,2 millones de dólares en 2012 a menos de 36.000 millones en 2015. Las importaciones igualmente registran un fuerte descenso: de 61.087 en 2014 a 52.354 millones de dólares en 2015. El déficit comercial se acerca a los 17.000 millones de dólares (gráfico 2).
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Fuentes: DANE.
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Fuentes: Banco de la República y ANH.
En 2015 la devaluación del peso colombiano alcanza 38 por ciento, lo que sitúa al peso entre las monedas con mayores pérdidas frente al dólar, entre los países periféricos. En 1991 se pagaba 631 pesos por un dólar, al finalizar 2015 la tasa de cambio se acerca a los 3.300 pesos. El bajo precio del petróleo en los mercados internacionales continúa siendo el principal factor que está empujando el costo de la divisa estadounidense, no solo en Colombia sino en la mayoría de economías dependientes. El barril de petróleo en su referencia para Colombia, la WTI, alcanzó un valor de US$104,2 en 2012 y en diciembre de 2015 se situó en su nivel más bajo al registrar un precio de 38,7 dólares (gráfico 3).
Uno de los factores que más ha golpeado a los hogares de ingresos bajos y medios en 2015 es la inflación. El incremento del salario mínimo de 4,6 por ciento en 2014 se quedó corto en 2015 en cuanto el Índice de Precios al Consumidor acumuló un aumento de 6,7 por ciento. El comportamiento de la inflación es el resultado en gran medida del crecimiento en el precio de los alimentos que en 2015 llega a 9,9 por ciento, por dos causas: i) la devaluación de la tasa de cambio y su impacto en los precios de los productos importados; ii) las graves averías que provoca en la producción agropecuaria el cambio climático y la devastación de los recursos naturales (gráfico 4).
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Fuentes: DANE, DNP y MinTrabajo.
Según la Organización Mundial de la Meteorología (OMM), el fenómeno meteorológico de El Niño en 2015 es el más fuerte de los últimos tres lustros y está en camino de convertirse en uno de los más potentes de los últimos 65 años. Peor aún, de acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Ideam) en Colombia se deforestan más de 140.000 hectáreas al año, con un aumento en la tasa de deforestación de cerca al 15 por ciento anual, producto de las actividades minero-energéticas; la expansión de las áreas agropecuarias (cambio de bosques a pastos); la tala ilegal; y los incendios forestales.
El incremento del salario mínimo legal (SML) que regirá al año siguiente se establece con base en el crecimiento del PIB, el incremento en la productividad del trabajo (PT) y la inflación anual (IPC). A raíz del incremento de la inflación y la caída en la productividad del trabajo, la negociación para aumentar el salario mínimo legal (SML) es compleja; según el Ministerio de Trabajo, durante 2015 la productividad de la economía disminuyó en -0,5 por ciento.
Con la cifra probable de un incremento de 7,5 por ciento, el SML en 2016 quedará en 693 mil pesos mensuales; ganarían los trabajadores 0,8 puntos porcentuales respecto a la inflación, pero estarán 2,4 puntos porcentuales por debajo del aumento en los precios de los alimentos. De hecho, durante el período 1998-2015, el SML, en promedio, sólo alcanza para adquirir una quinta parte de la canasta básica familiar colombiana (tomando una familia promedio de 4 personas); esto quiere decir, simplemente, que una familia debe devengar como mínimo 5 SML para poder vivir con un mínimo de dignidad. En 2016 las familias de ingresos bajo y medio deberán afrontar con mayor rigor el cuádruple efecto de la elevación en los costos de la canasta básica familiar, el deterioro en el mercado de trabajo-ingresos, la disminución en los subsidios sociales del Estado y el aumento en el impuesto del IVA (la propuesta en la nueva reforma tributaria es elevar este impuesto al 18 por ciento respecto a los consumos del hogar).
Pese a todo, durante lo corrido de la década de 2010 la sociedad colombiana registró con alivio el triple mejoramiento en la disminución en la tasa de homicidios, la caída en la incidencia de la pobreza por ingresos y la menor tasa de desempleo, inferior a los dos dígitos que venían de tiempo atrás (gráfico 5).
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Fuentes: DANE y Medicina Legal y Ciencias Forenses (revista Forensis).
Pero a partir de 2015 la situación empieza a revertirse con tendencia a empeorar en 2016. Los tiempos de ingentes recursos a las arcas del Estado que le permitieron a los gobiernos de turno financiar el gasto asistencial, generando una población de subsidios-dependientes: 2.550.000 familias con transferencias condicionadas del programa Familias en Acción (incluye 686.185 familias víctimas del desplazamiento forzado), no tiene sostenibilidad en el nuevo escenario socio-económico y fiscal. Una tercera parte de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad (aquellos que están justo por encima de la línea de la pobreza, pero que no pueden considerarse clase media) que, por el aumento del trabajo precario, el alza en la canasta familiar, la elevación de los impuestos y la disminución de los subsidios, vuelven a recaer en la pobreza. Es un hecho que producto del menor ritmo en el crecimiento de la economía, el desempleo durante el segundo semestre de 2015 tendió al alza; en consecuencia, la tasa de desempleo ya bordea su nivel estructural de largo plazo, perdiéndose los logros en la generación de empleo de los últimos años. Solamente, la menor intensidad del conflicto armado ha permitido que la tasa de homicidios continúe su tendencia a la baja. Aun así, 2015 termina con 13,6 millones de colombianos viviendo bajo condiciones de pobreza; 2,1 millones de desempleados y 12.533 homicidios durante el año.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2016 tiene un valor de $216 billones; aumentó en 2,5 por ciento respecto al presupuesto de 2015 y equivale a 19,2 por ciento del PIB. El déficit fiscal para 2016 alcanza el 3,6 por ciento del PIB (en 2015 fue 3%), por tanto, ¿cómo se financiarán los faltantes para cubrir los 216 billones de pesos aprobados como Presupuesto General de la nación para 2016? La solución oficial es la misma de siempre: más impuestos y más endeudamiento público (gráfico 6).
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Fuente: Banco de la República y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Del total del PGN 118,7 billones de pesos –el 55 por ciento - serán financiados con impuestos pagados por los ciudadanos colombianos. Otro 29,1 por ciento del mismo: 62,8 billones de pesos, provendrá de mayor endeudamiento público con el capital rentista financiero. El resto se financia con recursos de las empresas públicas y los fondos sociales de la salud y pensiones.
Mientras el PGN crece en 2,5 por ciento, los recursos destinados a la inversión caen: en 2015 se destinaron 45,5 billones de pesos (21,6% del PGN) y la asignación en 2016 es de 43,8 billones de pesos (20,3% del PGN). El grueso del gasto público se orienta al pago de intereses: 22,1 por ciento del PGN, esto es, 47,7 billones de pesos en 2016. Los demás gastos corresponden al rubro de funcionamiento; éste tiene tres grandes componentes: la nómina; los gastos generales (papelería, viáticos, arriendos, vehículos); y las transferencias, es decir, los recursos que el Gobierno Nacional transfiere a las regiones; para 2016, el total de esos tres componentes suma 122,8 billones de pesos.
La tendencia en el período 2002 -2016 que cubre los gobiernos Uribe-Santos es a fortalecer el Estado policial. Los gastos de represión y control ciudadano aumentaron su participación de 15,4 a 18,1 por ciento entre 2002 y 2016. El crecimiento de los funcionarios del sector defensa y policía es acelerado, en 2016 alcanzan la cifra de 506.147; el costo de mantener esta nómina alcanza los 13,4 billones de pesos; a esta cifra hay que sumarle el pasivo pensional de 5,9 billones de pesos para atender los 227.137 pensionados de las fuerzas armadas. Al agregar la Fiscalía, el sistema judicial y el sector de Inteligencia el número de funcionarios que cumple esta función es cercano a 900.000.
Por su parte los gastos de regulación Estado-Sociedad (Hacienda, DNP, Contraloría, Procuraduría, etc.) se mantienen alrededor de 9 por ciento del PGN. Como tendencia favorable, el endeudamiento público cae de 36 a 22,1 por ciento entre 2002 y 2016, pero tiende a recular ante los oscuros nubarrones en el horizonte económico y financiero del Gobierno.
El debilitamiento de la economía, la precariedad de los mercados laborales, la baja productividad de la fuerza laboral y la inmensa población que vive fuera de los circuitos de la producción explican que el Estado asuma cada vez más la formación y reproducción de la fuerza de trabajo: 32,5 por ciento del PGN en 2002 y 42,9 por ciento en 2016. Sobresale el sector de educación con una asignación de 31,8 billones de pesos para garantizar el servicio gratuito a más de 8,7 millones de estudiantes y el pago de salarios y primas de servicios a más de 320 mil docentes y directivos docentes. Además, se asignan 6,1 billones de pesos para atender 23.322.405 personas con Subsidios a la Demanda de Servicios de Salud – Régimen Subsidiado, que representan aproximadamente el 48 por ciento de la población colombiana. El pago de las mesadas pensionales a más de 2 millones de personas tiene un valor de 20,2 billones de pesos (sin incluir las fuerzas militares ni los pensionados del sector educativo).
Por su parte, el apalancamiento de la acumulación de capital es marginal por parte del Estado, oscilando entre 5,5 y 8,4 por ciento del PGN entre 2002 y 2016. Esta situación queda reflejada en el atraso de la infraestructura, la obsolescencia de la tecnología, la marginalidad de la CT+I y del sector agropecuario y la ausencia de planes estratégicos de desarrollo de sectores que puedan competir y expandirse en los mercados más dinámicos del mundo.
Y en las condiciones ambientales socioeconómicas, con la prevalencia de la poca conciencia en el Estado sobre la necesidad de proteger la naturaleza, son precarios los recursos asignados para tal fin en el PGN (gráfico 7).
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Fuente: cálculos del autor con base en estadísticas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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